11 marzo 2015
La Secretaría de Gobernación canceló el acceso directo
a los archivos sobre la guerra sucia (ocurrida durante los años 70 y
parte de los 80) y otros documentos aportados desde 2002 por el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Especialistas en archivística advirtieron que si
continúa esa tendencia se afectará la investigación de otros episodios
históricos, como las desapariciones en el sexenio de Felipe Calderón o el
incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, por citar dos ejemplos.
Hace 14 años, el gobierno federal decidió abrir los
expedientes con el propósito de contribuir a esclarecer hechos del pasado.
Diversas instancias aportaron documentos, como el Cisen, dependiente de
Gobernación; la Secretaría de la Defensa Nacional y la cancillería.
Con base en esos documentos pudieron aclararse casos
como el de Rosendo Radilla, líder social guerrerense desaparecido por militares
en 1974, o el de Aleida Gallangos, quien logró localizar a su hermano, cuyos
padres y ellos mismos fueron víctimas de la guerra sucia, mediante
registros de inteligencia hallados en el Archivo General de la Nación (AGN).
Los expedientes del Cisen y de instancias anteriores
(Dirección Federal de Seguridad) podían ser consultados en el AGN.
La búsqueda y el acceso documental eran directos. Sin
embargo, ahora ya no es posible, indicaron las especialistas consultadas. De
continuar esa tendencia, en adelante sólo podremos investigar el virreinato y
el siglo XIX, lamentó Susana Zavala, investigadora de archivos públicos.
Es una medida arbitraria porque se niega el acceso a
expedientes relacionados con violaciones a derechos humanos, además de que no
hubo aviso previo a los usuarios del AGN, el cual es responsable al no oponerse
a esa decisión.
Desde hace cuatro años (La Jornada, 28/3/11),
María Teresa Dorantes, presidenta de Archiveros Sin Fronteras, sección México,
advirtió que la Ley Federal de Archivos era un retroceso en materia de
transparencia y contraria al espíritu del artículo sexto constitucional. Al
entrar en vigor esa norma, en enero de 2012, alertó nuevamente acerca de los
efectos del cambio.
Ahora, comentó, se está haciendo efectivo el artículo
27 y ya no pueden consultarse documentos valiosos, como los relacionados con la
masacre del 2 de octubre de 1968.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha hecho
referencia a medio millar de desapariciones forzadas durante la guerra sucia.
El registro actual de personas extraviadas o desaparecidas indica 226 casos
anteriores a 2007 y 742 de antigüedad no especificada.
Ahora, las consultas deben hacerse mediante
solicitudes de información pública y su obtención podría resultar en textos con
datos suprimidos.
El AGN explica en su página electrónica que la Ley
Federal de Archivos regula el acceso a documentos históricos con información
confidencial. El artículo 27 de esa norma señala que conservará el carácter
confidencial por 30 años o por 70 años cuando los documentos incluyan datos
personales.
Lo anterior implica que en dichos archivos se
encuentran documentos con información confidencial que aún no se puede difundir
ni son susceptibles de acceso.
Por tanto, agrega el AGN, para orientar a los archivos
históricos en relación con el procedimiento a seguir para una adecuada atención
de las solicitudes de acceso a documentos histórico-confidenciales, remite las
consultas al proceso estipulado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, su reglamento y demás norma aplicable.
Periódico La Jornada
Miércoles 11 de marzo de 2015, p. 9
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