La feria de las detenciones

06-octubre-2009
¿A quién conviene generar un clima antisubversivo? La semana pasada hubo en el país dos detenciones inquietantes, en las que, tanto PGR como la Procuraduría estatal chiapaneca, insistieron en vincular a los detenidos con grupos guerrilleros, como el EPR.
Primero fue el caso de Ramsés Villarreal,detenido por la PGR como culpable de los ataques a bancos del DF, reivindicados por grupos anarquistas, y que apenas el viernes pasado fue liberado por un juez a falta de pruebas, ya que la única evidencia que vinculaba al joven con los hechos era una foto, bastante mala y truqueada.
Su detención se hizo en condiciones anticonstitucionales y bajo los peores métodos de intimidación para los familiares de Ramsés, mismos que buscarán interponer una demanda por tortura. Él fue, en efecto, activista universitario en 1999, maneja un discurso anarquista, fue expulsado de la UNAM, estuvo detenido y fue soltado en su momento por presiones políticas del gobierno capitalino, pero se sabe que está desde hace tiempo alejado del activismo por una dinámica personal muy compleja.
Aun así, se fueron sobre de él, con más ganas de “resolver” el caso en unas horas y de golpe, con un tipo al que tenían a la mano y con antecedentes, cuando es evidente que no tienen ni idea de por dónde empezar a dar con los verdaderos y escurridizos responsables de aquellos actos.
Algunas filtraciones tendieron a apuntar la hipótesis de que este chavo sería parte de una entramada red de complicidades que vincula a los anarquistas con el EPR, las FARC y las Miliacias Insurgentes Ricardo Flores Magón. A la trama sólo le faltó ligarlo con Al Qaeda, la ETA y una oleada de ovnis malévolos.
El de Ramsés es, por cierto, el primer caso que le corresponde “atender” al procurador Arturo Chávez Chávez, lo que hace temer por sus métodos para procurar justicia. Su nombramiento fue impugnado de origen, precisamente por las atrocidades que dejó pasar en Chihuahua, en el caso de los feminicidios, y que, al parecer, ya vino a poner en práctica a nivel federal. Mala señal.
El otro caso fue menos sonado, pero es igual de preocupante. La Procuraduría de Chiapas detuvo al dirigente de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), José Manuel Hernández Martínez, acusado de invadir un predio en julio de 2003.
El hecho se da en un contexto de creciente paramilitarismo en la entidad, de hostigamiento a comunidades de base zapatistas y militantes de la OCEZ, que hacen de Chiapas, junto con Guerrero y Oaxaca, parte de la triada de estados donde la conflictividad social está al rojo vivo.
La detención de Hernández fue realizada en condiciones ilegales, pues llegaron por él agentes disfrazados de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y se lo llevaron. Cuenta que durante los interrogatorios fue insistentemente presionado para que se declarara integrante del EPR, o de cualquier otro grupo guerrillero, o ya de perdida relacionado con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Ambas aprehensiones, aparentemente inconexas, hablan de una misma disposición de los cuerpos de procuración de justicia en el país para emprender cacería de militantes y activistas sin ton ni son, y para vincular a organismos de derechos humanos, colectivos campesinos y grupos subversivos como si fueran lo mismo; tan merecedores de castigo unos como los otros.
Habrá que estar atento a estos métodos de “investigación” que pretenden, por un lado, resolver casos por la vía expedita y, por el otro, criminalizar la protesta social y estigmatizar a respetables organismos de derechos humanos.