Censo de presos políticos

19-junio-2008
¿Cuántos presos políticos hay en el país? El secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño ha dicho que no existe ninguno, que cuando mucho hay algunos detenidos por delitos comunes. Para integrantes de La Otra Campaña zapatista, las personas detenidas por motivos de sus convicciones políticas o en movilizaciones de corte político ascienden actualmente a 154, aunque la cifra podría ser mayor porque aún no existe un registro sistematizado de liberaciones recientes en Oaxaca.
Gloria Arenas Agis, presa en el penal de Chiconautla por militar en el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurtgente (ERPI), junto con Eugenia Gutiérrez, se puso a hacer números sobre las personas que han pisado la cárcel por motivos políticos -aun cuando ya hayan sido liberados- y sus resultados suenan impresionantes, pues de de 1992 a junio de 2008 contabilizan, por lo menos, 3,364 personas encarceladas por pertenecer al movimiento social. Entre los encarcelados ha habido, aseguran, 238 mujeres y 174 menores de edad.
Reconocen que en su suma hay vacíos y dudas, porque muchas veces no se sabe si algunos detenidos fueron liberados. Aun así registran a cuando menos 10 presos que llevan más de 10 años en la cárcel y siguen ahí.
Este recuento desglosa los últimos tres sexenios: en el gobierno de Ernesto Zedillo fueron encarceladas, por lo menos, 1,205 personas; durante el periodo de Vicente Fox, al menos 1,576, y en el año y medio que lleva Felipe Calderón van, por lo menos, 337.
En este recuento no se usa la palabra represión, sino el término de “persecución política”. Dicen las autoras: “Nos parece un poco más amplio que “represión”. Esa persecución la entendemos como una serie de prácticas de anulación de la disidencia al servicio de las cuales el poder pone todos sus recursos: desde la violencia hasta la apertura, desde la desaparición forzada hasta la compra de líderes, desde la tortura hasta el engaño y la distracción, desde el asesinato hasta los medios de comunicación”.
Aseguran que tales números estarían demostrando que no sólo se ha criminalizado a los movimientos armados, sino también al movimiento social pacífico. Muchos de los ennumerados lo han sido por casos muy conocidos como los de Atenco, Oaxaca 2006, globalifóbicos de Guadalajara, los zapatistas presos, la persecución de los Loxichá en los 90 buscando al EPR y la lucha contra el relleno sanitario de Zimapán, aunque muchos más, la mayoría, lo han sido de manera aislada en los estados de la República, sin mucho ruido mediático.
Oaxaca, Jalisco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Hidalgo, Estado de México son los gobiernos con más presos políticos, pero también a los que tienen gobiernos perredistas les toca responsabilidad: Michoacán, Guerrero, Chiapas y hasta el Distrito Federal, aparecen como de los que más reprimen al movimiento social.
En el caso capitalino acusan a Rosario Robles y a Alejandro Encinas, cuando fueron jefes de Gobierno, de permitir y promover la toma de CU por la PFP, en 2001 y agresiones de policías a 20 manifestantes de la Otra Campaña que fueron perseguidos por la Alameda Central, la Biblioteca de México y por las calles hasta ser detenidos, golpeados, arrastrados y agredidos sexualmente. O sea, que ningún partido se salva de estas prácticas, a decir de las autoras del reporte.
A reserva de dedicar otro espacio a que platiquemos sobre la mejor definición de lo que es un preso político -pues hay quienes dicen que no es lo mismo el preso político, el preso de conciencia y el preso por acciones derivadas de su actividad política-, coméntame qué te parece esta propuesta que hacen Gloria y Eugenia.