12 noviembre 2014
Las imágenes dan la vuelta al mundo. El
salón de sesiones del Congreso de Guerrero en llamas. Las sedes del PRI y el
PAN, destrozadas. Ataques a propiedad de multinacionales y las vías de
comunicación cercenadas. Las autoridades estatales no despachan en sus oficinas
porque están tomadas, y gobiernan a salto de mata. Hay una insurrección en
curso en Guerrero, que pretende la creación de un ente autónomo de la
Federación.
Bajo la causa legítima de la aparición
de los 43 normalistas de Ayotzinapa, grupos antisistémicos están operando
activamente en el estado y proyectando caos, ingobernabilidad y un gobierno arrodillado.
Un documento del CISEN indica que el EPR y el ERPI, junto con sus
organizaciones fachada, que se encuentran en el frente de masas que moviliza la
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), las policías
comunitarias y una parte del clero radical, impulsan la consolidación de La
línea de la Esperanza.
Este proyecto comprende el corredor
indígena que cruza Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde los maestros disidentes de
la Coordinadora son la parte más activa de esta insurrección. Los municipios
donde se concentra la fuerza de la insurrección son Acatepec, Ahuacuotzingo,
Ajuchitán del Progreso, Ayutla, Coyuca de Catalán, Malinaltepec, Metlátonoc,
Olinaláy Tecoanapa, donde operan las guerrillas del EPR, el ERPI, Tendencia
Democrática Revolucionaria del Ejército del Pueblo, el Comando Justiciero 28 de
Junio y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo. El EPR, fundado en
1996, en el aniversario de la matanza de Aguas Blancas, es quien aglutina al
movimiento armado que tras varios años de esfuerzos, hoy está unificado.
Tras los hechos en Iguala se
reactivaron y comenzaron a emitir comunicados con una frecuencia como nunca
antes en su historia. Se puede alegar que en la crisis política y el pasmo del
gobierno federal actual, observaron condiciones para su lucha. Los comunicados
tienen como propósito la propaganda, pero en términos estratégicos son
utilizados para comunicarse con sus células y darles instrucciones. La
violencia contra objetivos específicos comenzó después que se difundieron los
comunicados. Tras iniciarse la insurrección, la frecuencia de ellos disminuyó
notablemente.
La falla en el diagnóstico
sociopolítico de lo que se había detonado detrás de la causa legítima de los
normalistas desaparecidos, se sumó a la todavía incapacidad gubernamental para
entender que los retos en Guerrero tienen varios frentes. Tampoco ha sido del
todo comprendido en los medios mexicanos y mucho menos en los internacionales.
La violencia no tiene que ver directamente con los sucesos de Iguala, aunque
personas vinculadas estrechamente con los familiares de las víctimas, forman
parte del frente de masas guerrillero.
Los maestros y el clero radical,
articulados dentro de estas organizaciones fachada, son quienes organizan la
violencia callejera en acciones que pueden ser consideradas de propaganda
armada. Es decir, trabajan en la proyección de imágenes de ausencia de
gobierno, inestabilidad y caos, que contribuyan al debilitamiento del Estado y
a forzar que el gobierno federal pierda el consenso para gobernar y que en su
desesperación incurra en una represión generalizada que sólo alimentará aún más
la lucha rebelde.
La CETEG la encabeza Ramos Reyes
Guerrero, quien está relacionado con el Ejército de Liberación Nacional, una
escisión del EPR que secuestró al abogado panista Diego Fernández de Cevallos
en 2010. Opera desde Tlapa de Comonfort, en la Región de la Montaña y tiene
como lugartenientes, vinculados también con las guerrillas, según el CISEN, a
los maestros Pedro Eligio Cabañas en Cualac –hermano de Lucio Cabañas, el
dirigente guerrillero histórico–, Taurino Rojas, simpatizante del EPR, en
Metlatónoc, y Florencio Andréu Castañeda, en Olinalá. Otros líderes del
magisterio disidente, como Minervino Morán, que fue pieza activa en la toma de
la ciudad de México por los maestros el año pasado, es simpatizante del ERPI.
Morán pertenece al Frente Popular
Revolucionario (FPR), organización paraguas y fachada de la guerrilla, que
encabeza Omar Garibay Guerra, y que se encuentra dentro del Movimiento Popular
Guerrerense (MPG),del que es líder Ubaldo Segura Pantoja, dirigente de la Unión
Social Independiente de Pueblos Indígenas, que es un frente del EPR, donde
participa activamente Bertoldo Martínez Cruz, que dirige el Frente de
Organizaciones Democráticas de Guerrero y el Comité Contra la Tortura y la
Impunidad, al que vincula el CISEN con el ERPI.
En el MPG, cuya función central es
articular los vínculos a nivel nacional, está el Centro de Derechos Humanos de
la Montaña Tlachinollan, que dirige Abel Barrera, y cuyo asesor jurídico,
abogado de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, es Vidulfo Rosales,
quien ha participado en actos de organizaciones fachada del ERPI. También se
encuentra la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, en la que cuando
menos tres de sus dirigentes son jefes del ERPI: Ernesto Gallardo, comandante
Neto, Gonzalo Torres, comandante Gonzalo, y Crisóforo García, comandante
Guerrero, y la Red Guerrerense de Derechos Humanos, que encabeza Manuel
Olivares, defensor y adoctrinador en Ayotzinapa, señalado por las autoridades
como simpatizante del ERPI.
El árbol de la insurrección en Guerrero
no es algo nuevo. Los sabían los órganos de inteligencia del Estado Mexicano y
no se hizo nada. Tampoco alertaron al presidente Enrique Peña Nieto lo que se
cocinaba en Guerrero. La desaparición de los normalistas significó el detonante
para que empezara la marcha de esa rebelión contra las instituciones que hoy,
tienen desbordado al centro del país.
Iguala: el engaño al
Presidente (III)
La recomendación al
presidente Enrique Peña Nieto de encapsular la desaparición forzada de 43
normalistas de Ayotzinapa al declarar que los hechos en Iguala eran un asunto
que debían arreglar los guerrerenses, regaló 15 días a grupos políticos y
armados dentro y fuera de la ley, que avizoraron que a través de una causa
legítima podían comenzar una rebelión. El mes que discutieron en Los Pinos si
convenía o no presionar al gobernador Ángel Heladio Aguirre a pedir licencia,
les facilitó el incendio del estado. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, repitió erróneamente que el crimen era del fuero común, sin
entender él, ni Aurelio Nuño, el jefe de la Oficina de la Presidencia, que en
Iguala no sólo se había cometido un crimen, sino que empezó la contrarreforma
nacional. No lo diagnosticaron ellos; no se percató el Presidente.
Actuar como Poncio
Pilatos las dos primeras semanas en Guerrero es el mayor error político de Peña
Nieto y de su gobierno, que envuelto por la endogamia política de su
Presidencia, no le permitió ver a él ni a su equipo que la insurrección social
en el corazón de la cuenca del descontento fue alimentado, probablemente en
forma inopinada, por el grupo compacto en su entorno. El punto de inflexión
para entender lo que se vive en Guerrero fue la captura de la maestra Elba
Esther Gordillo en febrero de 2013, con el argumento que eliminarla como líder
del magisterio, allanaría al camino de la Reforma Educativa.
Desde el interior del
gobierno advirtieron que el análisis era equivocado, y que si creían que meter
a la cárcel a la maestra era la solución, no entendían su rol en el magisterio.
Como sucede regularmente en la burbuja donde está encerrado el Presidente,
descalificaron las opiniones.
Cuando fue detenida,
le sugirieron a Osorio Chong que en esa coyuntura se capturara también a los
jefes de la Coordinadora, un docena de maestros disidentes principalmente en
Oaxaca, y con el liderazgo descabezado, iniciar su renovación. Se hizo lo contrario.
Desde la Secretaría
de Gobernación, por intermediación del subsecretario del ramo, Luis Miranda
-compadre del Presidente-, empoderaron a la Coordinadora magisterial. De cinco
entidades donde operaban, Miranda, con el respaldo de Osorio Chong y Nuño, la
creció a 23, y obligaron a varios gobernadores a darles interlocución. Les
regalaron plazas, contra lo que establece la Reforma Educativa, y más de 12 mil
millones de pesos. Poder y dinero, lo que nunca imaginaron antes, por la gracia
de Los Pinos y Bucareli.
El alegato ante el
Presidente era que así tendrían controlada a la oposición magisterial. En
Michoacán llevaron la racional al extremo. Por sugerencia del comisionado para
la Seguridad y el Desarrollo, Alfredo Castillo –que depende de facto de Nuño-,
se designó como subsecretario de Educación Básica a Rafael Mendoza Castillo,
ideólogo de la Coordinadora, y que quiere la abrogación de la Reforma
Educativa. Esta semana, los maestros disidentes michoacanos iniciaron protestas
con el pretexto de la desaparición de los normalistas, sumándose a la rebelión,
que públicamente encabeza la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación de Guerrero (CETEG), la que en el mes de indecisiones del gobierno de
Peña Nieto, articularon a la oposición social y al frente de masas de los
movimientos armados.
¿Sabrá el Presidente
que en Guerrero se articularon las fuerzas legales y las guerrillas en torno a
la causa legítima para que aparezcan los 43 normalistas de Ayotzinapa, que son
las que están causando la violencia en aquél estado? Dentro del gobierno sabían
que esto podría suceder. De hecho, un grupo de coordinación para Guerrero,
compuesto por más de una veintena de funcionarios, se daba cita los sábados en
el CISEN. Encabezado por el director del órgano de inteligencia, Eugenio Imaz,
participaban representantes del área política de Gobernación –Imaz tiene como
jefe inmediato a Osorio Chong-, del Ejército, la Marina, la PGR, la Comisión
Nacional de Seguridad, la Policía Federal, y el gobierno de Guerrero.
Uno de los documentos
-de marzo de 2014- que analizaron, establece en el mapa de riesgos lo que la
vinculación entre el magisterio disidente y la guerrilla, que llaman
“subversión”, podía generar en el estado. “No hay vínculos orgánicos entre el
magisterio disidente de Guerrero y la subversión”, sostiene, pero a través de
las relaciones personales, probaba los enlaces y el trabajo coordinado entre
sus líderes. Su existencia generaba alerta, y en el documento se anticipan
entre los riesgos:
1.- Pueden desviar
recursos económicos para las organizaciones subversivas y su frente político
(que incluyen organizaciones de derechos humanos y policías comunitarios).
2.- La confluencia
del magisterio y subversión en el Movimiento Popular Guerrerense pueden detonar
escenarios de confrontación.
3.- Proliferación y
escalamiento de conflictos sociales en diversas regiones de la entidad por
actores CETEG-subversión.
La información les
había llegado de Guerrero, pero no se alertó al Presidente. Por razones
desconocidas, dieron carpetazo a todo el trabajo y desde hace más de cuatro
meses, no se reúne el grupo. El equipo que hacía seguimiento de los movimientos
armados prácticamente se desintegró y se dejaron sueltos los cabos que hoy
mueven las manos violentas en el estado. Son públicos, visibles y altamente
activos quienes hoy tienen arrinconado al Presidente y al gobierno. Lo sabían
en el gobierno pero no hicieron nada entonces, ni, parece, ahora.
Guerrero: empezó la
insurrección (IV y fin)
Las imágenes dan la
vuelta al mundo. El salón de sesiones del Congreso de Guerrero en llamas. Las
sedes del PRI y el PAN, destrozadas. Ataques a propiedad de multinacionales y
las vías de comunicación cercenadas. Las autoridades estatales no despachan en
sus oficinas porque están tomadas, y gobiernan a salto de mata. Hay una
insurrección en curso en Guerrero, que pretende la creación de un ente autónomo
de la Federación.
Bajo la causa
legítima de la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, grupos antisistémicos
están operando activamente en el estado y proyectando caos, ingobernabilidad, y
un gobierno arrodillado. Un documento del CISEN indica que el EPR y el ERPI,
junto con sus organizaciones fachada, que se encuentran en el frente de masas,
que moviliza la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG),
las policías comunitarias y una parte del clero radical, impulsan la
consolidación de La línea de la Esperanza.
Este proyecto
comprende el corredor indígena que cruza Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde los
maestros disidentes de la Coordinadora son la parte más activa de esta
insurrección. Los municipios donde se concentra la fuerza de la insurrección
son Acatepec, Ahuacuotzingo, Ajuchitán del Progreso, Ayutla, Coyuca de Catalán,
Malinaltepec, Metlátonoc, Olinalá y Tecoanapa, donde operan las guerrillas del
EPR, el ERPI, Tendencia Democrática Revolucionaria del Ejército del Pueblo, el
Comando Justiciero 28 de Junio, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del
Pueblo. El EPR, fundado en 1996, en el aniversario de la matanza de Aguas
Blancas, es quien aglutina al movimiento armado que tras varios años de
esfuerzos, hoy está unificado.
Tras los hechos en
Iguala se reactivaron y comenzaron a emitir comunicados con una frecuencia como
nunca antes en su historia. Se puede alegar que en la crisis política y el
pasmo del gobierno federal en actual, observaron condiciones para su lucha. Los
comunicados tienen como propósito la propaganda, pero en términos estratégicos,
son utilizados para comunicarse con sus células y darles instrucciones. La
violencia contra objetivos específicos comenzó después que se difundieron los
comunicados. Tras iniciarse la insurrección, la frecuencia de ellos disminuyó
notablemente.
La falla en el
diagnóstico sociopolítico de lo que se había detonado detrás de la causa
legítima de los normalistas desaparecidos, se sumó a la todavía incapacidad
gubernamental para entender que los retos en Guerrero tienen varios frentes.
Tampoco ha sido del todo comprendido en los medios mexicanos y mucho menos en
los internacionales. La violencia no tiene que ver directamente con los sucesos
de Iguala, aunque personas vinculadas estrechamente con los familiares de las
víctimas, forman parte del frente de masas guerrillero.
Los maestros y el
clero radical, articulados dentro de estas organizaciones fachada, son quienes
organizan la violencia callejera en acciones que pueden ser consideradas de
propaganda armada. Es decir, trabajan en la proyección de imágenes de ausencia
de gobierno, inestabilidad y caos, que contribuyan al debilitamiento del Estado
y a forzar que el gobierno federal pierda el consenso para gobernar y que en su
desesperación, incurran en una represión generalizada que sólo alimentará aún
más la lucha rebelde.
La CETEG la encabeza
Ramos Reyes Guerrero, quien está relacionado con el Ejército de Liberación
Nacional, una escisión del EPR que secuestró al abogado panista Diego Fernández
de Cevallos en 2010. Opera desde Tlapa de Comonfort, en la Región de la Montaña
y tiene como lugartenientes, vinculados también con las guerrillas, según el
CISEN, a los maestros Pedro Eligio Cabañas en Cualac –hermano de Lucio Cabaños,
el dirigente guerrillero histórico-, Taurino Rojas, simpatizante del EPR, en
Metlatónoc, y Florencio Andreu Castañeda, en Olinalá. Otros líderes del
magisterio disidente, como como Minervino Morán, que fue pieza activa en la
toma de la ciudad de México por los maestros el año pasado, es simpatizante del
ERPI.
Morán pertenece al
Frente Popular Revolucionario (FPR), organización paraguas y fachada de la
guerrilla, que encabeza Omar Garibay Guerra, y que se encuentra dentro del
Movimiento Popular Guerrerense (MPG), del que es líder Ubaldo Segura Pantoja,
dirigente de la Unión Social Independiente de Pueblos Indígenas, que es un
frente del EPR, donde participa activamente Bertoldo Martínez Cruz, que dirige
el Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero y el Comité Contra la
Tortura y la Impunidad, al que vincula el CISEN con el ERPI.
En el MPG, cuya función
central es articular los vínculos a nivel nacional, está el Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinollan, que dirige Abel Barrera, y cuyo asesor
jurídico, abogado de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, es
Vidulfo Rosales, quien ha participado en actos de organizaciones fachada del
ERPI. También se encuentra la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero,
donde cuando menos tres de sus dirigentes son jefes del ERPI, Ernesto Gallardo,
comandante Neto, Gonzalo Torres, comandante Gonzalo, y Crisóforo García,
comandante Guerrero, y la Red Guerrerense de Derechos Humanos, que encabeza
Manuel Olivares, defensor y adoctrinador en Ayotzinapa, señalado por las
autoridades como simpatizante del ERPI.
El árbol de la
insurrección en Guerrero no es algo nuevo. Los sabían los órganos de
inteligencia del Estado Mexicano y no se hizo nada. Tampoco alertaron al
presidente Enrique Peña Nieto lo que se cocinaba en Guerrero. La desaparición
de los normalistas significó el detonante para que empezara la marcha de esa
rebelión contra las instituciones que hoy, tienen desbordado al centro del
país.
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