Pobreza + injusticia = guerra

24-julio-2008
Los tableros de seguimiento a la seguridad nacional se encienden cada vez que un grupo armado se manifiesta desde la clandestinidad. Se comienza analizando su lenguaje, sus referencias ideológicas, sus armas, su posible financiamiento, su vínculo con grupos políticos o criminales, y ya de paso, pero sin que sea lo principal, se revisa la problemática social de su zona de influencia.
Poco se sabe de lo que se hace a nivel federal para desactivar focos rojos de inconformidad desde que se están dando las condiciones para un levantamiento. Poco se hace por resolver problemas antes de que la gente, sobre todo en zonas rurales, explote. Poco se hace para detener la insensibilidad política de gobiernos estatales y municipales que son la semilla de injusticias que devienen en guerrillas.
Esto viene a cuento por dos aparentemente asuntos menores en Guerrero y Chiapas, que son ejemplo típico de hogueritas que después, en conjunto y sumadas, se vuelven incendios forestales y acaban siendo una guerra con muertos y ruptura del tejido social.
El primer caso es el del cierre de la estación de radio indígena comunitaria Ñomndaa La Palabra del Agua, ubicada en la comunidad de Suljaa', Xochistlahuaca,
En 2002, el pueblo de Xochistlahuaca, en la región Costa Chica de Guerrero, se organizó para tener su propio gobierno autónomo de acuerdo con sus usos y costumbres. Dos años después se inició el proyecto de una radio comunitaria, como instrumento de lucha por el reconocimiento y el respeto a los derechos colectivos de los pueblos Nanncue Ñomndaa (amuzgos).
Por no tener el soporte de un grupo empresarial y no poder salir al aire bajo los criterios comerciales que priorizan las radios musicales y de banalidades, este proyecto fue muy cercado por las autoridades de la SCT, que en lugar de ver la manera de regularizar un medio de comunicación indispensable para la comunicación de estos mexicanos, optó por lo fácil: perseguir, golpear y cerrar.
El 10 de julio, alrededor de las 12 del día, cerca de 40 elementos, entre efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de la Policía Investigadora Ministerial encabezados por un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de nombre José Mario Jodas, llegaron a las instalaciones de esta radio indígena . Enseguida procedieron a desconectar el equipo, sin embargo, en eso llegaron más ciudadanos a la cabina y a los alrededores del Cerro de las Flores. Al sentir la presencia de cada vez más gente de la comunidad y de las comunidades cercanas, se retiraron del lugar sin llevarse nada ni nadie.
Segundo ejemplo, en Chiapas, apenas el martes pasado, descrito por los propios campesinos zapatistas:
“A las 7:30 de la mañana, nosotros las 28 familias adherentes a La Otra Campaña y dos familias bases de apoyo zapatista de la comunidad de Cruzton, decidimos limpiar nuestro manantial de agua y nuestras milpas, invitando como observadores a compañeros de La Otra Jovel.
“A las 8:20 horas de la mañana, seis elementos de la Policía Estatal Preventiva destacamentados en un campamento dentro de nuestros terrenos que legítimamente nos corresponden, los policías comenzaron a dispersarse rodeando a un grupo de mujeres de la comunidad que se encontraban cuidando la seguridad de nuestros compañeros. Los policías amenazaron a las mujeres diciéndoles ‘Que chingados hacen aquí, vamos a pedir refuerzos para detener a los que tienen orden de aprehensión’. También dijeron que iban agarrar a todos los que estuvieran provocando conflicto. Nuestras compañeras contestaron que lo único que estaban haciendo era limpiar el manantial de agua y las milpas, que no nos molestaran por lo que nuestros compañeros siguieron trabajando.
“A las 12:30 de la tarde, los compañeros y compañeras terminaron su trabajo de limpia y se retiraron a sus casas quedándose sólo unos compañeros a la orilla de la comunidad para vigilar.
“De inmediato los policías rodearon a nuestros compañeros y compañeras exigiendo que les entregaran las cámaras y los radios de comunicación. También exigían que apagaran las cámaras de video porque no querían ser grabados, lo que nos indicó que venían con malas intenciones. Al no cumplir con sus exigencias, los policías y especialmente el Fiscal comenzaron a agredirnos violentamente.
“Los policías intentaron arrebatarle la video cámara de una de nuestras compañeras de la comunidad que valientemente la defendió. También empezaron a agarrar violentamente a los compañeros y compañeras y de inmediato agarraron a nuestro compañero Víctor Manuel Escobar, de La Otra Jovel, lo golpearon y se lo llevaron al campamento. Sabemos que hasta ahora lo tienen detenido en Tuxtla Gutiérrez y no lo han soltado.
“También intentaron agarrar a otros compañeros pero lograron escaparse. Golpearon a otros compañeros y compañeras y nuestro compañero Adolfo Pérez Vázquez fue empujado por la falda del cerrito al ser golpeado por el Fiscal Carboney, provocándole una herida en la cabeza.
“Los compañeros y compañeras entonces empezaron a defenderse hasta que los policías empezaron a retirarse. Al empezar a bajar el cerrito, los policías tiraron por lo menos 7 cartuchos de gas lacrimógeno hacia los compañeros y compañeras que estaban arriba, por lo que varios miembros de la comunidad sufrieron ardor por el gas que les llegó en los ojos y especialmente nuestra compañerita Julia sufrió mayores daños en los ojos y la garganta”. Hasta aquí el relato.
Y es cuando nos preguntamos. ¿Es necesaria tanta violencia y saña para atender problemas sociales como el acceso a los medios de comunicación y al usufructo del entorno? Y luego se quejan y asustan de que aparezcan grupos armados en comunidades rurales. Los movimientos armados se previenen con acciones sociales, no se inhiben con armas y a golpes. O tú, ¿cómo la ves?