21 octubre 2014
A la vista de todos, Guerrero se
convirtió en el catalizador de los movimientos armados en México. Lo que en
1993 no fructificó cuando el EZLN planteó a las diferentes organizaciones que
había condiciones para la insurrección, se está dando en el otoño de 2014. Las
condiciones socioeconómicas en el estado no han cambiado –la pobreza impacta en
70 por ciento de la población, de los cuales 31 por ciento, 1.1 millones de
personas, viven en extrema pobreza– y las promesas de ayuda federal tras los
huracanes del año pasado, están incompletas –por ejemplo, 84 casas que ofreció
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, nunca se
entregaron–. La política se convirtió en brazo de la delincuencia organizada y
la represión se volvió un modus operandi de la autoridad. Lo que le
faltaba a las guerrillas era una causa legítima que las articulara con la
sociedad: 43 normalistas desaparecidos se les pusieron en el camino.
La actividad guerrillera a través de 11 comunicados entre el 30 de septiembre y el 17 de octubre pasados, revelan la articulación de los movimientos armados, dos de ellos enfrentados entre sí desde hace más de una década. Los comunicados han sido firmados por cuatro organizaciones clandestinas: el Ejército Popular Revolucionario (5); su escisión el Ejército Popular Revolucionario Insurgente (2); las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (2), que nacieron junto con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el 2 de diciembre de 2012; y de la hasta hace unos días desconocida Milicias Populares ¡Basta ya! (2), que evocan el grito del subcomandante Marcos del EZLN.
Ningún acontecimiento había logrado la unificación guerrillera de demandas y lenguajes como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en donde la responsabilidad principal ha sido transferida al gobierno federal. En su segundo comunicado del 17 de octubre, el ERPI asegura: “El Estado mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto no es neutral sino parte activa en los homicidios y desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa, pues Peña es el jefe de todas las Fuerzas Armadas del Estado mexicano incluyendo por supuesto todas las policías municipales del país”.
Esto puede parecer únicamente discurso panfletario, pero en ese comunicado agrega: “Como ha quedado reconocido por el órgano máximo de inteligencia del Estado mexicano, o sea el Cisen, estaba al tanto desde hacía mucho tiempo de las actividades del cártel a su servicio en el norte del estado de Guerrero y el estado de Morelos, y desde luego contaba con información de los nexos del presidente municipal de Iguala junto a una larga lista de funcionarios del gobierno municipal y los autores directos de los crímenes de la noche del 26 de septiembre, quienes fueron policías municipales y, a la vez sicarios”. La guerrilla se refiere al informe del Cisen publicado por El Universal el 7 de octubre, donde vincula al exalcalde de Iguala con el narcotráfico.
El alegato es sólido al señalar que el gobierno federal es responsable porque conociendo con detalle lo que sucedía en Guerrero, hizo caso omiso. “El ejército federal que estaba en su cuartel a menos de 500 metros del lugar permitió a los policías cometer los asesinatos y las desapariciones, y al igual que la Policía Ministerial y la Policía del Estado desocupó las calles de Iguala para dejar las manos libres a los criminales para que pudieran desaparecer a los estudiantes y dejar que hubiera otra agresión horas después; después le permitió huir a José Luis Abarca y a sus secuaces dándoles tiempo suficiente en complicidad con la corriente Nueva Izquierda del PRD”, afirmó el ERPI. Una vez más, la verosimilitud: en la vecindad donde sucedieron los hechos, está el cuartel del 27º Batallón de Infantería.
En su segundo comunicado firmado 12 de octubre, el EPR cuestionó que el asesinato y desaparición de normalistas en Iguala fuera una acción del crimen organizado. “De ninguna manera puede ser obra del mítico ‘crimen organizado’, ni mucho menos es un simple ‘incidente’, se trata de una masacre, de un crimen de Estado, de un crimen de lesa humanidad perpetrado dolosamente por los cuerpos policiacos, militares y paramilitares como parte de la política de terrorismo de Estado que se aplica de manera sistemática en México”, aseguró.
Para las guerrillas, los cárteles y los narcoparamilitares son parte del Estado y utilizan la guerra sucia en coordinación con las fuerzas militares para aterrorizar al pueblo organizado y a la población en general. A lo que se refieren es a la contradicción del gobierno de Peña Nieto cuando otorgó protección institucional a los grupos de autodefensa civil, aún con información que algunos de sus integrantes pertenecían a cárteles de la droga. De hecho, aún lo siguen haciendo en Michoacán.
La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa aceleró las contradicciones que viene arrastrando el gobierno federal desde el inicio de la administración, cuando a través del discurso se quiso construir la imagen que la seguridad había mejorado en el país, y lo enfocó en las reformas económicas. El frágil andamiaje político construido artificialmente sobre la hoguera de la violencia nacional, se colapsó en Guerrero y le regaló la causa que durante tanto tiempo buscaron los movimientos armados en México, que a decir de sus comunicados, encuentran en este otoño las condiciones propicias para la insurrección. En el gobierno no lo ven así. Sorpresas, suponemos, nos esperan.
La actividad guerrillera a través de 11 comunicados entre el 30 de septiembre y el 17 de octubre pasados, revelan la articulación de los movimientos armados, dos de ellos enfrentados entre sí desde hace más de una década. Los comunicados han sido firmados por cuatro organizaciones clandestinas: el Ejército Popular Revolucionario (5); su escisión el Ejército Popular Revolucionario Insurgente (2); las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (2), que nacieron junto con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el 2 de diciembre de 2012; y de la hasta hace unos días desconocida Milicias Populares ¡Basta ya! (2), que evocan el grito del subcomandante Marcos del EZLN.
Ningún acontecimiento había logrado la unificación guerrillera de demandas y lenguajes como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en donde la responsabilidad principal ha sido transferida al gobierno federal. En su segundo comunicado del 17 de octubre, el ERPI asegura: “El Estado mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto no es neutral sino parte activa en los homicidios y desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa, pues Peña es el jefe de todas las Fuerzas Armadas del Estado mexicano incluyendo por supuesto todas las policías municipales del país”.
Esto puede parecer únicamente discurso panfletario, pero en ese comunicado agrega: “Como ha quedado reconocido por el órgano máximo de inteligencia del Estado mexicano, o sea el Cisen, estaba al tanto desde hacía mucho tiempo de las actividades del cártel a su servicio en el norte del estado de Guerrero y el estado de Morelos, y desde luego contaba con información de los nexos del presidente municipal de Iguala junto a una larga lista de funcionarios del gobierno municipal y los autores directos de los crímenes de la noche del 26 de septiembre, quienes fueron policías municipales y, a la vez sicarios”. La guerrilla se refiere al informe del Cisen publicado por El Universal el 7 de octubre, donde vincula al exalcalde de Iguala con el narcotráfico.
El alegato es sólido al señalar que el gobierno federal es responsable porque conociendo con detalle lo que sucedía en Guerrero, hizo caso omiso. “El ejército federal que estaba en su cuartel a menos de 500 metros del lugar permitió a los policías cometer los asesinatos y las desapariciones, y al igual que la Policía Ministerial y la Policía del Estado desocupó las calles de Iguala para dejar las manos libres a los criminales para que pudieran desaparecer a los estudiantes y dejar que hubiera otra agresión horas después; después le permitió huir a José Luis Abarca y a sus secuaces dándoles tiempo suficiente en complicidad con la corriente Nueva Izquierda del PRD”, afirmó el ERPI. Una vez más, la verosimilitud: en la vecindad donde sucedieron los hechos, está el cuartel del 27º Batallón de Infantería.
En su segundo comunicado firmado 12 de octubre, el EPR cuestionó que el asesinato y desaparición de normalistas en Iguala fuera una acción del crimen organizado. “De ninguna manera puede ser obra del mítico ‘crimen organizado’, ni mucho menos es un simple ‘incidente’, se trata de una masacre, de un crimen de Estado, de un crimen de lesa humanidad perpetrado dolosamente por los cuerpos policiacos, militares y paramilitares como parte de la política de terrorismo de Estado que se aplica de manera sistemática en México”, aseguró.
Para las guerrillas, los cárteles y los narcoparamilitares son parte del Estado y utilizan la guerra sucia en coordinación con las fuerzas militares para aterrorizar al pueblo organizado y a la población en general. A lo que se refieren es a la contradicción del gobierno de Peña Nieto cuando otorgó protección institucional a los grupos de autodefensa civil, aún con información que algunos de sus integrantes pertenecían a cárteles de la droga. De hecho, aún lo siguen haciendo en Michoacán.
La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa aceleró las contradicciones que viene arrastrando el gobierno federal desde el inicio de la administración, cuando a través del discurso se quiso construir la imagen que la seguridad había mejorado en el país, y lo enfocó en las reformas económicas. El frágil andamiaje político construido artificialmente sobre la hoguera de la violencia nacional, se colapsó en Guerrero y le regaló la causa que durante tanto tiempo buscaron los movimientos armados en México, que a decir de sus comunicados, encuentran en este otoño las condiciones propicias para la insurrección. En el gobierno no lo ven así. Sorpresas, suponemos, nos esperan.
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