08-septiembre-2009
Con la efeméride del 2010 a la vista, las admoniciones de un nuevo estallido social en México se multiplican. La enorme cantidad de problemas sociales, económicos y políticos que aquejan a cada rincón del país son la prueba, para muchos, de que un levantamiento social es inminente. Los grupos armados refieren, comunicado a comunicado, que la situación de hartazgo social es intolerable y no hay más camino de cambio político que tomar las armas.
Andrés Manuel López Obrador, por su parte, acaba de decir anteayer: “Ya hay un estallido social, desde hace dos años y medio, porque esta violencia desatada es un estallido social, diario ya hay treinta o cuarenta asesinatos, esto no se veía en la época de la Revolución”. Su argumento es débil; habla de muertos por el narco, no de revueltas políticas. Aun así, él ejemplifica a quienes ven que el país está deshilachado, destrozado y a punto de estallar.
Otros, más cautos, reconocen los problemas sociales, pero no ven en la teoría del estallido una opción viable. Ayer en El Universal Leonardo Curzio escribía: “Apelar a la revuelta, como si en el fondo se deseara, sólo se explica por un afán de demostración tardía de que se tenía razón, aunque al demostrarlo la sociedad sufra y se desmembre. A este país le hacen falta líderes con ideas nuevas al igual que el moribundo anhela el tener a su lado a un médico vigoroso, esperanzador y lleno de ideas y remedios y no a un enfermero resentido que parece alegrarse diciéndole al paciente lo mal que está, lo peor que se va a poner y lo llanamente mediocre que es el médico que lo atiende”.
Pero, ¿qué dice el gobierno? Ernesto Cordero, secretario de Desarrollo Social ha descartado la posibilidad de un alzamiento. Obvio; qué podía decir él.
Acaso lo más cercano a cualquier diagnóstico sea la parte dedicada al Programa de Seguridad Nacional contenido en el Tercer Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, donde anota los desafíos del país en la materia, incluyendo los tradicionales: delincuencia organizada, narcotráfico, grupos armados, terrorismo y vulnerabilidad de las fronteras.
Lista que se amplía al sumar como “riesgos” contra el Estado mexicano conflictos políticos y sociales, la pérdida de cohesión social, la migración, las pandemias y epidemias, el calentamiento global y los problemas del medio ambiente y los desequilibrios sociales.
Este segundo párrafo abre el abanico de potenciales focos rojos a ser monitoreados y puede ser visto desde dos ópticas diferentes: primero, como la construcción de la agenda nacional de riesgos para hacer inteligencia de prospectiva que ayude a detectar conflictos, avise de su potencialidad y avance, de tal manera que los órganos de inteligencia civil –el Cisen, por ejemplo- se anticipen al deterioro de los problemas sociales y políticos en México y presionen para que las instancias pertinentes den solución a la conflictividad.
Esta visión partiría de un concepto de seguridad nacional ampliado, que no sólo trabaje la parte policial de los asuntos o el espionaje ilegal de personajes de la vida pública, sino que asuma como propios temas como la migración o los problemas de salud como riesgos para la cohesión social, tal y como lo hacen muchos órganos estatales de inteligencia en el mundo.
La segunda interpretación parte de la mala fe de los órganos de inteligencia civil y militar en el país, de tal suerte que dicha ampliación es el aviso, por escrito, de que problemas de naturaleza variopinta, eléctricos, sindicales, de agua, agrarios, mineros, medio ambientales, de salud, entre muchos otros, serán seguidos por Seguridad Nacional para espiar y reprimir a los líderes y seguidores de los movimientos sociales que son muchos y muy variados. Es la advertencia de una nueva cacería social, similar a la "guerra sucia" de los años 70.
Independientemente de la forma en que se interprete el texto del Ejecutivo federal, es un hecho que no hay una cabeza visible de un alzamiento armado. Ningún líder político o militar, por radical que se asuma, tiene en este momento en el país ascendencia sobre los movimientos políticos del país como para dar cohesión a un alzamiento generalizado.
Sí se ven, en cambio, muchos problemas locales, algunos muy encendidos, de tenencia de la tierra, de agua, de construción de presas, de rellenos sanitarios, por motivos religiosos, de destrucción del medio ambiente, de injusticia e impunidad, de marginación y atraso, de desempleo, de inseguridad pública, de fraudes electorales, y de vivienda.
Sumados todos, aunque cada uno por su lado, sí pueden generar un clima de inestabilidad social que ninguna policía nacional ni el Ejército podrían darse abasto en apagar, y cuyas soluciones se antojan urgentes, antes de que las admoniciones de una revolución por agenda se hagan realidad.
viernes, 5 de febrero de 2010
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