En Guerrero, creían que había guerrilla infiltrada el día de la elección federal

 Por Juan Veledíaz 

Las alertas indicaban que podría haber agentes federales que serían linchados por una turba de pobladores, supuestamente azuzados por simpatizantes de la guerrilla, en el municipio de Tlapa la noche del domingo 7 de junio. Al paso de los días, tras el sepelio del profesor Antonio Vivar Díaz, a quien sus compañeros llamaban "comandante Toño", muerto durante la liberación de los policías federales retenidos en una capilla de la colonia Tepeyac de éste municipio, la información se diluyó sin que se presentaran evidencias. Lo que continuó fueron las movilizaciones de protesta, y un recordatorio que el día de las elecciones el EPR alertó en un comunicado que se venía una ola represiva gubernamental ante la creciente efervescencia social en la Montaña de Guerrero.

Horas antes de que iniciara la jornada electoral del pasado domingo 7 de junio, comenzó a circular un comunicado del Ejército Popular Revolucionario (EPR), fechado en Veracruz por el "comité estatal", donde se advertía que "el aparato policiaco-militar y paramilitar" reforzaría su "operación" de manera "especifica y especializadamente" contra "proyectos organizativos emergidos de los distintos sectores populares", que en los últimos meses han desarrollado sus protestas de forma "independiente y revolucionaria con una conciencia de clase".

En cada uno de los 16 párrafos que la organización guerrillera redactó, no pasó por alto los asesinatos y enfrentamientos, que bajo la cobertura de "delincuencia organizada", son vistos como "coartadas" del sistema político para "disfrazar" lo que llaman "política represiva".

Con su característica retórica autodenominada "revolucionaria", "proletaria" y "socialista", el comunicado llamaba la atención no solo por el recuento que hacían de las manifestaciones de inconformidad de maestros, estudiantes y trabajadores del campo en entidades como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Puebla, sino por el énfasis que ponían en lo ocurrido contra un grupo de jóvenes que fueron atacados días antes de las elecciones por hombres armados en Jalapa, Veracruz, donde a golpes y armas blancas fueron amedrentados y heridos por "encapuchados".

"La premeditada acción represiva contra los jóvenes estudiantes tiene un contenido y objetivo político, no hay más que indagar, cualquier pretensión de desviar el acontecimiento utilizando las clásicas y burdas líneas de investigación policiaca-pasional, delincuencial, conflicto inter-estudiantil--constituyen una violación más a los derechos de estos jóvenes, sus familiares y una daga a la profusa herida del pueblo y la humanidad. La fabricación del delito para reprimir de forma brutal el hogar estudiantil, es el castigo desde el poder burgués por ser jóvenes, estudiantes, por forjarse una identidad y afinidad política propia; críticos al sistema y régimen; sensibles con las condiciones de pobreza, miseria y opresión política que vive nuestro pueblo; defender el medio ambiente; solidarios con las luchas populares; respaldar la lucha por la defensa y el respeto a los derechos humanos; manifestarse contra los crímenes (de) lesa humanidad; por mostrar su posición crítica a los procesos electorales, por lo que sea, el objetivo es arredrar, intimidar al sector estudiantil por ser un aliado histórico de las luchas populares".

En su mensaje, el EPR pareció advertir que la "escalada represiva", como el suceso ocurrido en Jalapa, iría más allá pues las fuerzas de seguridad tienen trazado un plan para ir contra las organizaciones sociales que se han manifestado en los últimos meses por diversas acciones, una de ellas la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, ocurrida hace ocho meses.

Esta advertencia pareció tener eco en las protestas que se suscitaron en Tlapa la tarde del domingo 7 de junio, cuando un grupo de pobladores en apoyo a maestros y estudiantes, desarmaron y retuvieron a un grupo de la Policía Federal. La retención por varias horas de una veintena de agentes federales, con una amenaza velada de linchamiento público si no se liberaba a ocho profesores detenidos horas antes en el municipio, activó todas las alertas en el gabinete de seguridad federal donde se tuvo indicios de que alguna facción guerrillera podría estar infiltrada entre los miembros del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero.

De acuerdo a versiones de la Policía Federal, se tenía identificado a un grupo de rijosos que desde días antes habían amenazado ir en contra de las fuerzas del orden si no se acataban la disposición de boicotear las elecciones en el municipio. La medida, que dividió a la población de Tlapa, tuvo su contraparte cuando un grupo de taxistas y ciudadanos identificados con el PRI, desalojaron a los inconformes del palacio municipal y advirtieron que el proceso electoral se llevaría a cabo.

En este choque de posiciones vino el enfrentamiento entre maestros contra agentes federales que desembocó en la detención de ocho de los inconformes, posteriormente vino la retención de un grupo de agentes cuando ingresaron a la colonia Tepeyac en busca de otros rijosos, y que llevó a encerrarlos bajo la vigilancia de cientos de pobladores en una capilla de esta zona del municipio.

Hubo un momento en que se dio la orden de desalojar porque la advertencia de que los lincharían tomo visos de realidad, dice un comandante de la Policía Federal destacado en Chilpancingo, que accedió a dar su versión de los hechos bajo el acuerdo de no ser citado por nombre ni el tiempo que lleva de servicio en la corporación.

Entonces se pidió apoyo al ejército, se cortó la luz eléctrica en esta área de Tlapa y se procedió a la acción, explica.

-¿Tuvieron información de presencia de simpatizantes de la guerrilla?-se le pregunta.

"Se tenían reportes, por la actuación y la amenaza velada de linchar los agentes retenidos se tomó la determinación de entrar con antimotines", responde.

Sobre la muerte de Antonio Vivar Díaz, el joven profesor y estudiante egresado de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) que murió por disparo de arma de fuego durante el desalojo, el mando federal añadió que no hubo una intención deliberada. Fue parte del desalojo y en consecuencia de las alertas que se tenían de que había gente que actuaría de forma beligerante en contra de la Policía Federal que entraría a rescatar a los retenidos.

Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y maestros de la CETEG, acusaron a la Policía Federal de haber asesinado al joven profesor a quien sus allegados llamaban "comandante Toño".

La ruta de la confrontación

La colonia Tepeyac, en Tlapa, está habitada en gran parte por profesores normalistas que durante varios años han militado en diversas organizaciones de oposición al gobierno. En días pasados vecinos de esta zona del municipio anunciaron que en una asamblea acordaron crear un grupo de seguridad al que llamaran "Vecinos Vigilantes", el cual tendrá como finalidad proteger a los habitantes de este sector después de la experiencia que vivieron con la Policía Federal el pasado domingo 7 de junio, cuando irrumpieron de manera violenta para llevarse a varios vecinos.

Aquel suceso llevó a la detención de un grupo de agentes que posteriormente fueron liberados a tiros y golpes de tolete que dejaron herido de bala al profesor Vivar Díaz, integrante del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) quien murió momentos después. La negociación llevó a las autoridades a liberar horas después a los profesores, detenidos, quienes fueron identificados como Juan Sánchez Gaspar, Pablo Abad Díaz, Julián Ayerdí Cavelas, Raúl Sierra de Jesús, Francisco Ortega Vicente, Agustina Luna Martínez, Ángel Basurto Ortega y Herlinda Iturbe Pinzón, todos miembros de la CETEG.

El pasado viernes 12 de junio vecinos de la colonia Tepeyac tuvieron una reunión donde analizaron lo ocurrido en días pasados con las fuerzas federales y estatales. Un profesor que participó en las reuniones informó a este blog que se tomó el acuerdo de formar su propia Policía Ciudadana en virtud de la ola de agresiones y presencia de gente extraña a la colonia tras los sucesos donde perdió la vida el maestro Vivar Díaz. Será un grupo que se rotará para cuidar la colonia, dijo, en cada calle habrá de ocho a 10 vecinos y se llamará "Vecino Vigilante".

En abierta confrontación con las autoridades emanadas del PRI, quienes resultaron triunfadores en la presidencia municipal en las elecciones del 7 de junio, señaló que no reconocerán al presidente municipal ni a su cabildo. Además impedirán la entrada a la colonia Tepeyac y a otras en Tlapa a las organizaciones de taxistas, afiliados al tricolor, que participaron como grupos de choque en los enfrentamientos suscitados dos días antes del proceso electoral y durante el desalojo del domingo.

Parte de la reorganización de los vecinos será la formación de un frente de delegados de varias colonias de Tlapa, quienes tienen en común, añadió, que están en contra del gobierno y del "sistema político represor". Más allá de coyunturas electorales, de manifiestos por la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayoptzinapa desaparecidos en septiembre pasado, la organización de los profesores y colonos de Tlapa busca la desmilitarización de las comunidades serranas y el respeto al derecho a la autonomía, la libre determinación y la organización, que están señalados en la Constitución, añadió.

Cuestionado sobre los señalamientos de que hay infiltrados de grupos guerrilleros en las organizaciones sociales, el entrevistado dijo que esa ha sido una táctica de la secretaría de Gobernación y del ejército para estigmatizar a las organizaciones sociales en el estado de Guerrero. No habría que pasar por alto que ese discurso ha sido reproducido por los medios de comunicación, los cuales sin contrastar los dichos del gobierno federal, se han dedicado a difundir que las organizaciones sociales que luchan por un mejor nivel de vida de los habitantes de la Montaña, por un acceso pleno a la educación, la salud y el trabajo, son tachados de "subversivos" sin atender las demandas más elementales, concluyó.




Tomado de  http://emsavalles.com/revtxt.php?r=4300

No son los maestros, es la guerrilla (análisis Raymundo Riva Palacio)

El 29 de octubre de 2006, fuerzas federales entraron al Centro Histórico de la capital de Oaxaca y rompieron barricadas con vehículos antimotines que disparaban agua a presión. Hubo disparos y muchos gases lacrimógenos lanzados en esa operación con la que se terminó con un conflicto de cinco meses mediante el cual la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, quiso derrocar al gobernador Ulises Ruiz. Al final no lo logró, pero lo que parecía un fracaso en aquel entonces de los grupos más radicales, no lo fue. Oaxaca sirvió como laboratorio para probar estrategias de guerra de guerrillas urbanas al EPR, y empezar su rearticulación nacional.

El trabajo del EPR en Oaxaca lo encabezó Constantino Alejandro Canseco Ruiz, el comandante José Arturo, miembro de una de las tres familias fundadoras de la guerrilla, captado varias veces por las cámaras del Cisen dando instrucciones en las movilizaciones, durante la larga ocupación de la capital oaxaqueña. El conflicto creció del enfrentamiento entre el gobierno de Vicente Fox y el de Ruiz, que afectó la negociación salarial con la Sección 22 del magisterio. La descomposición en las élites dio nacimiento a la APPO, obsesionada con tumbar al gobernador, y en esa coyuntura, el EPR infiltró organizaciones fachadas en la APPO y activó sus “liderazgos” dentro de la dirigencia magisterial, para tomar el control del movimiento.

Oaxaca iba a ser el momento en el cual iniciaría hostilidades abiertas contra el Estado mexicano, pero la dirigencia reculó. No serían ellos los agresores, sino buscarían la provocación. Antes profundizarían en la creación de frentes de masas que les dieran cobertura política. El problema para la guerrilla no es el tiempo, sino la creación de condiciones para la insurrección. Veintitrés organizaciones fachada y 17 “asambleas populares” fueron creadas en Oaxaca, que reprodujeron en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y la ciudad de México. Fue el comienzo de la construcción del “poder popular”, como llaman en sus documentos, que trasladarían “al nivel nacional”.

Casi una década ha pasado desde que inició la marcha hacia la insurrección, cuyos esfuerzos están reflejados en vísperas de las elecciones del domingo. La organización sectaria que era, tiene hoy ramificaciones en organizaciones obreras, campesinas, indígenas y urbano-populares. El catalizador fue la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y el detonador, el boicot a las elecciones federales. El grupo articulador visible es la Coordinadora magisterial, disidente del sindicato, infiltrada por el EPR e ingenuamente fortalecida por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con dinero, plazas y posiciones políticas. Con presión, la disidencia magisterial obtuvo el control de la educación en Oaxaca y Michoacán, y cogobierna en Oaxaca y Guerrero. No necesitaron las armas. La vía política les ha ido ganando los espacios.

El cambio comenzó hace cuatro años. En este mismo espacio se reportó en junio de 2011 que el EPR, que tardíamente entendió que la vía militarista no era una opción real tras la caída del Muro de Berlín, empezó a modificar su discurso dogmático –incorporó menos lenguaje marxista-leninista en sus comunicados– e intensificó su penetración en la sociedad civil. En el enfrentamiento de normalistas de Ayotzinapa con la Policía Federal en la Autopista del Sol en diciembre de 2011, había células del EPR entre los manifestantes provocando a las fuerzas federales.

Desde mayo de 2012 surgieron llamados claros a la insurrección. En junio de 2013 se publicó en este mismo espacio que el EPR se encontraba en movimiento con sus dos brazos, el ideológico-estratégico en Oaxaca, y el táctico-operativo en Guerrero, trabajando sus frentes de masas en el magisterio y en las organizaciones sociales, para construir las condiciones que los llevara al brote insurreccional planteado en sus comunicados un año antes.

Quien galvanizó el descontento antisistémico fue la CNTE, en particular la Sección 22, que controla la Coordinadora, que ha sido fuente de cuadros para el EPR. En un comunicado difundido en mayo de 2013, afirmó: “La lucha del magisterio democrático en el plano nacional es parte del conjunto de la lucha que emprende el pueblo trabajador en defensa de sus derechos y la legítima exigencia de solución a las demandas escamoteadas por el poder burgués…”.

Todavía no comenzaban las movilizaciones en la ciudad de México, ni escalaba el conflicto a la confrontación abierta. El EPR no ocultaba sus intenciones, ni disfrazó su estrategia. Todo lo hizo público a través de comunicados. Aun así, en mayo del año pasado el Cisen desmanteló su unidad de movimientos armados, y a su experta en el EPR la trasladó a tareas administrativas en la unidad de relaciones internacionales. La variable de la guerrilla no figuró en los informes al presidente Peña Nieto en las primeras semanas tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, ni es factor central en el análisis para la toma de decisiones sobre lo que sigue en el conflicto magisterial hoy en día.

El gobierno actúa como si su interlocución fueran sólo los maestros y la reforma educativa el puerto de destino. Pero desde hace tiempo varios líderes magisteriales responden a los intereses del EPR, cuyo objetivo es la desestabilización, el descarrilamiento del gobierno y el poder. Hasta ahora, a partir de los resultados, el EPR va ganando la partida a un gobierno que no termina de comprender quién es realmente su enemigo.

Tomado de http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/no-son-los-maestros-es-la-guerrilla.html

Ven nexo guerrilla-crimen en Guerrero

 Especialistas afirman que los vínculos de los grupos insurrectos tienen décadas en la entidad; asimismo señalan que a las autoridades estatales les llama la atención el surgimiento de un nue-vo grupo delincuencial conocido como Guerrillas Negras.

IGUALA.— El termómetro alcanza los 39 grados en la plaza central de este municipio guerrerense. El sol cae a plomo y obliga a los lugareños a buscar sombra bajo los árboles y a ingerir la ansiada agua de coco. Como hace décadas, el mediodía es la hora indicada para llegar a sentarse en el parque central de esta ciudad.

En la plaza ubicada frente al palacio municipal, desde donde despachaba José Luis Abarca —hoy preso en El Altiplano—, los niños corren a saludar a los integrantes de la Gendarmería que patrullan en sus unidades todo el ayuntamiento; los adultos miran con recelo a los uniformados.

Desde el pasado 26 de septiembre, cuando desaparecieron aquí los 43 normalistas de Ayotzinapa, priva la tensión y la desconfianza.

Y no es para menos. Una veintena de grupos criminales se disputan el territorio guerrerense, entre ellos algunos de corte insurgente.

Guerreros Unidos, Templarios, Familia Michoacana, Los Rojos, Los Pelones, Cártel Independiente de Acapulco, La Barredora, La Resistencia, El Vengador del Pueblo, Ejército Libertador del Pueblo, Nuevo Cártel de la Sierra, Comando Negro, Luzbel del Monte, Nueva Alianza de Guerrero, La Tejona, Los Calentanos, Pueblo Pacifista Unido, La Empresa, y el Cártel Jalisco Nueva Generación componen el coctel explosivo en Guerrero, de acuerdo con información de la Fiscalía General del estado.

Uno de ellos ha llamado la atención de autoridades federales y estatales. Se trata de Grupos Autónomos Armados —Guerrillas Negras— que el pasado 14 de noviembre amenazó con perpetrar acciones de sabotaje y homicidios de militares y policías, en lo que definieron como “venganza” contra el Estado por la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, entre otros.

Complicidad

De acuerdo con Jorge Fernández Menéndez, experto en temas de seguridad y colaborador de Excélsior, y René Jiménez Ornelas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la dualidad entre grupos subversivos y del crimen organizado siempre ha estado presente en la entidad.

Para Fernández Menéndez, desde hace muchos años en Guerrero grupos armados se fraccionaron, lo que dio origen al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Ejército Popular Revolucionario (EPR), las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) y, más recientemente, los Grupos Autónomos Armados (Guerrillas Negras).

La mayoría de estos grupos tienen conexiones en los estados de Guerrero, Oaxaca, México y el Distrito Federal, detalló Fernández Menéndez, para quien el perfil de estos grupos fluctúa entre la guerrilla y grupos delincuenciales.

Señaló que en la actualidad estos grupos subversivos, autodenominados guerrilleros, tienen fuertes vínculos con el crimen organizado e incluso con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), que se cuelgan de algunos hechos relevantes, como la muerte de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, para sus propios objetivos.

“Las relaciones existen. Si vemos lo ocurrido en Iguala,  es un enfrentamiento entre Los Rojos y Guerreros Unidos. Por supuesto que la enorme mayoría de los chavos que fueron secuestrados y asesinados no tenía nada que ver con Los Rojos; sin embargo, hay denuncias de los mismos Guerreros Unidos que señalan la intromisión de Los Rojos en la Normal Rural”.

Caso colombiano

René Jiménez Ornelas, también coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM resaltó que la dupla guerrilla-crimen organizado es un peligro constante en Guerrero.

“Existe el peligro de que, como lo vimos en Colombia, muchos de esos grupos guerrilleros, cuando metieron a los paramilitares, se fueron asociando (con el crimen organizado) al grado de que los grupos guerrilleros se convirtieron, con el tiempo, en transportadores de droga. Sí hay ese peligro”.

El investigador de la UNAM refirió que, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en 56 de los 81 municipios que integran la entidad se localiza el mayor número de sembradíos de amapola, de donde se saca la goma de opio que, al procesarla, se convierte en heroína.

Tomado de http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/09/1023177

Acuerdan la viudas de Aguas Blancas con autoridades el inicio de los trabajos para resarcir el daño por los asesinatos

*El abogado de las viudas, José Sánchez Sánchez, señala que la actual administración estatal es la primera que ha puesto atención en la reparación del daño

Las viudas de Aguas Blancas se reunieron con autoridades de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría General de Gobierno y de Derechos Humanos, donde acordaron empezar a trabajar para resarcir el daño por los asesinatos que ocurrieron hace casi 20 años.

El abogado de las viudas, José Sánchez Sánchez, informó que la actual administración estatal es la primera que ha puesto atención en la reparación del daño.

En una visita a El Sur, después de la reunión que tuvieron con los funcionarios federales y estatales en las oficinas de la Promotora Turística (Protur), acordaron que para el 8 de mayo se tendrá la información de los apoyos que se han dado a los afectados por el caso Aguas Blancas, tanto los que presente el gobierno del estado, como las viudas y huérfanos que serán enviados a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos.

Con esa información, se elaborará una propuesta de reparación integral de daño, en coordinacioón con las instituciones que están interviniendo. La Fiscalía General del Estado dará seguimiento a las averiguaciones previas relacionadas con el caso, para procurar el acceso a la justica.

En la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) será donde se realicen las reuniones de trabajo, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas elaborará, junto con la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, un proyecto de reparación integral del daño, con los servicios multidisciplinarios que la propia comisión ofrece a las víctimas.

En la reunión se les informó a las viudas que la averiguación previa principal del caso está concluida, y se encuentran compurgados los delitos, quedando pendientes tres órdenes de aprehensión por las que constantemente se giran oficios. Y las viudas pidieron que se establezca una media para la reparación del daño, para que no haya inequidad; luego de que se realice el listado de las víctimas.

Las viudas y su abogado se reunieron con el director general adjunto de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Agustín Herrera Fragoso; la directora general de Derechos Humanos, de la Secretaría General de Gobierno, Norma Saenz Galicia; el representante de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de Gobernación, Francisco Javier Guerra Zermeño.

También estuvo, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Rubén Vasconcelos; de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, Ofelia Argüello Lagos; la fiscal especializada para la protección de los Derechos Humanos de la Fiscalía del Estado, Martha Reza, entre otros.

El abogado de las viudas, José Sanchez, resaltó que es la primera ocasión en que una administración estatal los atiende con la intención de trabajar en la reparación del daño, por los hechos del 28 de junio en Aguas Blancas. “No es porque seamos aduladores, pero es la primera administración que nos hizo caso de manera diplomática”.

Una de las viudas recordó que el secretario de Finanzas de la administración de Ángel Aguirre, Jorge Salgado, les dijo que “sus maridos ya están en el infierno”.

Sánchez Sánchez añadió que la reunión se dio por la intervención del presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno; para trabajar en la reparación del daño por la afectación psicoemocional, familiar, económica y de tejido social. Sánchez Sánchez indicó que la cantidad con la que los indemnicen, será de acuerdo con los estándares internacionales.

El abogado también informó que las viudas acordaron apoyar a las organizaciones en contra de la elección del 7 de junio, aunque indicó que harán una propuesta a los candidatos para que firmen un acuerdo, para que quien gane atienda y haga justicia en cada uno de los casos, como Aguas Blancas, El Charco, Ayotzinapa, entre otros.

También advirtieron que si el diputado local con licencia, Rubén Figueroa Smutny, pretende ser candidato, lo seguirán en cada una de sus actividades.

Sánchez Sánchez expuso que no pretenden desestabilizar el estado, pero las actividades que planean por los 20 años de la masacre de Aguas Blancas no serán un día de campo, las cuales empezarán el 1 de junio y concluirán el 28 de ese mes.

Tomado de  http://suracapulco.mx/archivos/268222

Falso que esté ligado a un grupo de guerrilleros: Felipe de la Cruz

- Que pertenece a un grupo guerrillero, Felipe de la Cruz lo niega; que el Cisen lo dice, lo entiende.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en su espacio informativo en Radio Fórmula, el vocero de los padres de normalistas desaparecidos dijo que se puede investigar su origen y a su familia pues no tiene nada qué ver con la guerrilla.

“Es falso que esté ligado a un grupo guerrillero, ni siquiera me ha pasado por la mente”, aseguró el maestro, quien no obstante dijo que no le extraña que esa aseveración venga de una investigación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) pues fue el Estado el que cometió el crimen contra los normalistas.

“Yo soy un maestro de primaria, trabajo en Acapulco, yo no quiero pensar en guerrilla ni nada de eso”, dijo.

“Fue el Estado el que cometió este crimen (de los 43 normalistas), por eso entendemos que hagan esas declaraciones. Pueden investigar a mi familia, mi origen, no hay nada que ver con esa situación”, sostuvo.

Sobre el plan de acción a seguir en el marco del caso Iguala, De la Cruz dijo que preparan para la octava jornada nacional, reunirse con varias organizaciones.

Señaló que tras culminar su plan de acción, al final se verá la agenda para ver que cuarteles podrán visitar.

Señaló que ya están acostumbrados a las declaraciones del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, sobre que los 43 normalistas fueron asesinados, pero a ellos les llega otra información.

“A nosotros nos llega mucha información anónima a la normal, por eso insistimos en que están vivos. Nos lleva a puntos la información, todo ha sido falso, no dejamos de lado ninguna información”, dijo.

De la Cruz anunció que e lunes marcharán convocando a toda la sociedad para levantar la voz en un solo momento, “porque no es privativo de Guerrero lo que está pasando”.

Tomado de http://www.sdpnoticias.com/local/guerrero/2015/01/22/falso-que-este-ligado-a-un-grupo-de-guerrilleros-felipe-de-la-cruz

Sacerdotes guerrilleros: Raymundo Riva Palacio (análisis)

19 febrero 2015

ESTRICTAMENTE PERSONAL

La participación de la Iglesia Católica en los movimientos armados en México no es inusual. Desde Miguel Hidalgo y José María Morelos en el Siglo XIX, hasta quienes sirvieron como correos e intermediarios de las guerrillas rurales de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas en los 60s y 70s, y el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, que en los 90s apoyó al EZLN con dinero mientras los dominicos articulaban las redes de insurrección y las monjas marinol compraban las armas para los zapatistas en San Francisco, California, que introducían a través de las redes religiosas a México. La opción de los sacerdotes católicos por la lucha armada como camino para el cambio en México nunca se detuvo, como en Guerrero, donde desde hace juna década dos sacerdotes son parte central de los intentos insurreccionales en aquél estado.

Desde hace años, los aparatos de seguridad del Estado Mexicano siguen los pasos de los sacerdotes Mario Reynaldo Campos Hernández y Hugo Melitón Santillán Cantú, cuyo expediente también es del conocimiento de la Nunciatura Apostólica, que es el equivalente a una embajada de El Vaticano. Los dos trabajan en Tlapa, en la región de La Montaña, que es el punto de encuentro de los actores que se levantaron en contra del Estado Mexicano desde octubre pasado al iniciar una guerra sofisticada donde el vehículo para el cambio no son las armas, sino las conciencias. Atrás quedó la retórica de “la lucha contra el Estado burgués”, una proclama desgastada que polariza, y dio paso al reclamo de justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que es una causa incluyente, aglutinadora, legal y legítima.

Los dos sacerdotes han sido vigilados permanentemente desde hace casi 15 años, pero nunca se ha interferido con sus actividades. Campos Hernández se volvió miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, en donde se encuentran los abogados de los familiares de los normalistas desaparecidos, que es uno de los vectores de por donde cruzan las fuerzas insurreccionales en Guerrero, en 1994, y desde 2000, fue identificado en los expedientes gubernamentales como un promotor y reclutador de cuadros para el EPR y su escisión ERPI en el municipio de Malinaltepec. Santillán Cantú, tomó la opción guerrillera en 1996, al declararse a favor del EZLN, y fue vinculándose a los movimientos armados en su estado, y en particular con el Comandante Emilio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo, desprendida también del EPR.

A principio de junio de 2013, los dos encabezaron una reunión en el municipio Xalpatláhuac, también en La Montaña, donde expusieron sus planes para armar un nuevo movimiento armado al margen del ERPI, que hasta antes del crimen de los normalistas de Ayotzinapa era la guerrilla dominante en Guerrero, por diferencias tácticas con el comandante eperrista, Beto, y los líderes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, los hermanos Bruno y Cirino Plácido Valerio. Los sacerdotes fueron promotores y respaldaron la creación de las policías comunitarias, que se encuentran enfrentadas con los hermanos Plácido Valerio, quienes las consideran “grupos paramilitares”.

Los vasos comunicantes entre todos ellos han sido extensos a lo largo de los años, y de acuerdo con funcionarios guerrerenses, las diferencias siempre son menos grandes y profundas de lo que parecen. Esto explica, por ejemplo, que las alianzas entre esos grupos y los sacerdotes se alteren con regularidad, porque al final buscan el mismo objetivo, que no haya presencias exógenas en esa región –por ejemplo, todos se oponen a las mineras y a los proyectos ecológicos-, y que mejoren las condiciones de vida de los guerrerenses.

En noviembre de 2013, por ejemplo, Santillán Cantú urgió a los pobladores de Malinaltepec a organizarse en contra de las mineras. Un año antes en Tlapa, Campos Hernández afirmó ante sus fieles: “Los pueblos indígenas deben seguir exigiendo sus derechos porque se quiere engañar a los pueblos dándoles espejitos a cambio de que se establezcan los proyectos mineros, lo que únicamente traerá muerte para el ser humano”.

La pastoral social es persuasiva. Santillán Cantú, inclusive, ha pedido a los sacerdotes a preocuparse por los problemas políticos, sociales, culturales e ideológicos, y no únicamente a los religiosos. En Guerrero siete de cada 10 habitantes no pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación –el 20% de los niños sufre desnutrición-, vivienda y educación. Pero en la región de La Montaña, 65.3% sufre pobreza alimentaria, 71.8% no tiene los recursos para acceder a servicios de salud y educación, y el 84.8% no posee patrimonio propio. Es una zona sin futuro. El 40% de su población son analfabetas, pero el 85% de los mayores de 15 años, ni siquiera terminó la primaria.

Con una población condenada a la miseria, la voz de los sacerdotes, que a la perspectiva espiritual se le suma la demanda material, es poderosa. Campos Hernández y Santillán Cantú no tienen imputaciones que busquen lucro o bienes materiales en sus expedientes. Están en la lógica de la opción por los pobres y del cambio, y confluyen con los grupos insurreccionales tras décadas de abandono institucional. Puede criticarse su método para el cambio, pero no el objetivo. La insurrección en Guerrero sí tiene un origen real, la marginación, que no se ve cómo resolverse. Esta parte de la ecuación nadie puede olvidarla. Ni el Estado Mexicano, ni El Vaticano.

Humillación al Ejército: Raymundo Riva Palacio (análisis)

16 enero 2015 El camino al Infierno está pavimentado de buenas intenciones. Pero cuando las buenas intenciones, o traducido a términos políticos, las decisiones pragmáticas para apagar el fuego prenden la mecha en un barril lleno de pólvora, habrá que cuestionar la sensatez de tales intenciones supremas. Esta es la línea argumentativa sobre la decisión del presidente Enrique Peña Nieto, al permitir que los padres de los normalistas de Ayotzinapa, sus abogados, los maestros, los movimientos sociales y guerrilleros, escoltados por las policías comunitarias, entren a los cuarteles militares de Guerrero, Oaxaca y la ciudad de México. Arrastrado el gobierno por la crisis de la desaparición de los normalistas, que lo metió en un remolino y volteó de cabeza, justifica sus acciones como prudentes, pero que se traducen en concesiones a los grupos radicales y humillación a las Fuerzas Armadas. El camino hacia el Infierno sí está pavimentado de buenas intenciones, y para comprender lo que autorizó el presidente, hay que ver que detrás de los padres de los normalistas, entrarán a los cuarteles algunos de los grupos más radicales en el país, movimientos armados y su frente de masas, narcoguerrillas y personajes con antecedentes delincuenciales. Como botones de muestra: *El abogado visible de los familiares de los normalistas es Vidulfo Rosales, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que según documentos del gobierno federal, ha participado en actos de organizaciones ligadas al Ejército Popular Revolucionario Insurgente (ERPI). Atrás, discreto e inteligencia, se encuentra otro abogado, Manuel Olivares, el principal asesor en Ayotzinapa, quien tiene un proceso abierto por homicidio. *La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (CETEG), filial de la CNTE en Guerrero, dirigida por Ramos Reyes Guerrero, vinculado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la cual pertenecen los líderes magisteriales Taurino Rojas, simpatizante del EPR, Minervino Morán, relacionado al ERPI, y Florencio Andreu Castañeda, de Olinalá, de donde es Nestora Salgado, una activista en la cárcel acusada de secuestro, y en donde se estaba gestando hasta el momento de la detención de la estadounidense originaria de Guerrero, un nuevo movimiento armado. *El Movimiento Popular de Guerrero, el gran frente de masas guerrillero, articula los vínculos a nivel nacional. Varios de sus miembros, como Ubaldo Segura Pantoja, dirigente de la Unión Social Independiente de Pueblos Indígenas, está vinculado al EPR, o Bertoldo Martínez Cruz, del Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero, al ERPI, al igual que Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, de la Organización de Pueblos Indígenas Me’pha. En el movimiento están Eulalia González, de la Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones por la Democracia, a la que se señala como parte del ELN, y José Luis Arroyo Castro, del Consejo Cívico Comunitario “Lucio Cabañas Barrientos”, identificado con Tendencia Democrática Revolucionaria. *La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, varios de cuyos líderes, como Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero y su hermano Cirino, jefe de uno de los grupos de las policías comunitarias, tienen procesos judiciales abiertos. La UPOEG opera en territorios controlados por la banda criminal de Los Rojos, que fue el objetivo declarado del grupo Guerreros Unidos, cuando atacó a los normalistas en Iguala. Abrir los cuarteles a estos grupos es permitir que los enemigos del Estado Mexicano –el EPR, la organización guerrillera que es paraguas de todos, le tiene declarada la guerra-, entren por la puerta frontal a la casa de los militares. Guardada toda proporción, es como si el presidente François Hollande hubiera permitido que células extremistas hubieran entrado al Centro de Operaciones del Ministerio del Interior mientras dirigió la persecución contra los terroristas de París, o el presidente Barack Obama abriera la puerta a talibanes en las bases militares en Afganistán. Esta es una idea tan disparatada, que a nadie se le ocurriría en Francia o Estados Unidos siquiera pensarla. En México no es un disparate sino una decisión presidencial. Con esta medida, no sólo las Fuerzas Armadas son obligadas a arrodillarse ante los grupos antisistémicos, sino que queda expuesta la seguridad nacional de la nación. Abrir los cuarteles permitirá a los ojos entrenados que entrarán con los padres de los normalistas, ver la disposición de las instalaciones, el tipo de fortificación interna, los sistemas de seguridad y el tamaño de las bases. En aquellos países donde sus ejércitos tienen relación de cooperación e intercambio con el mexicano, tampoco deberán estar tranquilos de lo que sucede. Lo más secreto que guardan los países son su estructura militar. En México, se les autorizó un tour por las bases militares. Aunque no hay muchas señales públicas de lo que esta decisión debe estar causando entre los generales y los comandantes de tropa, es impensable que esta decisión no esté generando mucha tensión y molestia en las filas castrenses. Por mucho menos, en el pasado, los militares se han molestado. Las Fuerzas Armadas mexicanas se caracterizan por su institucionalidad, pero los políticos no pueden abusar. Un mal uso de ellas provocó la herida incurable de 1968, y una rebelión sutil del secretario de la Defensa Clemente Vega ante el presidente Vicente Fox, impidió otro desastre castrense en 2005. En el caso del presidente Peña Nieto está peor: le pidió al Ejército que se callen la boca, que abran sus cuarteles y que sirvan de anfitriones a sus enemigos. Peor, imposible.

Guerrero: empezó la insurrección: Raymundo Riva Palacio (análisis)

12 noviembre 2014

Las imágenes dan la vuelta al mundo. El salón de sesiones del Congreso de Guerrero en llamas. Las sedes del PRI y el PAN, destrozadas. Ataques a propiedad de multinacionales y las vías de comunicación cercenadas. Las autoridades estatales no despachan en sus oficinas porque están tomadas, y gobiernan a salto de mata. Hay una insurrección en curso en Guerrero, que pretende la creación de un ente autónomo de la Federación.

Bajo la causa legítima de la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, grupos antisistémicos están operando activamente en el estado y proyectando caos, ingobernabilidad y un gobierno arrodillado. Un documento del CISEN indica que el EPR y el ERPI, junto con sus organizaciones fachada, que se encuentran en el frente de masas que moviliza la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), las policías comunitarias y una parte del clero radical, impulsan la consolidación de La línea de la Esperanza.

Este proyecto comprende el corredor indígena que cruza Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde los maestros disidentes de la Coordinadora son la parte más activa de esta insurrección. Los municipios donde se concentra la fuerza de la insurrección son Acatepec, Ahuacuotzingo, Ajuchitán del Progreso, Ayutla, Coyuca de Catalán, Malinaltepec, Metlátonoc, Olinaláy Tecoanapa, donde operan las guerrillas del EPR, el ERPI, Tendencia Democrática Revolucionaria del Ejército del Pueblo, el Comando Justiciero 28 de Junio y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo. El EPR, fundado en 1996, en el aniversario de la matanza de Aguas Blancas, es quien aglutina al movimiento armado que tras varios años de esfuerzos, hoy está unificado.

Tras los hechos en Iguala se reactivaron y comenzaron a emitir comunicados con una frecuencia como nunca antes en su historia. Se puede alegar que en la crisis política y el pasmo del gobierno federal actual, observaron condiciones para su lucha. Los comunicados tienen como propósito la propaganda, pero en términos estratégicos son utilizados para comunicarse con sus células y darles instrucciones. La violencia contra objetivos específicos comenzó después que se difundieron los comunicados. Tras iniciarse la insurrección, la frecuencia de ellos disminuyó notablemente.

La falla en el diagnóstico sociopolítico de lo que se había detonado detrás de la causa legítima de los normalistas desaparecidos, se sumó a la todavía incapacidad gubernamental para entender que los retos en Guerrero tienen varios frentes. Tampoco ha sido del todo comprendido en los medios mexicanos y mucho menos en los internacionales. La violencia no tiene que ver directamente con los sucesos de Iguala, aunque personas vinculadas estrechamente con los familiares de las víctimas, forman parte del frente de masas guerrillero.

Los maestros y el clero radical, articulados dentro de estas organizaciones fachada, son quienes organizan la violencia callejera en acciones que pueden ser consideradas de propaganda armada. Es decir, trabajan en la proyección de imágenes de ausencia de gobierno, inestabilidad y caos, que contribuyan al debilitamiento del Estado y a forzar que el gobierno federal pierda el consenso para gobernar y que en su desesperación incurra en una represión generalizada que sólo alimentará aún más la lucha rebelde.

La CETEG la encabeza Ramos Reyes Guerrero, quien está relacionado con el Ejército de Liberación Nacional, una escisión del EPR que secuestró al abogado panista Diego Fernández de Cevallos en 2010. Opera desde Tlapa de Comonfort, en la Región de la Montaña y tiene como lugartenientes, vinculados también con las guerrillas, según el CISEN, a los maestros Pedro Eligio Cabañas en Cualac –hermano de Lucio Cabañas, el dirigente guerrillero histórico–, Taurino Rojas, simpatizante del EPR, en Metlatónoc, y Florencio Andréu Castañeda, en Olinalá. Otros líderes del magisterio disidente, como Minervino Morán, que fue pieza activa en la toma de la ciudad de México por los maestros el año pasado, es simpatizante del ERPI.

Morán pertenece al Frente Popular Revolucionario (FPR), organización paraguas y fachada de la guerrilla, que encabeza Omar Garibay Guerra, y que se encuentra dentro del Movimiento Popular Guerrerense (MPG),del que es líder Ubaldo Segura Pantoja, dirigente de la Unión Social Independiente de Pueblos Indígenas, que es un frente del EPR, donde participa activamente Bertoldo Martínez Cruz, que dirige el Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero y el Comité Contra la Tortura y la Impunidad, al que vincula el CISEN con el ERPI.

En el MPG, cuya función central es articular los vínculos a nivel nacional, está el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que dirige Abel Barrera, y cuyo asesor jurídico, abogado de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, es Vidulfo Rosales, quien ha participado en actos de organizaciones fachada del ERPI. También se encuentra la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, en la que cuando menos tres de sus dirigentes son jefes del ERPI: Ernesto Gallardo, comandante Neto, Gonzalo Torres, comandante Gonzalo, y Crisóforo García, comandante Guerrero, y la Red Guerrerense de Derechos Humanos, que encabeza Manuel Olivares, defensor y adoctrinador en Ayotzinapa, señalado por las autoridades como simpatizante del ERPI.

El árbol de la insurrección en Guerrero no es algo nuevo. Los sabían los órganos de inteligencia del Estado Mexicano y no se hizo nada. Tampoco alertaron al presidente Enrique Peña Nieto lo que se cocinaba en Guerrero. La desaparición de los normalistas significó el detonante para que empezara la marcha de esa rebelión contra las instituciones que hoy, tienen desbordado al centro del país.

 

Iguala: el engaño al Presidente (III)

La recomendación al presidente Enrique Peña Nieto de encapsular la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa al declarar que los hechos en Iguala eran un asunto que debían arreglar los guerrerenses, regaló 15 días a grupos políticos y armados dentro y fuera de la ley, que avizoraron que a través de una causa legítima podían comenzar una rebelión. El mes que discutieron en Los Pinos si convenía o no presionar al gobernador Ángel Heladio Aguirre a pedir licencia, les facilitó el incendio del estado. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, repitió erróneamente que el crimen era del fuero común, sin entender él, ni Aurelio Nuño, el jefe de la Oficina de la Presidencia, que en Iguala no sólo se había cometido un crimen, sino que empezó la contrarreforma nacional. No lo diagnosticaron ellos; no se percató el Presidente.

Actuar como Poncio Pilatos las dos primeras semanas en Guerrero es el mayor error político de Peña Nieto y de su gobierno, que envuelto por la endogamia política de su Presidencia, no le permitió ver a él ni a su equipo que la insurrección social en el corazón de la cuenca del descontento fue alimentado, probablemente en forma inopinada, por el grupo compacto en su entorno. El punto de inflexión para entender lo que se vive en Guerrero fue la captura de la maestra Elba Esther Gordillo en febrero de 2013, con el argumento que eliminarla como líder del magisterio, allanaría al camino de la Reforma Educativa.

Desde el interior del gobierno advirtieron que el análisis era equivocado, y que si creían que meter a la cárcel a la maestra era la solución, no entendían su rol en el magisterio. Como sucede regularmente en la burbuja donde está encerrado el Presidente, descalificaron las opiniones. 

Cuando fue detenida, le sugirieron a Osorio Chong que en esa coyuntura se capturara también a los jefes de la Coordinadora, un docena de maestros disidentes principalmente en Oaxaca, y con el liderazgo descabezado, iniciar su renovación. Se hizo lo contrario.

Desde la Secretaría de Gobernación, por intermediación del subsecretario del ramo, Luis Miranda -compadre del Presidente-, empoderaron a la Coordinadora magisterial. De cinco entidades donde operaban, Miranda, con el respaldo de Osorio Chong y Nuño, la creció a 23, y obligaron a varios gobernadores a darles interlocución. Les regalaron plazas, contra lo que establece la Reforma Educativa, y más de 12 mil millones de pesos. Poder y dinero, lo que nunca imaginaron antes, por la gracia de Los Pinos y Bucareli.

El alegato ante el Presidente era que así tendrían controlada a la oposición magisterial. En Michoacán llevaron la racional al extremo. Por sugerencia del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo, Alfredo Castillo –que depende de facto de Nuño-, se designó como subsecretario de Educación Básica a Rafael Mendoza Castillo, ideólogo de la Coordinadora, y que quiere la abrogación de la Reforma Educativa. Esta semana, los maestros disidentes michoacanos iniciaron protestas con el pretexto de la desaparición de los normalistas, sumándose a la rebelión, que públicamente encabeza la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), la que en el mes de indecisiones del gobierno de Peña Nieto, articularon a la oposición social y al frente de masas de los movimientos armados.

¿Sabrá el Presidente que en Guerrero se articularon las fuerzas legales y las guerrillas en torno a la causa legítima para que aparezcan los 43 normalistas de Ayotzinapa, que son las que están causando la violencia en aquél estado? Dentro del gobierno sabían que esto podría suceder. De hecho, un grupo de coordinación para Guerrero, compuesto por más de una veintena de funcionarios, se daba cita los sábados en el CISEN. Encabezado por el director del órgano de inteligencia, Eugenio Imaz, participaban representantes del área política de Gobernación –Imaz tiene como jefe inmediato a Osorio Chong-, del Ejército, la Marina, la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal, y el gobierno de Guerrero.

Uno de los documentos -de marzo de 2014- que analizaron, establece en el mapa de riesgos lo que la vinculación entre el magisterio disidente y la guerrilla, que llaman “subversión”, podía generar en el estado. “No hay vínculos orgánicos entre el magisterio disidente de Guerrero y la subversión”, sostiene, pero a través de las relaciones personales, probaba los enlaces y el trabajo coordinado entre sus líderes. Su existencia generaba alerta, y en el documento se anticipan entre los riesgos:

1.- Pueden desviar recursos económicos para las organizaciones subversivas y su frente político (que incluyen organizaciones de derechos humanos y policías comunitarios).

2.- La confluencia del magisterio y subversión en el Movimiento Popular Guerrerense pueden detonar escenarios de confrontación.

3.- Proliferación y escalamiento de conflictos sociales en diversas regiones de la entidad por actores CETEG-subversión.

La información les había llegado de Guerrero, pero no se alertó al Presidente. Por razones desconocidas, dieron carpetazo a todo el trabajo y desde hace más de cuatro meses, no se reúne el grupo. El equipo que hacía seguimiento de los movimientos armados prácticamente se desintegró y se dejaron sueltos los cabos que hoy mueven las manos violentas en el estado. Son públicos, visibles y altamente activos quienes hoy tienen arrinconado al Presidente y al gobierno. Lo sabían en el gobierno pero no hicieron nada entonces, ni, parece, ahora.

Guerrero: empezó la insurrección (IV y fin)

Las imágenes dan la vuelta al mundo. El salón de sesiones del Congreso de Guerrero en llamas. Las sedes del PRI y el PAN, destrozadas. Ataques a propiedad de multinacionales y las vías de comunicación cercenadas. Las autoridades estatales no despachan en sus oficinas porque están tomadas, y gobiernan a salto de mata. Hay una insurrección en curso en Guerrero, que pretende la creación de un ente autónomo de la Federación.

Bajo la causa legítima de la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, grupos antisistémicos están operando activamente en el estado y proyectando caos, ingobernabilidad, y un gobierno arrodillado. Un documento del CISEN indica que el EPR y el ERPI, junto con sus organizaciones fachada, que se encuentran en el frente de masas, que moviliza la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), las policías comunitarias y una parte del clero radical, impulsan la consolidación de La línea de la Esperanza.

Este proyecto comprende el corredor indígena que cruza Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde los maestros disidentes de la Coordinadora son la parte más activa de esta insurrección. Los municipios donde se concentra la fuerza de la insurrección son Acatepec, Ahuacuotzingo, Ajuchitán del Progreso, Ayutla, Coyuca de Catalán, Malinaltepec, Metlátonoc, Olinalá y Tecoanapa, donde operan las guerrillas del EPR, el ERPI, Tendencia Democrática Revolucionaria del Ejército del Pueblo, el Comando Justiciero 28 de Junio, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo. El EPR, fundado en 1996, en el aniversario de la matanza de Aguas Blancas, es quien aglutina al movimiento armado que tras varios años de esfuerzos, hoy está unificado.

Tras los hechos en Iguala se reactivaron y comenzaron a emitir comunicados con una frecuencia como nunca antes en su historia. Se puede alegar que en la crisis política y el pasmo del gobierno federal en actual, observaron condiciones para su lucha. Los comunicados tienen como propósito la propaganda, pero en términos estratégicos, son utilizados para comunicarse con sus células y darles instrucciones. La violencia contra objetivos específicos comenzó después que se difundieron los comunicados. Tras iniciarse la insurrección, la frecuencia de ellos disminuyó notablemente.

La falla en el diagnóstico sociopolítico de lo que se había detonado detrás de la causa legítima de los normalistas desaparecidos, se sumó a la todavía incapacidad gubernamental para entender que los retos en Guerrero tienen varios frentes. Tampoco ha sido del todo comprendido en los medios mexicanos y mucho menos en los internacionales. La violencia no tiene que ver directamente con los sucesos de Iguala, aunque personas vinculadas estrechamente con los familiares de las víctimas, forman parte del frente de masas guerrillero.

Los maestros y el clero radical, articulados dentro de estas organizaciones fachada, son quienes organizan la violencia callejera en acciones que pueden ser consideradas de propaganda armada. Es decir, trabajan en la proyección de imágenes de ausencia de gobierno, inestabilidad y caos, que contribuyan al debilitamiento del Estado y a forzar que el gobierno federal pierda el consenso para gobernar y que en su desesperación, incurran en una represión generalizada que sólo alimentará aún más la lucha rebelde.

La CETEG la encabeza Ramos Reyes Guerrero, quien está relacionado con el Ejército de Liberación Nacional, una escisión del EPR que secuestró al abogado panista Diego Fernández de Cevallos en 2010. Opera desde Tlapa de Comonfort, en la Región de la Montaña y tiene como lugartenientes, vinculados también con las guerrillas, según el CISEN, a los maestros Pedro Eligio Cabañas en Cualac –hermano de Lucio Cabaños, el dirigente guerrillero histórico-, Taurino Rojas, simpatizante del EPR, en Metlatónoc, y Florencio Andreu Castañeda, en Olinalá. Otros líderes del magisterio disidente, como como Minervino Morán, que fue pieza activa en la toma de la ciudad de México por los maestros el año pasado, es simpatizante del ERPI.

Morán pertenece al Frente Popular Revolucionario (FPR), organización paraguas y fachada de la guerrilla, que encabeza Omar Garibay Guerra, y que se encuentra dentro del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), del que es líder Ubaldo Segura Pantoja, dirigente de la Unión Social Independiente de Pueblos Indígenas, que es un frente del EPR, donde participa activamente Bertoldo Martínez Cruz, que dirige el Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero y el Comité Contra la Tortura y la Impunidad, al que vincula el CISEN con el ERPI.

En el MPG, cuya función central es articular los vínculos a nivel nacional, está el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que dirige Abel Barrera, y cuyo asesor jurídico, abogado de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, es Vidulfo Rosales, quien ha participado en actos de organizaciones fachada del ERPI. También se encuentra la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, donde cuando menos tres de sus dirigentes son jefes del ERPI, Ernesto Gallardo, comandante Neto, Gonzalo Torres, comandante Gonzalo, y Crisóforo García, comandante Guerrero, y la Red Guerrerense de Derechos Humanos, que encabeza Manuel Olivares, defensor y adoctrinador en Ayotzinapa, señalado por las autoridades como simpatizante del ERPI.

El árbol de la insurrección en Guerrero no es algo nuevo. Los sabían los órganos de inteligencia del Estado Mexicano y no se hizo nada. Tampoco alertaron al presidente Enrique Peña Nieto lo que se cocinaba en Guerrero. La desaparición de los normalistas significó el detonante para que empezara la marcha de esa rebelión contra las instituciones que hoy, tienen desbordado al centro del país.

Guerrero despertó a movimientos armados; 11 comunicados en dos meses

21 octubre 2014

A la vista de todos, Guerrero se convirtió en el catalizador de los movimientos armados en México. Lo que en 1993 no fructificó cuando el EZLN planteó a las diferentes organizaciones que había condiciones para la insurrección, se está dando en el otoño de 2014. Las condiciones socioeconómicas en el estado no han cambiado –la pobreza impacta en 70 por ciento de la población, de los cuales 31 por ciento, 1.1 millones de personas, viven en extrema pobreza– y las promesas de ayuda federal tras los huracanes del año pasado, están incompletas –por ejemplo, 84 casas que ofreció la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, nunca se entregaron–. La política se convirtió en brazo de la delincuencia organizada y la represión se volvió un modus operandi de la autoridad. Lo que le faltaba a las guerrillas era una causa legítima que las articulara con la sociedad: 43 normalistas desaparecidos se les pusieron en el camino.

La actividad guerrillera a través de 11 comunicados entre el 30 de septiembre y el 17 de octubre pasados, revelan la articulación de los movimientos armados, dos de ellos enfrentados entre sí desde hace más de una década. Los comunicados han sido firmados por cuatro organizaciones clandestinas: el Ejército Popular Revolucionario (5); su escisión el Ejército Popular Revolucionario Insurgente (2); las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (2), que nacieron junto con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el 2 de diciembre de 2012; y de la hasta hace unos días desconocida Milicias Populares ¡Basta ya! (2), que evocan el grito del subcomandante Marcos del EZLN.

Ningún acontecimiento había logrado la unificación guerrillera de demandas y lenguajes como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en donde la responsabilidad principal ha sido transferida al gobierno federal. En su segundo comunicado del 17 de octubre, el ERPI asegura: “El Estado mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto no es neutral sino parte activa en los homicidios y desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa, pues Peña es el jefe de todas las Fuerzas Armadas del Estado mexicano incluyendo por supuesto todas las policías municipales del país”.

Esto puede parecer únicamente discurso panfletario, pero en ese comunicado agrega: “Como ha quedado reconocido por el órgano máximo de inteligencia del Estado mexicano, o sea el Cisen, estaba al tanto desde hacía mucho tiempo de las actividades del cártel a su servicio en el norte del estado de Guerrero y el estado de Morelos, y desde luego contaba con información de los nexos del presidente municipal de Iguala junto a una larga lista de funcionarios del gobierno municipal y los autores directos de los crímenes de la noche del 26 de septiembre, quienes fueron policías municipales y, a la vez sicarios”. La guerrilla se refiere al informe del Cisen publicado por El Universal el 7 de octubre, donde vincula al exalcalde de Iguala con el narcotráfico.

El alegato es sólido al señalar que el gobierno federal es responsable porque conociendo con detalle lo que sucedía en Guerrero, hizo caso omiso. “El ejército federal que estaba en su cuartel a menos de 500 metros del lugar permitió a los policías cometer los asesinatos y las desapariciones, y al igual que la Policía Ministerial y la Policía del Estado desocupó las calles de Iguala para dejar las manos libres a los criminales para que pudieran desaparecer a los estudiantes y dejar que hubiera otra agresión horas después; después le permitió huir a José Luis Abarca y a sus secuaces dándoles tiempo suficiente en complicidad con la corriente Nueva Izquierda del PRD”, afirmó el ERPI. Una vez más, la verosimilitud: en la vecindad donde sucedieron los hechos, está el cuartel del 27º Batallón de Infantería.

En su segundo comunicado firmado 12 de octubre, el EPR cuestionó que el asesinato y desaparición de normalistas en Iguala fuera una acción del crimen organizado. “De ninguna manera puede ser obra del mítico ‘crimen organizado’, ni mucho menos es un simple ‘incidente’, se trata de una masacre, de un crimen de Estado, de un crimen de lesa humanidad perpetrado dolosamente por los cuerpos policiacos, militares y paramilitares como parte de la política de terrorismo de Estado que se aplica de manera sistemática en México”, aseguró.

Para las guerrillas, los cárteles y los narcoparamilitares son parte del Estado y utilizan la guerra sucia en coordinación con las fuerzas militares para aterrorizar al pueblo organizado y a la población en general. A lo que se refieren es a la contradicción del gobierno de Peña Nieto cuando otorgó protección institucional a los grupos de autodefensa civil, aún con información que algunos de sus integrantes pertenecían a cárteles de la droga. De hecho, aún lo siguen haciendo en Michoacán.

La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa aceleró las contradicciones que viene arrastrando el gobierno federal desde el inicio de la administración, cuando a través del discurso se quiso construir la imagen que la seguridad había mejorado en el país, y lo enfocó en las reformas económicas. El frágil andamiaje político construido artificialmente sobre la hoguera de la violencia nacional, se colapsó en Guerrero y le regaló la causa que durante tanto tiempo buscaron los movimientos armados en México, que a decir de sus comunicados, encuentran en este otoño las condiciones propicias para la insurrección. En el gobierno no lo ven así. Sorpresas, suponemos, nos esperan.

Atacarán guerrilleros a petroleras que se instalen en México

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 17 diciembre 2013

El grupo guerrillero sostiene que EPN termina lo que empezó Carlos Salinas: la entrega de recursos al extranjero. Por lo que advierten: "Las empresas que pretendan instalarse en nuestro país serán consideradas objetivos militares, porque nosotros sabremos defender nuestra soberanía y de ello daremos muestra".

El grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP) de Guerrero, advirtió que cualquier empresa petrolera extranjera que se instale en México, gracias a la reforma energética, será considerada como un "objetivo militar".

Ese término se utiliza para "cualquier otro objeto sobre el que se dispara un arma de fuego", o como "punto o zona que se pretende alcanzar u ocupar como resultado de una operación militar".

"Nosotros sabremos defender nuestra soberanía y de ello daremos muestra", advierten en un comunicado, que se reproduce a continuación.

COMUNICADO INTEGRO AL PUEBLO DE MÉXICO A LAS ORGANIZACIONES POPULARES, POLITICAS Y REVOLUCIONARIAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACION. HERMANOS DE LUCHA, LA LUCHA ARMADA ESTA PRESENTE.

La reciente aparición de nuestra organización revolucionaria, Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP) causó diferentes reacciones entre la clase política y la población, reacciones que van desde el menosprecio de quienes han sangrado a nuestro pueblo como es el caso de Rubén Figueroa Smutny, la preocupación de los cuerpos de inteligencia adscritos al CISEN encabezado por Eugenio Imaz, que aparentan minimizar el hecho, pero en el fondo se preocupan, y ya han activado a sus informantes a lo largo y ancho del Estado de Guerrero y también han dado la voz de alerta en otros estados, pero a nosotros la reacción que nos interesa es la del pueblo oprimido, quién ve en nuestra aparición una luz de esperanza, a nuestro pueblo le decimos que no defraudaremos su esperanza.

Porque del pueblo somos y a él nos debemos, reafirmamos nuestras causas y banderas:Desde siempre el régimen priista ha mentido y engañado a la nación y hoy que regresa después de una frustrada transición democrática y del desmantelamiento de la industria de la nación producto de doce años de gobierno de la derecha panista que saqueó los recursos del país y malbarató a las empresas extranjeras nuestras riquezas como fue el hecho de la extracción de oro en las concesiones mineras que representó una explotación mayor que en los trescientos años que duró la época de la colonia.

Pero que nadie se engañe el regreso del PRI a la presidencia no es solo el regreso del autoritarismo, la represión y la corrupción, también es la guerra sucia en contra del pueblo y los luchadores sociales y principalmente significa terminar la entrega de los recursos al extranjero que se inició con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y ha continuado con los gobiernos adheridos al esquema neoliberal, que ya ha sido descartado por todos los países hermanos de Latinoamérica y solo el gobierno subastador y entreguista del presidente más ignorante de la historia de México, quien ni siquiera ha leído un solo libro en su vida: Peña Nieto, se aferra a mantener. Nuestro país tiene historia y dignidad y somos herederos de esa dignidad e historia.

Luchamos por la libertad de los presos políticos, sean estos luchadores sociales o combatientes revolucionarios, como es el caso de: Tomás de Jesús Barranco, Angel Guillermo Martínez, Máximo Mujica Delgado, Santiago Nazario Lezma, María de los Angeles Hernández Flores. Así como los integrantes de la Policía Comunitaria: Néstora Salgado García, Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera, Bernardino García Francisco, Angel García García, Samuel Ramírez Gálvez, Eleuterio García Carmen, Florentino García Castro, Abad Francisco Ambrosio, Benito Morales Justo, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino y Cano Morales Antonia a quienes se les ha dispersado en distintos penales del país para tratar de evitar la lucha del pueblo por su libertad. La guerra sucia ha vuelto por sus fueros, se criminaliza a los luchadores sociales, ha regresado el lema de Rubén Figueroa Figueroa: "encierro, destierro, o entierro" como son los casos del maestro Arturo Hernández Cardona, Raymundo Velázquez Flores y Rocio, Mesino Mesino, el asesinato de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y la desaparición de Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, dirigentes de los campesinos ecologistas, guerra sucia que revela la complicidad de las fuerzas represivas con el estos crímenes no quedarán impunes crimen organizado, el ejército desarma a las policías comunitarios para que los grupos delictivos no tengan resistencia del pueblo.

Las llamadas reformas de gran calado no son otra cosa que medidas para fortalecer al capital transnacional; la mal llamada reforma educativa, solo representa el control del gobierno (PRI) a las plazas antes controladas por un sindicato corrupto, la condición salarial y laboral de los maestros mexicanos es la peor de los países de la OCDE a quién el estado le rinde cuentas.

La reforma energética no es otra cosa que el gran negocio de Peña Nieto y Salinas de Gortari, nuevos Santa Ana de los tiempos actuales para entregar los recursos energéticos al capital extranjero, desde ahora les decimos a las empresas que pretendan instalarse en nuestro país serán consideradas objetivos militares, porque nosotros sabremos defender nuestra soberanía y de ello daremos muestra. A los partidos políticos que se reclaman democráticos les decimos fraternalmente que sus divisiones solo causan desánimo en la población y dividen las fuerzas de un país que se ha caracterizado por su dignidad y su combatividad.

Los exhortamos a que dejen de anteponer sus intereses de secta o su seguidismo caudillista y pongan el interés del pueblo por delante, que no abandonen la lucha por los derechos humanos en aras de negociaciones por espacios de poder, El llamado "Pacto por México" ha significado la anulación de la escasa vida parlamentaria que existía en el país, dejando en manos de siete personas la facultad de legislar y tomar las decisiones más importantes para la vida del país dejando de lado la vida de un Congreso que emita leyes que moderen la opulencia y erradiquen la indigencia como soñaba el generalísimo Morelos quién pedía ser siervo de la nación y no alteza serenísima como pretende Peña Nieto.

En nuestro estado, la presencia de los huracanes propició que la falta de planificación urbana y la desmedida corrupción ocasionaran el mayor de los desastres que hayan vivido las ciudades, los pueblos y las comunidades, y la reconstrucción ha significado el voraz apetito del gobierno federal que derrocha recursos a sus seguidores en espera de comprar conciencias y recuperar el estado para las siglas del PRI; y para el chacal de Ayotzinapa, Angel Aguirre, el mayor negocio que puede representar el 20% de las obras que su hermano decide a quién otorgar. Ante este panorama nuestra forma de lucha no solo se justifica, se hace necesaria y casi obligatoria. No despreciamos otras formas de lucha, pero si reprobamos que se engañe al pueblo, todas las formas de lucha son válidas y legítimas, pero todas ellas deben converger en un ideario que nos heredaron el padre de la patria: el cura Hidalgo, el general José María Morelos, nuestro general Vicente Guerrero, el general Juan Alvarez, los luchadores de la Reforma y la Revolución, en especial los generales Zapata y Villa, y de manera reciente los profesores Genaro Vázquez y Lucio Cabañas.

Convocamos al pueblo y a los luchadores sociales a organizarse, a prepararse política y militarmente para la lucha que se avecina, a apoyar con decisión y entusiasmo a los combatientes del pueblo, a seguir acumulando organización y la fuerza militar que requiere un ejército del pueblo y los recursos materiales para una guerra del pueblo.

Herederos de esa historia sabremos construir la fuerza militar que derroque al gobierno entreguista que padecemos y construir una nación republicana, democrática e igualitaria, que descanse en una economía solidaría, integral e incluyente que respete nuestra cultura y propicie un desarrollo equilibrado en todo el país y en cada región. Sin caer en desviaciones, sin confundir al enemigo, sin dejar de construir el gran ejercito del pueblo día con día, le decimos al grupo caciquil que en distintos partidos se ha cobijado y que de esta forma gobierna nuestro estado, que sus días están contados, que no habrá despensas que puedan seguir comprando conciencias, ni crimen organizado y aliado al gobierno que puedan detener la esperanza de un pueblo en la lucha por su liberación.

En fechas próximas habremos de dar a conocer nuestro ideario, y convocaremos a forjar la unidad de las fuerzas revolucionarias en torno a un programa común de lucha.

Diciembre del 2013. Algún lugar del estado de Guerrero.

¡HERMANAS Y HERMANOS ¡
¡A LUCHAR SIN DESCANSO CONTRA EL GOBIERNO OPRESOR!
 ¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS!
 ¡A FORMAR EL EJERCITO DEL PUEBLO!

FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS- LIBERACION DEL PUEBLO

COMANDANTES: EMILIO, CAMILO Y ESPERANZA.