domingo, 30 de octubre de 2016

PDPR-EPR critica a gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán

27 octubre 2016






AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
A LOS ESTUDIANTES NORMALISTAS Y UNIVERSITARIOS

¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!

Las políticas de gobierno federal y estatal por su condición antipopular son la causa y el origen de la creciente protesta y movilización popular, en tanto que lesionan gravemente los intereses y derechos del pueblo como son, el derecho a la salud, la educación, al trabajo, a la vida y a la protesta.

Los responsables directos de las actuales condiciones socioeconómicas de nuestro pueblo es la caterva de politicastros que desde falsos ropajes populares y progresistas han promovido una serie de leyes y reformas de carácter burgués, encaminadas a anular derechos fundamentales con el único propósito que prevalezcan los intereses de una minoría empresarial, como es el caso de la reforma educativa.

El carácter antipopular de la reforma educativa tendiente a la privatización de la educación obedece plenamente a las exigencias e intereses de los grupos empresariales que exigen por todos los medios imponer su voluntad, la proliferación de escuelas privadas en todos los niveles tiene explicación directa en la reforma educativa; la reducción de la matrícula en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la imposición de los criterios de selección de nuevo ingreso por el CENEVAL y la certificación de los programas de estudio obedecen a la exigencia de políticos nefastos y oligarcas retrogradas, en este caso vinculados al grupo Atlacomulco, donde peña Nieto tiene fuertes compromisos e intereses.

En esta misma lógica de anulación de derechos fundamentales y privatización de la educación, se circunscribe el continuo desmantelamiento de las normales públicas, la reducción de la matrícula, las pretensiones de suprimir la plaza base y la criminalización de la protesta y formas organizativas de los estudiantes normalistas.

Los grupos empresariales en sus exigencias no guardan formas, se abrogan funciones del poder Ejecutivo y cuál tribunal inquisitorio exigen el cierre de las normales públicas, por no corresponder éstas a sus intereses y estar vinculadas a la protesta popular. Si a los empresarios y políticos de oficio reaccionarios les salen ronchas en la piel por la protesta estudiantil y popular, sólo deja en claro su condición y concepción profascista.

Los únicos responsables del actual sistema educativo nacional, por el cual se rasgan las vestiduras empresarios y políticos de oficio, es el gobierno tanto federal y estatales al imponer sus políticas educativas neoliberales desde 1982 con el fin de la privatización de la educación pública, si de evaluación se trata desde un inicio ya están reprobados por su condición antipopular y represiva.

La criminalización de la protesta y la lucha popular, estudiantil, de los trabajadores de la educación y la salud tiene origen en esos mismos grupos empresariales, la caterva de funcionarios corruptos y politicastros al servicio del capital, que en frente unido se han lanzado contra quienes con dignidad exigen el derecho a la educación, al trabajo, a la vida y a la protesta.

La iniciativa de ley que pretende "regular las manifestaciones" es patrocinada por los mismos grupos empresariales que pretenden hacer del derecho a la educación un negocio; en esencia busca anular el derecho a la protesta popular, expresa la condición conservadora y profascista de esta cofradía de criminales de Estado y delincuentes de cuello blanco, ahora resulta que los criminales ungidos con la institucionalidad burguesa quieren dar clases de civilidad, ética y moral.

La actual campaña mediática que cierra filas en torno a esta exigencia del capital sólo tiene una explicación, los monopolios de la comunicación obedecen y son parte de los intereses oligarcas, cuál libertad de expresión, cuál libertad de pensamiento, desde estas agrupaciones económicas se hace todo por imponer una concepción retrógrada sobre la sociedad, la naturaleza y el hombre. Si exigen cerrar las normales y en disminuir la matrícula escolar tanto en normales y la universidad, es porque en estas aún prevalece una formación humanista y su vínculo con el pueblo.

El pueblo tiene derecho a la protesta. El derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la vida son derechos fundamentales del hombre conquistados a base de exigencia y lucha popular, si la actual junta administrativa pretende anularlos, el pueblo tiene el derecho legítimo de organizarse y luchar por los medios y formas que considere y sean necesarios.

Las marchas, los mítines, los bloqueos de carreteras, las trincheras de lucha popular, el volanteo, la retención de vehículos, la liberación de casetas de cobro en las autopistas, la retención temporal de mercancías, las visitas de cortesía a las tiendas departamentales, el paro laboral, la toma de edificios públicos, la huelga, la quema de unidades de empresas monopólicas... son formas de lucha necesarias y válidas ante la ofensiva gubernamental y empresarial, son parte del derecho a la protesta, constituyen el mecanismo de defensa popular y de la lucha por exigir el cumplimiento de los derechos del pueblo.

Desde el gobierno y sus defensores se criminaliza a estas formas de lucha y a quienes las enarbolan por sentir que sus mezquinos intereses se ven afectados o porque sus pretensiones conservadoras y profascistas no prosperan, porque en nuestro pueblo hay dignidad y voluntad de luchar contra los responsables de la actual iniquidad y marginación que vivimos más de 90 millones de mexicanos.

¿Qué podemos decir de la actual administración estatal encabezada por el Sr. Silvano Aureoles Conejo? Que la realidad y su política de gobierno lo desnudan en esencia y forma, cada vez se aleja más de los intereses del pueblo, por sus actos se ha revelado como un gobierno represor al igual que los gobiernos priístas.

En el estado sigue proliferando la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la violación grave y sistemática de los derechos humanos bajo el manto de un gobierno "de izquierda"; en Michoacán los grupos paramilitares con origen gubernamental siguen operando impunemente y los siguen fortaleciendo desde las estructuras del Estado mexicano; desde el gobierno estatal y por la vía de rectoría a través del policía Dolores Govea paz se auspicia y protege grupos de porros que son presentados como estudiantes "buenos" y bien portados, en realidad son grupos de porros que juegan la punta de lanza contra la protesta estudiantil.

En estas tierras los cuerpos policiaco-militares que conforman el aparato represivo han accionado sus armas e instrumentos represivos contra los trabajadores de la salud y la educación, se han ensañado con los hijos del pueblo al torturarlos, balearlos y tratarlos como delincuentes encarcelándolos injustamente..., ¿será esta la política de un gobierno democrático y progresista al servicio del pueblo? Por supuesto que no, las exigencias oligárquicas son las que prevalecen más allá del partido político que se encuentre en la administración pública y los grandilocuentes discursos de los políticos de oficio, en esencia y forma tenemos un gobierno antipopular y represivo.

Para muestra un botón: en la meseta purépecha funcionarios del gobierno de Silvano pagan a todo aquel sujeto que esté dispuesto a armase para reprimir la protesta popular, así sujetos en plena descomposición vinculados a la tala clandestina, al abigeato, al robo y a la delincuencia organizada se enrolan para conformar grupos de choque contra el movimiento popular, estos grupos paramilitares son uno de los instrumentos de la represión, responsables de las emboscadas contra trabajadores de la educación y estudiantes normalistas, constituyen fuerzas auxiliares para la represión, la cuna está en Capacuaro y en las estructuras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Otro rostro de la represión lo constituye la constante amenaza hecha por Martín Godoy Castro, secretario de seguridad pública y Uriel López Solís, secretario de gobierno, quienes se dedican al ominoso papel inquisidor de armar "carpetas de investigación", terminajo leguleyo para disfrazar el acto autoritario y represivo.

Si de parte del gobierno el pueblo recibe medidas y políticas que afectan gravemente sus derechos, como pueblo tenemos el inalienable y legítimo derecho de organizarnos y luchar de la forma que la realidad dicta; la solución a las exigencias populares no pasa por la desmovilización, por el contrario son tiempos de generalizar la protesta popular, de ampliar las formas de organización y lucha, de propagar por toda la geografía estatal las acciones políticas de masas.

Si el gobierno integra "carpetas de investigación", el pueblo y sus organizaciones deben tomar nota puntual sobre los responsables intelectuales y los instrumentos de la represión para actuar en autodefensa popular.

Desde la trinchera de la lucha armada revolucionaria, enviamos un saludo al pueblo organizado que con dignidad en el campo de la lucha de masas, resisten los embates de las fuerzas represivas al servicio del poder burgués. Sepan que no hay poder oligárquico-gubernamental que resista la voluntad de combatir de un pueblo organizado. ¡a generalizar la protesta popular! En la defensa de los derechos del pueblo.



¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!


COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA DE ZONA DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR



Año 52.
Desde algún lugar de Michoacán de Ocampo, a 27 de octubre de 2016

En formación, nuevo movimiento guerrillero en México

Contralínea 511 / del 24 al 29 de Octubre 2016


En México se organiza una nueva guerrilla. Los organismos de seguridad nacional buscan la manera de impedir que reciba el apoyo de comunidades urbanas y campesinas. La nueva formación se suma a las que ya luchan con las armas por la caída del régimen: EZLN, EPR, TDR y ERPI





por Zósimo Camacho


En la Agenda Nacional de Riesgos, los organismos encargados de la seguridad y defensa nacionales advierten de la formación de una nueva estructura guerrillera, con algunos exintegrantes de otros movimientos armados pero, sobre todo, con nuevas generaciones de combatientes.

El documento –de carácter confidencial, bajo custodia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)– señala como uno de los “escenarios de riesgo” la irrupción de “nuevas expresiones” de lucha armada.

Advierte puntualmente del “surgimiento de una nueva expresión subversiva”. Según las versiones 2013, 2014 y 2015 de la Agenda Nacional de Riesgos –a las cuales Contralínea tuvo acceso–, la nueva organización está integrada por “cuadros históricos” de varias organizaciones vigentes “y nuevas generaciones de militantes de mayor radicalidad de lucha”.

La Agenda Nacional de Riesgos es un documento de carácter confidencial elaborado anualmente por el Cisen –organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación (Segob) encargado de los servicios de inteligencia civil del Estado mexicano–, con información de las demás dependencias responsables de la seguridad y defensa nacionales, principalmente las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).

Los movimientos subversivos se mantienen dentro de las 10 principales “amenazas” a la seguridad nacional que reconoce el Estado mexicano. Llegaron a significar en 2013 la quinta más importante, pero desde finales de 2015 ocupan el lugar décimo en las prioridades de los encargados de los servicios de inteligencia civil y militar.

Vigencia de la lucha armada



El propio documento reconoce que en amplias regiones del país predominan  “los factores” que favorecen la subversión: “asilamiento físico, ineficacia de las políticas públicas, corrupción y alto nivel de marginación”.

Ante ello, la vía armada es hoy una opción “lógica y teórica”, señala Gilberto López y Rivas. El doctor en antropología por la Universidad de Utah e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señala que a la cerrazón de los espacios de participación política, por fraudes electorales, se suma “el mundo de la impunidad total, donde los delitos no se persiguen, no se obtiene justicia para ninguno de los grandes crímenes”.

El de la impunidad que se vive en México es uno de los factores que también destaca Daniel Zizumbo-Colunga, doctor en filosofía por la Universidad de Vanderbilt. Entre más casos que hagan ver a la justicia como comprada por los políticos o las clases adineradas, mayores serán las posibilidades de que las personas consideren el uso de las armas como una vía para defenderse y obtener justicia. “Aunque no necesariamente estos grupos se conviertan en guerrillas con reivindicaciones antiestatales”, aclara el experto en autodefensas y policías comunitarias.

López y Rivas, por su parte, señala que así como las grandes masacres de las décadas de 1950 y 1960, que quedaron en la impunidad, dieron origen a las luchas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, también se está mandando un mensaje a los desposeídos de que no es posible caminar por la vía electoral. Agrega que ninguna de las autoridades electorales funciona para detener los fraudes que se ponen en marcha con cada elección.

“Y cuando uno analiza los factores que llevaron a muchos jóvenes a levantarse en armas y recurrir a un recurso tan extremo como la lucha armada, se da uno cuenta que estos factores permanecen hoy, incluso algunos más agudizados. Por ello uno puede concluir que la lucha armada es tan vigente hoy como ayer”, explica López y Rivas.

Coincide con Daniel Zizumbo en que, ante la incapacidad o criminalidad del Estado, muchos de los grupos que han aparecido recientemente son de autodefensa armada, independientemente de que quieran cambiar el régimen o sólo defenderse de la violencia del Estado o de la criminalidad.

Se pregunta: “¿Qué hacer ante una circunstancia donde el Estado, por omisión o comisión, se convierte en un cómplice de la impunidad, de la criminalidad, de la delincuencia; en donde no se puede garantizar la justicia porque el 90 por ciento de los delitos no se investiga siquiera?

Daniel Zizumbo-Colunga explica los tres grandes grupos de causas que generan movimientos armados: “la inseguridad; las comunidades fuertes llenando los vacíos del Estado y, finalmente, la erosión del sistema democrático mexicano”.

Abunda en que “tenemos un sistema muy mal diseñado, y no sólo me refiero a la corrupción. Estamos viendo en muchos lugares una erosión del sentimiento de representación de la gente. Muchas de las guerrillas emergen por un sentimiento de la gente de no ser representada y de un desencanto con la democracia. La gente empieza a sentir que los partidos políticos no la representa y el sistema democrático no es el mejor. Intentan buscar un cambio”.





Si el crimen toca a la puerta de las familias y las comunidades y, además, ve que el sistema “democrático” no funciona,  “muchas de las policías comunitarias pueden surgir no solamente para llenar el hueco del Estado, sino para oponerse a ese Estado y democracia que no funcionan”.

Por ello, una de las principales acciones de contrainsurgencia, según reconoce la Agenda Nacional de Riesgos, es el uso de los programas asistenciales. Así, entre las “capacidades” del Estado frente a la guerrilla anota la “aplicación de programas federales y estatales de beneficio social en zonas con presencia de grupos subversivos”.

Así, el documento recomienda “profundizar estrategias en los municipios que registran promedios superiores en cada uno de los factores predominantes asociados a la subversión”, incluso en aquellas zonas donde aún no hay presencia de grupos guerrilleros. “En este universo, los programas sociales tendrán mayor efecto preventivo”.

Abunda la Agenda Nacional de Riesgos en “focalizar algunas acciones de política social con fines preventivos, en la población de municipios que por sus características socioeconómicas sean idóneos para la cooptación de nuevas bases sociales”.

Como en el caso de la lucha del Estado contra el anarquismo (Contralínea 510), en el documento se recomienda el “relanzamiento de grupos operativos al interior del Cisen enfocados a objetivos específicos”.

Señala que los principales “problemas de gobernabilidad” asociados a movimientos subversivos se encuentran en regiones de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos y Oaxaca. Incluso, apunta que en estas amplias zonas del país, las guerrillas “operan endémicamente”.

Entre las vulnerabilidades del Estado mexicano frente a la “amenaza” subversiva, destacan los “problemas de coordinación entre autoridades federales y estatales” para atacar a los grupos guerrilleros.

Otras de las “vulnerabilidades” del Estado, según la Agenda Nacional de Riesgos, son las “demandas ante instancias internacionales sobre presuntas violaciones a derechos humanos”.

Entre las capacidades para enfrentar a los movimientos guerrilleros, los organismos de inteligencia señalan que cuentan –como en el caso de los anarquistas insurreccionalistas (Contralínea 510)– con “trabajo de inteligencia interinstitucional” que involucra a las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina.

También se han instalado “mesas de coordinación con los procuradores de los estados de Chiapas, Michoacán, Morelos y Oaxaca para atender integralmente estos temas”.


Los movimientos armados



De manera pública, el Cisen reconoce la existencia de sólo tres movimientos armados: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Lo anterior, según el documento Cronología de los grupos armados activos que el organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) entregó a Contralínea en días pasados. El texto es parte de la respuesta a la solicitud de información 0410000005116 presentada por este medio de comunicación a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin embargo, en la Agenda Nacional de Riesgos se revela que el Estado mexicano también sigue de cerca otra expresión guerrillera: la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP).

El Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema) lleva el registro de 50 formaciones guerrilleras en México. Muchas de ellas sólo son membretes o son comandos o brigadas de organizaciones más grandes. De otras sólo se conocen sus esporádicos comunicados sin que hayan llegado a realizar alguna acción “revolucionaria” de carácter violento. Algunas más aparecieron y dejaron de existir sin siquiera haber concretado algún hecho armado.

Para los organismos de seguridad nacional –según la Agenda Nacional de Riesgos– sólo son cinco organizaciones con estructura y capacidad real para desafiar al Estado mexicano: las cuatro citadas y la nueva agrupación que no ha emitido aún comunicado alguno ni ha reivindicado hasta el momento alguna acción “revolucionaria”.

De las cuatro guerrillas activas que “preocupan” a los organismos de inteligencia, tanto civil como militar, una (el EZLN) cuenta con bases que se cuentan por miles y simpatizantes en todas las entidades de la República. Las otras tres son resultado de la “diáspora” eperrista o “depuración”, como señala la dirección del actual EPR. Varían en sus niveles de aceptación, pero todas sus expresiones son de carácter clandestino. Cuentan con organizaciones populares (o “de masas”) pero éstas no se reivindican públicamente como parte civil del movimiento armado.

EZLN, reposicionamiento

En el horizonte, advierte la Agenda Nacional de Riesgos, un “reposicionamiento del EZLN”. Señala que la nueva iniciativa política de esta organización “buscará que las redes de apoyo zapatistas repliquen el modelo de autonomía en diversas zonas del país”.

Se trata del movimiento armado al que mayores páginas le dedica el documento. Para los autores de la Agenda, el EZLN se encuentra “aislado políticamente”, pero puede salir de esta situación en cualquier momento. Destaca que los zapatistas mantienen “disputas” por tierras con “grupos desafectos y exzapatistas”. Lo anterior genera que en Chiapas se viva de manera permanente en conflicto social.

Señala que los conflictos están focalizados en  Chenalhó, Chilón, Ocosingo, Sabanilla, San Cristóbal de las Casas y Tumbalá. Destaca que algunos de estos conflictos focalizados han sido retomados por “grupos nacionales e internacionales para denunciar acciones de hostigamiento contra comunidades zapatistas”.



EL EZLN irrumpió en Chiapas el 1 de enero de 1994, justo cuando entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esa fecha tomó siete cabeceras municipales chiapanecas y atacó un cuartel militar. Fue replegado por el Ejército Mexicano pero desde entonces quedó claro que la fuerza de este movimiento sobrepasaba a las de guerrillas anteriores.

Cálculos oficiales estiman que cuenta con más de 50 mil integrantes y ocupa amplias franjas del estado donde apareció, pero ejerce influencia en colectivos y organizaciones de las demás entidades de la República. Además, mantiene una alianza estrecha con el Congreso Nacional Indígena, organización de carácter pacífico en el que participan comunidades de los 65 pueblos indígenas que sobreviven en México.

Se formó en 1983, como parte de las Fuerzas de Liberación Nacional, un movimiento guerrillero de la década de 1970 que casi es aniquilado en Nepantla, Estado de México, en febrero de 1974.

Hoy el EZLN, junto con el Congreso Nacional Indígena, tiene en marcha consultas para elegir a una candidata indígena a la Presidencia de la República que contienda en las elecciones de 2018.

Según el documento, entre los objetivos actuales del EZLN es “conservar presencia territorial y reclutar nuevos integrantes”; además promover en toda la república la autonomía, principalmente indígena.

Entre las “capacidades” específicas para enfrentar al EZLN, en el documento se destaca el “establecimiento de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México”. Y recomienda echar a andar la “regularización” de la tenencia de la tierra en la zona de esta guerrilla.

 “El EZLN es una organización político militar que no ha entregado sus armas y que las mantiene ahí, como dijo el subcomandante Moisés, como un instrumento más, como se tiene el azadón o como se tiene un hacha; este tipo de planteamientos que hacen hoy los zapatistas de reivindicar sus formas de autogobierno, sus formas de defesa colectiva, de rotación de los cargos; todo lo que representan los procesos autonómicos. Y representan un planteamiento que no solamente es para el mundo indígena”, a decir de López y Rivas.

Sobre la candidatura a la Presidencia de la República que impulsará el EZLN y el Congreso Nacional Indígena, dice: “No podemos desechar nada; no podemos desechar ni vías como una defensa armada, ni vías como los cambios a través de vías electorales que hagan una ruptura”.


EPR, permanencia





Según la Agenda Nacional de Riesgos, en su versión 2013, el EPR –en realidad PDPR-EPR– “conserva” su “capacidad operativa”. Sin embargo, ha optado, en estos momentos por “la vía política”.

Señala que la estrategia de la guerrilla decana del movimiento armado en México es “penetrar movimientos sociales a fin de radicalizarlos”, así como “generar conflictos comunitarios que puedan escalar”.

El EPR se asume como la organización decana del movimiento guerrillero en México. Surgió en Oaxaca en 1965 como Unión del Pueblo. Luego se convirtió en el Partido Revolucionario Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP). Y a mediados de la década de 1980 integró a algunos de los cuadros sobrevivientes del Partido de los Pobres (PDLP), de Lucio Cabañas. Por ello cambió su nombre al del PROCUP-PDLP.

Más tarde, a principios de la década de 1990 se renombró como PDRP-EPR. Irrumpió en Guerrero el 28 de junio de 1996, en el vado de Aguas Blancas, justo en el lugar y un año después de que fueran masacrados campesinos inermes que luchaban por mejorar sus condiciones de vida.

Es conocida su capacidad militar, sobre todo en materia de manejo de explosivos. Desde que se llamaba Unión del Pueblo utilizó la colocación y detonación de bombas como una herramienta precisa de su “crítica armada”.

Es el movimiento armado con los desaparecidos políticos más recientes. Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez –este último parte de la dirigencia– fueron detenidos desaparecidos en la ciudad de Oaxaca el 25 de mayo de 2007 en el contexto de las protestas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Fueron secuestrados por policías estatales y militares. Desde entonces se desconoce su paradero. El EPR inició entonces una serie de acciones de hostigamiento contra el Estado mexicano que incluyeron la detonación precisa de explosivos en ductos de Petróleos Mexicanos.

Entre las “capacidades” que destacan los organismos de inteligencia contra el EPR cuenta el “expediente penal” contra la guerrilla. Detalla que cuenta con 21 órdenes de aprehensión contra el mismo número de integrantes.


TDR, capacidad de fuego





Según el documento, TDR también “conserva su capacidad de realizar acciones violentas de alto impacto”.

Este grupo armado se escindió del EPR a mediados de la década de 1990. Cuenta con capacidad de fuego similar a la de esa guerrilla. Las afinidades son incluso ideológicas pero rompieron con la dirección del EPR por motivos políticos y “tácticos”.

Una de las características de este grupo armado es que su llamado tribunal revolucionario ha condenado a muerte a los perpetradores de la masacre de Aguas Blancas. Ha elaborado una lista de los funcionarios involucrados y ha ordenado a sus efectivos ejecutarlos en cuanto les sea posible.


ERPI: ¿el declive?



Según los organismos de seguridad, la guerrilla que se ha visto más golpeada es la del ERPI. Contralínea documentó que hasta antes de 2012, era la formación más numerosa después del EZLN. Luego de los golpes que recibió con la detención de su dirigencia en 2008 y el asesinato del líder de su columna más aguerrida, el comandante Ramiro, hoy viene en declive.

El documento señala que el ERPI “se encuentra fragmentado”. Incluso, dice que algunas de sus células se han vinculado a la delincuencia organizada. Esto en las regiones guerrerenses de la Montaña y la Costa Chica. En el documento se les acusa a algunos excombatientes de este movimiento de dar cobertura a “secuestros, robos y siembra de enervantes”.

Agrega que, por otra parte, “la dispersión que enfrenta el ERPI en Guerrero ha propiciado el impulso de nuevas expresiones armadas”.

Asimismo, otras células del ERPI que no mantienen relaciones con la delincuencia organizada “se insertan en conflictos con la expectativa de generar situaciones de inestabilidad”. Señala concretamente, sin pruebas, que esta organización busca insertarse en las policías comunitarias y en las oposiciones a las reformas estructurales, proyectos de infraestructura y agrarios.


El diálogo, el camino


El gobierno debería trabajar e restablecer la confianza ciudadana en el Estado y el sistema antes de elegir la vía de la represión ante los grupos armados, considera Daniel Zizumbo-Colunga.

Explica que el país “muchas veces sí hay presencia de las autoridades, pero hay una sensación muy deteriorada en la población de que los procedimienos son justos, que la justicia es igualitaria. La gente no percibe que la ley se aplica tanto a ricos como a pobres, que se aplica de manera consistente y de manera justa”.

Por ello, Zizumbo-Colunga considera que más que mostrar una mano dura, sobre todo a los grupos de autodefensa, el Estado tiene que luchar para solucionar el problema de la falta de justicia y los vacíos del Estado.





 “En la medida en que la ley se aplique tanto a ricos como a pobres, la gente va a tener más confianza en el sistema de justicia y van a empezar a delegar otra vez esa labor a las autoridades. Mientras el gobierno siga reprimiendo a los pobres y siga mostrando una mano dura contra estos movimientos y los políticos que delinquen sigan libres, sigan sucediendo casos de gente rica que violan y matan y salen libres, pues la gente va a seguir percibiendo que el sistema de justicia está arreglado”, señala Zizumbo.

Por su parte, López y Rivas sentencia: “Los movimientos armados no cesan porque no hay garantías de nada: de  justicia, de democracia, de una vida digna; el país está hecho un desastre en lo que toca a la economía; las instituciones han perdido toda legitimidad, si es que alguna vez la han tenido; no hay credibilidad en ninguno de los tres poderes; es lógico que haya movimientos armados”.






(Tomado de http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/10/23/en-formacion-nuevo-movimiento-guerrillero/ )

jueves, 27 de octubre de 2016

Sabotaje explosivo-incendiario a patrullas en Ecatepec, México

16 septiembre 2016




“Los tigres de la ira son mas sabios que los caballos de la inteligencia”
W. Blake


La madrugada del 13 de septiembre a las 3:30 am fueron colocados dos artefactos explosivo-incendiarios en dos patrullas procedentes de un modulo de policias ubicado en la colonia “Rio de luz” en Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico. Bla, bla, bla, pa que te wa si ya te la sa.

Consideramos que el espectaculo del supuesto “movimiento anarquista en mexico” es una cuestion demasiado concentrada en la estetica, el narcisismo, la pose y la simulacion y muy poco dedicada a asumir una guerra material contra todo lo existente, mucho ruido y pocas nueces, sabemos pues que las formas de comprender la realidad son totalmente distintas y que no existe autoridad moral para juzgar unas desde otras, no obstante, tenemos algunas cosas que comentar:

1.-La formalidad solemne y el caracter mesianico de muchos discursos “acratas” no pueden provocar mas que risa, puesto que aparentemente se presume de un gran compromiso con la “causa” pero muy pocos deseos de arriesgar la comodidad cotidiana, lo que resulta en acciones mediocres donde solo se masturba el ego, se adquiere protagonismo sin acestar siquiera un golpe contundente al sistema.

2.-Para nosotrxs la violencia puede y debe ser desmitificada y vanalizada, puesta al alcance de cualquier individualidad, sin caer en profesionalismos, o heroismos revolucionarios. No nos identificamos con la figura del guerrillero urbano, vengador anonimo, etc.

3.-Nos interesa poco la utopia y la revolucion, queremos la venganza. No tenemos un programa ni una ideologia, si a caso tenemos nuestras visceras, nuestros delirios, deseos egoistas, caprichos, berrinches, etc.

4.- No queremos contribuir ala mediocridad de pensar que un simple sabotaje es un golpe para la colosal maquinaria que nos asesina cotidianamente. Sabemos que las perdidas que provocamos son minimas en comparacion con la infinidad de vida que aniquila esta normalidad mierda en la que vivimos.

5.- Mucho menos damos credito a las desperdiciadas energias en eventos, tocadas, fiestas y estupideces por el estilo que solo refuersan el ego patetico de los participantes y aligera la culpa de sus organizadores, de antemano sabemos que muchos de estos eventos son realizados de buena fe con el objetivo de reunir fondos para tal o cual proyecto, compañerxs presxs, etc. Sin embargo, el encasillar toda la energia en estas cuestiones, simulando y haciendo alucion a una guerra ficticia contra el sistema, dejando todo en teoria, palabras, cotorreo, canciones y fiesta es lo que nos rompe los ovarios/huevos, nuestra venganza no es “ser felices”, nuestra venganza es material y relativamente inmediata, no hay esperanza en tiempos mejores o “mas propicios”.

6.- Las masas a la verga

7.- Queremos animar a la banda a armarse y divertirse realizando sus propios ataques en su cotidianeidad, en su barrio, escuela, o donde caiga. Nos burlamos de los formalismos y solemnidades que solo refuerzan el ego pitero pero no provocan ningun daño. Son inofensivos pues.

8.- Bueno, pa pronto, nomas nos queriamos reir un rato sin tantos golpes “insurrectos” de pecho, sin tanta moral y solemnidad libertaria, hemos realizado una broma carente de importancia, igual que toda la supuesta insurreccion/guerra que los izquierdistas, rojos, anarcos, y demas rebeldes dicen llevar.

9.- No hay mas motivos que el ahora, solo “tenemos” lo inmediato.

10.- A expander el caos, sigan vandaleando locxs, mas accion y menos pararse el culo.

Animo delincuencia!



P.D. JIJI-JOJO

Celula Chichi

martes, 25 de octubre de 2016

Iztapalapa, nido de guerrilleros: Cisen

7 agosto 2016

PRIMERA DE DOS PARTES
A“sangre y fuego”, entre decenas de oficios sin respuesta, incapacidad de autoridades, terror y violencia empoderados en sus calles, barrios, colonias y unidades habitacionales, Iztapalapa vive la impotencia de las demandas y denuncias vecinales contra su virtual “colombianización” o “guerrerización”, a merced de pandillas de asaltantes, delincuencia organizada y hasta “células de grupos urbanos radicales”, presuntamente vinculados a vestigios de la guerrilla en México.

Más de 27 mil 130 delitos perpetrados en los últimos once meses, a un promedio 75.9 diarios, oficios delegacionales en poder de El Sol de México, de informes de las mesas de trabajo vecinales, reportes oficiales sobre la incidencia delictiva e información del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), exponen el clima impune de asesinatos, secuestros, asaltos, robos, violaciones y tráfico de drogas, que asola a la delegación política más grande de la Ciudad de México.
Prácticamente se reporta como “zonas sin ley”, a colonias como la Guelatao, Álvaro Obregón, Eje Oriente, Palmitas, Lomas de Santa Cruz, Ejército de Agua Prieta, Año de Juárez, Francisco Villa, Tenorios, Parajes San Juan, Santa Martha, El Arco, El Polvorillo, La Madriguera, El Paraíso, Sinatel, Justo Sierra, El Retoño y El Triunfo, además del Cerro de las Tres Cruces y Sierra Santa Catarina, donde “los secuestradores han instalado casas de seguridad y donde las policías no llegan, ya que esos terrenos son defendidos a sangre y fuego, por sus habitantes”.
En una superficie superior a los 105.8 kilómetros cuadrados, ubicada al oriente de la capital y con casi dos millones de habitantes, colindando con el Estado de México y las delegaciones Xochimilco, Tláhuac, Coyoacán, Benito Juárez, Iztacalco, este suburbio jurisdiccional del oriente de la Ciudad de México, se niega a fenecer bajo los estigmas de la guerra y violencia que le han caracterizado desde mil 321, en su lucha contra la esclavitud de las conquistas tepanecas.
Rica en tradiciones, mitos y leyendas, Iztapalapa es señalada hoy por su espiral creciente de violencia. “Estamos invadidos por la delincuencia y nuestras autoridades están inmovilizadas, por el miedo”, claman los dirigentes vecinales de sus diferentes pueblos, barrios, colonias y unidades habitacionales, que semana a semana, mes con mes, se reúnen en mesas de trabajo, para ventilar el clima de terror que viven por la inseguridad galopante.
Por meses y hasta años, han redactado decenas de oficios dirigidas a sus gobernantes en turno, como hoy lo son la jefa delegacional, Dione Anguiano; el secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida Estrada, o el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera “todos ellos perredistas-, sin recibir respuestas y, en algunos casos, impotentes, frustrados, ante la abierta negativa de sus autoridades, para atender sus demandas de apoyo, auxilio, o su derecho a vivir en armonía y con seguridad.
Los iztapalapenses coinciden con los reportes del CISEN, en donde se reconoce que de los ocho grupos guerrilleros detectados en el país, seis tienen presencia en la Ciudad de México, y entre estos, “algunos vestigios de la extinta Liga 23 de Septiembre” que habrían infiltrado al grupo urbano de “Los Panchos Villa”, dicen residentes de la demarcación, aunque el presidente de Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, José Gonzalo Espina, lo niega y asegura que no existe información oficial al respecto.
Guerrilla y “leyendas urbanas”, en el Oriente de la Ciudad
Para los habitantes de Iztapalapa, “las únicas células guerrilleras que hay en la Ciudad de México, están en su polígono. “Nos estamos “colombianizando” o “guerrerizando’, con una mezcla de guerrilla y delincuencia organizada o narcotráfico al menudeo”, sostienen.
Rubén y Angelina, con más de 30 años de residencia en las colonias Santa María Aztahuacán y Ejército de Oriente, aseguran que este problema inició con el grupo urbano radical de “Los Panchos Villa”, en las décadas de los ochentas y de los noventas, y los Gobiernos de Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard en la Ciudad de México.
Comentan que el grupo urbano se dividió en tres facciones: el primero, encabezado por un integrante llamado Eli Homero Aguilar, hombre que estableció un puente de contacto entre los movimientos urbanos de la capital y elementos vinculados a la guerrilla centro y sudamericana.
“Estos movimientos -continúan-, sentaron sus reales en la zona oriente de la capital, donde existe un lugar llamado Fuerte Loreto, por la colonia Guelatao, y se estableció una central de carga, tomada desde hace 25 años y convertida en un emporio, para abastecer gasolina en forma clandestina a diferentes rutas de peseras concurrentes”.
Los iztapalapenses aseguran que dicha área también la utilizaban para el intercambio de diversas mercancías ilícitas, y como zona de albergue u hospedaje de instructores de dichos grupos subversivos, “estableciéndose además los cobros por derecho de piso y los secuestros, principalmente en un predio de la Sierra de Santa Catarina, tomado por narcos y donde nadie entra”.
“Son vestigios, -remarcan- de la “Liga 23 de Septiembre”, encabezados por un tal Rafael Sarmiento, y estas células, a su vez, se coaligaron con otro movimiento popular, cuyo dirigente incluso, fue encarcelado en su momento. Aquí se les conoce como grupos de choque no como guerrilla, están armados e Iztapalapa ya está lleno”.
Reconoce Cisen presencia de grupos armados en la ciudad; ALDF, la niega
En uno de sus reportes, el Cisen reconoce la existencia de los grupos armados Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), al Comando Jaramillista Morelense (CJM), la Coordinadora Guerrillera Nacional José María Morelos (CGN), Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR), Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), el Comité Clandestino Revolucionario del Pueblo (CCRP), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, es un órgano de inteligencia civil al servicio del Estado, cuyo propósito es generar inteligencia estratégica, táctica y operativa, para alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía y el orden constitucional, aunque desde la irrupción del EZLN en 1994, su eficiencia operativa ha estado en duda.
Y en unos de sus documentos desclasificados, el Cisen resalta el surgimiento de algunas ramificaciones de estas expresiones paramilitares, y a seis de éstas -EPR, EZLN, ERPI, FARP, TDR y CJM-, se les ubica como con presencia en la Ciudad de México.
Con algunas partes testadas, otro de los expedientes hace referencia “a grupos armados en el Distrito Federal”. En éste, el Cisen admite la existencia de “escisiones” de la guerrilla en el centro del país, con lo que algunos analistas estiman que el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación “supera la idea que éstas (fuerzas) no existen”.
Sin embargo, entrevistado por este diario al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad de la ALDF, José Gonzalo Espina, admite que la comisión legislativa local no ha realizado ninguna labor de campo a Iztapalapa, pero rechaza la posible presencia de grupos armados en la demarcación y pide “ser muy responsables en el suministro de la información”.
“Yo -dijo-, sería el primero en denunciar este problema, si lo tuviéramos palpable. Yo mismo he hablado con el Procurador capitalino, con el Secretario, y no hay delincuencia organizada o este tipo de grupos delictivos, puesto que no hay carteles que operen como operan en otros Estados”.
El legislador panista subraya que “por supuesto hay delincuencia, pero en realidad hoy por hoy, no hay algo formalmente que nos haga decir que existen estos grupos operando en la Ciudad de México”.
Inercial crecimiento criminal en calles de la demarcación
Desde 2015, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, en ese orden, han sido las delegaciones donde se ha registrado el mayor número de homicidios dolosos, y donde se iniciaron más de 50 por ciento de las averiguaciones por asesinatos.
En el documento “Datos de incidencia delictiva del fuero común municipal 2011-2015” del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se establece que en los primeros diez meses de 2014 se iniciaron en esa jurisdicción 127 averiguaciones previas por el delito de homicidio doloso.
Sin embargo, en el mismo periodo de 2015, la cifra de investigaciones por muertes intencionales sumó 145. En el caso de la GAM, durante el periodo referido de 2014 se iniciaron 102 averiguaciones previas por homicidio intencional, que para 2015 aumentaron a 133.
No sorprende que con base en los últimos informes de la Procuraduría capitalina y el SESNSP, se reporte que durante el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, en Iztapalapa se hayan registrado 27 mil 130 delitos, a un promedio de 75.9 ilícitos diarios y cerrar con dos mil 278 ilícitos el mes de junio del presente año.
De acuerdo a dichos informes, en el primer semestre de 2016, este polígono delegacional sufrió 13 mil 500 delitos, con un 20 por ciento de ilícitos de alto impacto, lo que lo mantiene como una de las demarcaciones con más violaciones a la ley.
Con esta tendencia al alza, 2016 ya es el año más violento del sexenio del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, ya que en el primer semestre se registraron 477 asesinatos, es decir, un aumento del 8 por ciento, respecto el mismo periodo de 2015, con un crimen cada nueve horas.
Nula respuesta de autoridades a demandas en juntas vecinales
De acuerdo a las relatorías de hechos de las mesas de trabajo vecinales sobre seguridad pública en la delegación, se ha solicitado el retiro de vehículos chatarra en la calle Primera Cerrada de Margaritas y Callejón de Margaritas de la colonia Palmitas, por la obstrucción del drenaje e insalubridad que provoca, pero la delegación Iztapalapa no ha dado respuesta.
En la secundaria “Federico Froebel” Número 98, por la Unidad Habitacional Santa Cruz Meyehualco y en la colonia Lomas de Santa Cruz, predomina un clima de robos y asaltos ante la escasez de vigilancia y patrullajes. “Se ha solicitado a la delegación visitas de verificación a diversos negocios en donde se venden bebidas alcohólicas, sin obtener respuesta alguna”.
Durante una mesa de trabajo de la junta vecinal de la Unidad Habitacional las Rosas, ubicada en Avenida Fuerte de Loreto, colonia Ejército de Agua Prieta, se planteó la extrema inseguridad al interior y al exterior del inmueble, por la falta de patrullajes tanto de la delegación como por parte de la SSP.
En la secundaria Manuel Acuña Número 306, también de la colonia Palmitas, se han reportado múltiples robos y se han solicitado cámaras al interior del plantel y la colocación de un botón de emergencia.
Con fecha 25 de febrero de 2015, se envió oficio al secretario de Seguridad Pública central, Hiram Almeida Estrada, solicitándole mayor seguridad y cámaras en la colonia, para frenar la ola de robos con arma de fuego y armas punzo cortantes.
“En múltiples ocasiones y a diferentes autoridades se les ha hecho entrega de un disco en donde se aprecian los rostros de los asaltantes, pero a la fecha no se ha dado respuesta alguna por parte de autoridad delegacional ni de la SSP”, se indica en la minuta. (Continúa)

Comunicado de las Milicias Populares ¡Basta Ya! (Hidalgo, México)

1 octubre 2016


A todo México

Las grandes empresas pasaron a la etapa de ir por lo que resta. Para las trasnacionales es la guerra por las zonas económicas estratégicas; Es la guerra por las tierras, aguas, bosques, selvas, medio ambiente. Guerra contra los pueblos indígenas, desplazados de sus territorios mediante el terror; contra los migrantes para convertirlos en trabajo esclavo o en mercancías; contra las múltiples organizaciones y formas de resistencia. Para nosotros es la guerra por la vida.

Ellos, los de arriba, nos ofrecen desarrollo y modernidad mientras se apropian del agua, de las tierras, de los bosques, de los energéticos, de los minerales, de los mares y selvas. De todo lo que se puede vender. No les importa envenenar los ríos y lagunas con lixiviados abundantes en cianuro o ácido sulfúrico que desecha la minería a cielo abierto. No les importa el cambio climático. No les importa que la humanidad sobreviva o no. Sólo cuentan sus ganancias. Nosotros, los pueblos, los de abajo, necesitamos vivir, necesitamos cuidar al medio ambiente para sobrevivir. Por eso resistimos. Es cuestión de vida o muerte. Extinción o sobrevivencia. Explotación o desarrollo autosustentable. Vender o colectivizar. Ellos depredan, arrasan. No nos queda más que construir un México menos desigual.

Con la entrada en vigor del TLC, se aceleró el desmantelamiento de la industria y la agricultura nacionales para favorecer a las empresas extranjeras y sus socios nacionales. El Estado mexicano, transformado en un estado mafioso, impulsa una economía que entremezcla los negocios “legales” con los ilegales. Dos caras de la misma moneda. Los cárteles mafiosos se reagrupan constantemente en base a las tajadas de los negocios que les comparte el gran capital. Dos ejemplos son la minería encubierta y el trabajo esclavo que explotan zetas, templarios y rojos.

El desplazamiento, marginación y criminalización de millones de mexicanos garantizan mayores ganancias para las grandes empresas. La función del crimen organizado y del ejército, marina y policías federales, estatales y municipales es limpiar el terreno para que lo ocupen los consorcios. Un ejemplo claro es la matanza de Tlatlaya que cometió el ejército contra un grupo de pobladores que intentaban organizar autodefensas, lo que está en disputa en esa parte del Estado de México son los yacimientos de uranio y otros minerales.

La balcanización se oculta bajo la máscara de los pleitos por el territorio entre los cárteles. Ya está en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Veracruz, que son cinco de los ocho estados de la franja que parte a nuestro país por la mitad y donde se asientan las principales reservas de agua, minerales e hidrocarburos, así como los bosques y selvas que están arrasando las empresas trasnacionales. Ahí mismo están los cuarteles, zonas y regiones militares, protegiendo al gran capital.

Las compańías trasnacionales ya se apoderaron del petróleo y el gas. Claro, por la tele nos hacen cuentas alegres de que para 2019 habrá diez mil kilómetros más de gasoductos para transporte y distribución de gas natural, pero nos ocultan que las ganonas son las grandes compańías. El petróleo y el gas no son propiedad de Pemex, mucho menos del pueblo. Son un negocio privado. żPor qué no se invierte en la industria petroquímica en lugar de construir ductos? Al contrario, la producción de gasolina, diésel y otros derivados del petróleo es boicoteada por el gobierno porque el papel asignado por el capital extranjero a nuestro país es de productor de materias primas, exportador de capitales y mano de obra barata. Entre más atrasada está nuestra industria, más dependientes somos de las mercancías que nos venden las trasnacionales.

El despido de miles de trabajadores petroleros es una de las consecuencias de la entrega de PEMEX. Es posible mediante el sometimiento del sindicato petrolero y el despido, golpizas y asesinatos de los inconformes. Las reformas “estructurales” tienen dos grandes efectos: mayor enriquecimiento para unos cuantos a cambio de oleadas de despidos, pérdida de los contratos colectivos para dar lugar a contratos individuales, cada vez más desventajosos para el trabajador, aumento del trabajo a destajo y del outsourcing, en que el trabajador se contrata con una empresa que a su vez le presta el servicio a otra y de esta manera exprimen aún más al asalariado. Esto lo vemos en Pemex, en la CFE, en el Seguro Social, el ISSSTE y en la educación.

Para arrasar con lo aún no se llevan, las compańías tienen el servicio del estado mafioso mexicano que impulsa las medidas y reformas privatizadoras que el capital global exige. La reforma energética malbarató al capital privado nuestros recursos minerales, el petróleo y la energía eléctrica. Reformaron la constitución mexicana (antes desplegaron una campańa mediática diciendo que era obsoleta y retrasaba nuestra entrada a la modernidad) y ahora es legal que una empresa se apropie de las tierras donde hay recursos minerales e instale ahí minas a cielo abierto que dejan inservibles las tierras y aguas cercanas además de que enferman a la población y aniquilan a la flora y fauna. O instalen plantas hidroeléctricas, eólicas, gasoductos, hagan fracking o abran pozos petroleros.

El dueńo o dueńos de esas tierras tienen 180 días para negociar con la empresa. Si es una comunidad, pueden cambiar las tierras por una “obra social”. La negociación es forzosa por ley porq ue los intereses de las trasnacionales están por encima del bien de las comunidades y más si son indígenas. Pero generalmente no se llega a la negociación porque cuando una minera o productora de energía eléctrica le echa el ojo a algún terreno financia a grupos narco-paramilitares que siembran el terror, literalmente dejan el terreno libre para el saqueo sea del subsuelo, aguas, playas, bosques o selvas. Todo. Por eso hay miles de desplazados principalmente en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Veracruz y Tamaulipas.

La ganancia es doble porque los desplazados pasan a ser mano de obra casi esclava, vendidos para la explotación sexual, tráfico de órganos o reclutados para engrosar las filas del ejército, marina, policía y grupos narco paramilitares. Al dificultar aún más el cruce de los migrantes se cierra la trampa y aumenta el número de excluidos. La solución global de los poderosos es la eliminación de varios millones de personas.

La gran reducción al presupuesto para el campo no obedece a que no haya recursos. Así como el despido de los trabajadores de Pemex y el golpe al SME son para limpiarles el camino a los consorcios industriales, el desastre en el campo mexicano es para destruir al campesino pobre, que pase a engrosar las filas de jornaleros agrícolas o que emigren a los cinturones de miseria de las ciudades para dejar el campo libre a las grandes trasnacionales que acaparan la producción mundial de alimentos y pretenden apoderarse de la biodiversidad mundial ya que quien monopolice la producción alimentaria, tendrá el verdadero poder global. Monsanto-Bayer, Dupont, BASF, Chem-China son los principales biopiratas.

En este esquema, con el total sometimiento del estado mexicano, nuestro país queda muy vulnerable y completamente dependiente. Ya no somos ni siquiera autosuficientes en la producción de maíz, frijol y arroz y cada vez lo seremos menos por este camino en el que subsidia la importación de pollo congelado y leche en polvo y se abandona a los productores nacionales.

Además de la reforma energética ya nos clavaron la ley de aguas, la reforma laboral, la nueva ley de pensiones (previa campańa culpabilizando a los pensionados del fracaso económico y hasta de la devaluación del peso); los recortes presupuestales a la salud, educación, al campo, y hasta al turismo, que supuestamente es uno de los pilares para combatir el crecimiento galopante del desempleo que generó el desmantelamiento de la mediana y pequeńa industria y agricultura nacionales.

La reforma educativa resulta estratégica para ellos no únicamente en el aspecto económico privatizador, ni siquiera por la reducción del presupuesto que pretenden hacer con una readecuación de facto que les quita a los maestros las prestaciones laborales condicionándolas al sometimiento político. Lo más importante de la pretendida reforma educativa son los contenidos en los planes de estudio. Toda sociedad necesita, para existir crear al sujeto útil a sus objetivos. El capital depredador necesita zombis individualistas, manipulables y consumistas. Los maestros críticos y comprometidos con su pueblo, le estorban.

Los medios de comunicación están, como nunca antes, concentrados en unas cuantas empresas trasnacionales que, mediante el bombardeo de nuevos valores y modelos a seguir, forma una masa conformista, acrítica, controlable. A través de las televisoras fomentan el rechazo, el miedo y el odio hacia quienes luchamos contra la embestida privatizadora de todo.

También modificaron los planes de estudio, la filosofía y la historia ya no son importantes y en lugar de una ética humanista nos imponen el gandallismo donde para ser hay que tener, a costa de los demás, incluso. Ellos nos imponen entonces una educación donde la capacidad técnica vaya de la mano con la acriticidad y el conformismo. Se oponen a una educación crítica, científica, solidaria. Es muy importante revertir la embestida contra las radios comunitarias y utilizar internet no únicamente para desahogar el enojo sino para burlar el cerco informativo y construir conciencia popular.

El capital global pretende superar esta crisis apropiándose de todos los recursos, arrasando con la naturaleza y con millones de pobres. Ante las insurrecciones populares puede dar la salida de un capitalismo con bienestar para un sector de la población mientras extermina a millones de excluidos: los pueblos originarios, migrantes, los más pobres. Esta salida hitleriana asoma la cabeza de vez en cuando con el resurgimiento y fortalecimiento de la ultraderecha y el neo nazismo. Para poder llevar a cabo esta salida necesitan que las fuerzas populares no crezcamos más para que ellos puedan cooptar a una parte y manipular a la otra. Por eso la nuestra es una lucha por la vida.

La otra posibilidad es que las fuerzas populares tengamos la capacidad de impulsar cambios reales en lo económico, político y social que abran paso a un México menos desigual, donde quepamos todos y todos podamos ser y existir.
Necesitamos seguir construyendo el poder popular desde abajo, defender los territorios y que las riquezas naturales regresen a manos de los pueblos originarios, impulsar la economía autosustentable y las relaciones de intercambio justas.

Reapropiarnos de nuestra cultura y deshacernos del individualismo y gandallismo que nos imponen como ideología los de arriba. Tenemos que enfrentar a los grupos delictivos al servicio del capital y reconstruir el tejido social. Tenemos que construir el poder popular armado. No podemos redistribuir la riqueza y el poder hacia abajo sin enfrentar el poder militar y paramilitar del capital global.

El pueblo armado, las autodefensas armadas y las milicias populares son un elemento clave en la construcción de un verdadero poder popular, tan importante como la construcción de la economía, democracia y cultura en cada región.

El capitalismo global nos cierra la puerta a millones de jóvenes pobres que asistimos al funeral de nuestro futuro. Ya no podemos aspirar a un espacio en la producción industrial o agrícola, ni siquiera en la prestación de servicios de salud, educativos o turísticos, por más que se nos dijo que ahí si la íbamos a hacer. En cambio, tenemos ofertas de empleo en el ejército, la marina, los cuerpos policiacos o en los grupos narco paramilitares. Eso o el trabajo esclavo. De miserables pasamos a parias. Nos quedan los caminos de la desesperanza y muerte o bien organizarnos para cambiar el destino que nos fabrican los de arriba.

Junto con el control y la manipulación mediática nos van imponiendo una guerra diaria. Vivimos una crisis humanitaria que una gran parte de la población no quiere ver. Ante las cabezas que ruedan, los cuerpos embolsados, las matanzas y los veinte asesinatos como promedio diario en el país, parte de nuestro pueblo voltea la mirada hacia la pantalla.

Clava sus aspiraciones en algún objeto del deseo colectivo impuesto por la publicidad. Mientras tanto el control militar y los grupos delictivos se encargan de aterrorizar al resto de la población, principalmente en las zonas económicas estratégicas ya que ahí protegen directamente al capital trasnacional para que obtenga mayor ganancia mediante el despojo y la destrucción ecológica.

Esa guerra diaria contra el pueblo se disfraza como guerra contra el narcotráfico cuando la realidad es que el ejército, la marina y los demás cuerpos policiacos están del mismo lado que los narcos y únicamente los regulan de acuerdo al porcentaje de ganancias de cada grupo. Esa es parte de la economía subterránea tan real como la economía “legal”.

Esa guerra difusa de repente asoma, cuando le conviene mandar mensajes de terror. Por eso las matanzas de Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, Nochixtlan y los hechos de Ayotzinapa no son casuales ni accidentales. Fueron planificadas directamente por inteligencia gubernamental acorde al mandato del estado policiaco global. Por eso le arrancaron los ojos y la piel de la cara a un chico de 23 ańos. Es el mensaje de inteligencia: esto les hacemos a los inconformes con el sistema.

Nada más que no calcularon que siempre, aunque tarde unos ańos en construir la fuerza necesaria, nuestro pueblo se ha levantado a partir de la indignación. Los ojos y la piel de esa cara la recogimos muchos mexicanos no como mensaje de terror sino como un motivo más de lucha. Tolerar los crímenes del mal gobierno y sus aliados narco paramilitares sería cubrirse de su mierda y esperar sentados a que alguna verdad histórica nos alcance.

La estrategia global contrainsurgente intenta prevenir las insurrecciones populares mediante la manipulación masiva que distorsiona la realidad o siembra la idea de que es inútil intentar cambiar las cosas; utiliza la represión económica que hace del despido un castigo contra el inconforme y de las prebendas el premio a los incondicionales, así como los programas asistencialistas tipo cruzada contra el hambre, seguro popular y reparto de tinacos o lámina. Al mismo tiempo persigue y elimina a los que nos oponemos al saqueo, sea por la vía legal o en organizaciones clandestinas y fabrica enemigos para justificar la crueldad y la militarización de la vida diaria.

La balcanización es un elemento que no es nuevo, pero está tomando un papel importante en la guerra contra el pueblo y consiste en fabricar e impulsar contradicciones artificiales para que nos peleemos entre los de abajo. Un ejemplo claro son los dos millones de metros cuadrados de terrenos federales que el mal gobierno quiere “regalar” a Antorcha Campesina en las cercanías del nuevo aeropuerto internacional que pretende construir en Texcoco. La intención es echar a pelear a quienes están bajo el control de la antorcha salinista contra los pueblos como Atenco, que se oponen al proyecto porque ocasionará dańos ecológicos y sociales irreversibles. El cambio de uso de suelo implica erradicar a los pequeńos agricultores y traería a los pueblos lo que siempre acompańa a “la modernización”: antros, prostitución y centros comerciales que acaban con los restos del intercambio comercial comunitario y los tianguis.

Los partidos políticos y los defensores del sistema afirman que la violencia popular ya no es viable, que no tiene sentido tomar las armas porque existe la vía electoral. Que para eso están los partidos y nuestros representantes populares. Pero de forma especialmente cruda en las elecciones del 2012 donde el sistema utilizó desde las viejas trampas como el embarazo de urnas y la operación carrusel para el acarreo hasta otras más innovadoras como las tarjetas de soriana y monex, donde triangularon dinero de los cárteles quedó completamente confirmado que los únicos votos que cuentan son los del capital y los de la mafia.

Ellos ponen en la administración estatal a una camarilla de criminales sin remedio. Es imposible, en las actuales condiciones, construir un México más justo a través de la vía electoral. El costoso circo del INE es parte de ese engańo y los mal llamados representantes populares, diputados y senadores tienen que sesionar protegidos por alambradas y cuerpos policiacos ya que se dedican a legalizar el saqueo y el exterminio de nuestros pueblos.

La vía electoral es la alternativa del gran capital trasnacional y gansteril para mediatizar el descontento popular. Con nuestro ninguneado voto jamás vamos a solucionar el desempleo, ni la destrucción de los ecosistemas, ni la migración, ni el derramamiento de sangre y dolor que producen las actividades mafiosas. Somos los de abajo quienes podemos construir un destino distinto para nuestra patria.

La labor de inteligencia gubernamental abarca mucho más que los mensajes aterrorizantes como Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, Ayotzinapa y Nochixtlan su esfuerzo principal es la infiltración de los movimientos opositores. A nivel de lucha de masas abierta, la cosa es relativamente fácil ya que basta con que siembren elementos infiltrados o coopten a quienes ya están en las organizaciones y ayuden a promoverlos a niveles en que inciden en las decisiones orgánicas. En las organizaciones clandestinas se les dificulta un poco más, pero lo están haciendo con agentes incrustados que exacerban las contradicciones internas.

Pese a todas las maniobras del mal gobierno la organización del pueblo continúa su marcha. Convirtamos cada lucha de resistencia en un medio para encontrarnos como pueblos, como trabajadores.

Reclamamos nuestro derecho constitucional y ético de utilizar todas las formas de lucha para derribar a los gobiernos que no benefician al pueblo. Opongamos la fuerza popular, armada y no armada, ante la violencia sistémica y la represión.

Las Milicias Populares ĄBasta Ya! Volvemos a levantar nuestra voz realizando una acción político militar de carácter material, con explosivos, contra uno de los múltiples gasoductos que desangran a nuestra patria, en el municipio de Tepeapulco, Hidalgo. Es una acción de carácter limitado porque es momento de avanzar en silencio. Éste es sólo un grito de rabia y un llamado de lucha a nuestros hermanos.

Llamamos a esta acción: ¡Verdad y Justicia! ¡Verdad y justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y para los asesinados y heridos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014!



¡Verdad y Justicia sobre las masacres de Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán y Nochixtlán!
¡Verdad y justicia sobre los asesinatos y desapariciones de periodistas y luchadores sociales!
¡Verdad y justicia para los más de 150 mil asesinados que apenas empiezan a aparecer en las endémicas fosas clandestinas!
¡Verdad y justicia para los más de 30 mil desaparecidos!
¡Verdad y justicia en los asesinatos de Aidé Fuentes Nava y Emanuel Juárez Flores estudiantes de la Universidad autónoma de Guerrero!
¡Verdad y justicia para nuestros hermanos migrantes!
¡Liberación de todas las víctimas de la trata de personas que hoy están en manos de la mafia con la protección y encubrimiento del malgobierno!
¡Libertad inmediata a todos los presos políticos y a los detenidos por defenderse contra el narco y contra el despojo!

La noche no es eterna, hagamos posible el amanecer.

Milicias Populares ¡Basta Ya!
MPBY

Hidalgo, México a 1 de octubre de 2016.




P.D. Por razones técnicas el efecto de nuestro artefacto no fue el que buscábamos. Lo colocamos el viernes 30 por la noche para que estallara a la 1 de la madrugada del 1 de octubre, lejos de donde hubiera personas. Aun así reivindicamos las exigencias y reiteramos nuestra disposición, a que desde nuestras capacidades seguiremos expresando nuestra solidaridad con nuestras acciones y nuestra palabra.

REVISTA REGRESIÓN N° 6 .... MALDICIÓN ECO-EXTREMISTA

6 octubre 2016





Contenido:


-Editorial, por el Grupo Editorial

-La Mujer-Luna en la sociedad Selk’nam, tomado de Karukinka: cuaderno Fueguino de 1973

-Suspiros, por Lunas de abril

-Tatuaje primitivo: Rescatándolo de la amnesia, por Xale

-Cronología Maldita, por el Grupo Archivíscico Öme

-Anarquistas Indiscriminados: Sacando del olvido a los anarquistas terroristas del siglo XIX, por Seminatore

-Trizas: Sobre Terrorismo Indiscriminado, por Nechayevshchina Ed., y traducido pr Místico y Maldito

-Trizas II: Sobre Terrorismo Indiscriminado, por Nechayevshchina Ed., y traducido por Místico y Maldito

-Las lecciones dejadas por el Estado Islámico antes de su colapso, por Ghoul

-Individualista, ¡Ármate!, por delincuenciales eco-extremistas

-Poemas: Cuchillos en la sombra, Sin temor y A los montes, por Lunas de abril



DESCARGA ACÁ:

https://mega.nz/#!C5AFQRRY!2iYI3l_hglBV-pcEYewlO0Ehusw-lwF1ZunFScInPQk



Blog de Revista Regresión:

https://regresando.blackblogs.org




50 células anarquistas en guerra contra el capitalismo y el Estado mexicano

16 octubre 2016




por Zózimo Camacho

En México hay en curso una insurrección anarquista, con 50 grupos y células en guerra contra el capitalismo y el Estado. La seriedad de la “amenaza negra” ha provocado que en la Agenda Nacional de Riesgos se le considere de atención prioritaria, sólo por debajo del narcotráfico y los movimientos sociales, y muy por encima de las guerrillas rojas

Que se ilumine la noche y que se sacuda la ciudad; que el estruendo despierte a los poderosos y su servidumbre. Que el sonido de las balas movilice a sus cuerpos represores; y que se derrumben sus templos civiles y financieros. La Revolución es hoy y no espera que se organicen las masas. Es la fiebre contagiosa del clandestino anarquismo insurreccionalista. Se propala, festiva, entre lecturas, debates, conciertos; y conspira noche tras noche.

En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto (4 años), la insurrección anarquista ha concretado, al menos, 40 “acciones directas violentas” contra oficinas gubernamentales, bancos, centros comerciales, megaobras e intereses de las grandes empresas: enfrentamientos armados, ataques, explosiones, incendios, sabotajes, destrucciones, boicots.

Por “política de seguridad nacional”, estos hechos violentos no trascienden a los medios de comunicación. Sólo se llegan a conocer los que reivindican públicamente algunos de estos 50 grupos.

La efervescencia del movimiento clandestino ácrata insurreccionalista no ha pasado inadvertida para los organismos de inteligencia y seguridad nacional mexicanos. Hoy ocupa el mayor nivel de atención de las áreas de inteligencia, sólo después del narcotráfico y los movimientos sociales, según la Agenda Nacional de Riesgos 2015, documento de carácter “secreto” cuyo custodio es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

En los últimos 8 años, casi 50 grupos anarquistas de corte insurreccionalista han realizado más de 220 acciones violentas contra intereses capitalistas y estatales. El recuento está contenido en el expediente Acciones de grupos autodenominados anarquistas, insurreccionalistas, eco extremistas y/o eco terroristas, elaborado por el organismo de inteligencia civil del Estado mexicano, el Cisen.


Por su parte, las versiones 2013, 2014 y 2015 de la Agenda Nacional de Riesgos, a las que Contralínea tuvo acceso, dan cuenta de la emergencia anarquista que “preocupa” a los encargados de elaborar productos de inteligencia para consumo de las Fuerzas Armadas y los órganos civiles de seguridad nacional.

Sobre todo porque en estos documentos confidenciales –para consulta exclusiva de funcionarios de la “comunidad” de inteligencia– se reconoce que las autoridades no cuentan con “un esquema de coordinación interinstitucional consistente para atender el tema”, como dice textualmente la Agenda Nacional de Riesgos.

Según este documento –que elabora anualmente el Cisen con base en la información propia y de las otras dependencias gubernamentales que integran el Consejo de Seguridad Nacional–, las acciones de los grupos anarquistas insurreccionalistas “son cada vez más violentas”. Incluso, en el “Diagnóstico General” del capítulo dedicado al anarquismo, se advierte de una  “radicalización de las acciones de las células anarquistas de acción directa”.

Ante la insurrección anarquista, la mayor vulnerabilidad que reconoce el Estado mexicano –según el documento– está constituida por las “insuficientes medidas de protección física en instalaciones estratégicas”. El grado de riesgo asignado a esta “vulnerabilidad” es “alto”.


El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) participa en la elaboración de la Agenda Nacional de Riesgos y le da seguimiento. De acuerdo con la vigente Ley de Seguridad Nacional, está integrado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto y los titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong; Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda; Marina (Semar), Vidal Francisco Soberón Sanz; Hacienda y Crédito Público (SHCP), hoy José Antonio Meade Kuribreña; Función Pública (SFP, en estos momentos sin titular pero como encargado del despacho Javier Vargas Zempoaltécatl); Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu; Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza; la Comisión de Seguridad Pública (CSP), Renato Sales Heredia; la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Arely Gómez González, y el director del propio Cisen, Eugenio Ímaz Gispert.

Mientras, el documento del Cisen Acciones de grupos autodenominados anarquistas, insurreccionalistas, eco extremistas y/o eco terroristas fue elaborado por el organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) y entregado como “Anexo 1” de la respuesta a la solicitud de información con folio 0410000023116 presentada por Contralínea.

Los insurrectos

Aunque en el documento se señalan “306 acciones” cometidas por 74 organizaciones entre el 26 de marzo de 2008 y el 22 de julio pasado, no todas son obra de grupos anarquistas. Alrededor de 220 sí han sido realizadas por grupos anarquistas y ecoanarquistas insurrecionalistas, 40 de ellas ya durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Otras 82 acciones cometidas por 26 grupos en realidad son obra de ecoterroristas o ecoextremistas. Además, cuatro han sido reivindicadas por dos grupos fascistas.

En el documento no se establece si todos los grupos existen o si algunas acciones, como se puede inferir, son cometidas por células de organizaciones más grandes que en determinados ataques utilizan otros nombres.

En los últimos 8 años, los grupos anarquistas insurreccionalistas más activos han sido, según el documento elaborado por el Cisen: el Frente de Liberación de la Tierra, con participación en 52 acciones directas violentas; el Frente de Liberación Animal, con 44; las Células Autónomas de Revolución Inmediata Práxedis G Guerrero (CARI-PGG), con 32; la Federación Anarquista Informal, con 30; y, entre otras, la Conspiración de las Células de Fuego, con 12.


Las CARI-PGG se disolvieron, como grupo, en noviembre de 2013. Permanecieron activas por casi 5 años. Como señalan en un comunicado de 2016, quienes las integraron dejaron de actuar como CARI-PGG pero de manera individual y en grupos siguen militando en el anarquismo insurreccionalista y realizando “acciones violentas”.

Algunas de las acciones de esta corriente de anarquismo se han llevado a cabo de manera coordinada entre dos o más agrupaciones. La Ciudad de México ha sido la entidad con mayor número de ataques: 91. Otros estados con más de 10 acciones cometidas por anarquistas insurreccionalistas de 2008 a la fecha son el Estado de México, con 79, y Jalisco, con 16. Y entre una y nueve acciones se han cometido en: Oaxaca, Baja California, Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Quintana Roo, Chihuahua, Querétaro, Hidalgo, Nuevo León, Tlaxcala y Puebla.

Atentados contra universidades y centros de investigación

En el documento de respuesta a Contralínea, el Cisen destaca que “el término anarquista no está especificado en la legislación mexicana vigente”. Y señala que el organismo “no atribuye la autoría de atentados a ninguna persona o grupo identificado por su ideología”.



Lo que sí persigue el organismo encargado de preservar la seguridad nacional, dice, son “grupos violentos”. Agrega: “No se omite señalar que el objetivo de cualquier autoridad es contener acciones violentas, situación ajena a las ideologías”.

Es lo que señalan en la respuesta a la solicitud de información pública. Pero en la Agenda Nacional de Riesgos se condena al anarquismo en general. Incluso, no sólo a aquellos que han optado por la insurrección. En el apartado sobre las “vulnerabilidades” del Estado mexicano, se destaca la “falta de un marco legal para acotar el activismo de grupos anarquistas”. A esta consideración le asigna un nivel “medio” de riesgo. El activismo ácrata de cualquier tipo se encuentra bajo la lupa de los organismos de seguridad nacional.

Además, en el documento se considera anarquistas a grupos que no lo son y que, incluso, son contrarios al anarquismo, como Individualistas Tendiendo a lo Salvaje. Esta organización ha reivindicado el asesinato de trabajadores administrativos, científicos y el ataque a universidades y centros de estudio. En sus comunicados señalan que no creen en la revolución de ningún tipo, que aborrecen el anarquismo, el comunismo o cualquier proyecto de sociedad.

Sin embargo, en la Agenda se señala: “las células anarquistas perfilan un lento escalamiento en sus niveles de radicalidad, particularmente Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS) que amaga con atentar contra objetivos humanos”.

Incluso no se distinguen los atentados cometidos por grupos de insurreccionalistas de aquellos que se atribuyen otros grupos posmodernistas como el propio ITS y otras denominaciones que declaran estar en contra de la humanidad, como la disuelta Reacción Salvaje.



Están también los casos de las organizaciones de corte fascista o neonazi, como el Frente de Salvación Tenochtitlan y su Cúpula de la Organización Secreta Tenochtitlan, quienes dicen luchar por restaurar la “sagrada” “nación azteca” e “instalar en el poder” a quienes “garanticen la protección de los derechos naturales de la especie humana”.

Para el documento de trabajo de los organismos de inteligencia, tanto militar como civil, todos estos grupos son “anarquistas”. Por lo tanto, todos los atentados son obra de “anarquistas”.

Y en el “diagnóstico general” del riesgo, se señala que se esperan “atentados contra bancos, instituciones y personas ligadas con centros de investigación y atentados directos contra objetivos humanos con tintes terroristas”.

También propala la especie de que “integrantes de grupos anarquistas operan como grupos de choque durante movilizaciones sociales diversas”.

Entre los “escenarios de riesgo” vislumbrados en la Agenda Nacional de Riesgos se destaca la “posibilidad de acciones violentas del alto impacto: atentados con explosivos y contra blancos humanos, y expansión de grupos anarquistas debido a la ausencia de un esquema de coordinación interinstitucional consistente para atender el tema”.

Esta situación originaría otra, igualmente considerada “escenario de riesgo”: los “impactos negativos en la percepción de seguridad ciudadana derivados de la reactivación violenta de grupos (anarquistas)”.


El golpe que se prepara contra los ácratas

En cuanto a las “capacidades” de las entidades gubernamentales para enfrentar al anarquismo insurreccionalista, la Agenda Nacional de Riesgo destaca el “trabajo de inteligencia interinstitucional: Sedena, Semar, Segob, en zonas de presencia (anarquista)” (sic).

Entre las “recomendaciones” del Consejo de Seguridad Nacional” contenidas en la Agenda Nacional de Riesgos se encuentran: el “impulso a acciones de fortalecimiento del esquema interinstitucional para atender (el anarquismo)”, así como el “relanzamiento de los grupos operativos al interior del Cisen enfocados a objetivos específicos” (sic).

Los grupos operativos son, en el argot de los servicios de inteligencia, aquellos que se encargan de misiones especiales específicas: acciones encubiertas, seguimientos, infiltraciones, penetración en domicilios o instituciones para colocar micrófonos, por ejemplo. En algunos países a los grupos operativos se les encarga, incluso, la eliminación de personas que “atentan” contra la “seguridad” de un Estado.

Insurrección en medio país

La Agenda Nacional de Riesgos reconoce la presencia de células anarquistas de “acción de directa” en cinco entidades de la república: Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Baja California. Prácticamente en todas las regiones de las tres primeras hay colectivos de este tipo de anarquismo. Con respecto de Oaxaca, se encuentran en la ciudad capital del Estado y en franjas de las regiones de Valles Centrales, Sierra Norte y Sierra Sur. Con respecto de Baja California, el mapa incluido en el documento señala a la ciudad de Mexicali.


Sin embargo, en la relación de acciones de anarquistas insurrecionalistas elaborada por el Cisen, se contabilizan 17 de las 32 entidades de la República: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Baja California, Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Quintana Roo, Chihuahua, Querétaro, Hidalgo, Nuevo León, Tlaxcala y Puebla.

Seguridad nacional: ascenso del anarquismo

Desde la versión 2013 de la Agenda Nacional de Riesgos, se consideró al anarquismo como uno de los 10 temas de atención inmediata para las instituciones encargadas de preservar la seguridad nacional.

Entonces se le colocó en el quinto puesto, dentro del mismo apartado de la subversión guerrillera. Así, los movimientos armados –como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y, entre otros, Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP)– aparecieron junto con los comandos y las células anarquistas insurreccionalistas en un mismo capítulo del documento confidencial bajo custodia del organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación encargado de la inteligencia civil, el Cisen.

Para la versión de 2014 del escrito, al anarquismo se le asignó un apartado independiente y se le colocó en el cuarto lugar de prioridades. A los movimientos guerrilleros se les dejó en el quinto sitio.



Pero el accionar de los grupos anarquistas de carácter insurreccionalista motivó que para la Agenda Nacional de Riesgos 2015, el anarquismo escalara hasta la tercera posición en las prioridades de las instituciones militares y civiles encargadas formalmente de la seguridad y defensa nacionales: la Sedena, la Semar, el Cisen, la Segob, la PGR y, entre otras instancias, la Policía Federal. Así, la insurrección negra se fue hasta los primeros lugares de atención prioritaria y las guerrillas rojas fueron enviadas a la posición 10, último lugar de la tabla.

Del boicot al enfrentamiento armado

De acuerdo con información recopilada por Contralínea –de portales de distribución libertaria, entre las que destaca Contrainfo– los grupos y células anarquistas insurreccionalistas concretaron más de 20 acciones violentas directas contra blancos específicos entre mayo de 2015 y septiembre de 2016. Las acciones van desde boicots hasta enfrentamientos armados. El espectro se completa con sabotajes, ataques, colocación de bombas falsas, detonación de explosivos e incendios.info-08

Se trata solamente de las acciones directas documentadas. El número real no es posible conocerse porque no todas se reivindican. Generalmente, las corporaciones policiacas evitan informar a los medios de los “atentados” consumados o frustrados de la insurrección anarquista.

Los ataques coordinados más recientes fueron obra del Grupo Autónomo de Sabotaje Salvador Olmos García. El pasado 3 de julio colocó y detonó paquetes explosivos-incendiarios en la sedes de tres de las principales organizaciones de los organismos del empresariado mexicano.

Salvador Olmos García es el nombre del joven anarquista, activista por los derechos de los pueblos indígenas, cantante punk, abogado y periodista comunitario que fue asesinado por policías de Huajuapan de León, Oaxaca, el pasado 28 de junio. Olmos había sido aprehendido por policías en la madrugada de ese día, cuando había acudido a un llamado de la Radio Comunitaria Tuun Ñuu Savi para reforzar el espacio que se encontraba en estado de riesgo debido a una amenaza de desalojo policiaco. Luego de que hiciera una pinta, Chava fue detenido por los policías para después ser arrollado por una patrulla a sus 31 años de edad. El hecho causó la indignación de activistas de colectivos de todo el estado e, incluso, de varias entidades de la República. Cinco días después vino el ataque contra los organismos del alto empresariado.

Mediante un comunicado que se puede leer en la página de Contrainfo (https://es-contrainfo.espiv.net/2016/07/09/mexico-ataque-explosivo-a-sedes-de-camaras-empresariales/), se informa de los ataques a las sedes en la Ciudad de México del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). Al final del escrito, se puede leer:

 “No existe para los oprimidos solución posible dentro de los márgenes institucionales, sino la lucha intransigente contra el Estado-capital, que posibilite un escenario abierto de insurrección generalizada [y] que, estableciendo dialécticamente una relación entre espontaneidad y organización, ponga en jaque la paz social en la región mexicana y se extienda por todo el globo.

 “¡Muerte al Estado/Capital!

 “¡Libertad a los Presos de la guerra social!

 “¡Por la Anarquía!

 “Grupo Autónomo de Sabotaje Salvador Olmos García”.







(Tomado de revista Contralínea  http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/10/16/50-celulas-anarquistas-en-guerra-contra-el-capitalismo-y-el-estado/?utm_content=kuku.io&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=kuku.io)