Humillación al Ejército: Raymundo Riva Palacio (análisis)

16 enero 2015 El camino al Infierno está pavimentado de buenas intenciones. Pero cuando las buenas intenciones, o traducido a términos políticos, las decisiones pragmáticas para apagar el fuego prenden la mecha en un barril lleno de pólvora, habrá que cuestionar la sensatez de tales intenciones supremas. Esta es la línea argumentativa sobre la decisión del presidente Enrique Peña Nieto, al permitir que los padres de los normalistas de Ayotzinapa, sus abogados, los maestros, los movimientos sociales y guerrilleros, escoltados por las policías comunitarias, entren a los cuarteles militares de Guerrero, Oaxaca y la ciudad de México. Arrastrado el gobierno por la crisis de la desaparición de los normalistas, que lo metió en un remolino y volteó de cabeza, justifica sus acciones como prudentes, pero que se traducen en concesiones a los grupos radicales y humillación a las Fuerzas Armadas. El camino hacia el Infierno sí está pavimentado de buenas intenciones, y para comprender lo que autorizó el presidente, hay que ver que detrás de los padres de los normalistas, entrarán a los cuarteles algunos de los grupos más radicales en el país, movimientos armados y su frente de masas, narcoguerrillas y personajes con antecedentes delincuenciales. Como botones de muestra: *El abogado visible de los familiares de los normalistas es Vidulfo Rosales, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que según documentos del gobierno federal, ha participado en actos de organizaciones ligadas al Ejército Popular Revolucionario Insurgente (ERPI). Atrás, discreto e inteligencia, se encuentra otro abogado, Manuel Olivares, el principal asesor en Ayotzinapa, quien tiene un proceso abierto por homicidio. *La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (CETEG), filial de la CNTE en Guerrero, dirigida por Ramos Reyes Guerrero, vinculado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la cual pertenecen los líderes magisteriales Taurino Rojas, simpatizante del EPR, Minervino Morán, relacionado al ERPI, y Florencio Andreu Castañeda, de Olinalá, de donde es Nestora Salgado, una activista en la cárcel acusada de secuestro, y en donde se estaba gestando hasta el momento de la detención de la estadounidense originaria de Guerrero, un nuevo movimiento armado. *El Movimiento Popular de Guerrero, el gran frente de masas guerrillero, articula los vínculos a nivel nacional. Varios de sus miembros, como Ubaldo Segura Pantoja, dirigente de la Unión Social Independiente de Pueblos Indígenas, está vinculado al EPR, o Bertoldo Martínez Cruz, del Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero, al ERPI, al igual que Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, de la Organización de Pueblos Indígenas Me’pha. En el movimiento están Eulalia González, de la Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones por la Democracia, a la que se señala como parte del ELN, y José Luis Arroyo Castro, del Consejo Cívico Comunitario “Lucio Cabañas Barrientos”, identificado con Tendencia Democrática Revolucionaria. *La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, varios de cuyos líderes, como Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero y su hermano Cirino, jefe de uno de los grupos de las policías comunitarias, tienen procesos judiciales abiertos. La UPOEG opera en territorios controlados por la banda criminal de Los Rojos, que fue el objetivo declarado del grupo Guerreros Unidos, cuando atacó a los normalistas en Iguala. Abrir los cuarteles a estos grupos es permitir que los enemigos del Estado Mexicano –el EPR, la organización guerrillera que es paraguas de todos, le tiene declarada la guerra-, entren por la puerta frontal a la casa de los militares. Guardada toda proporción, es como si el presidente François Hollande hubiera permitido que células extremistas hubieran entrado al Centro de Operaciones del Ministerio del Interior mientras dirigió la persecución contra los terroristas de París, o el presidente Barack Obama abriera la puerta a talibanes en las bases militares en Afganistán. Esta es una idea tan disparatada, que a nadie se le ocurriría en Francia o Estados Unidos siquiera pensarla. En México no es un disparate sino una decisión presidencial. Con esta medida, no sólo las Fuerzas Armadas son obligadas a arrodillarse ante los grupos antisistémicos, sino que queda expuesta la seguridad nacional de la nación. Abrir los cuarteles permitirá a los ojos entrenados que entrarán con los padres de los normalistas, ver la disposición de las instalaciones, el tipo de fortificación interna, los sistemas de seguridad y el tamaño de las bases. En aquellos países donde sus ejércitos tienen relación de cooperación e intercambio con el mexicano, tampoco deberán estar tranquilos de lo que sucede. Lo más secreto que guardan los países son su estructura militar. En México, se les autorizó un tour por las bases militares. Aunque no hay muchas señales públicas de lo que esta decisión debe estar causando entre los generales y los comandantes de tropa, es impensable que esta decisión no esté generando mucha tensión y molestia en las filas castrenses. Por mucho menos, en el pasado, los militares se han molestado. Las Fuerzas Armadas mexicanas se caracterizan por su institucionalidad, pero los políticos no pueden abusar. Un mal uso de ellas provocó la herida incurable de 1968, y una rebelión sutil del secretario de la Defensa Clemente Vega ante el presidente Vicente Fox, impidió otro desastre castrense en 2005. En el caso del presidente Peña Nieto está peor: le pidió al Ejército que se callen la boca, que abran sus cuarteles y que sirvan de anfitriones a sus enemigos. Peor, imposible.

Normalistas rurales, los primeros estudiantes guerrilleros

-->

 12  noviembre 2014

 

Los expedientes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y del Grupo Popular Guerrillero generados por la policía política del régimen, la antigua Dirección Federal de Seguridad, dan cuenta del nacimiento de la lucha armada de carácter marxista en México. Campesinos despojados por terratenientes y estudiantes pobres que buscaban un cambio social son hostigados hasta que no encuentran otra salida que la rebelión. Muchachos de entre 18 y 22 años, la mayoría de quienes inauguraron la guerra de guerrillas en México y que perdieron la vida en el asalto al cuartel militar de Madera. 

Los documentos policiacos, que buscan justificar la masacre calificando a rebeldes, campesinos, maestros y estudiantes como “facinerosos”, “gavilleros” y “sedicentes”, reconocen, sin embargo, la “amplia simpatía” y arraigo de los guerrilleros en las comunidades de la región y las injusticias que gobernantes y terratenientes cometían contra ejidatarios y alumnos

 “Según observaciones por algunos oficiales del Ejército que estuvieron en el lugar de los hechos, se constató que los elementos de la gavilla que resultaron muertos, eran jóvenes de 18 a 25 años que portaban mochilas […]” (sic).

El informe está firmado por el entonces titular de la policía política del régimen mexicano de mediados de la década de 1960, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), Fernando Gutiérrez Barrios. El documento –fechado el 23 de septiembre de 1965 y archivado con el número de expediente 100-5-3, legajo 2, hoja 329, hoy disponible en la Galería 1 del Archivo General de la Nación– da cuenta del ataque al Cuartel de Madera, en Chihuahua: la primera insurrección armada basada en la guerra de guerrillas en México luego de la Revolución.

El Grupo Popular Guerrillero, el primer antecedente de todas las organizaciones político militares de izquierda vigentes en México, estaba compuesto por profesores y estudiantes rurales y por campesinos chihuahuenses. Dos escuelas normales rurales asentadas en el estado tuvieron que soportar la ira del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien desató una campaña militar en la región: la Abraham González, ubicada en Salaices; y la Ricardo Flores Magón, en Saucillo. La primera, para varones, sufriría los primeros embates pero no concluiría la década. Sería cerrada junto con casi dos decenas de escuelas más en todo el país. La segunda, para mujeres, sigue vigente hasta el día de hoy y es integrante de las 16 escuelas hermanas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Actualmente las alumnas de esta escuela encabezan en Chihuahua las movilizaciones estudiantiles que demandan la presentación con vida de los 43 alumnos detenidos-desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.

El expediente de la guerrilla encabezada por el maestro rural Arturo Gámiz García que generó la DFS en la actualidad se encuentra bajo el resguardo del Archivo General de la Nación, en su Galería 1. Se trata de 91 tarjetas (que remiten a cientos de informes y otros documentos elaborados entre el 21 de julio de 1964 y el 20 de enero de 1967) archivadas bajo el título “Grupo de Guerrilleros Populares en Chihuahua” (sic).

Con el asalto al Cuartel de Madera, los rebeldes fueron derrotados y perdieron a su dirección política y militar. Los sobrevivientes se dispersaron y algunos se incorporaron a los movimientos armados posteriores.

Los documentos señalan desde entonces los nombres de los guerrilleros muertos: Arturo Gámiz García, de 25 años, maestro en una escuela primaria rural del Chihuahua; Pablo Gómez Ramírez, de 39 años, médico y profesor en las escuelas normales rurales de San Marcos, Zacatecas, y Salaices, Chihuahua; Emilio Gámiz García, hermano de Arturo, estudiante de 20 años; Antonio Scobell Gaytán, campesino de 23 años; Salomón Gaytán, campesino de 23 años; Óscar Sandoval Salinas, de 20 años, alumno de la Escuela Normal del Estado en Chihuahua; Miguel Quiñones Pedroza, maestro normalista rural de 22 años, egresado de la Escuela Normal Rural de Salaices y director de la Escuela Rural Federal en Ariseáchic; y Rafael Martínez Valdivia, de 21 años, profesor rural en Basúchil.

Los papeles de la DFS dejan ver que la acción de los guerrilleros fracasó totalmente desde el punto de vista militar, pero también que no fue una ocurrencia o ingenuo sacrificio de improvisados, como por décadas se le ha calificado al hecho, incluso por historiadores de izquierda.

Por más de 1 año, el grupo de aproximadamente 40 maestros, estudiantes y campesinos emprendió varias acciones militares, de las cuales siempre salió avante. Sobre todo por “la amplia simpatía” con la que contaba entre las comunidades de la región (como reconocen en sus informes los agentes de la policía política).

La primer acción de la guerrilla de la que da cuenta la DFS es el desarme y detención por parte de los insurgentes de un grupo de agentes estatales que habían sido enviados para detener a los “sedicentes”.

Según la tarjeta fechada por un agente de la DFS el 21 de julio de 1964, a mediados de mayo de ese año, en Mineral de Dolores, municipio de Madera, Chihuahua “[…] se encontraba un grupo de campesinos pertenecientes a la UGOCM [Unión General de Obreros y Campesinos de México] convertidos en Guerrilleros, denominándose ‘Grupo de Guerrilleros Populares’, comandados por Arturo Gámiz García, exdirigente de la Juventud del PPS […]” (sic).

En el documento se informa que cinco agentes, encabezados por el comandante Rito Caldera Zamudio, habían sido comisionados para ubicar y detener a los insurgentes. Sin embargo, los sorprendidos fueron los policías: los guerrilleros detectaron antes el lugar en el que los agentes pernoctaban.

 “[…] encontrándose los policías en la casa habitación de Florentino Ibarra, ubicado en la población de Mineral de Dolores, preparando sus armas y alimentos para perseguir a los sedicentes guerrilleros, el Agente Manuel Gómez Licón oyó un disparo y se sintió herido en un talón, por lo que el resto del grupo salió, disparando hacia donde se veían los destellos de los agresores, los que empezaron a lanzarles bombas molotov incendiando la casa.

 “A las 7:30 horas el Jefe de Grupo, Calderas Zamudio, viendo que se les había terminado el parque, ordenó que salieran los hombres a su mando con las manos en alto, siendo capturados por Arturo Gámiz García, quien portaba un rifle 30-06 y una pistola 38 calibre especial, al que acompañaban Antonio Escobel [Scobell], armado con un rifle M-1, y los hermanos Salomé y Antonio Gaytán que portaban rifles 30-06 y otros dos individuos no identificados, armados con iguales rifles. Todos ellos tenían carrilleras cruzadas en el pecho y en la cintura […]. Obligaron a los agentes a acostarse boca abajo, amarrándolos de pies y manos…” (sic).

Al final, “tales fascinerosos” (sic) dejaron libres a los policías.

Una tarjeta que se corresponde con el expediente 100-5-1-1964, legajo 9 y hoja 107 –a resguardo en la Galería 1 del Archivo General de la Nación–, fechada el 29 de julio de 1964, informa que “El Grupo que está en la Sierra y que encabeza Arturo Gámiz García está compuesto por Salomón Gaytán Aguirre, Antonio Escobell [Scobell] Gaytán, Margarito González Torres, Juan Antonio Gaytán Aguirre, Refugio Portillo Murrieta y dos individuos más no identificados […]” (sic).

Las fichas y los documentos dan cuenta de una intensa actividad del Grupo Popular Guerrillero y de la “amplia simpatía” que los rebeldes tienen en la zona. Y es que las “injusticias” cometidas por terratenientes y el gobierno del Estado, como se reconocen en los documentos de la DFS, provocaban que aumentara la popularidad de los guerrilleros.

Del primer golpe al grupo insurgente da cuenta una ficha fechada el 6 de julio de 1965 –que se corresponde con el expediente 100-5-1-1965, legajo 13, hoja 135–. Se señala que fuerzas de la Quinta Zona Militar aprehendieron a integrantes de la “gavilla” de Arturo Gámiz. El documento detalla:

 “[…] Los detenidos son Paulino Rivera, Angel Rivera, Luis Carpinteyro Cruz y Enrique González, después de haber sido sometidos a un fuerte interrogatorio por parte del Agente del MP Militar, mayor de caballería Julián Méndez Sánchez y otros miembros del ejército, declararon que los principales elementos que los refaccionan con dinero y parque, a la gavilla antes citada, eran Francisco Márquez (a) El Chango, quien estaba al frente de la UGOCM y Eduardo Rodríguez Ford, secretario de la misma […]” (sic).

 

Normales rurales, la defensa civil y pacífica

 

Luego de la masacre del 23 de septiembre de 1965, las movilizaciones para reclamar los cuerpos de los guerrilleros e intentar detener la represión que se cernía sobre la región estuvieron a cargo de los estudiantes de las escuelas normales rurales de Salaices y de Saucillo.

El 28 de septiembre un agente informaba al capitán Fernando Gutiérrez Barrios, titular de la DFS: “Se dice que ha habido reuniones en Saucillo Chih. [Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón] de maestros y alumnos de la normal, cosa que también se investiga” (sic).

Los alumnos participarían también en acciones de desagravio a los rebeldes caídos y con una campaña informativa para honrar la memoria de los muertos.

Una ficha fechada el 8 de octubre de 1965 (que se corresponde con el expediente 100-5-1-65, legajo 14, hoja 206) informa:

 “El 5 por la noche tres estudiantes de la normal de Chihuahua fueron sorprendidos por la Judicial pegando manifiestos francamente subversivos y en los que se ensalza a los caídos en Madera y se ataca duramente al gobernador.”

Por su parte, el expediente de más de 10 mil fojas de la FECSM, integrado en la Galería 1 del Archivo General de la Nación a solicitud de Contralínea (folio 04950 00006008), da cuenta de la agudización de los problemas estudiantiles y campesinos en la región que derivaron, en un periodo de 5 años, en la conformación del primer grupo guerrillero de carácter marxista en México.

El oficio de la DFS, con folio 04172 y fechado el 13 de agosto de 1964, informa acerca de los preparativos de una huelga estudiantil en las normales rurales de Chihuahua para demandar la libertad de un dirigente campesino y un estudiante. El documento, firmado por el director Federal de Seguridad, coronel diplomado de estado mayor Manuel Rangel Escamilla, señala que los alumnos buscaban “presionar a las Autoridades a fin de lograr la libertad del líder agrario Álvaro Ríos Ramírez y del estudiante normalista Jesús Hilario Cardona Rodríguez.

 “Los citados alumnos han estado celebrando platicas con Joaquín Fuentes Fuentes y Nereida Abarca Castillo, Dirigentes de las Normales Rurales de Salaices y de Saucillo, Chihuahua, respectivamente, con el objeto de que los estudiantes de estos Planteles secunden el movimiento de huelga.

 “Se hace notar que el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Normal de Chihuahua, José Marileñarena Rivera, fue quien hizo uso del micrófono en un acto celebrado en la Capital de esa Entidad, con motivo de la visita que hizo a la misma el Sr. Lic. Gustavo Díaz Ordaz, durante su jira de propaganda política” (sic).

Sobre el último punto, la ficha del agente Félix Aivahuante, fechada el 13 de agosto y recibida por la DFS el día 14, señala que Mariñelarena “participó tomando el micrófono en los disturbios ocurridos en la Ciudad de Chihuahua con la visita del Lic. Gustavo Díaz Ordaz” (sic).

No obstante que la DFS generaba a diario documentos relacionados con la FECSM o las normales rurales, en la versión pública de esta organización, de manera abrupta, se interrumpen los informes el 29 de mayo de 1965 y se reanudan hasta el 29 de octubre de ese año. Es decir, quedan fuera todos los documentos alrededor de la fecha del 23 de septiembre, cuando fue atacado el cuartel militar de Madera, Chihuahua, con el que se dio origen a la guerrilla moderna mexicana.

El último reporte antes de los acontecimientos señalados daba cuenta del cambio de comité ejecutivo de la FECSM, en el que al frente había quedado el estudiante de Tamatán, Tamaulipas, Jesús Contreras Pacheco. El documento del 29 de octubre es una tarjeta en la que se señala que las normales están por iniciar un nuevo movimiento social.

Se lee: “Este movimiento está apoyado por el MLN [Movimiento de Liberación Nacional] y los Sres. Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, Profesor Mario Aguilera Dorantes y José Santos Valdez, que fuera Coordinador General de las Normales en el Norte del País. Actualmente está jubilado” (sic).

El elemento que elaboró la tarjeta, y el cual omite su nombre, recomienda: “Yo creo, que deteniendo a Contreras Pacheco, el movimiento debe abortar” (sic).

Un informe de la DFS fechado el 27 de octubre con carácter de “CONFIDENCIAL” (sic), sin firma, sin sello y sin preámbulo alguno dice:

“JESUS CONTRERAS PACHECO, Presidente de la FEDERACION DE ESTUDIANTES CAMPESINOS SOCIALISTAS DE MEXICO, estudiante de la Normal Rural de Tamatán, Tamaulipas, y originario de Ciudad Victoria, según las investigaciones es responsable de lo siguiente:

 “1º.- Días después de los acontecimientos de Cd. Madera, Chih., convocó a un Consejo Extraordinario de Estudiantes de las Escuelas Normales Rurales, en Saucillo, Chih., donde acordaron, como represalia contra el Gobierno Federal, de darle un plazo perentorio a la Secretaría de Educación para dar contestación al pliego de peticiones económicas o en su caso ir a una Huelga General de las 29 Escuelas, cuyo plazo se vence el día 31 de los corrientes.

 “2.- Mientras tanto, el citado líder Jesús Contreras Pacheco, para amedrentar a los funcionarios de la SEP, provocó las huelgas en las Escuelas Rurales de Salaises, Chih., Ciudad Guzmán, Jalisco, Tamatán Tamps., no obstante que las peticiones se están resolviendo en la Secretaría de Educación Pública.

“3.- La incitación para estos actos subversivos de los alumnos, se debe a que dicho alumno JESUS CONTRERAS PACHECO, a visitado todas las Escuelas Normales Rurales y les ha dicho al alumnado ‘QUE EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ES UN VENDIDO A LOS ESTADOS UNIDOS, QUE ES UN ‘CRISTERO’, UN CONSERVADOR Y ENEMIGO DE LOS ESTUDIANTES Y DE LOS TRABAJADORES […]” (sic).

El documento, incompleto, finaliza con una leyenda en inglés: “THIS REPORT IS STRICTLY CONFIDENTIAL AND FOR CLIENTS INFORMATION ONLY” (sic).

Así, para la policía del régimen, las demandas de los estudiantes no eran legítimas y se trataba sólo de una reacción al exterminio de la guerrilla de Arturo Gámiz. Las demandas de los estudiantes eran las mismas planteadas en 1963 y a las que las autoridades sólo habían respondido con promesas.

En un oficio posterior, fechado el 30 de octubre de 1965 se lee: “Como resultado de los incidentes suscitados en Madera, Chih., JESUS CONTRERAS PACHECHO, siguiendo consignas de RAMON DANZOZ PALOMINO, redobló la presión en contra de las autoridades respectivas para que solucionaran tanto el pliego petitorio de las Escuelas Normales Rurales, como el de los Centros de Enseñanza Normal, con un programa de movimientos de huelga escalonados, habiendo principiado hace 15 días con una huelga en el Centro de Enseñanza Normal Rural de Ciudad Guzmán, Jal., amenazando con iniciar la huelga en el Centro de Enseñanza Normal Rural de Iguala, Gro., a partir del 1 de noviembre próximo, estando además en huelga las Escuelas Normales Rurales de Salaices, Chih., y Tamatán Tmps.

 “En el último de los planteles mencionados JESUS CONTRERAS PACHECO, con su presión, provocó la salida del Director, Prof. ANTONIO VELEZ CASTRO y de una empleada” (sic).

Un informe de la DFS, firmado por el capitán Gabriel Ayala López y dirigido al director federal de Seguridad Fernando Gutiérrez Barrios, especifica cuáles son las demandas de los normalistas rurales: aumento de los recursos destinados a la alimentación diaria de los estudiantes de 4.75 a 6 pesos por persona; aumento de 5 a 8 pesos semanales por estudiante para gastos académicos; aumento de la matrícula estudiantil; aumento de los recursos para medicamentos (reconoce el informante: “ya que la [partida] actual es comple-tamente reducida”); dotación de vestuario, mobiliario escolar, materiales deportivos y didácticos y mejoramiento de dormitorios y comedores; libros para las bibliotecas; construcción de laboratorios; maquinaria para los talleres, y mejor selección del personal docente y administrativo de todo el sistema normal rural. El documento está fechado en la Ciudad de México el 28 de octubre de 1965.

El pliego petitorio, cuyas demandas habían sido planteadas desde por lo menos 2 años atrás, resultaba para las autoridades un despropósito. Para el oficial mayor de la SEP, Mario Aguilera Dorantes, quien había sido entrevistado por personal de la DFS, consideraba que se trataba de “caprichos” de los estudiantes y se lamentaba de la falta de “energía” de los directores para “someter” a los alumnos.

El funcionario incluso propuso como “una de las tantas soluciones para acabar con el problema que implican las Escuelas Normales Rurales, sería el cierre inmediato de este tipo de Planteles, y crear a cambio Escuelas única y exclusivamente para la educación del campesino que abarcaría un curso de tres años para aquellos que fueran egresados de las Escuelas Primarias, estudios que se les tomarían en cuenta como instrucción secundaria […]” (sic).

Aguilera Dorantes manifiesta que incluso “él ya había presentado un estudio muy amplio al C Presidente de la República para su consideración y estudio, y que en esa forma se cortaría de raíz el problema que implica para el Gobierno Federal que las Escuelas Normales Rurales en todo el país sigan siendo manejadas por fuerzas políticas ocultas, como focos de agitación en gran parte del territorio Nacional […]” (sic).

Normalista rural no es sinónimo de guerrillero

 

Las agresiones en contra de los estudiantes normalistas no sólo provienen de las corporaciones policiacas y de elementos militares, sino también de la sociedad y los medios de comunicación. Ello, por la estigmatización en contra de los profesores en general y de los profesores normalistas en particular, al tacharlos de vándalos, ignorantes, grillos, nido de guerrilleros, opina el maestro Siddharta Camargo, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional.

Sí son muchachos de origen humilde y sí son jóvenes politizados, pero no son guerrilleros, indica. “No podemos permitir que se transmita la imagen de que los chavos nada más están en la grilla. Eso no es cierto. Es su derecho constitucional manifestarse políticamente cuando lo consideran necesario y sí pueden estar organizados políticamente; pero eso es un derecho constitucional de todos los mexicanos”.

Para el doctor en pedagogía es fundamental que se entienda que “las normales rurales dan la oportunidad a los hijos de campesinos de tener educación superior. En México solamente 6 por ciento de los hijos de las familias pobres (¡seis de cada 100 hijos de una familia pobre!) tiene la oportunidad de estudiar educación superior”.

De los estudiantes normalistas, Camargo explica que “es gente que trabaja muchísimo, que está desde las 7 de la mañana estudiando y en la tarde se va a la biblioteca a trabajar o se va a hacer el trabajo de campo o a hacer deportes o a su círculo de estudio. No están de flojos. Y si ejercen sus derechos constitucionales, ¿qué?, ¿cuál es el problema? Tienen el derecho de organizarse y movilizarse si así quieren”.

En el caso de que se cierren las normales rurales o cambie su modelo y ya no sean internados, el maestro en desarrollo educativo advierte se les quitará a 6 mil 500 jóvenes de escasos recursos la oportunidad de estudiar, pues son los internados los que les permiten llegar a la universidad.

A principios del siglo XX, explica, surgieron las escuelas normales rurales para atender la necesidad urgente que tenía México de formar maestros, ante la promesa de la Revolución Mexicana y el Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 de educar a los niños del campo, a los hijos de los campesinos. No sólo se trataba de repartir tierras, también de mejorar las condiciones de vida, refiere.

 “Desde el principio, las normales tuvieron esta idea de justicia social y equidad: vamos a atender a los hijos del campesino porque es mandato de la Revolución en su Artículo 3 de la Constitución de 1917. Cuando tratan de quitar ese elemento de identidad profunda a las escuelas normales, lo que se hace es un atentado contra su razón de ser de estas comunidades educativas.”

El subdirector de Enfoques y Contenidos de la Educación Normal detalla que fue en la década de 1960 cuando se dio un “punto de quiebre muy grave”. A partir de entonces, “lo que tenemos son agresiones armadas del Estado mexicano contra la población civil. Una población civil que se arma; grupos de autodefensa que se empiezan a crear en el Norte y el Sureste, que van a entrar en confrontación directa contra el aparato represor del Estado y esto se conoce como la Guerra Sucia.

 “En la Guerra Sucia, los estudiantes, los jóvenes y en particular los estudiantes de las normales rurales, que son hijos de campesinos, que son de origen humilde, que están muy politizados, son vistos como enemigos y hay una persecución muy dura.”

El maestro Camargo observa que esas agresiones derivaron en que las normales rurales se encerraran en sí mismas, como una respuesta de autodefensa y preservación.

 “En este momento hay 16 escuelas normales rurales. En esas escuelas hay 6 mil 451 estudiantes en total, que son atendidos por 796 profesores. De esas normales, hay siete cuerpos académicos, que son una forma de organizar a los profesores que tienen posgrado y que hacen una investigación… Esto quiere decir que tenemos una cantidad de profesores con posgrado que producen, envían ponencias, que publican libros, es algo muy importante”, explica el funcionario de la SEP. (Mauricio Romero)

autor Zósimo Camacho

Guerrero: empezó la insurrección: Raymundo Riva Palacio (análisis)

12 noviembre 2014

Las imágenes dan la vuelta al mundo. El salón de sesiones del Congreso de Guerrero en llamas. Las sedes del PRI y el PAN, destrozadas. Ataques a propiedad de multinacionales y las vías de comunicación cercenadas. Las autoridades estatales no despachan en sus oficinas porque están tomadas, y gobiernan a salto de mata. Hay una insurrección en curso en Guerrero, que pretende la creación de un ente autónomo de la Federación.

Bajo la causa legítima de la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, grupos antisistémicos están operando activamente en el estado y proyectando caos, ingobernabilidad y un gobierno arrodillado. Un documento del CISEN indica que el EPR y el ERPI, junto con sus organizaciones fachada, que se encuentran en el frente de masas que moviliza la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), las policías comunitarias y una parte del clero radical, impulsan la consolidación de La línea de la Esperanza.

Este proyecto comprende el corredor indígena que cruza Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde los maestros disidentes de la Coordinadora son la parte más activa de esta insurrección. Los municipios donde se concentra la fuerza de la insurrección son Acatepec, Ahuacuotzingo, Ajuchitán del Progreso, Ayutla, Coyuca de Catalán, Malinaltepec, Metlátonoc, Olinaláy Tecoanapa, donde operan las guerrillas del EPR, el ERPI, Tendencia Democrática Revolucionaria del Ejército del Pueblo, el Comando Justiciero 28 de Junio y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo. El EPR, fundado en 1996, en el aniversario de la matanza de Aguas Blancas, es quien aglutina al movimiento armado que tras varios años de esfuerzos, hoy está unificado.

Tras los hechos en Iguala se reactivaron y comenzaron a emitir comunicados con una frecuencia como nunca antes en su historia. Se puede alegar que en la crisis política y el pasmo del gobierno federal actual, observaron condiciones para su lucha. Los comunicados tienen como propósito la propaganda, pero en términos estratégicos son utilizados para comunicarse con sus células y darles instrucciones. La violencia contra objetivos específicos comenzó después que se difundieron los comunicados. Tras iniciarse la insurrección, la frecuencia de ellos disminuyó notablemente.

La falla en el diagnóstico sociopolítico de lo que se había detonado detrás de la causa legítima de los normalistas desaparecidos, se sumó a la todavía incapacidad gubernamental para entender que los retos en Guerrero tienen varios frentes. Tampoco ha sido del todo comprendido en los medios mexicanos y mucho menos en los internacionales. La violencia no tiene que ver directamente con los sucesos de Iguala, aunque personas vinculadas estrechamente con los familiares de las víctimas, forman parte del frente de masas guerrillero.

Los maestros y el clero radical, articulados dentro de estas organizaciones fachada, son quienes organizan la violencia callejera en acciones que pueden ser consideradas de propaganda armada. Es decir, trabajan en la proyección de imágenes de ausencia de gobierno, inestabilidad y caos, que contribuyan al debilitamiento del Estado y a forzar que el gobierno federal pierda el consenso para gobernar y que en su desesperación incurra en una represión generalizada que sólo alimentará aún más la lucha rebelde.

La CETEG la encabeza Ramos Reyes Guerrero, quien está relacionado con el Ejército de Liberación Nacional, una escisión del EPR que secuestró al abogado panista Diego Fernández de Cevallos en 2010. Opera desde Tlapa de Comonfort, en la Región de la Montaña y tiene como lugartenientes, vinculados también con las guerrillas, según el CISEN, a los maestros Pedro Eligio Cabañas en Cualac –hermano de Lucio Cabañas, el dirigente guerrillero histórico–, Taurino Rojas, simpatizante del EPR, en Metlatónoc, y Florencio Andréu Castañeda, en Olinalá. Otros líderes del magisterio disidente, como Minervino Morán, que fue pieza activa en la toma de la ciudad de México por los maestros el año pasado, es simpatizante del ERPI.

Morán pertenece al Frente Popular Revolucionario (FPR), organización paraguas y fachada de la guerrilla, que encabeza Omar Garibay Guerra, y que se encuentra dentro del Movimiento Popular Guerrerense (MPG),del que es líder Ubaldo Segura Pantoja, dirigente de la Unión Social Independiente de Pueblos Indígenas, que es un frente del EPR, donde participa activamente Bertoldo Martínez Cruz, que dirige el Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero y el Comité Contra la Tortura y la Impunidad, al que vincula el CISEN con el ERPI.

En el MPG, cuya función central es articular los vínculos a nivel nacional, está el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que dirige Abel Barrera, y cuyo asesor jurídico, abogado de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, es Vidulfo Rosales, quien ha participado en actos de organizaciones fachada del ERPI. También se encuentra la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, en la que cuando menos tres de sus dirigentes son jefes del ERPI: Ernesto Gallardo, comandante Neto, Gonzalo Torres, comandante Gonzalo, y Crisóforo García, comandante Guerrero, y la Red Guerrerense de Derechos Humanos, que encabeza Manuel Olivares, defensor y adoctrinador en Ayotzinapa, señalado por las autoridades como simpatizante del ERPI.

El árbol de la insurrección en Guerrero no es algo nuevo. Los sabían los órganos de inteligencia del Estado Mexicano y no se hizo nada. Tampoco alertaron al presidente Enrique Peña Nieto lo que se cocinaba en Guerrero. La desaparición de los normalistas significó el detonante para que empezara la marcha de esa rebelión contra las instituciones que hoy, tienen desbordado al centro del país.

 

Iguala: el engaño al Presidente (III)

La recomendación al presidente Enrique Peña Nieto de encapsular la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa al declarar que los hechos en Iguala eran un asunto que debían arreglar los guerrerenses, regaló 15 días a grupos políticos y armados dentro y fuera de la ley, que avizoraron que a través de una causa legítima podían comenzar una rebelión. El mes que discutieron en Los Pinos si convenía o no presionar al gobernador Ángel Heladio Aguirre a pedir licencia, les facilitó el incendio del estado. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, repitió erróneamente que el crimen era del fuero común, sin entender él, ni Aurelio Nuño, el jefe de la Oficina de la Presidencia, que en Iguala no sólo se había cometido un crimen, sino que empezó la contrarreforma nacional. No lo diagnosticaron ellos; no se percató el Presidente.

Actuar como Poncio Pilatos las dos primeras semanas en Guerrero es el mayor error político de Peña Nieto y de su gobierno, que envuelto por la endogamia política de su Presidencia, no le permitió ver a él ni a su equipo que la insurrección social en el corazón de la cuenca del descontento fue alimentado, probablemente en forma inopinada, por el grupo compacto en su entorno. El punto de inflexión para entender lo que se vive en Guerrero fue la captura de la maestra Elba Esther Gordillo en febrero de 2013, con el argumento que eliminarla como líder del magisterio, allanaría al camino de la Reforma Educativa.

Desde el interior del gobierno advirtieron que el análisis era equivocado, y que si creían que meter a la cárcel a la maestra era la solución, no entendían su rol en el magisterio. Como sucede regularmente en la burbuja donde está encerrado el Presidente, descalificaron las opiniones. 

Cuando fue detenida, le sugirieron a Osorio Chong que en esa coyuntura se capturara también a los jefes de la Coordinadora, un docena de maestros disidentes principalmente en Oaxaca, y con el liderazgo descabezado, iniciar su renovación. Se hizo lo contrario.

Desde la Secretaría de Gobernación, por intermediación del subsecretario del ramo, Luis Miranda -compadre del Presidente-, empoderaron a la Coordinadora magisterial. De cinco entidades donde operaban, Miranda, con el respaldo de Osorio Chong y Nuño, la creció a 23, y obligaron a varios gobernadores a darles interlocución. Les regalaron plazas, contra lo que establece la Reforma Educativa, y más de 12 mil millones de pesos. Poder y dinero, lo que nunca imaginaron antes, por la gracia de Los Pinos y Bucareli.

El alegato ante el Presidente era que así tendrían controlada a la oposición magisterial. En Michoacán llevaron la racional al extremo. Por sugerencia del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo, Alfredo Castillo –que depende de facto de Nuño-, se designó como subsecretario de Educación Básica a Rafael Mendoza Castillo, ideólogo de la Coordinadora, y que quiere la abrogación de la Reforma Educativa. Esta semana, los maestros disidentes michoacanos iniciaron protestas con el pretexto de la desaparición de los normalistas, sumándose a la rebelión, que públicamente encabeza la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), la que en el mes de indecisiones del gobierno de Peña Nieto, articularon a la oposición social y al frente de masas de los movimientos armados.

¿Sabrá el Presidente que en Guerrero se articularon las fuerzas legales y las guerrillas en torno a la causa legítima para que aparezcan los 43 normalistas de Ayotzinapa, que son las que están causando la violencia en aquél estado? Dentro del gobierno sabían que esto podría suceder. De hecho, un grupo de coordinación para Guerrero, compuesto por más de una veintena de funcionarios, se daba cita los sábados en el CISEN. Encabezado por el director del órgano de inteligencia, Eugenio Imaz, participaban representantes del área política de Gobernación –Imaz tiene como jefe inmediato a Osorio Chong-, del Ejército, la Marina, la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal, y el gobierno de Guerrero.

Uno de los documentos -de marzo de 2014- que analizaron, establece en el mapa de riesgos lo que la vinculación entre el magisterio disidente y la guerrilla, que llaman “subversión”, podía generar en el estado. “No hay vínculos orgánicos entre el magisterio disidente de Guerrero y la subversión”, sostiene, pero a través de las relaciones personales, probaba los enlaces y el trabajo coordinado entre sus líderes. Su existencia generaba alerta, y en el documento se anticipan entre los riesgos:

1.- Pueden desviar recursos económicos para las organizaciones subversivas y su frente político (que incluyen organizaciones de derechos humanos y policías comunitarios).

2.- La confluencia del magisterio y subversión en el Movimiento Popular Guerrerense pueden detonar escenarios de confrontación.

3.- Proliferación y escalamiento de conflictos sociales en diversas regiones de la entidad por actores CETEG-subversión.

La información les había llegado de Guerrero, pero no se alertó al Presidente. Por razones desconocidas, dieron carpetazo a todo el trabajo y desde hace más de cuatro meses, no se reúne el grupo. El equipo que hacía seguimiento de los movimientos armados prácticamente se desintegró y se dejaron sueltos los cabos que hoy mueven las manos violentas en el estado. Son públicos, visibles y altamente activos quienes hoy tienen arrinconado al Presidente y al gobierno. Lo sabían en el gobierno pero no hicieron nada entonces, ni, parece, ahora.

Guerrero: empezó la insurrección (IV y fin)

Las imágenes dan la vuelta al mundo. El salón de sesiones del Congreso de Guerrero en llamas. Las sedes del PRI y el PAN, destrozadas. Ataques a propiedad de multinacionales y las vías de comunicación cercenadas. Las autoridades estatales no despachan en sus oficinas porque están tomadas, y gobiernan a salto de mata. Hay una insurrección en curso en Guerrero, que pretende la creación de un ente autónomo de la Federación.

Bajo la causa legítima de la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, grupos antisistémicos están operando activamente en el estado y proyectando caos, ingobernabilidad, y un gobierno arrodillado. Un documento del CISEN indica que el EPR y el ERPI, junto con sus organizaciones fachada, que se encuentran en el frente de masas, que moviliza la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), las policías comunitarias y una parte del clero radical, impulsan la consolidación de La línea de la Esperanza.

Este proyecto comprende el corredor indígena que cruza Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde los maestros disidentes de la Coordinadora son la parte más activa de esta insurrección. Los municipios donde se concentra la fuerza de la insurrección son Acatepec, Ahuacuotzingo, Ajuchitán del Progreso, Ayutla, Coyuca de Catalán, Malinaltepec, Metlátonoc, Olinalá y Tecoanapa, donde operan las guerrillas del EPR, el ERPI, Tendencia Democrática Revolucionaria del Ejército del Pueblo, el Comando Justiciero 28 de Junio, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo. El EPR, fundado en 1996, en el aniversario de la matanza de Aguas Blancas, es quien aglutina al movimiento armado que tras varios años de esfuerzos, hoy está unificado.

Tras los hechos en Iguala se reactivaron y comenzaron a emitir comunicados con una frecuencia como nunca antes en su historia. Se puede alegar que en la crisis política y el pasmo del gobierno federal en actual, observaron condiciones para su lucha. Los comunicados tienen como propósito la propaganda, pero en términos estratégicos, son utilizados para comunicarse con sus células y darles instrucciones. La violencia contra objetivos específicos comenzó después que se difundieron los comunicados. Tras iniciarse la insurrección, la frecuencia de ellos disminuyó notablemente.

La falla en el diagnóstico sociopolítico de lo que se había detonado detrás de la causa legítima de los normalistas desaparecidos, se sumó a la todavía incapacidad gubernamental para entender que los retos en Guerrero tienen varios frentes. Tampoco ha sido del todo comprendido en los medios mexicanos y mucho menos en los internacionales. La violencia no tiene que ver directamente con los sucesos de Iguala, aunque personas vinculadas estrechamente con los familiares de las víctimas, forman parte del frente de masas guerrillero.

Los maestros y el clero radical, articulados dentro de estas organizaciones fachada, son quienes organizan la violencia callejera en acciones que pueden ser consideradas de propaganda armada. Es decir, trabajan en la proyección de imágenes de ausencia de gobierno, inestabilidad y caos, que contribuyan al debilitamiento del Estado y a forzar que el gobierno federal pierda el consenso para gobernar y que en su desesperación, incurran en una represión generalizada que sólo alimentará aún más la lucha rebelde.

La CETEG la encabeza Ramos Reyes Guerrero, quien está relacionado con el Ejército de Liberación Nacional, una escisión del EPR que secuestró al abogado panista Diego Fernández de Cevallos en 2010. Opera desde Tlapa de Comonfort, en la Región de la Montaña y tiene como lugartenientes, vinculados también con las guerrillas, según el CISEN, a los maestros Pedro Eligio Cabañas en Cualac –hermano de Lucio Cabaños, el dirigente guerrillero histórico-, Taurino Rojas, simpatizante del EPR, en Metlatónoc, y Florencio Andreu Castañeda, en Olinalá. Otros líderes del magisterio disidente, como como Minervino Morán, que fue pieza activa en la toma de la ciudad de México por los maestros el año pasado, es simpatizante del ERPI.

Morán pertenece al Frente Popular Revolucionario (FPR), organización paraguas y fachada de la guerrilla, que encabeza Omar Garibay Guerra, y que se encuentra dentro del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), del que es líder Ubaldo Segura Pantoja, dirigente de la Unión Social Independiente de Pueblos Indígenas, que es un frente del EPR, donde participa activamente Bertoldo Martínez Cruz, que dirige el Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero y el Comité Contra la Tortura y la Impunidad, al que vincula el CISEN con el ERPI.

En el MPG, cuya función central es articular los vínculos a nivel nacional, está el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que dirige Abel Barrera, y cuyo asesor jurídico, abogado de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, es Vidulfo Rosales, quien ha participado en actos de organizaciones fachada del ERPI. También se encuentra la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, donde cuando menos tres de sus dirigentes son jefes del ERPI, Ernesto Gallardo, comandante Neto, Gonzalo Torres, comandante Gonzalo, y Crisóforo García, comandante Guerrero, y la Red Guerrerense de Derechos Humanos, que encabeza Manuel Olivares, defensor y adoctrinador en Ayotzinapa, señalado por las autoridades como simpatizante del ERPI.

El árbol de la insurrección en Guerrero no es algo nuevo. Los sabían los órganos de inteligencia del Estado Mexicano y no se hizo nada. Tampoco alertaron al presidente Enrique Peña Nieto lo que se cocinaba en Guerrero. La desaparición de los normalistas significó el detonante para que empezara la marcha de esa rebelión contra las instituciones que hoy, tienen desbordado al centro del país.

Guerrero despertó a movimientos armados; 11 comunicados en dos meses

21 octubre 2014

A la vista de todos, Guerrero se convirtió en el catalizador de los movimientos armados en México. Lo que en 1993 no fructificó cuando el EZLN planteó a las diferentes organizaciones que había condiciones para la insurrección, se está dando en el otoño de 2014. Las condiciones socioeconómicas en el estado no han cambiado –la pobreza impacta en 70 por ciento de la población, de los cuales 31 por ciento, 1.1 millones de personas, viven en extrema pobreza– y las promesas de ayuda federal tras los huracanes del año pasado, están incompletas –por ejemplo, 84 casas que ofreció la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, nunca se entregaron–. La política se convirtió en brazo de la delincuencia organizada y la represión se volvió un modus operandi de la autoridad. Lo que le faltaba a las guerrillas era una causa legítima que las articulara con la sociedad: 43 normalistas desaparecidos se les pusieron en el camino.

La actividad guerrillera a través de 11 comunicados entre el 30 de septiembre y el 17 de octubre pasados, revelan la articulación de los movimientos armados, dos de ellos enfrentados entre sí desde hace más de una década. Los comunicados han sido firmados por cuatro organizaciones clandestinas: el Ejército Popular Revolucionario (5); su escisión el Ejército Popular Revolucionario Insurgente (2); las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (2), que nacieron junto con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el 2 de diciembre de 2012; y de la hasta hace unos días desconocida Milicias Populares ¡Basta ya! (2), que evocan el grito del subcomandante Marcos del EZLN.

Ningún acontecimiento había logrado la unificación guerrillera de demandas y lenguajes como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en donde la responsabilidad principal ha sido transferida al gobierno federal. En su segundo comunicado del 17 de octubre, el ERPI asegura: “El Estado mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto no es neutral sino parte activa en los homicidios y desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa, pues Peña es el jefe de todas las Fuerzas Armadas del Estado mexicano incluyendo por supuesto todas las policías municipales del país”.

Esto puede parecer únicamente discurso panfletario, pero en ese comunicado agrega: “Como ha quedado reconocido por el órgano máximo de inteligencia del Estado mexicano, o sea el Cisen, estaba al tanto desde hacía mucho tiempo de las actividades del cártel a su servicio en el norte del estado de Guerrero y el estado de Morelos, y desde luego contaba con información de los nexos del presidente municipal de Iguala junto a una larga lista de funcionarios del gobierno municipal y los autores directos de los crímenes de la noche del 26 de septiembre, quienes fueron policías municipales y, a la vez sicarios”. La guerrilla se refiere al informe del Cisen publicado por El Universal el 7 de octubre, donde vincula al exalcalde de Iguala con el narcotráfico.

El alegato es sólido al señalar que el gobierno federal es responsable porque conociendo con detalle lo que sucedía en Guerrero, hizo caso omiso. “El ejército federal que estaba en su cuartel a menos de 500 metros del lugar permitió a los policías cometer los asesinatos y las desapariciones, y al igual que la Policía Ministerial y la Policía del Estado desocupó las calles de Iguala para dejar las manos libres a los criminales para que pudieran desaparecer a los estudiantes y dejar que hubiera otra agresión horas después; después le permitió huir a José Luis Abarca y a sus secuaces dándoles tiempo suficiente en complicidad con la corriente Nueva Izquierda del PRD”, afirmó el ERPI. Una vez más, la verosimilitud: en la vecindad donde sucedieron los hechos, está el cuartel del 27º Batallón de Infantería.

En su segundo comunicado firmado 12 de octubre, el EPR cuestionó que el asesinato y desaparición de normalistas en Iguala fuera una acción del crimen organizado. “De ninguna manera puede ser obra del mítico ‘crimen organizado’, ni mucho menos es un simple ‘incidente’, se trata de una masacre, de un crimen de Estado, de un crimen de lesa humanidad perpetrado dolosamente por los cuerpos policiacos, militares y paramilitares como parte de la política de terrorismo de Estado que se aplica de manera sistemática en México”, aseguró.

Para las guerrillas, los cárteles y los narcoparamilitares son parte del Estado y utilizan la guerra sucia en coordinación con las fuerzas militares para aterrorizar al pueblo organizado y a la población en general. A lo que se refieren es a la contradicción del gobierno de Peña Nieto cuando otorgó protección institucional a los grupos de autodefensa civil, aún con información que algunos de sus integrantes pertenecían a cárteles de la droga. De hecho, aún lo siguen haciendo en Michoacán.

La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa aceleró las contradicciones que viene arrastrando el gobierno federal desde el inicio de la administración, cuando a través del discurso se quiso construir la imagen que la seguridad había mejorado en el país, y lo enfocó en las reformas económicas. El frágil andamiaje político construido artificialmente sobre la hoguera de la violencia nacional, se colapsó en Guerrero y le regaló la causa que durante tanto tiempo buscaron los movimientos armados en México, que a decir de sus comunicados, encuentran en este otoño las condiciones propicias para la insurrección. En el gobierno no lo ven así. Sorpresas, suponemos, nos esperan.