Humillación al Ejército: Raymundo Riva Palacio (análisis)

16 enero 2015 El camino al Infierno está pavimentado de buenas intenciones. Pero cuando las buenas intenciones, o traducido a términos políticos, las decisiones pragmáticas para apagar el fuego prenden la mecha en un barril lleno de pólvora, habrá que cuestionar la sensatez de tales intenciones supremas. Esta es la línea argumentativa sobre la decisión del presidente Enrique Peña Nieto, al permitir que los padres de los normalistas de Ayotzinapa, sus abogados, los maestros, los movimientos sociales y guerrilleros, escoltados por las policías comunitarias, entren a los cuarteles militares de Guerrero, Oaxaca y la ciudad de México. Arrastrado el gobierno por la crisis de la desaparición de los normalistas, que lo metió en un remolino y volteó de cabeza, justifica sus acciones como prudentes, pero que se traducen en concesiones a los grupos radicales y humillación a las Fuerzas Armadas. El camino hacia el Infierno sí está pavimentado de buenas intenciones, y para comprender lo que autorizó el presidente, hay que ver que detrás de los padres de los normalistas, entrarán a los cuarteles algunos de los grupos más radicales en el país, movimientos armados y su frente de masas, narcoguerrillas y personajes con antecedentes delincuenciales. Como botones de muestra: *El abogado visible de los familiares de los normalistas es Vidulfo Rosales, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que según documentos del gobierno federal, ha participado en actos de organizaciones ligadas al Ejército Popular Revolucionario Insurgente (ERPI). Atrás, discreto e inteligencia, se encuentra otro abogado, Manuel Olivares, el principal asesor en Ayotzinapa, quien tiene un proceso abierto por homicidio. *La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (CETEG), filial de la CNTE en Guerrero, dirigida por Ramos Reyes Guerrero, vinculado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la cual pertenecen los líderes magisteriales Taurino Rojas, simpatizante del EPR, Minervino Morán, relacionado al ERPI, y Florencio Andreu Castañeda, de Olinalá, de donde es Nestora Salgado, una activista en la cárcel acusada de secuestro, y en donde se estaba gestando hasta el momento de la detención de la estadounidense originaria de Guerrero, un nuevo movimiento armado. *El Movimiento Popular de Guerrero, el gran frente de masas guerrillero, articula los vínculos a nivel nacional. Varios de sus miembros, como Ubaldo Segura Pantoja, dirigente de la Unión Social Independiente de Pueblos Indígenas, está vinculado al EPR, o Bertoldo Martínez Cruz, del Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero, al ERPI, al igual que Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, de la Organización de Pueblos Indígenas Me’pha. En el movimiento están Eulalia González, de la Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones por la Democracia, a la que se señala como parte del ELN, y José Luis Arroyo Castro, del Consejo Cívico Comunitario “Lucio Cabañas Barrientos”, identificado con Tendencia Democrática Revolucionaria. *La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, varios de cuyos líderes, como Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero y su hermano Cirino, jefe de uno de los grupos de las policías comunitarias, tienen procesos judiciales abiertos. La UPOEG opera en territorios controlados por la banda criminal de Los Rojos, que fue el objetivo declarado del grupo Guerreros Unidos, cuando atacó a los normalistas en Iguala. Abrir los cuarteles a estos grupos es permitir que los enemigos del Estado Mexicano –el EPR, la organización guerrillera que es paraguas de todos, le tiene declarada la guerra-, entren por la puerta frontal a la casa de los militares. Guardada toda proporción, es como si el presidente François Hollande hubiera permitido que células extremistas hubieran entrado al Centro de Operaciones del Ministerio del Interior mientras dirigió la persecución contra los terroristas de París, o el presidente Barack Obama abriera la puerta a talibanes en las bases militares en Afganistán. Esta es una idea tan disparatada, que a nadie se le ocurriría en Francia o Estados Unidos siquiera pensarla. En México no es un disparate sino una decisión presidencial. Con esta medida, no sólo las Fuerzas Armadas son obligadas a arrodillarse ante los grupos antisistémicos, sino que queda expuesta la seguridad nacional de la nación. Abrir los cuarteles permitirá a los ojos entrenados que entrarán con los padres de los normalistas, ver la disposición de las instalaciones, el tipo de fortificación interna, los sistemas de seguridad y el tamaño de las bases. En aquellos países donde sus ejércitos tienen relación de cooperación e intercambio con el mexicano, tampoco deberán estar tranquilos de lo que sucede. Lo más secreto que guardan los países son su estructura militar. En México, se les autorizó un tour por las bases militares. Aunque no hay muchas señales públicas de lo que esta decisión debe estar causando entre los generales y los comandantes de tropa, es impensable que esta decisión no esté generando mucha tensión y molestia en las filas castrenses. Por mucho menos, en el pasado, los militares se han molestado. Las Fuerzas Armadas mexicanas se caracterizan por su institucionalidad, pero los políticos no pueden abusar. Un mal uso de ellas provocó la herida incurable de 1968, y una rebelión sutil del secretario de la Defensa Clemente Vega ante el presidente Vicente Fox, impidió otro desastre castrense en 2005. En el caso del presidente Peña Nieto está peor: le pidió al Ejército que se callen la boca, que abran sus cuarteles y que sirvan de anfitriones a sus enemigos. Peor, imposible.

Guerrero: empezó la insurrección: Raymundo Riva Palacio (análisis)

12 noviembre 2014

Las imágenes dan la vuelta al mundo. El salón de sesiones del Congreso de Guerrero en llamas. Las sedes del PRI y el PAN, destrozadas. Ataques a propiedad de multinacionales y las vías de comunicación cercenadas. Las autoridades estatales no despachan en sus oficinas porque están tomadas, y gobiernan a salto de mata. Hay una insurrección en curso en Guerrero, que pretende la creación de un ente autónomo de la Federación.

Bajo la causa legítima de la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, grupos antisistémicos están operando activamente en el estado y proyectando caos, ingobernabilidad y un gobierno arrodillado. Un documento del CISEN indica que el EPR y el ERPI, junto con sus organizaciones fachada, que se encuentran en el frente de masas que moviliza la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), las policías comunitarias y una parte del clero radical, impulsan la consolidación de La línea de la Esperanza.

Este proyecto comprende el corredor indígena que cruza Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde los maestros disidentes de la Coordinadora son la parte más activa de esta insurrección. Los municipios donde se concentra la fuerza de la insurrección son Acatepec, Ahuacuotzingo, Ajuchitán del Progreso, Ayutla, Coyuca de Catalán, Malinaltepec, Metlátonoc, Olinaláy Tecoanapa, donde operan las guerrillas del EPR, el ERPI, Tendencia Democrática Revolucionaria del Ejército del Pueblo, el Comando Justiciero 28 de Junio y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo. El EPR, fundado en 1996, en el aniversario de la matanza de Aguas Blancas, es quien aglutina al movimiento armado que tras varios años de esfuerzos, hoy está unificado.

Tras los hechos en Iguala se reactivaron y comenzaron a emitir comunicados con una frecuencia como nunca antes en su historia. Se puede alegar que en la crisis política y el pasmo del gobierno federal actual, observaron condiciones para su lucha. Los comunicados tienen como propósito la propaganda, pero en términos estratégicos son utilizados para comunicarse con sus células y darles instrucciones. La violencia contra objetivos específicos comenzó después que se difundieron los comunicados. Tras iniciarse la insurrección, la frecuencia de ellos disminuyó notablemente.

La falla en el diagnóstico sociopolítico de lo que se había detonado detrás de la causa legítima de los normalistas desaparecidos, se sumó a la todavía incapacidad gubernamental para entender que los retos en Guerrero tienen varios frentes. Tampoco ha sido del todo comprendido en los medios mexicanos y mucho menos en los internacionales. La violencia no tiene que ver directamente con los sucesos de Iguala, aunque personas vinculadas estrechamente con los familiares de las víctimas, forman parte del frente de masas guerrillero.

Los maestros y el clero radical, articulados dentro de estas organizaciones fachada, son quienes organizan la violencia callejera en acciones que pueden ser consideradas de propaganda armada. Es decir, trabajan en la proyección de imágenes de ausencia de gobierno, inestabilidad y caos, que contribuyan al debilitamiento del Estado y a forzar que el gobierno federal pierda el consenso para gobernar y que en su desesperación incurra en una represión generalizada que sólo alimentará aún más la lucha rebelde.

La CETEG la encabeza Ramos Reyes Guerrero, quien está relacionado con el Ejército de Liberación Nacional, una escisión del EPR que secuestró al abogado panista Diego Fernández de Cevallos en 2010. Opera desde Tlapa de Comonfort, en la Región de la Montaña y tiene como lugartenientes, vinculados también con las guerrillas, según el CISEN, a los maestros Pedro Eligio Cabañas en Cualac –hermano de Lucio Cabañas, el dirigente guerrillero histórico–, Taurino Rojas, simpatizante del EPR, en Metlatónoc, y Florencio Andréu Castañeda, en Olinalá. Otros líderes del magisterio disidente, como Minervino Morán, que fue pieza activa en la toma de la ciudad de México por los maestros el año pasado, es simpatizante del ERPI.

Morán pertenece al Frente Popular Revolucionario (FPR), organización paraguas y fachada de la guerrilla, que encabeza Omar Garibay Guerra, y que se encuentra dentro del Movimiento Popular Guerrerense (MPG),del que es líder Ubaldo Segura Pantoja, dirigente de la Unión Social Independiente de Pueblos Indígenas, que es un frente del EPR, donde participa activamente Bertoldo Martínez Cruz, que dirige el Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero y el Comité Contra la Tortura y la Impunidad, al que vincula el CISEN con el ERPI.

En el MPG, cuya función central es articular los vínculos a nivel nacional, está el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que dirige Abel Barrera, y cuyo asesor jurídico, abogado de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, es Vidulfo Rosales, quien ha participado en actos de organizaciones fachada del ERPI. También se encuentra la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, en la que cuando menos tres de sus dirigentes son jefes del ERPI: Ernesto Gallardo, comandante Neto, Gonzalo Torres, comandante Gonzalo, y Crisóforo García, comandante Guerrero, y la Red Guerrerense de Derechos Humanos, que encabeza Manuel Olivares, defensor y adoctrinador en Ayotzinapa, señalado por las autoridades como simpatizante del ERPI.

El árbol de la insurrección en Guerrero no es algo nuevo. Los sabían los órganos de inteligencia del Estado Mexicano y no se hizo nada. Tampoco alertaron al presidente Enrique Peña Nieto lo que se cocinaba en Guerrero. La desaparición de los normalistas significó el detonante para que empezara la marcha de esa rebelión contra las instituciones que hoy, tienen desbordado al centro del país.

 

Iguala: el engaño al Presidente (III)

La recomendación al presidente Enrique Peña Nieto de encapsular la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa al declarar que los hechos en Iguala eran un asunto que debían arreglar los guerrerenses, regaló 15 días a grupos políticos y armados dentro y fuera de la ley, que avizoraron que a través de una causa legítima podían comenzar una rebelión. El mes que discutieron en Los Pinos si convenía o no presionar al gobernador Ángel Heladio Aguirre a pedir licencia, les facilitó el incendio del estado. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, repitió erróneamente que el crimen era del fuero común, sin entender él, ni Aurelio Nuño, el jefe de la Oficina de la Presidencia, que en Iguala no sólo se había cometido un crimen, sino que empezó la contrarreforma nacional. No lo diagnosticaron ellos; no se percató el Presidente.

Actuar como Poncio Pilatos las dos primeras semanas en Guerrero es el mayor error político de Peña Nieto y de su gobierno, que envuelto por la endogamia política de su Presidencia, no le permitió ver a él ni a su equipo que la insurrección social en el corazón de la cuenca del descontento fue alimentado, probablemente en forma inopinada, por el grupo compacto en su entorno. El punto de inflexión para entender lo que se vive en Guerrero fue la captura de la maestra Elba Esther Gordillo en febrero de 2013, con el argumento que eliminarla como líder del magisterio, allanaría al camino de la Reforma Educativa.

Desde el interior del gobierno advirtieron que el análisis era equivocado, y que si creían que meter a la cárcel a la maestra era la solución, no entendían su rol en el magisterio. Como sucede regularmente en la burbuja donde está encerrado el Presidente, descalificaron las opiniones. 

Cuando fue detenida, le sugirieron a Osorio Chong que en esa coyuntura se capturara también a los jefes de la Coordinadora, un docena de maestros disidentes principalmente en Oaxaca, y con el liderazgo descabezado, iniciar su renovación. Se hizo lo contrario.

Desde la Secretaría de Gobernación, por intermediación del subsecretario del ramo, Luis Miranda -compadre del Presidente-, empoderaron a la Coordinadora magisterial. De cinco entidades donde operaban, Miranda, con el respaldo de Osorio Chong y Nuño, la creció a 23, y obligaron a varios gobernadores a darles interlocución. Les regalaron plazas, contra lo que establece la Reforma Educativa, y más de 12 mil millones de pesos. Poder y dinero, lo que nunca imaginaron antes, por la gracia de Los Pinos y Bucareli.

El alegato ante el Presidente era que así tendrían controlada a la oposición magisterial. En Michoacán llevaron la racional al extremo. Por sugerencia del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo, Alfredo Castillo –que depende de facto de Nuño-, se designó como subsecretario de Educación Básica a Rafael Mendoza Castillo, ideólogo de la Coordinadora, y que quiere la abrogación de la Reforma Educativa. Esta semana, los maestros disidentes michoacanos iniciaron protestas con el pretexto de la desaparición de los normalistas, sumándose a la rebelión, que públicamente encabeza la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), la que en el mes de indecisiones del gobierno de Peña Nieto, articularon a la oposición social y al frente de masas de los movimientos armados.

¿Sabrá el Presidente que en Guerrero se articularon las fuerzas legales y las guerrillas en torno a la causa legítima para que aparezcan los 43 normalistas de Ayotzinapa, que son las que están causando la violencia en aquél estado? Dentro del gobierno sabían que esto podría suceder. De hecho, un grupo de coordinación para Guerrero, compuesto por más de una veintena de funcionarios, se daba cita los sábados en el CISEN. Encabezado por el director del órgano de inteligencia, Eugenio Imaz, participaban representantes del área política de Gobernación –Imaz tiene como jefe inmediato a Osorio Chong-, del Ejército, la Marina, la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal, y el gobierno de Guerrero.

Uno de los documentos -de marzo de 2014- que analizaron, establece en el mapa de riesgos lo que la vinculación entre el magisterio disidente y la guerrilla, que llaman “subversión”, podía generar en el estado. “No hay vínculos orgánicos entre el magisterio disidente de Guerrero y la subversión”, sostiene, pero a través de las relaciones personales, probaba los enlaces y el trabajo coordinado entre sus líderes. Su existencia generaba alerta, y en el documento se anticipan entre los riesgos:

1.- Pueden desviar recursos económicos para las organizaciones subversivas y su frente político (que incluyen organizaciones de derechos humanos y policías comunitarios).

2.- La confluencia del magisterio y subversión en el Movimiento Popular Guerrerense pueden detonar escenarios de confrontación.

3.- Proliferación y escalamiento de conflictos sociales en diversas regiones de la entidad por actores CETEG-subversión.

La información les había llegado de Guerrero, pero no se alertó al Presidente. Por razones desconocidas, dieron carpetazo a todo el trabajo y desde hace más de cuatro meses, no se reúne el grupo. El equipo que hacía seguimiento de los movimientos armados prácticamente se desintegró y se dejaron sueltos los cabos que hoy mueven las manos violentas en el estado. Son públicos, visibles y altamente activos quienes hoy tienen arrinconado al Presidente y al gobierno. Lo sabían en el gobierno pero no hicieron nada entonces, ni, parece, ahora.

Guerrero: empezó la insurrección (IV y fin)

Las imágenes dan la vuelta al mundo. El salón de sesiones del Congreso de Guerrero en llamas. Las sedes del PRI y el PAN, destrozadas. Ataques a propiedad de multinacionales y las vías de comunicación cercenadas. Las autoridades estatales no despachan en sus oficinas porque están tomadas, y gobiernan a salto de mata. Hay una insurrección en curso en Guerrero, que pretende la creación de un ente autónomo de la Federación.

Bajo la causa legítima de la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, grupos antisistémicos están operando activamente en el estado y proyectando caos, ingobernabilidad, y un gobierno arrodillado. Un documento del CISEN indica que el EPR y el ERPI, junto con sus organizaciones fachada, que se encuentran en el frente de masas, que moviliza la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), las policías comunitarias y una parte del clero radical, impulsan la consolidación de La línea de la Esperanza.

Este proyecto comprende el corredor indígena que cruza Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde los maestros disidentes de la Coordinadora son la parte más activa de esta insurrección. Los municipios donde se concentra la fuerza de la insurrección son Acatepec, Ahuacuotzingo, Ajuchitán del Progreso, Ayutla, Coyuca de Catalán, Malinaltepec, Metlátonoc, Olinalá y Tecoanapa, donde operan las guerrillas del EPR, el ERPI, Tendencia Democrática Revolucionaria del Ejército del Pueblo, el Comando Justiciero 28 de Junio, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo. El EPR, fundado en 1996, en el aniversario de la matanza de Aguas Blancas, es quien aglutina al movimiento armado que tras varios años de esfuerzos, hoy está unificado.

Tras los hechos en Iguala se reactivaron y comenzaron a emitir comunicados con una frecuencia como nunca antes en su historia. Se puede alegar que en la crisis política y el pasmo del gobierno federal en actual, observaron condiciones para su lucha. Los comunicados tienen como propósito la propaganda, pero en términos estratégicos, son utilizados para comunicarse con sus células y darles instrucciones. La violencia contra objetivos específicos comenzó después que se difundieron los comunicados. Tras iniciarse la insurrección, la frecuencia de ellos disminuyó notablemente.

La falla en el diagnóstico sociopolítico de lo que se había detonado detrás de la causa legítima de los normalistas desaparecidos, se sumó a la todavía incapacidad gubernamental para entender que los retos en Guerrero tienen varios frentes. Tampoco ha sido del todo comprendido en los medios mexicanos y mucho menos en los internacionales. La violencia no tiene que ver directamente con los sucesos de Iguala, aunque personas vinculadas estrechamente con los familiares de las víctimas, forman parte del frente de masas guerrillero.

Los maestros y el clero radical, articulados dentro de estas organizaciones fachada, son quienes organizan la violencia callejera en acciones que pueden ser consideradas de propaganda armada. Es decir, trabajan en la proyección de imágenes de ausencia de gobierno, inestabilidad y caos, que contribuyan al debilitamiento del Estado y a forzar que el gobierno federal pierda el consenso para gobernar y que en su desesperación, incurran en una represión generalizada que sólo alimentará aún más la lucha rebelde.

La CETEG la encabeza Ramos Reyes Guerrero, quien está relacionado con el Ejército de Liberación Nacional, una escisión del EPR que secuestró al abogado panista Diego Fernández de Cevallos en 2010. Opera desde Tlapa de Comonfort, en la Región de la Montaña y tiene como lugartenientes, vinculados también con las guerrillas, según el CISEN, a los maestros Pedro Eligio Cabañas en Cualac –hermano de Lucio Cabaños, el dirigente guerrillero histórico-, Taurino Rojas, simpatizante del EPR, en Metlatónoc, y Florencio Andreu Castañeda, en Olinalá. Otros líderes del magisterio disidente, como como Minervino Morán, que fue pieza activa en la toma de la ciudad de México por los maestros el año pasado, es simpatizante del ERPI.

Morán pertenece al Frente Popular Revolucionario (FPR), organización paraguas y fachada de la guerrilla, que encabeza Omar Garibay Guerra, y que se encuentra dentro del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), del que es líder Ubaldo Segura Pantoja, dirigente de la Unión Social Independiente de Pueblos Indígenas, que es un frente del EPR, donde participa activamente Bertoldo Martínez Cruz, que dirige el Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero y el Comité Contra la Tortura y la Impunidad, al que vincula el CISEN con el ERPI.

En el MPG, cuya función central es articular los vínculos a nivel nacional, está el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que dirige Abel Barrera, y cuyo asesor jurídico, abogado de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, es Vidulfo Rosales, quien ha participado en actos de organizaciones fachada del ERPI. También se encuentra la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, donde cuando menos tres de sus dirigentes son jefes del ERPI, Ernesto Gallardo, comandante Neto, Gonzalo Torres, comandante Gonzalo, y Crisóforo García, comandante Guerrero, y la Red Guerrerense de Derechos Humanos, que encabeza Manuel Olivares, defensor y adoctrinador en Ayotzinapa, señalado por las autoridades como simpatizante del ERPI.

El árbol de la insurrección en Guerrero no es algo nuevo. Los sabían los órganos de inteligencia del Estado Mexicano y no se hizo nada. Tampoco alertaron al presidente Enrique Peña Nieto lo que se cocinaba en Guerrero. La desaparición de los normalistas significó el detonante para que empezara la marcha de esa rebelión contra las instituciones que hoy, tienen desbordado al centro del país.

Guerrilla “mueve” a grupos de autodefensa y maestros

 7 enero 2014

Documentos de inteligencia sobre movimientos políticos en Guerrero ligan a líder de la CETEG con promotores de EPR, APPO y movimiento bolivariano de Venezuela.

 
De acuerdo con informes de inteligencia del Estado mexicano (documentos de los gobiernos federal y de Guerrero), a los cuales tuvo acceso MILENIO, los grupos sociales que durante 2013 estuvieron muy activos en esa entidad (como el movimiento magisterial y las policías comunitarias) fueron asesorados y penetrados por grupos guerrilleros o por miembros de diversos grupos insurgentes que operan en la entidad. Y no solo eso: pueden estarse armando (algunos con fusiles tipo AK-47) para, de considerarlo necesario, seguir sus luchas por la vía armada.

Marcados con la leyenda “CONFIDENCIAL”, los formatos y redacciones de los diagnósticos de estos casos se asemejan a los que elaboraban los cuerpos de seguridad política del régimen priista en los años 60 y 70 del siglo pasado, cuando se utilizaban para descalificar o perseguir a los opositores de izquierda, a quienes etiquetaban de “comunistas” y “subversivos”, aunque no lo fueran.

De entrada los informes analizan las actividades que durante los primeros meses del año pasado llevaron a cabo los maestros guerrerenses en la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el papel de algunos de sus líderes más visibles y quienes los asesoran. 

Por ejemplo, Minervino Morán Hernández, vocero de la agrupación de profesores, es catalogado como líder del “sector duro o ultra radical (sic)” de la CETEG.

De él se asienta que es “activista” del Partido Comunista de México Marxista-Leninista (PCMML), que es asesorado por Omar Garibay Guerra, quien es miembro de la dirección nacional del PCMML y promotor del llamado Frente Amplio por la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN) —que “sirvió de brazo político del Ejército Popular Revolucionario (EPR)”—, del Frente Popular Revolucionario (FPR) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). 

Minervino Morán, según estos expedientes, también es asesorado por Bertoldo Martínez Cruz, personaje identificado como un hombre de “marcada ideología marxista-leninista”, “preparador de la lucha armada del EPR en Guerrero” y “enlace principal entre el movimiento subversivo estatal y el nacional”.

Martínez Cruz es actualmente presidente de la organización civil Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), se asienta en uno de los documentos, en el cual se afirma que trabaja “exclusivamente a favor de personas y familias vinculadas con células de otro grupo guerrillero escindido del EPR, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”, en las zonas donde éste tiene presencia, como “las sierras de Coyuca de Catalán y Petatlán”, así como “en las zonas indígenas de la Costa Chica y La Montaña”. Martínez Cruz también formó parte de las direcciones estatal y nacional del ERPI, se afirma.

A él se le une en el documento el nombre de Raymundo Sánchez Taboada, también del CCTI. A ambos se les ubica “de manera escurridiza” en Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Estado de México y Distrito Federal, “donde hacen contacto con otros activistas del movimiento subversivo nacional e internacional”, en especial con el “bolivariano” de Venezuela.

Uno de los expedientes dentro de los documentos tiene un subtítulo elocuente: “LIGAS SUBVERSIVAS EN EL MPG”.
Se refiere al Movimiento Popular de Guerrero (MPG), el cual surgió a principios de 2013 por la suma de fuerzas de los maestros y los normalistas, como fue el caso de la Normal de Ayotzinapa, que protestaba junto con la CETEG contra la reforma educativa en la carretera de Chilpancingo hacia Acapulco, de donde sus miembros fueron desalojados por la Policía Federal.

En ese apartado, el de los supuestos nexos subversivos, se afirma que el MPG se concentró, en una segunda etapa de sus actividades, en sitios en los cuales existen “células armadas subversivas diseminadas en puntos estratégicos y localidades donde tienen presencia e influencia las policías comunitarias afines a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)”. Y fue en esas áreas de influencia guerrillera, se asienta, donde el MPG “concentra bastiones sociales de mayor apoyo”.

La conjunción de esfuerzos entre los maestros de la CETEG y las policías comunitarias de la CRAC se originó por el trabajo de otro hombre que también es analizado minuciosamente, Eliseo Villar Castillo, coordinador de la Casa de la Justicia en San Luis Acatlán.

De él se afirma que tiene “preparación política e ideológica recibida por cuadros del ERPI” en la Costa Chica. Villar Castillo y el asesor jurídico de la CRAC, Valentín Hernández Chapa, así como otro sujeto a quien se identifica como David Bracamontes Chona, se han dedicado, según se afirma, a crear policías comunitarias en 23 poblados de cuatro municipios: Ometepec, Cuajinicuilapa, Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca.

Otro líder de la CRAC, organizador de 10 grupos de policías comunitarias en sendos poblados del municipio de Ayutla, es Arturo Campos Herrera, de quien se afirma que es “promotor del ERPI desde 1998”. También se menciona a Gonzalo Molina González como reclutador de policías comunitarias en cuatro localidades de Tixtla. De él se asienta que también es “promotor del ERPI” en dicho municipio.

La estrategia final, a decir de quienes redactaron los diagnósticos, es “dar la apariencia” de que tanto los maestros como los normalistas y las policías comunitarias “tienen el poder de las armas” para, de ser necesario, continuar sus luchas por esa vía, una vez que han sido asesorados por guerrilleros, ex guerrilleros o cuadros políticos de las guerrillas.

“Cabe citar que por fuentes de inteligencia se sabe que en puntos estratégicos se están diseminando células armadas del ERPI en el corredor del cuadrilátero de la subversión (sic) entre la Costa Chica-Montaña, zona de mayor presencia de la CRAC, donde han estado recibiendo fusiles AK-47”.

En el expediente se cita un caso, el de la Casa de Justicia en El Paraíso, municipio de Ayutla, donde uno de sus coordinadores es “el erpista Bernardino García Francisco, sobreviviente de los hechos de El Charco en 1988”.

El 7 de junio de 1998 tropas del Ejército protagonizaron un  enfrentamiento con erpistas en la comunidad de El Charco, en Ayutla. En la escuela primaria del lugar pernoctaban tanto guerrilleros como civiles desarmados y las balas alcanzaron a ambos grupos. El saldo fue de 11 muertos, cinco heridos y 22 detenidos.

MÁS INVOLUCRADOS

Una organización adicional señalada como parte del MPG y que puede tener tendencias insurgentes, es el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), cuyo director, Francisco Monroy Hernández, es identificado como “parte de la estructura del ERPI en Guerrero”, encargado “de la célula en Chilpancingo”.

A él lo une “un vínculo subversivo muy marcado” con Manuel Olivares Hernández, quien a decir de quienes realizaron los análisis, formaba parte del EPR en 2006 cuando pasó a la clandestinidad para “reaparecer posteriormente como defensor de los derechos humanos en Chilapa”, en calidad de coordinador estatal de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

Se le etiqueta como “de marcada ideología marxista-leninista”, ex militante del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP, grupo guerrillero en los años 70).

El diagnóstico menciona a varios activistas más con aparentes vínculos guerrilleros y “notable poder de dirección” en la CRAC, como el ya mencionado Gonzalo Molina González, “erpista” de Tixtla, tutor de Pastor Coctecón Plateado, comandante de la policía de Acatempa.

Finalmente, en los documentos se hace un balance de la cantidad de policías comunitarias armadas afines a la CRAC. Tienen presencia en al menos 14 municipios, en 86 comunidades, y cuentan con más de 800 elementos armados con escopetas, rifles y pistolas de bajo calibre, salvo algunos elementos que ya cuentan con fusiles de alto poder.

Las policías comunitarias cercanas a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) tienen presencia en nueve municipios, 166 localidades, y cuentan con 3 mil elementos armados.

Cabe mencionar que MILENIO no pudo revisar las 18 hojas finales de uno de los documentos, ya que, por razones de “seguridad del Estado”, fueron extraídas. Sin embargo, fue posible constatar que en algunos casos se trataba de fotografías de activistas armados y vestidos con ropas bélicas, otras de síntesis de expedientes ministeriales, unas más de fotos de comandantes guerrilleros vivos y muertos, y finalmente carpetas de supuestas relaciones estrechas entre guerrilleros activos, ex guerrilleros y activistas.

Otros asesinados, aprehendidos y exiliados...

De todos los nombres mencionados en dos expedientes, uno elaborado en abril de 2013 y otro en mayo del mismo año, cuatro activistas fueron asesinados:

Arturo Hernández Cardona, de la Unidad Popular de Iguala, ultimado a balazos el 31 de mayo.
Raymundo Velázquez Flores, dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), organización fundada por el difunto guerrillero Genaro Vázquez, ejecutado a balazos el 6 de agosto.
Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), asesinada a tiros el 19 de octubre.
José Luis Olivares Enríquez, dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), ultimado a tiros el 10 de noviembre pasado.
De los nombres mencionados en los mismos informes, cuatro han sido detenidos:
Gonzalo Molina González, coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Tixtla, parte de la CRAC, detenido el 6 de noviembre pasado, acusado de secuestro, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y terrorismo.
Bernardino García Francisco, coordinador de Autoridades Comunitarias de la Casa de Justicia de El Paraíso, de la CRAC, en Ayutla de Los Libres, detenido el 21 de agosto y acusado de secuestro.
Arturo Campos Herrera, líder indígena na'ssavi (mixteco), uno de los principales artífices de las policías comun itarias en Guerrero, pues desde la Casa de Justicia de El Paraíso llevó los grupos de apoyo de la Policía Comunitaria hacia Tixtla, Olinalá, Huamuxtitlán, Cualac y Atlixtac. También es coordinador de la CRAC en Ayutla; fue detenido por secuestro agravado el 1 de diciembre pasado.
Arturo Campos Hernández, dirigente de la CRAC en la comunidad de El Paraíso, municipio de Ayutla, detenido también el 1 de diciembre, acusado por el delito de secuestro agravado.
Además de los cuatro dirigentes ejecutados y citados en los informes, el Movimiento Popular de Guerrero (MPG) ha denunciado el asesinato de otros 10 miembros. Además de la detención de los cuatro dirigentes mencionados en los documentos, el MPG ha denunciado la detención de otros nueve de sus activistas.
Otro mencionado es Vidulfo Rosales Sierra, defensor de derechos humanos, abandonó el país en mayo pasado por "falta de garantías para desarrollar su trabajo en condiciones de seguridad", según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
También citado, Cirino Plácido Valero, presidente del comisariado ejidal del ejido de Buena Vista y fundador de la CRAC, ha denunciado "amenazas de muerte", aunque ha tenido pleitos con dirigencia de esa organización.

Claves

Otro grupo armado
-El pasado 2 de diciembre hizo su aparición pública en las montañas de Guerrero el grupo autodenominado Fuerzas Armadas Revolucionarias Liberación del Pueblo (FARP-LP).
-Ante un grupo de reporteros de medios nacionales e internacionales, que fueron trasladados  durante cuatro horas hasta la sierra guerrense, una veintena de hombres embozados con capuchas, paliacates y pasamontañas leyeron un comunicado.
-En el mensaje, integrantes de las FARP-LP exigían la liberación de líderes de la CRAC y el esclarecimiento de asesinatos de distintos dirigentes sociales.