Humillación al Ejército: Raymundo Riva Palacio (análisis)

16 enero 2015 El camino al Infierno está pavimentado de buenas intenciones. Pero cuando las buenas intenciones, o traducido a términos políticos, las decisiones pragmáticas para apagar el fuego prenden la mecha en un barril lleno de pólvora, habrá que cuestionar la sensatez de tales intenciones supremas. Esta es la línea argumentativa sobre la decisión del presidente Enrique Peña Nieto, al permitir que los padres de los normalistas de Ayotzinapa, sus abogados, los maestros, los movimientos sociales y guerrilleros, escoltados por las policías comunitarias, entren a los cuarteles militares de Guerrero, Oaxaca y la ciudad de México. Arrastrado el gobierno por la crisis de la desaparición de los normalistas, que lo metió en un remolino y volteó de cabeza, justifica sus acciones como prudentes, pero que se traducen en concesiones a los grupos radicales y humillación a las Fuerzas Armadas. El camino hacia el Infierno sí está pavimentado de buenas intenciones, y para comprender lo que autorizó el presidente, hay que ver que detrás de los padres de los normalistas, entrarán a los cuarteles algunos de los grupos más radicales en el país, movimientos armados y su frente de masas, narcoguerrillas y personajes con antecedentes delincuenciales. Como botones de muestra: *El abogado visible de los familiares de los normalistas es Vidulfo Rosales, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que según documentos del gobierno federal, ha participado en actos de organizaciones ligadas al Ejército Popular Revolucionario Insurgente (ERPI). Atrás, discreto e inteligencia, se encuentra otro abogado, Manuel Olivares, el principal asesor en Ayotzinapa, quien tiene un proceso abierto por homicidio. *La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (CETEG), filial de la CNTE en Guerrero, dirigida por Ramos Reyes Guerrero, vinculado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la cual pertenecen los líderes magisteriales Taurino Rojas, simpatizante del EPR, Minervino Morán, relacionado al ERPI, y Florencio Andreu Castañeda, de Olinalá, de donde es Nestora Salgado, una activista en la cárcel acusada de secuestro, y en donde se estaba gestando hasta el momento de la detención de la estadounidense originaria de Guerrero, un nuevo movimiento armado. *El Movimiento Popular de Guerrero, el gran frente de masas guerrillero, articula los vínculos a nivel nacional. Varios de sus miembros, como Ubaldo Segura Pantoja, dirigente de la Unión Social Independiente de Pueblos Indígenas, está vinculado al EPR, o Bertoldo Martínez Cruz, del Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero, al ERPI, al igual que Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, de la Organización de Pueblos Indígenas Me’pha. En el movimiento están Eulalia González, de la Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones por la Democracia, a la que se señala como parte del ELN, y José Luis Arroyo Castro, del Consejo Cívico Comunitario “Lucio Cabañas Barrientos”, identificado con Tendencia Democrática Revolucionaria. *La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, varios de cuyos líderes, como Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero y su hermano Cirino, jefe de uno de los grupos de las policías comunitarias, tienen procesos judiciales abiertos. La UPOEG opera en territorios controlados por la banda criminal de Los Rojos, que fue el objetivo declarado del grupo Guerreros Unidos, cuando atacó a los normalistas en Iguala. Abrir los cuarteles a estos grupos es permitir que los enemigos del Estado Mexicano –el EPR, la organización guerrillera que es paraguas de todos, le tiene declarada la guerra-, entren por la puerta frontal a la casa de los militares. Guardada toda proporción, es como si el presidente François Hollande hubiera permitido que células extremistas hubieran entrado al Centro de Operaciones del Ministerio del Interior mientras dirigió la persecución contra los terroristas de París, o el presidente Barack Obama abriera la puerta a talibanes en las bases militares en Afganistán. Esta es una idea tan disparatada, que a nadie se le ocurriría en Francia o Estados Unidos siquiera pensarla. En México no es un disparate sino una decisión presidencial. Con esta medida, no sólo las Fuerzas Armadas son obligadas a arrodillarse ante los grupos antisistémicos, sino que queda expuesta la seguridad nacional de la nación. Abrir los cuarteles permitirá a los ojos entrenados que entrarán con los padres de los normalistas, ver la disposición de las instalaciones, el tipo de fortificación interna, los sistemas de seguridad y el tamaño de las bases. En aquellos países donde sus ejércitos tienen relación de cooperación e intercambio con el mexicano, tampoco deberán estar tranquilos de lo que sucede. Lo más secreto que guardan los países son su estructura militar. En México, se les autorizó un tour por las bases militares. Aunque no hay muchas señales públicas de lo que esta decisión debe estar causando entre los generales y los comandantes de tropa, es impensable que esta decisión no esté generando mucha tensión y molestia en las filas castrenses. Por mucho menos, en el pasado, los militares se han molestado. Las Fuerzas Armadas mexicanas se caracterizan por su institucionalidad, pero los políticos no pueden abusar. Un mal uso de ellas provocó la herida incurable de 1968, y una rebelión sutil del secretario de la Defensa Clemente Vega ante el presidente Vicente Fox, impidió otro desastre castrense en 2005. En el caso del presidente Peña Nieto está peor: le pidió al Ejército que se callen la boca, que abran sus cuarteles y que sirvan de anfitriones a sus enemigos. Peor, imposible.