viernes, 5 de febrero de 2010

Ir por todos los desaparecidos

22-mayo-2008
Es feroz la exigencia del Ejército Popular Revolucionario (EPR) para que le sean devueltos sus militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, presuntamente en manos de autoridades oficiales. Ya volaron dos ductos de Pemex y hasta proponen una inédita intermediación civil para encontrarlos. En sus comunicados, el grupo armado se ha solidarizado con otros desaparecidos por motivos políticos, pero centra su atención sólo en sus militantes. ¿Y los demás?
Por supuesto que es condenable la desaparición forzada de personas, por ser un crimen de lesa humanidad. Deben aparecer Reyes y Cruz. Pero, para ser justos, si se va a pedir que esta atrocidad no se repita hay que ser consecuentes y pedir la liberación de todos.
El 14 de diciembre pasado publicamos en EL UNIVERSAL la historia de un tercer desaparecido, Francisco Paredes Ruiz, michoacano de 58 años, de añeja militancia política, cuyos familiares están tan desesperados como los eperristas para que sea encontrado.
El 22 de febrero también en estas páginas dimos cuenta de los hermanos Hilario y David Vega Zamarripa, sindicalistas de la refinería de Cadereyta de Pemex, a los que el EPR también ha citado en sus comunicados, y que constituyen toda una incógnita, porque su trayectoria profesional no se corresponde precisamente con las de luchadores sociales de izquierda.
Aun así, fueron desaparecidos por un comando armado, no sabemos si por motivos políticos, pero se encuentran respaldados por el Frente Nacional contra la Represión, que dirige doña Rosario Ibarra. También cuentan con familiares desesperados que los buscan por todas partes.
El Comité Cerezo acaba de difundir un informe de presos políticos y de conciencia en el año 2007, y consigna cinco desapariciones forzadas de personas, nada más ese año.
Está el caso de Lauro Juárez, indígena chatino, secuestrado en Oaxaca, en diciembre pasado, cuyo cadáver presuntamente ha sido localizado, pero no plenamente identificado, por lo que el caso sigue abierto. Además siguen sin ser ubicadas las indígenas triques Virginia Ortiz Ramírez y su hermana Daniela, presuntamente víctimas, no del Estado mexicano, sino de la violencia intercomunitaria local, pero que de todos modos no aparecen y están desaparecidas por un conflicto político.
Como se ve, es preciso que el tema no se limite a sólo dos casos, por espectaculares que sean, porque los demás también son condenables.
Indagando entre organismos no gubernamentales (Comité Eureka, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México) tratamos de dar con un censo confiable de desaparecidos en el país, y la lista parece quedarse ahí en estos cinco o seis.
De paso, la pesquisa arrojó un problema más grave, que será motivo de otro blog: la disparidad de cifras y personas en el caso de los presos políticos y de conciencia en el país, porque en eso nada más no hay unanimidad.
Cada grupo tiene su propia lista, algunos nombres coinciden, otros no y, peor aún, se percibe desunión y desinterés de las organizaciones por unificar datos, en el mejor de los casos producto de un desorden organizativo, en el peor, por un uso político de los presos.
Es “mi” preso, es “mi” lucha, como si las personas fueran monedas de cambio político. No generalizo ni desacredito su función, pero alerto sobre un fenómeno que pudiera minar la credibilidad de los organismos no gubernamentales encargados de velar por su vigencia en México.
Por lo pronto, como que nada más pedir la desaparición de unos y no de todos sería limitar mucho el espectro.

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