Violadores verde olivo

02-junio-2009
El 4 de junio de 1994 las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, una de ellas menor de edad, indígenas tzeltales, fueron violadas por soldados en un retén militar en Chiapas, en el contexto del alzamiento del EZLN.
En el 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos responsabilizó al Estado mexicano del crimen.
Sin embargo, los culpables no han sido sometidos a juicio; ni las hermanas, ni la madre de éstas, testigo de las violaciones, han sido indemnizadas. El caso es de especial importancia porque es la primera vez que el sistema interamericano ha reconocido públicamente la identidad indígena de una víctima de violación.
Esto sale a relucir de nuevo porque la CIDH se reunió el pasado 21 de marzo en Washington, D.C., en seguimiento a tan lamentables hechos, concluyendo que el Estado mexicano incumple las recomendaciones que le fueron emitidas hace ya casi 15 años.
Representantes de ocho organizaciones civiles mexicanas, entre ellas el Colectivo de Mujeres de San Cristóbal (COLEM), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) y el Comité Pro-Reparaciones para las Hermanas González de Chiapas participaron en dicha audiencia, en la que advirtieron que de 2006 a la fecha se incrementaron en 600% las denuncias por abusos cometidos por el Ejército y que 99% de ellas están impunes debido a que son juzgadas por el fuero castrense.
Informaron que del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2008, las autoridades civiles remitieron a la justicia militar 500 averiguaciones previas por violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército, pero el fuero castrense sólo inició 174 investigaciones, realizó 11 consignaciones y no emitió sentencias
En esta reunión de trabajo el Estado se comprometió a realizar las últimas acciones ante la justicia militar para que la investigación sea traslada a la justicia ordinaria. En cuanto a la reparación del daño, el Estado insistió en condicionarla a los resultados de la investigación.
Tal posición estatal es violatoria de los estándares internacionales establecidos por los órganos del Sistema Interamericano, ya que desconoce el deber de reparación que le asiste deconformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos, y cuestiona las conclusiones que fueron dadas por la Comisión Interamericana y que señalan la responsabilidad estatal por los hechos.
En la reunión estuvieron presentes representantes del Estado mexicano a través del Estado Mayor de la SEDENA, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Secretaria de Gobernación, Cuerpo del Servicio Exterior Mexicano, la Secretaria de Relaciones Exteriores por conducto de la Dirección de Derechos Humanos y Democracia y la Procuraduría General de Justicia de Chiapas.
Por desgracia este compoprtamiento castrense no es nuevo, lo cual no le quita un ápice de vergonzoso e inaceptable.
Hace dos años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó que miembros del Ejército cometieron graves violaciones a los derechos humanos en Michoacán, en el contexto de la lucha contra el crimen organizado. El organismo contabilizó 52 denuncias en los municipios de Nocupétaro, Carácuaro, Huetamo y Apatzingán, de las cuales cinco fueron por abusos sexuales, cuatro de los cuales fueron cometidos contra menores.
Otro caso fue el de Ernestina Ascencio Rosario que fue violada, al parecer por elementos castrenses pertenecientes al 63 Batallón de Infantería de la 26 zona militar de Lencero, Veracruz, la mañana del domingo 25 de febrero, según reportó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
La señora Ernestina fue hallada todavía con vida. Presentaba golpes en diversas partes del cuerpo. Por su estado crítico de salud, fue trasladada al hospital de Río Blanco, donde falleció el 26 de febrero de 2007. El certificado original de su muerte acreditaba que presentaba huellas de tortura y perforación del recto. La versión oficial posterior fue que murió de úlceras gástricas.
El Ejército suele ser una de las instituciones que salen mejor calificadas en las encuestas de confianza ciudadana y se le reconoce como efectiva en la lucha contra el crimen organizado, ante el que ha perdido valiosas vidas humanas de soldados, como reportó por ejemplo, la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2008 o Consulta Mitofsky.
Sin embargo, todo eso se empaña, cuando las denuncias de violaciones a los derechos humanos son desestimadas por la justicia militar, que prefiere hacerse cómplice de su personal, antes que reconocerr desviaciones y castigar sus delincuentes vestidos de verde olivo, quienes gozan así de impunidad y aprobación tácita para sus crímenes.
El fuero militar permite que los militares se juzguen a sí mismos, lo cual, está más que probado, sólo sirve para que se encubran unos a otros, como sucedió en el caso de los generales Humberto Quiróz Hermosillo (q.e.p.d.) y Arturo Acosta Chaparro, quien salieron limpiecitos, judicialmente hablando, de los cargos de narcotraficantes y torturadores.