Confirmación de espionaje

15-enero-2009
“¡Uy! Andas atrasado de noticias”, fue lo menos que me dijeron los amigos en el ciberespacio, respecto a mi blog anterior en el que comenté el libro de The Shadow Factory, de James Bamford, en el que se aludía a una enorme contratación de equipo de vigilancia electrónica de llamadas telefónicas y de Internet, pagado por el Departamento de Estado norteamericano.
Sí se adquirió el equipo. Sí costo 3 millones de dólares y la empresa adjudicada fue Verint Systems, con sede en Nueva York, y que en México representa Sogams (Sistemas Gerenciales Administrativos, SA de CV).
El texto más completo sobre el tema fue uno de la revista Contralínea en su edición de abril de 2008, en el que incluso se detallan peticiones vía IFAI al Cisen para que revele cómo quedaron esos contratos.
“(…) ante una nueva solicitud de información (0410000031407) presentada por Contralínea mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y posterior interposición de recurso de revisión (expediente 4548/07), el Cisen debió admitir la firma de 12 contratos con Sogams del 1 de diciembre de 2000 al 6 de noviembre de 2007.
De los 12 contratos reconocidos por el Cisen, considera que siete “son de carácter reservado” en todas sus partes –cuatro por un periodo de 12 años y tres, por tres años– y los cinco restantes “admiten versión pública”.
Los contratos reservados por 12 años por el Cisen se identifican con los expedientes I-2002-004, A-2003-0025, 2005-0221 y 2006-0199. Los conceptos de los contratos son: “Adquisición de equipos analizadores de alta frecuencia”, “servicio de mantenimiento y actualización de software y hardware de comunicaciones”, “servicio de mantenimiento y actualización de equipos de comunicación” y “adquisición de equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones”, respectivamente, dice Contralínea.
Hay también un par de blogs independientes y muy interesantes que abordan el tema desde la perspectiva de una nota publicada en Los Angeles Times sobre el tema, en mayo de 2007 y otro comentario al respecto.
Más allá de mi desfase informativo, sigue siendo pertinente la inquietud sobre hasta qué punto los ciudadanos mexicanos somos objeto de violación de nuestra intimidad y libertad de expresión.
También es de interés público si a cambio de que nos compraron el equipo, ahora los mexicanos tenemos qué hacerle su trabajo sucio a Estados Unidos.
Las autoridades dicen que se apegan a la ley y que no escuchan a nadie que un juez no permita y que sólo se concentran en potenciales miembros del crimen organizado.
El problema en un sistema político en sospecha permanente, con larga tradición de violación a los derechos humanos, en los que hemos encontrado con toda tranquilidad reproducidas en periódicos y medios de comunicación conversaciones de políticos, se entenderá que no podemos quedarnos tranquilos con la versión de que el gobierno cumple con la ley.
El veto a saber más de estos contratos, por cuestiones de “seguridad nacional” tendría que repensarse en función, no de darles elementos a los criminales para anticipar los pasos del gobierno (para eso pueden comprar funcionarios de la SSP y la PGR), sino para saber los alcances de esta red de espionaje, de escuchas, de intercepción de correos electrónicos y de su uso con fines más políticos que policiales.