Genocidas de Uruguay y México

02-abril-2009
El viernes 27 de marzo de 2009, el mismo día que en México el poder Judicial exoneró al ex presidente Luis Echeverría de cualquier responsabilidad en el caso de la matanza de Tlatelolco de 1968, la justicia uruguaya condenó a penas de entre 20 y 25 años de penitenciaría a ocho militares con activa participación en la represión dictatorial, por el homicidio de 28 personas, durante la década de los setenta.
Allá pasaron 24 años, después de reinstaurada la democracia, para que se concretara la primera condena. Aquí, después de tres décadas, no hemos podido hacer que los responsables del 68 y los crímenes de lesa humanidad durante la época de la llamada “guerra sucia” reciban su castigo.
En Uruguay, el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, dispuso la condena de ocho militares y policías vinculados con la represión de la dictadura cívico-militar, como autores responsables de veintiocho (28) delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real.
El magistrado condenó a los ocho represores a penas de entre 20 y 25 años de penitenciaría por el secuestro y traslado clandestino al Uruguay del militante del PVP Adalberto Soba Fernández y otros 27 uruguayos, víctimas de la coordinación represiva denominada "Plan Cóndor", en la llamada megacausa "Segundo Vuelo" de Automotores Orletti.
Charles dispuso la condena de los militares retirados José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge "Pajarito" Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Gilberto Vázquez a una pena de 25 años de penitenciaría; al tiempo que para el coronel Luis Maurente y los ex jerarcas policiales Ricardo "Conejo" Medina y José Sande Lima la pena dispuesta es de 20 años.
La sentencia del magistrado responde al homicidio "en el marco del terrorismo de Estado" de los militantes de izquierda Adalberto Soba Fernández, Alberto Mechoso Méndez, Rafael Lezama, Miguel Moreno, Casimira Carretero, Juan Pablo Recagno, Washington Queiró, Walner Bentancour Garín, Carlos Rodríguez, Julio Rodríguez Rodríguez, Rubén Prieto, Juan Pablo Errandonea, Raúl Tejera, Mario Cruz Bonfiglio, Armando Bernando Arnone, Washington Cram, Cecilia Trías, Segundo Chejenian, Graciela Da Silveira, Victoria Grisonas, Roger Julien, Maria Emilia Islas, Jorge Zaffaroni, Josefina Keim, Juan Miguel Morales, Ary Cabrera, León Duarte y Gerardo Gatti.
En México, durante el sexenio de Vicente Fox se creó una Fiscalía Especial que sólo perdió tiempo, nunca armó casos sólidos pese a que tuvo acceso a evidencias que le dieran respaldo a sus investigaciones, y jamás condenó a nadie. Un fiasco.
En Chile ya se ha actuado contra ejecutores de la guerra sucia, aunque Pinochet estuvo a punto de ser juzgado por la justicia española y se escapó alegando seniliad y burlándose del mundo. Aun así hubo un proceso de reconciliación nacional, que pasó por el filtro de una Comisión de la Verdad con alta legitimidad moral.
En Argentina se ha detenido a responsables de crímenes de lesa humanidad –tipo Ricardo Cavallo-, pese a que el presidente Carlos Menem operó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final para proteger a militares. Normativiad que final y felizmente fue desechada más adelante.
No hay nación que pueda reconciliarse con su pasado si no hace justicia primero. En México, el fallo favorable a Luis Echeverría anula cualquier posibilidad de que cierre la cicatriz abierta por los genocidas de hace 40 y 30 años, encabezados por los entonces titulares del Poder Ejecutivo, pero al que secundaron sus subordinados y policías del momento. Lástima.