Avanza mediación con EPR

19-agosto-2008
Al momento de escribir este blog aún no conocemos la respuesta del Ejército Popular Revolucionario (EPR) a la petición que le hiciera el jueves pasado la Comisión de Mediación para que prolongue su tregua, como muestra de respaldo a los trabajos de dicha instancia. Todo parecería indicar que tendría que ser positiva y quedamos todos a la espera del comunicado correspondiente.
El jueves pasado, la Comisión de Mediación, integrada por reconocidos intelectuales a propuesta del grupo armado, para servir de instancia civil que busque a Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, divulgó un estupendo documento de 25 cuartillas, en el que plantea el estado de cosas, los alcances de su modesta pero importante investigación, y la necesidad de profundizar en la misma, para lo cual solicitó al gobierno federal reclasificar la búsqueda de los eperristas por el delito de “desaparición forzada”, en lugar del de “secuestro”, así como mostrar más voluntad política para llegar a la verdad de los hechos y permitirle a la comisión acceder a más documentos oficiales, que les permita confirmar más cabalmente el cuadro.
Al EPR pidió hacer explícita la ampliación de su tregua, que conjure un nuevo atentado.
El documento muestra iniciativa política, firmeza en los planteamientos, logra alejarse de las fobias gubernamentales y filias guerrilleras de algunos de sus integrantes y se coloca equidistante de las partes, haciéndoles ver que con ninguna de las dos mantiene especial cercanía. Esto es valioso, pues despolitiza a la comisión y realza su autoridad moral para ser un árbitro imparcial de esta angustiosa búsqueda, que trata de atender un crimen de lesa humanidad.
De entrada, el gobierno federal accedió a reclasificar el delito por el que oficialmente se busca a estas dos personas, aunque no sabemos de señalamiento alguno para permitir a la comisión acceder todavía más en papeles oficiales, lo cual no debe tardar en suceder.
Este logro no es menor, pues la fuerza moral de la mediación ya arrancó al gobierno el reconocimiento de que, cuando menos potencialmente, un integrante del Estado mexicano pudo haber cometido la desaparición en agravio de los eperristas. Independientemente de cómo evolucione el caso, esto ya sienta un sano precedente político para posteriores casos en los que se juzgue n los excesos policiales, militares o de cualquier tipo.
Los eperristas deberían entonces dar esa señal de distensión. No digo que se muestren agradecidos o reconozcan un acto que no es graciosa concesión del rey, sino justa compensación del juez. Los mediadores dijeron en el documento del jueves que la respuesta positiva de las dos partes a sus peticiones sería asumida como la ratificación de su existencia y la señal de que puede seguir adelante en sus trabajos. El EPR debe ratificar a los mediadores que ellos mismos propusieron y que, como está visto, han hecho su tarea de manera seria y desapasionada.
Esto no quiere decir que ya todo sea miel sobre hojuelas. No. Hubo un avance, sí, pero falta llegar al fondo de la verdad y conocer la manera en que habrá de desenvolverse este problema, sin que haya daños humanos y materiales de por medio.
Se necesita saber dónde están y qué pasó con los personajes buscados. Se requiere ver cómo se actuará en el caso de encontrarse responsables de la desaparición y del desenlace de Cruz y Reyes, pues aun apareciendo, es indudable que hay responsables de su privación ilegal de la libertad.
Y más allá de los desaparecidos, hay todavía algo más grande de fondo en este caso, que es revisar de qué manera los actores políticos asumen su posición respecto de la forma en que el Estado ha de enfrentar a los grupos armados. Cómo asume la sociedad civil –tu y yo- la lucha de estas personas, y cómo los gobiernos y sus órganos policiacos y militares enfocan la lucha anti guerrilla.
Hay quienes apoyan irrestrictamente los ataques guerrilleros, hay quienes los rechazan de manera tajante. Hay incluso posicionamientos claros de simpatía de ciertos sectores sociales hacia sus demandas de fondo, pero con rechazo hacia ciertas expresiones de su lucha, como los secuestros como forma de financiamiento, por ejemplo, o las explosiones de instalaciones estratégicas del país, que sin causar bajas civiles generan una percepción negativa entre la población.
Decíamos la semana pasada que en Guerrero se están haciendo las cosas a la “antigüita” en la persecución de líderes guerrilleros, y así les habrá de ir, pues no atacan el problema estructural de la desigualdad y la impunidad que da origen a las inconformidades.
El caso Reyes y Cruz está sirviendo para que revisemos todo esto y avancemos en el análisis serio de quienes toman las armas convencidos de que ésa es la única forma de transformar a la sociedad.