Secuestros, las explicaciones

03-junio-2008
No hay espacio a la discrecionalidad ni a la interpretación. La privación ilegal de la libertad de una persona es inadmisible, sea cual fuere la razón del secuestro.
Que el Estado desaparezca a los opositores es un crimen de lesa humanidad que debe ser castigado. No hay atenuantes.
Quien secuestra por obtener un beneficio económico, como lo hace la delincuencia común, es criminal.
El que por motivos políticos quita la libertad de una persona, empresario, funcionario o enemigo de clase, no es menos responsable de estar violentando la dignidad humana.
En recientes comunicados, el EPR se ha deslindado de la práctica de secuestrar empresarios para financiar su lucha. El 22 de abril, apenas dos días antes de proponer una intermediación con el gobierno federal para encontrar a sus militantes desaparecidos, el grupo armado señaló: “(…) También es mentira la acusación de que nos dedicamos al plagio y otros actos para tener fondos económicos ya que desde nuestro congreso realizado en año 2000 nos hemos apoyado en nuestro pueblo, en sus esfuerzos y su creatividad para realizar las tareas de la revolución”.
Es decir, sí lo hicieron, pero ya no más, aseguran. De hecho hay casos muy conocidos de empresarios plagiados por el Partido Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo (Procup), antecedente directo del EPR: Alfredo Harp Helú, Jorge Sekiguchi, Ángel Lozada, entre otros, que datan, ciertamente, del siglo pasado.
En la década de los 70, las guerrillas urbanas y rurales privaron ilegalmente de la libertad a empresarios, autoridades de gobierno, diplomáticos y a algunos de sus familiares, bajo el argumento de que eran acciones de recuperación de dinero que originariamente pertenecía al pueblo y que fueron a parar al bolsillo de los burgueses explotadores.
Con las explosiones del año pasado a Pemex, el EPR desplegó espectaculares iniciativas para tratar de encontrar a sus militantes Edmundo Reyes y Gabriel Cruz. Dejó daños materiales por 6 mil millones de pesos a la economía nacional y hasta una iniciativa de diálogo que, aun con lo acotada que es, no deja de ser sorpresiva.
De revire, el gobierno federal, vía algunos periodistas, le recordó al grupo armado que el secuestro es práctica común de las guerrillas, y que tan lesivas son las razones gubernamentales de la desaparición forzada de personas, como las que se dicen a sí mismas revolucionarias.
De nuevo respondió el EPR, indignado: “Nuestra actividad no tiene nada que ver con la delincuencia, sostenemos nuestro accionar político-militar sobre la base de dar siempre un carácter primordial a los recursos humanos sobre los materiales, esto quiere decir, para nosotros lo más importante no es el dinero, la infraestructura, las armas y los pertrechos sino el hombre politizado y con ideología.
“Si usted tiene evidencias de que estamos haciendo secuestros, asaltos y actividades delincuenciales, sería bueno que las presentara, porque nosotros sí podemos decirle que por lo dicho, sus fuentes y esas ‘evidencias’ son las que las que difunde el Cisen y los grupos de inteligencia gubernamental, bajo la fantasía de que estamos monitoreados o infiltrados”.
Hasta aquí todo queda a la fiabilidad que le pueda dar uno a la palabra del gobierno o a la de los eperristas. El asunto se reduce a un asunto de credibilidad.
Sin embargo, parece interesante la vertiente introducida a este debate por el investigador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema) Jorge Lofredo, quien a pregunta expresa del periodista Carlos Loret de Mola sobre el tema de los presuntos secuestros perpetrados por la guerrilla, apuntó que aun cuando el grupo armado asegura que ya no los realiza, “cuando uno escarba para ver cuáles serían las fuentes de financiamiento del EPR, éste se queda corto en sus explicaciones A mi me parece que el EPR debería dar un poco más de explicaciones sobre su financiamiento a fin de solventar y hacer sólida esta afirmación de que no secuestra”.
En el entendido de que el EPR, en tanto organización clandestina, no haría jamás público un desglose de sus ingresos y egresos, la aseveración de Lofredo –a quien no se puede acusar de policía o enemigo del grupo armado y sí en cambio calificar de investigador serio e imparcial- tiene sentido. No sería ni siquiera una rendición de cuentas, sino el fortalecimiento de su autoridad moral para reprobar una práctica de la que han sido víctimas dos de sus militantes y que por lo mismo ellos no pueden avalar como buena cuando se hace con fines pretendidamente revolucionarios.