Ven nexo guerrilla-crimen en Guerrero

 Especialistas afirman que los vínculos de los grupos insurrectos tienen décadas en la entidad; asimismo señalan que a las autoridades estatales les llama la atención el surgimiento de un nue-vo grupo delincuencial conocido como Guerrillas Negras.

IGUALA.— El termómetro alcanza los 39 grados en la plaza central de este municipio guerrerense. El sol cae a plomo y obliga a los lugareños a buscar sombra bajo los árboles y a ingerir la ansiada agua de coco. Como hace décadas, el mediodía es la hora indicada para llegar a sentarse en el parque central de esta ciudad.

En la plaza ubicada frente al palacio municipal, desde donde despachaba José Luis Abarca —hoy preso en El Altiplano—, los niños corren a saludar a los integrantes de la Gendarmería que patrullan en sus unidades todo el ayuntamiento; los adultos miran con recelo a los uniformados.

Desde el pasado 26 de septiembre, cuando desaparecieron aquí los 43 normalistas de Ayotzinapa, priva la tensión y la desconfianza.

Y no es para menos. Una veintena de grupos criminales se disputan el territorio guerrerense, entre ellos algunos de corte insurgente.

Guerreros Unidos, Templarios, Familia Michoacana, Los Rojos, Los Pelones, Cártel Independiente de Acapulco, La Barredora, La Resistencia, El Vengador del Pueblo, Ejército Libertador del Pueblo, Nuevo Cártel de la Sierra, Comando Negro, Luzbel del Monte, Nueva Alianza de Guerrero, La Tejona, Los Calentanos, Pueblo Pacifista Unido, La Empresa, y el Cártel Jalisco Nueva Generación componen el coctel explosivo en Guerrero, de acuerdo con información de la Fiscalía General del estado.

Uno de ellos ha llamado la atención de autoridades federales y estatales. Se trata de Grupos Autónomos Armados —Guerrillas Negras— que el pasado 14 de noviembre amenazó con perpetrar acciones de sabotaje y homicidios de militares y policías, en lo que definieron como “venganza” contra el Estado por la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, entre otros.

Complicidad

De acuerdo con Jorge Fernández Menéndez, experto en temas de seguridad y colaborador de Excélsior, y René Jiménez Ornelas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la dualidad entre grupos subversivos y del crimen organizado siempre ha estado presente en la entidad.

Para Fernández Menéndez, desde hace muchos años en Guerrero grupos armados se fraccionaron, lo que dio origen al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Ejército Popular Revolucionario (EPR), las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) y, más recientemente, los Grupos Autónomos Armados (Guerrillas Negras).

La mayoría de estos grupos tienen conexiones en los estados de Guerrero, Oaxaca, México y el Distrito Federal, detalló Fernández Menéndez, para quien el perfil de estos grupos fluctúa entre la guerrilla y grupos delincuenciales.

Señaló que en la actualidad estos grupos subversivos, autodenominados guerrilleros, tienen fuertes vínculos con el crimen organizado e incluso con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), que se cuelgan de algunos hechos relevantes, como la muerte de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, para sus propios objetivos.

“Las relaciones existen. Si vemos lo ocurrido en Iguala,  es un enfrentamiento entre Los Rojos y Guerreros Unidos. Por supuesto que la enorme mayoría de los chavos que fueron secuestrados y asesinados no tenía nada que ver con Los Rojos; sin embargo, hay denuncias de los mismos Guerreros Unidos que señalan la intromisión de Los Rojos en la Normal Rural”.

Caso colombiano

René Jiménez Ornelas, también coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM resaltó que la dupla guerrilla-crimen organizado es un peligro constante en Guerrero.

“Existe el peligro de que, como lo vimos en Colombia, muchos de esos grupos guerrilleros, cuando metieron a los paramilitares, se fueron asociando (con el crimen organizado) al grado de que los grupos guerrilleros se convirtieron, con el tiempo, en transportadores de droga. Sí hay ese peligro”.

El investigador de la UNAM refirió que, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en 56 de los 81 municipios que integran la entidad se localiza el mayor número de sembradíos de amapola, de donde se saca la goma de opio que, al procesarla, se convierte en heroína.

Tomado de http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/09/1023177

Falso que esté ligado a un grupo de guerrilleros: Felipe de la Cruz

- Que pertenece a un grupo guerrillero, Felipe de la Cruz lo niega; que el Cisen lo dice, lo entiende.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en su espacio informativo en Radio Fórmula, el vocero de los padres de normalistas desaparecidos dijo que se puede investigar su origen y a su familia pues no tiene nada qué ver con la guerrilla.

“Es falso que esté ligado a un grupo guerrillero, ni siquiera me ha pasado por la mente”, aseguró el maestro, quien no obstante dijo que no le extraña que esa aseveración venga de una investigación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) pues fue el Estado el que cometió el crimen contra los normalistas.

“Yo soy un maestro de primaria, trabajo en Acapulco, yo no quiero pensar en guerrilla ni nada de eso”, dijo.

“Fue el Estado el que cometió este crimen (de los 43 normalistas), por eso entendemos que hagan esas declaraciones. Pueden investigar a mi familia, mi origen, no hay nada que ver con esa situación”, sostuvo.

Sobre el plan de acción a seguir en el marco del caso Iguala, De la Cruz dijo que preparan para la octava jornada nacional, reunirse con varias organizaciones.

Señaló que tras culminar su plan de acción, al final se verá la agenda para ver que cuarteles podrán visitar.

Señaló que ya están acostumbrados a las declaraciones del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, sobre que los 43 normalistas fueron asesinados, pero a ellos les llega otra información.

“A nosotros nos llega mucha información anónima a la normal, por eso insistimos en que están vivos. Nos lleva a puntos la información, todo ha sido falso, no dejamos de lado ninguna información”, dijo.

De la Cruz anunció que e lunes marcharán convocando a toda la sociedad para levantar la voz en un solo momento, “porque no es privativo de Guerrero lo que está pasando”.

Tomado de http://www.sdpnoticias.com/local/guerrero/2015/01/22/falso-que-este-ligado-a-un-grupo-de-guerrilleros-felipe-de-la-cruz

Humillación al Ejército: Raymundo Riva Palacio (análisis)

16 enero 2015 El camino al Infierno está pavimentado de buenas intenciones. Pero cuando las buenas intenciones, o traducido a términos políticos, las decisiones pragmáticas para apagar el fuego prenden la mecha en un barril lleno de pólvora, habrá que cuestionar la sensatez de tales intenciones supremas. Esta es la línea argumentativa sobre la decisión del presidente Enrique Peña Nieto, al permitir que los padres de los normalistas de Ayotzinapa, sus abogados, los maestros, los movimientos sociales y guerrilleros, escoltados por las policías comunitarias, entren a los cuarteles militares de Guerrero, Oaxaca y la ciudad de México. Arrastrado el gobierno por la crisis de la desaparición de los normalistas, que lo metió en un remolino y volteó de cabeza, justifica sus acciones como prudentes, pero que se traducen en concesiones a los grupos radicales y humillación a las Fuerzas Armadas. El camino hacia el Infierno sí está pavimentado de buenas intenciones, y para comprender lo que autorizó el presidente, hay que ver que detrás de los padres de los normalistas, entrarán a los cuarteles algunos de los grupos más radicales en el país, movimientos armados y su frente de masas, narcoguerrillas y personajes con antecedentes delincuenciales. Como botones de muestra: *El abogado visible de los familiares de los normalistas es Vidulfo Rosales, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que según documentos del gobierno federal, ha participado en actos de organizaciones ligadas al Ejército Popular Revolucionario Insurgente (ERPI). Atrás, discreto e inteligencia, se encuentra otro abogado, Manuel Olivares, el principal asesor en Ayotzinapa, quien tiene un proceso abierto por homicidio. *La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (CETEG), filial de la CNTE en Guerrero, dirigida por Ramos Reyes Guerrero, vinculado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la cual pertenecen los líderes magisteriales Taurino Rojas, simpatizante del EPR, Minervino Morán, relacionado al ERPI, y Florencio Andreu Castañeda, de Olinalá, de donde es Nestora Salgado, una activista en la cárcel acusada de secuestro, y en donde se estaba gestando hasta el momento de la detención de la estadounidense originaria de Guerrero, un nuevo movimiento armado. *El Movimiento Popular de Guerrero, el gran frente de masas guerrillero, articula los vínculos a nivel nacional. Varios de sus miembros, como Ubaldo Segura Pantoja, dirigente de la Unión Social Independiente de Pueblos Indígenas, está vinculado al EPR, o Bertoldo Martínez Cruz, del Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero, al ERPI, al igual que Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, de la Organización de Pueblos Indígenas Me’pha. En el movimiento están Eulalia González, de la Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones por la Democracia, a la que se señala como parte del ELN, y José Luis Arroyo Castro, del Consejo Cívico Comunitario “Lucio Cabañas Barrientos”, identificado con Tendencia Democrática Revolucionaria. *La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, varios de cuyos líderes, como Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero y su hermano Cirino, jefe de uno de los grupos de las policías comunitarias, tienen procesos judiciales abiertos. La UPOEG opera en territorios controlados por la banda criminal de Los Rojos, que fue el objetivo declarado del grupo Guerreros Unidos, cuando atacó a los normalistas en Iguala. Abrir los cuarteles a estos grupos es permitir que los enemigos del Estado Mexicano –el EPR, la organización guerrillera que es paraguas de todos, le tiene declarada la guerra-, entren por la puerta frontal a la casa de los militares. Guardada toda proporción, es como si el presidente François Hollande hubiera permitido que células extremistas hubieran entrado al Centro de Operaciones del Ministerio del Interior mientras dirigió la persecución contra los terroristas de París, o el presidente Barack Obama abriera la puerta a talibanes en las bases militares en Afganistán. Esta es una idea tan disparatada, que a nadie se le ocurriría en Francia o Estados Unidos siquiera pensarla. En México no es un disparate sino una decisión presidencial. Con esta medida, no sólo las Fuerzas Armadas son obligadas a arrodillarse ante los grupos antisistémicos, sino que queda expuesta la seguridad nacional de la nación. Abrir los cuarteles permitirá a los ojos entrenados que entrarán con los padres de los normalistas, ver la disposición de las instalaciones, el tipo de fortificación interna, los sistemas de seguridad y el tamaño de las bases. En aquellos países donde sus ejércitos tienen relación de cooperación e intercambio con el mexicano, tampoco deberán estar tranquilos de lo que sucede. Lo más secreto que guardan los países son su estructura militar. En México, se les autorizó un tour por las bases militares. Aunque no hay muchas señales públicas de lo que esta decisión debe estar causando entre los generales y los comandantes de tropa, es impensable que esta decisión no esté generando mucha tensión y molestia en las filas castrenses. Por mucho menos, en el pasado, los militares se han molestado. Las Fuerzas Armadas mexicanas se caracterizan por su institucionalidad, pero los políticos no pueden abusar. Un mal uso de ellas provocó la herida incurable de 1968, y una rebelión sutil del secretario de la Defensa Clemente Vega ante el presidente Vicente Fox, impidió otro desastre castrense en 2005. En el caso del presidente Peña Nieto está peor: le pidió al Ejército que se callen la boca, que abran sus cuarteles y que sirvan de anfitriones a sus enemigos. Peor, imposible.

Guerrero: empezó la insurrección: Raymundo Riva Palacio (análisis)

12 noviembre 2014

Las imágenes dan la vuelta al mundo. El salón de sesiones del Congreso de Guerrero en llamas. Las sedes del PRI y el PAN, destrozadas. Ataques a propiedad de multinacionales y las vías de comunicación cercenadas. Las autoridades estatales no despachan en sus oficinas porque están tomadas, y gobiernan a salto de mata. Hay una insurrección en curso en Guerrero, que pretende la creación de un ente autónomo de la Federación.

Bajo la causa legítima de la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, grupos antisistémicos están operando activamente en el estado y proyectando caos, ingobernabilidad y un gobierno arrodillado. Un documento del CISEN indica que el EPR y el ERPI, junto con sus organizaciones fachada, que se encuentran en el frente de masas que moviliza la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), las policías comunitarias y una parte del clero radical, impulsan la consolidación de La línea de la Esperanza.

Este proyecto comprende el corredor indígena que cruza Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde los maestros disidentes de la Coordinadora son la parte más activa de esta insurrección. Los municipios donde se concentra la fuerza de la insurrección son Acatepec, Ahuacuotzingo, Ajuchitán del Progreso, Ayutla, Coyuca de Catalán, Malinaltepec, Metlátonoc, Olinaláy Tecoanapa, donde operan las guerrillas del EPR, el ERPI, Tendencia Democrática Revolucionaria del Ejército del Pueblo, el Comando Justiciero 28 de Junio y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo. El EPR, fundado en 1996, en el aniversario de la matanza de Aguas Blancas, es quien aglutina al movimiento armado que tras varios años de esfuerzos, hoy está unificado.

Tras los hechos en Iguala se reactivaron y comenzaron a emitir comunicados con una frecuencia como nunca antes en su historia. Se puede alegar que en la crisis política y el pasmo del gobierno federal actual, observaron condiciones para su lucha. Los comunicados tienen como propósito la propaganda, pero en términos estratégicos son utilizados para comunicarse con sus células y darles instrucciones. La violencia contra objetivos específicos comenzó después que se difundieron los comunicados. Tras iniciarse la insurrección, la frecuencia de ellos disminuyó notablemente.

La falla en el diagnóstico sociopolítico de lo que se había detonado detrás de la causa legítima de los normalistas desaparecidos, se sumó a la todavía incapacidad gubernamental para entender que los retos en Guerrero tienen varios frentes. Tampoco ha sido del todo comprendido en los medios mexicanos y mucho menos en los internacionales. La violencia no tiene que ver directamente con los sucesos de Iguala, aunque personas vinculadas estrechamente con los familiares de las víctimas, forman parte del frente de masas guerrillero.

Los maestros y el clero radical, articulados dentro de estas organizaciones fachada, son quienes organizan la violencia callejera en acciones que pueden ser consideradas de propaganda armada. Es decir, trabajan en la proyección de imágenes de ausencia de gobierno, inestabilidad y caos, que contribuyan al debilitamiento del Estado y a forzar que el gobierno federal pierda el consenso para gobernar y que en su desesperación incurra en una represión generalizada que sólo alimentará aún más la lucha rebelde.

La CETEG la encabeza Ramos Reyes Guerrero, quien está relacionado con el Ejército de Liberación Nacional, una escisión del EPR que secuestró al abogado panista Diego Fernández de Cevallos en 2010. Opera desde Tlapa de Comonfort, en la Región de la Montaña y tiene como lugartenientes, vinculados también con las guerrillas, según el CISEN, a los maestros Pedro Eligio Cabañas en Cualac –hermano de Lucio Cabañas, el dirigente guerrillero histórico–, Taurino Rojas, simpatizante del EPR, en Metlatónoc, y Florencio Andréu Castañeda, en Olinalá. Otros líderes del magisterio disidente, como Minervino Morán, que fue pieza activa en la toma de la ciudad de México por los maestros el año pasado, es simpatizante del ERPI.

Morán pertenece al Frente Popular Revolucionario (FPR), organización paraguas y fachada de la guerrilla, que encabeza Omar Garibay Guerra, y que se encuentra dentro del Movimiento Popular Guerrerense (MPG),del que es líder Ubaldo Segura Pantoja, dirigente de la Unión Social Independiente de Pueblos Indígenas, que es un frente del EPR, donde participa activamente Bertoldo Martínez Cruz, que dirige el Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero y el Comité Contra la Tortura y la Impunidad, al que vincula el CISEN con el ERPI.

En el MPG, cuya función central es articular los vínculos a nivel nacional, está el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que dirige Abel Barrera, y cuyo asesor jurídico, abogado de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, es Vidulfo Rosales, quien ha participado en actos de organizaciones fachada del ERPI. También se encuentra la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, en la que cuando menos tres de sus dirigentes son jefes del ERPI: Ernesto Gallardo, comandante Neto, Gonzalo Torres, comandante Gonzalo, y Crisóforo García, comandante Guerrero, y la Red Guerrerense de Derechos Humanos, que encabeza Manuel Olivares, defensor y adoctrinador en Ayotzinapa, señalado por las autoridades como simpatizante del ERPI.

El árbol de la insurrección en Guerrero no es algo nuevo. Los sabían los órganos de inteligencia del Estado Mexicano y no se hizo nada. Tampoco alertaron al presidente Enrique Peña Nieto lo que se cocinaba en Guerrero. La desaparición de los normalistas significó el detonante para que empezara la marcha de esa rebelión contra las instituciones que hoy, tienen desbordado al centro del país.

 

Iguala: el engaño al Presidente (III)

La recomendación al presidente Enrique Peña Nieto de encapsular la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa al declarar que los hechos en Iguala eran un asunto que debían arreglar los guerrerenses, regaló 15 días a grupos políticos y armados dentro y fuera de la ley, que avizoraron que a través de una causa legítima podían comenzar una rebelión. El mes que discutieron en Los Pinos si convenía o no presionar al gobernador Ángel Heladio Aguirre a pedir licencia, les facilitó el incendio del estado. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, repitió erróneamente que el crimen era del fuero común, sin entender él, ni Aurelio Nuño, el jefe de la Oficina de la Presidencia, que en Iguala no sólo se había cometido un crimen, sino que empezó la contrarreforma nacional. No lo diagnosticaron ellos; no se percató el Presidente.

Actuar como Poncio Pilatos las dos primeras semanas en Guerrero es el mayor error político de Peña Nieto y de su gobierno, que envuelto por la endogamia política de su Presidencia, no le permitió ver a él ni a su equipo que la insurrección social en el corazón de la cuenca del descontento fue alimentado, probablemente en forma inopinada, por el grupo compacto en su entorno. El punto de inflexión para entender lo que se vive en Guerrero fue la captura de la maestra Elba Esther Gordillo en febrero de 2013, con el argumento que eliminarla como líder del magisterio, allanaría al camino de la Reforma Educativa.

Desde el interior del gobierno advirtieron que el análisis era equivocado, y que si creían que meter a la cárcel a la maestra era la solución, no entendían su rol en el magisterio. Como sucede regularmente en la burbuja donde está encerrado el Presidente, descalificaron las opiniones. 

Cuando fue detenida, le sugirieron a Osorio Chong que en esa coyuntura se capturara también a los jefes de la Coordinadora, un docena de maestros disidentes principalmente en Oaxaca, y con el liderazgo descabezado, iniciar su renovación. Se hizo lo contrario.

Desde la Secretaría de Gobernación, por intermediación del subsecretario del ramo, Luis Miranda -compadre del Presidente-, empoderaron a la Coordinadora magisterial. De cinco entidades donde operaban, Miranda, con el respaldo de Osorio Chong y Nuño, la creció a 23, y obligaron a varios gobernadores a darles interlocución. Les regalaron plazas, contra lo que establece la Reforma Educativa, y más de 12 mil millones de pesos. Poder y dinero, lo que nunca imaginaron antes, por la gracia de Los Pinos y Bucareli.

El alegato ante el Presidente era que así tendrían controlada a la oposición magisterial. En Michoacán llevaron la racional al extremo. Por sugerencia del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo, Alfredo Castillo –que depende de facto de Nuño-, se designó como subsecretario de Educación Básica a Rafael Mendoza Castillo, ideólogo de la Coordinadora, y que quiere la abrogación de la Reforma Educativa. Esta semana, los maestros disidentes michoacanos iniciaron protestas con el pretexto de la desaparición de los normalistas, sumándose a la rebelión, que públicamente encabeza la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), la que en el mes de indecisiones del gobierno de Peña Nieto, articularon a la oposición social y al frente de masas de los movimientos armados.

¿Sabrá el Presidente que en Guerrero se articularon las fuerzas legales y las guerrillas en torno a la causa legítima para que aparezcan los 43 normalistas de Ayotzinapa, que son las que están causando la violencia en aquél estado? Dentro del gobierno sabían que esto podría suceder. De hecho, un grupo de coordinación para Guerrero, compuesto por más de una veintena de funcionarios, se daba cita los sábados en el CISEN. Encabezado por el director del órgano de inteligencia, Eugenio Imaz, participaban representantes del área política de Gobernación –Imaz tiene como jefe inmediato a Osorio Chong-, del Ejército, la Marina, la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal, y el gobierno de Guerrero.

Uno de los documentos -de marzo de 2014- que analizaron, establece en el mapa de riesgos lo que la vinculación entre el magisterio disidente y la guerrilla, que llaman “subversión”, podía generar en el estado. “No hay vínculos orgánicos entre el magisterio disidente de Guerrero y la subversión”, sostiene, pero a través de las relaciones personales, probaba los enlaces y el trabajo coordinado entre sus líderes. Su existencia generaba alerta, y en el documento se anticipan entre los riesgos:

1.- Pueden desviar recursos económicos para las organizaciones subversivas y su frente político (que incluyen organizaciones de derechos humanos y policías comunitarios).

2.- La confluencia del magisterio y subversión en el Movimiento Popular Guerrerense pueden detonar escenarios de confrontación.

3.- Proliferación y escalamiento de conflictos sociales en diversas regiones de la entidad por actores CETEG-subversión.

La información les había llegado de Guerrero, pero no se alertó al Presidente. Por razones desconocidas, dieron carpetazo a todo el trabajo y desde hace más de cuatro meses, no se reúne el grupo. El equipo que hacía seguimiento de los movimientos armados prácticamente se desintegró y se dejaron sueltos los cabos que hoy mueven las manos violentas en el estado. Son públicos, visibles y altamente activos quienes hoy tienen arrinconado al Presidente y al gobierno. Lo sabían en el gobierno pero no hicieron nada entonces, ni, parece, ahora.

Guerrero: empezó la insurrección (IV y fin)

Las imágenes dan la vuelta al mundo. El salón de sesiones del Congreso de Guerrero en llamas. Las sedes del PRI y el PAN, destrozadas. Ataques a propiedad de multinacionales y las vías de comunicación cercenadas. Las autoridades estatales no despachan en sus oficinas porque están tomadas, y gobiernan a salto de mata. Hay una insurrección en curso en Guerrero, que pretende la creación de un ente autónomo de la Federación.

Bajo la causa legítima de la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, grupos antisistémicos están operando activamente en el estado y proyectando caos, ingobernabilidad, y un gobierno arrodillado. Un documento del CISEN indica que el EPR y el ERPI, junto con sus organizaciones fachada, que se encuentran en el frente de masas, que moviliza la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), las policías comunitarias y una parte del clero radical, impulsan la consolidación de La línea de la Esperanza.

Este proyecto comprende el corredor indígena que cruza Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde los maestros disidentes de la Coordinadora son la parte más activa de esta insurrección. Los municipios donde se concentra la fuerza de la insurrección son Acatepec, Ahuacuotzingo, Ajuchitán del Progreso, Ayutla, Coyuca de Catalán, Malinaltepec, Metlátonoc, Olinalá y Tecoanapa, donde operan las guerrillas del EPR, el ERPI, Tendencia Democrática Revolucionaria del Ejército del Pueblo, el Comando Justiciero 28 de Junio, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo. El EPR, fundado en 1996, en el aniversario de la matanza de Aguas Blancas, es quien aglutina al movimiento armado que tras varios años de esfuerzos, hoy está unificado.

Tras los hechos en Iguala se reactivaron y comenzaron a emitir comunicados con una frecuencia como nunca antes en su historia. Se puede alegar que en la crisis política y el pasmo del gobierno federal en actual, observaron condiciones para su lucha. Los comunicados tienen como propósito la propaganda, pero en términos estratégicos, son utilizados para comunicarse con sus células y darles instrucciones. La violencia contra objetivos específicos comenzó después que se difundieron los comunicados. Tras iniciarse la insurrección, la frecuencia de ellos disminuyó notablemente.

La falla en el diagnóstico sociopolítico de lo que se había detonado detrás de la causa legítima de los normalistas desaparecidos, se sumó a la todavía incapacidad gubernamental para entender que los retos en Guerrero tienen varios frentes. Tampoco ha sido del todo comprendido en los medios mexicanos y mucho menos en los internacionales. La violencia no tiene que ver directamente con los sucesos de Iguala, aunque personas vinculadas estrechamente con los familiares de las víctimas, forman parte del frente de masas guerrillero.

Los maestros y el clero radical, articulados dentro de estas organizaciones fachada, son quienes organizan la violencia callejera en acciones que pueden ser consideradas de propaganda armada. Es decir, trabajan en la proyección de imágenes de ausencia de gobierno, inestabilidad y caos, que contribuyan al debilitamiento del Estado y a forzar que el gobierno federal pierda el consenso para gobernar y que en su desesperación, incurran en una represión generalizada que sólo alimentará aún más la lucha rebelde.

La CETEG la encabeza Ramos Reyes Guerrero, quien está relacionado con el Ejército de Liberación Nacional, una escisión del EPR que secuestró al abogado panista Diego Fernández de Cevallos en 2010. Opera desde Tlapa de Comonfort, en la Región de la Montaña y tiene como lugartenientes, vinculados también con las guerrillas, según el CISEN, a los maestros Pedro Eligio Cabañas en Cualac –hermano de Lucio Cabaños, el dirigente guerrillero histórico-, Taurino Rojas, simpatizante del EPR, en Metlatónoc, y Florencio Andreu Castañeda, en Olinalá. Otros líderes del magisterio disidente, como como Minervino Morán, que fue pieza activa en la toma de la ciudad de México por los maestros el año pasado, es simpatizante del ERPI.

Morán pertenece al Frente Popular Revolucionario (FPR), organización paraguas y fachada de la guerrilla, que encabeza Omar Garibay Guerra, y que se encuentra dentro del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), del que es líder Ubaldo Segura Pantoja, dirigente de la Unión Social Independiente de Pueblos Indígenas, que es un frente del EPR, donde participa activamente Bertoldo Martínez Cruz, que dirige el Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero y el Comité Contra la Tortura y la Impunidad, al que vincula el CISEN con el ERPI.

En el MPG, cuya función central es articular los vínculos a nivel nacional, está el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que dirige Abel Barrera, y cuyo asesor jurídico, abogado de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, es Vidulfo Rosales, quien ha participado en actos de organizaciones fachada del ERPI. También se encuentra la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, donde cuando menos tres de sus dirigentes son jefes del ERPI, Ernesto Gallardo, comandante Neto, Gonzalo Torres, comandante Gonzalo, y Crisóforo García, comandante Guerrero, y la Red Guerrerense de Derechos Humanos, que encabeza Manuel Olivares, defensor y adoctrinador en Ayotzinapa, señalado por las autoridades como simpatizante del ERPI.

El árbol de la insurrección en Guerrero no es algo nuevo. Los sabían los órganos de inteligencia del Estado Mexicano y no se hizo nada. Tampoco alertaron al presidente Enrique Peña Nieto lo que se cocinaba en Guerrero. La desaparición de los normalistas significó el detonante para que empezara la marcha de esa rebelión contra las instituciones que hoy, tienen desbordado al centro del país.

Guerrero despertó a movimientos armados; 11 comunicados en dos meses

21 octubre 2014

A la vista de todos, Guerrero se convirtió en el catalizador de los movimientos armados en México. Lo que en 1993 no fructificó cuando el EZLN planteó a las diferentes organizaciones que había condiciones para la insurrección, se está dando en el otoño de 2014. Las condiciones socioeconómicas en el estado no han cambiado –la pobreza impacta en 70 por ciento de la población, de los cuales 31 por ciento, 1.1 millones de personas, viven en extrema pobreza– y las promesas de ayuda federal tras los huracanes del año pasado, están incompletas –por ejemplo, 84 casas que ofreció la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, nunca se entregaron–. La política se convirtió en brazo de la delincuencia organizada y la represión se volvió un modus operandi de la autoridad. Lo que le faltaba a las guerrillas era una causa legítima que las articulara con la sociedad: 43 normalistas desaparecidos se les pusieron en el camino.

La actividad guerrillera a través de 11 comunicados entre el 30 de septiembre y el 17 de octubre pasados, revelan la articulación de los movimientos armados, dos de ellos enfrentados entre sí desde hace más de una década. Los comunicados han sido firmados por cuatro organizaciones clandestinas: el Ejército Popular Revolucionario (5); su escisión el Ejército Popular Revolucionario Insurgente (2); las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (2), que nacieron junto con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el 2 de diciembre de 2012; y de la hasta hace unos días desconocida Milicias Populares ¡Basta ya! (2), que evocan el grito del subcomandante Marcos del EZLN.

Ningún acontecimiento había logrado la unificación guerrillera de demandas y lenguajes como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en donde la responsabilidad principal ha sido transferida al gobierno federal. En su segundo comunicado del 17 de octubre, el ERPI asegura: “El Estado mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto no es neutral sino parte activa en los homicidios y desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa, pues Peña es el jefe de todas las Fuerzas Armadas del Estado mexicano incluyendo por supuesto todas las policías municipales del país”.

Esto puede parecer únicamente discurso panfletario, pero en ese comunicado agrega: “Como ha quedado reconocido por el órgano máximo de inteligencia del Estado mexicano, o sea el Cisen, estaba al tanto desde hacía mucho tiempo de las actividades del cártel a su servicio en el norte del estado de Guerrero y el estado de Morelos, y desde luego contaba con información de los nexos del presidente municipal de Iguala junto a una larga lista de funcionarios del gobierno municipal y los autores directos de los crímenes de la noche del 26 de septiembre, quienes fueron policías municipales y, a la vez sicarios”. La guerrilla se refiere al informe del Cisen publicado por El Universal el 7 de octubre, donde vincula al exalcalde de Iguala con el narcotráfico.

El alegato es sólido al señalar que el gobierno federal es responsable porque conociendo con detalle lo que sucedía en Guerrero, hizo caso omiso. “El ejército federal que estaba en su cuartel a menos de 500 metros del lugar permitió a los policías cometer los asesinatos y las desapariciones, y al igual que la Policía Ministerial y la Policía del Estado desocupó las calles de Iguala para dejar las manos libres a los criminales para que pudieran desaparecer a los estudiantes y dejar que hubiera otra agresión horas después; después le permitió huir a José Luis Abarca y a sus secuaces dándoles tiempo suficiente en complicidad con la corriente Nueva Izquierda del PRD”, afirmó el ERPI. Una vez más, la verosimilitud: en la vecindad donde sucedieron los hechos, está el cuartel del 27º Batallón de Infantería.

En su segundo comunicado firmado 12 de octubre, el EPR cuestionó que el asesinato y desaparición de normalistas en Iguala fuera una acción del crimen organizado. “De ninguna manera puede ser obra del mítico ‘crimen organizado’, ni mucho menos es un simple ‘incidente’, se trata de una masacre, de un crimen de Estado, de un crimen de lesa humanidad perpetrado dolosamente por los cuerpos policiacos, militares y paramilitares como parte de la política de terrorismo de Estado que se aplica de manera sistemática en México”, aseguró.

Para las guerrillas, los cárteles y los narcoparamilitares son parte del Estado y utilizan la guerra sucia en coordinación con las fuerzas militares para aterrorizar al pueblo organizado y a la población en general. A lo que se refieren es a la contradicción del gobierno de Peña Nieto cuando otorgó protección institucional a los grupos de autodefensa civil, aún con información que algunos de sus integrantes pertenecían a cárteles de la droga. De hecho, aún lo siguen haciendo en Michoacán.

La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa aceleró las contradicciones que viene arrastrando el gobierno federal desde el inicio de la administración, cuando a través del discurso se quiso construir la imagen que la seguridad había mejorado en el país, y lo enfocó en las reformas económicas. El frágil andamiaje político construido artificialmente sobre la hoguera de la violencia nacional, se colapsó en Guerrero y le regaló la causa que durante tanto tiempo buscaron los movimientos armados en México, que a decir de sus comunicados, encuentran en este otoño las condiciones propicias para la insurrección. En el gobierno no lo ven así. Sorpresas, suponemos, nos esperan.

Ataque a normalistas aviva a grupos guerrilleros; culpan a partidos y al “narco-Estado”

19 octubre 2014

Ciudad de México, 19 octubre (SinEmbargo).– Distintos grupos guerrilleros reconocidos por las fuerzas de seguridad del gobierno de México, han despertado en las últimas tres semanas en una actividad inusual a causa de la tragedia de los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero.

Han emitido distintos comunicados y lanzado al menos un video en el que culpan al “narco Estado” por la violencia contra ciudadanos, y a los tres principales partidos (PRI, PRD y PAN) de cómplices. En particular, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) señala a la corriente perredista conocida como “Los Chuchos”.

“Los Chuchos” decidieron ayer sábado apoyar al Gobernador Ángel Aguirre y eximirlo de cualquier responsabilidad política por los ataques a los normalistas.

El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) es el último en aparecer. En un segundo comunicado, llamó anoche a la autodefensa y culpó al “narco-Estado” por los ataques a los estudiantes. ”Se hará lo que se tenga que hacer y lo hará quien lo tenga que ejercer, sea de los nuestros o no”, advirtió. Y a partir de los eventos en Iguala, Guerrero, estos grupos han emitido una serie de comunicados cada vez con mayor frecuencia.

Guerrero es una entidad en donde estos grupos armados han hecho presencia durante décadas desde la clandestinidad. El Ejército Popular Revolucionario (EPR), brazo armado del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), nació el 28 de junio de 1996, aniversario de la matanza de campesinos de Aguas Blancas ordenada por el ex Gobernador Rubén Figueroa, quien nunca pagó por el ataque con policías.

Por el contrario, Figueroa apareció recientemente en una cena de gala junto con el actual Gobernador, Aguirre, un ex priista que ahora es miembro del PRD.

Tres estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa perdieron la vida durante un ataque perpetrado por policías de Iguala el 26 de septiembre pasado. Esa misma noche, 43 estudiantes fueron secuestrados por los elementos de seguridad, quienes presuntamente los entregaron a integrantes del crimen organizado. Hasta el momento no se sabe nada de su paradero. Los hechos violentos en la entidad, también cobraron la vida de otras tres personas, entre ellos un menor de edad jugador del equipo local de fútbol “Los Avispones”.

Una semana después de los ataques, se localizaron en Iguala cinco fosas clandestinas en donde se recuperaron 28 cadáveres, los cuales, aseguró en días pasados el Procurador de la República, José Murillo Karam, no corresponden a los 43 jóvenes desaparecidos.

Sin embargo, hasta el momento se han hallado más de una decena de fosas más de donde no se sabe el número exacto de cuerpos ni sus identidades.

Lucio Cabañas Barrientos, un símbolo en la lucha guerrillera, fue un maestro rural de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Fue líder estudiantil y después encabezó el Partido de los Pobres.

SEGUNDO COMUNICADO DEL ERPI

El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) advirtió en su segundo comunicado sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, que en el ambiente de terror del “narco-Estado” que vive México se hace necesario el ejercicio de la autodefensa.

“En el ambiente de terror del narco-Estado que vive México, se hace necesario el ejercicio de la autodefensa. Se hará lo que se tenga que hacer y lo hará quien lo tenga que ejercer, sea de los nuestros o no”, advirtió ERPI en su segundo comunicado emitido en la noche del sábado y madrugada del domingo.

En la comunicación 42 que está firmada por los comandantes Hermenegildo, Cuauhtémoc y Santiago, el ERPI responsabilizan directamente del ataque a los normalistas a “José Luis Abarca Velázquez, Presidente Municipal de Iguala; Ángel Aguirre Rivero, Gobernador del estado; Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República; el comandante del 27 Batallón de Infantería, de Iguala; Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional; Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, y Enrique Peña Nieto, Presidente de México”.

 

Y los acusan de haber constituido una “fuerza paramilitar que va más allá de sicarios y pistoleros de la delincuencia; es el Estado el que opera como sicario del narconegocio y de la ocupación de territorios que pretenden las trasnacionales”.

Finalmente advirtieron “al régimen” que será responsabilizado de cualquier acto de represión y persecución contra las y los estudiantes, maestros, comunidades y organizaciones que se están movilizando, “los organismos defensores de derechos humanos, presos y ex presos políticos y periodistas que defienden del derecho del pueblo a exigir justicia y a protegerse del terror de Estado”, detallan.

LAS FARP ACUSAN A PARTIDOS

Por su parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) también emitieron un comunicado, donde acusaron que “los tres partidos políticos y los tres niveles de gobierno son culpables” de los hechos ocurridos en Iguala. Además exigieron la presentación con vida de los estudiantes.

Los sucedido en Iguala “es consecuencia obligada de un paulatino proceso de descomposición social en todo el país. Demuestra que la base económica del país se está desmoronando. Muestra que los ‘cambios estructurales’ son sólo cambios de fachada que no conducen a nada extraordinariamente bueno: la desigualdad social sólo se agudiza día con día”, señalan.

Las FARP fue el primer grupo armado en alzar la voz. EN días pasados exigieron  la renuncia del Gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, “quien vuelve a ensangrentar sus manos en su administración, le quedó grande Guerrero, traicionó al pueblo que lo eligió, se doblegó a los intereses y ambiciones de poder, su alianza con la delincuencia organizada y el pago de favores a los amigos que lo llevaron al poder”.

En esta ocasión, las FARP señala que el tema “del crimen organizado” se ha convertido en una excusa “genial para encubrir un hecho cada vez más inocultable: ‘el crimen organizado’ es el poder político”, dicen.

Señalaron que si todas las políticas de seguridad implementadas han fracasado, se debe a que “hay una organización criminal más compleja y poderosa que pernea al propio ‘crimen organizado’ y ésta se llama gobierno mexicano”.

“Una prueba de ello es el juego perverso y tramposo con el que el gobierno del PRI trata de remarcar la innegable vinculación del PRD en los sucesos criminales de Iguala. Pero eso, en sentido estricto, se vuelca sobre el mismo PRI por una razón histórica: ¿qué es de buena parte de la dirigencia del PRD? ¿No son, muchos de ellos, mafiosos del PRI conversos a “demócratas” del PRD? El origen turbio y corrupto de esos políticos proviene del PRI, el ala mafiosa triunfante de la Revolución Mexicana. Los dirigentes más honestos del PRD quedaron atrás, en la historia, luego de ser asesinados por el PRI. Por lo demás, eso de que hay avances en el asunto de la “seguridad pública” es un argumento muy frágil. Cualquier mediocre es mejor que aquellos aspirantes a nazis que gobernaron México durante 12 años”, cuestiona las FARP.

Destacan que los “únicos referentes viables en materia de seguridad” en el país son independientes del gobierno, y hacen referencia a las policías comunitarias que se han desarrollado en diversas partes del territorio nacional.

Se solidarizaron con los familiares y compañeros de las víctimas mortales, heridos y desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre pasado. “Nos sumamos a la exigencia de que los desaparecidos sean presentados sanos y salvos”, dice el comunicado.

Advirtieron también que el actuar del gobierno federal ante el conflicto del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quienes llevan ya varias semanas en paro y exigen que se derogue el Reglamento Interno de la institución y el derecho por elegir a su nuevo director; “un espectacular acto histriónico”, dicen las FARP, sobre el diálogo que el Secretarío de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong sostuvo con los politécnicos afuera de la Segob en semanas pasadas.

Dicha acción, acusan “fue influida por los acontecimientos en Ayotzinapa y responde también a un intento inútil de ocultar su innato carácter represivo, comprobado también, con creces, en Tlatlaya, Estado de México, unas semanas antes”.

“Debemos recalcar que el origen de los principales problemas sociales en Guerrero es federal. Los grandes problemas de las escuelas normales rurales tienen su origen en el profundo desprecio hacia la educación rural por parte de todos gobiernos federales que se han sucedido en décadas… La economía federal dicta la miseria de los estados y municipios.”.

Las FARP hacen un llamado a todas las organizaciones a todos los colectivos de derechos humanos, a todos los periodistas honestos, a todos los estudiantes, a todos los profesionistas, a todos los sindicatos, a todos los colectivos, a todas las organizaciones político-militares, “a buscar la manera de construir un canal de diálogo abierto y democrático que nos permita conocernos y entendernos mejor, a estudiar con seriedad y paciencia la solución que sólo de manera independiente al gobierno deberemos resolver”.

Proponen un diálogo Nacional en México, abierto a todo el mundo, donde se discuta un plan de acción que sea dirigido por coordinadores vinculados a la academia o al periodismo y “que hayan demostrado una trayectoria seria, objetiva, honesta y solidaria hacia el movimiento social”.

“Cada tema sería calendarizado para que todas las organizaciones tuvieran tiempo de estudiarlo, razonarlo y encontrarle propuestas de solución”, explican.  ”A fuerza de olvido, desprecio y maltrato de los gobiernos federal, estatal y municipal. 

No lo olviden, LOS TRES PARTIDOS Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO SON LOS CULPABLES”.

ERPI CONTRA “NARCOS Y POLÍTICOS”

El pasado 9 de octubre, el Comité Estatal de Guerrero del ERPI convocó al interior de sus filas y al pueblo en general a conformar la “Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre” para enfrentar “en aspectos político-militares esta nueva afrenta del narcoestado mexicano y, particularmente, al cártel de sicarios del Estado, mal llamado Guerreros Unidos”.

Este es el segundo llamado en una semana que hace un grupo insurgente guerrerense para responder por la vía armada contra un narco estado refiriéndose propiamente al grupo criminal de los Guerreros Unidos, una escisión del cártel de los Beltrán Leyva.

En esta ocasión, el ERPI dijo que la corriente Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD) es cómplice de los hechos del 26 de septiembre donde tres normalistas murieron y otros 43 fueron secuestrados en Iguala por agentes municipales en complicidad con integrantes del narcotráfico. Nueva Izquierda, tribu conocida como “Los Chuchos”, llevó a la dirigencia nacional perredista a su actual presidente Carlos Navarrete.

El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente también pidió a sus integrantes y “al pueblo mexicano toda información sobre elementos, propiedades e intereses de dicho cártel y póngase a disposición de nuestro ERPI, por cualquier vía pública o secreta”.

Refirió que se vio obligado a romper el silencio por los acontecimientos que se dieron en el Estado de Guerrero.