Chiapas: narcos o activistas

27-octubre-2009
Ya lo habíamos preguntado antes: ¿a quién conviene la violencia en Chiapas? El Comité Cerezo nos envía una Acción Urgente que viene de aquella entidad. El domingo pasado, a las cuatro de la tarde, aproximadamente 40 camiones del ejército federal, policía sectorial de Chiapas, AFI y policía especializada, uniformados con casco negro y pasamontañas y fuertemente armados, ingresaron de manera arbitraria en la comunidad Predio 28 de junio, en aquella entidad, buscando narcotraficantes y “polleros”.
Desde las 10:30 de la mañana de ese día dos helicópteros con las siglas de la Procuraduría General de la República (PGR) sobrevolaron muy bajo las poblaciones de miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata–Región Carranza, entre ellas la comunidad 28 de Junio y Laguna Verde.
Según denuncias de pobladores de dicho asentamiento, los militares y policías están irrumpiendo ilegalmente en los domicilios particulares, donde de manera violenta golpean a las mujeres y niños que ahí se encuentran, así mismo las insultan, entre ellos están algunos familiares de los detenidos Roselio Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández, miembros de la organización OCEZ-RVC, quienes fueron torturados física y psicológicamente durante su ilegal captura.
Recordamos que el dirigente de la OCEZ y defensor de los derechos de los indígenas, José Manuel Hernández Martínez fue detenido el día 30 de septiembre en un operativo conjunto de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), quienes ingresaron a la comunidad vestidos de empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), vestidos con uniforme de ésa institución y sin presentar ningún documento en el momento de la detención. En dicho operativo y como consecuencia de disparos provenientes de los agentes policíacos murieron dos campesinos y dos se encuentran aún en estado grave de salud.
El día 16 de octubre del año en curso José Manuel Hernández Martínez fue trasladado del Centro de Reinserción Social de Sentenciados #14, “El Amate”, al Cefereso 4, con sede en Nayarit.
Para el Comité Cerezo, en el caso de la organización OCEZ-RVC, el Estado mexicano criminaliza la protesta social y de la defensa de los derechos humanos, ya que a partir de la detención de Hernández Martínez, el gobierno chiapaneco, a través de comunicados intenta generar un imaginario social de que se está combatiendo a narco-luchadores sociales.
El traslado ilegal a un centro federal del dirigente de la OCEZ-RVC fue justificado en el boletín 2339 del Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas, mezclando de manera dolosa su traslado con el decomiso de lo que el gobierno estatal llama "el más grande arsenal en la historia de Chiapas, y el más grande en el país, en lo que va de este 2009, entre los que se encontraban granadas, fusiles, ametralladoras, hasta un tanque 'hechizo”
Asímismo "cubriendo" la detención de Roselio Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández realizada el día 24 de octubre, ha divulgado a través de diversos medios de comunicación que dichos campesinos son miembros de la banda de "Los Pelones", grupo de narcotraficantes con presencia en ese estado.
"Estos detenidos, también incluían entre sus negocios ilícitos la trata de personas, como la extorsión a migrantes. Sus tierras han servido de centro de acopio para guardar armas y drogas, por lo que con la máscara de organización social han impedido el acceso de autoridades civiles y militares al relleno o predio "28 de Junio", para ello cuentan con supuestos 'observadores internacionales', para cubrir su actividad delictiva."
¿La OCEZ en actividades delictivas? Poco creíble. La autoridad estatal deberá demostrar sus acusaciones a cabalidad; de otra forma esto sólo es parte de una guerra sucia o de baja intendsidad en contra de opositores políticos y de quienes buscan enrareer el ambiente político en Chiapas.