¿Qué hacemos con el Ejército?

06-noviembre-2008
Metido a combatir al crimen organizado y cada vez más comprometido en contener inconformidades políticas, el Ejército mexicano se encuentra en una encrucijada que obliga a redefinir sus ámbitos de acción, para no exponerlo más al desgaste que este tipo de actividades le genera en campos como los derechos humanos y la corrupción.
Uno de los análisis más lúcidos de esta coyuntura lo ha hecho en su tesis de maestría el general José Francisco Gallardo, quien estuviera preso por proponer la figura de ombudsman militar.
En el apartado tercero de su quinto capítulo, el general centra su atención en la aplicación del Plan DN-II militar, que tiene que ver con el orden interno del país.
El general asegura que dicho Plan DN-II contempla dos líneas de acción; por una parte, la preventiva y de inteligencia, que se sostiene en el despliegue territorial del Ejército y la acción cívica. Por la otra, la contención de las amenazas internas. Por ello el Ejército es directamente responsable del combate, persecución y detención de los grupos insurgentes que han declarado la “guerra” al gobierno, como el EZLN, el EPR y el ERPI, entre otros.
Sostiene que el hecho de que el cuerpo militar sea, por un lado, el brazo para ejercer la violencia legítima del Estado y que su acción se perciba como una solución a la protesta pública, con la consecuente reaparición de rebeliones armadas radicales, y por el otro, que asista a la población en sus necesidades básicas, lleva a valorar el papel que desempeña la institución armada en México.
Y pide discutir tres aspectos: 1.- La participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, en la que se presentan problemas de ineficacia y corrupción; 2.- El apoyo que da la institución armada a los cuerpos de seguridad pública, y su impacto en los derechos humanos; y 3.- Las actividades de contrainsurgencia que realiza principalmente el ejército, donde se registran violaciones a los derechos humanos y malos tratos a la población civil.
Asegura que sin una definición exacta de las misiones y funciones, el Ejército se ve en una encrucijada: por una parte, seguir siendo el apoyo de un gobierno corrupto que no puede recomponer la estabilidad política y, por tanto, se ven obligadas a continuar funcionando en el ámbito de la seguridad interior, sobrecargadas de misiones; o por la otra, quedar en posibilidad de modernizarse si el Estado también se moderniza y el régimen político reconstruye mecanismos y modalidades de estabilidad.
Considera que la profesionalización de la fuerza armada en México, no depende en sí de ella misma, sino de que se consolide el proceso de transición democrática, y por tanto, de que muchas de las funciones y actividades que le han sido transferidas debido a la incompetencia de la autoridad civil, sean retomadas por las instituciones responsables. Por ejemplo, las campañas de salud que corresponden a la Secretaría de Salud; la seguridad pública responsabilidad de los cuerpos policiacos; el combate al narcotráfico que le compete a las procuradurías, etcétera.
En cuanto al combate a los grupos armados diseminados en el territorio nacional, el Estado debería erradicar, dice, la violencia endémica y el cacicazgo regional, impulsar fuertes programas sociales y hacer cumplir la ley -principalmente en las zonas rurales-, a fin de que no se deje en manos del instituto armado la responsabilidad de la seguridad ciudadana.
Para disolver a los movimientos insurgentes o transformarlos en fuerzas políticas, Gallardo recomienda utilizar verdaderos instrumentos y estrategias, propios de un Estado democrático: la negociación política, del mismo modo que se hizo con los acuerdo de paz en Centroamérica entre 1990 y 1996, en los que incluso México participó como conciliador, para que efectivamente se consiga el desarme de los insurrectos sin aplicar la violencia represivo-militar.
Y vincula la desmilitarización de las estructuras civiles al tránsito exitoso que México tenga a la democracia y de la reforma profunda de las estructuras políticas, económicas y sociales que conforman al Estado. Únicamente así, la milicia podrá concentrarse en sus misiones básicas y podrá dejar su histórica misión de represión, para mantener la seguridad interior.