Acabó mediación con EPR

16-julio-2009
La nota pasó totalmente desapercibida para los medios masivos. Primero que nada el portal del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema) lo publicó antes que nadie y nos dio la alerta a los demás. Después los de rebelión.org y un par de notas en La Jornada y EL UNIVERSAL; punto.
Sin embargo, el tema me parece de la mayor importancia: los integrantes de la que fuera la Comisión de Mediación ciudadana para coadyuvar a la búsqueda de los militantes del EPR desaparecidos, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, confirmaron su rechazo a retomar sus funciones, tal y como se los había solicitado el grupo armado el pasado 8 de junio en un comunicado.
Los mediadores -Enrique González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor y Samuel Ruiz García- señalaron “una manifiesta carencia de voluntad política del gobierno mexicano para aceptar su responsabilidad, particularmente de sus fuerzas armadas, en la comisión de crímenes de lesa humanidad” tanto durante la llamada “guerra sucia” en los años setentas como en la actualidad.
Entre las acciones que sí anunciaron que realizarán están solicitar, por medio del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la información que tienen la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición forzada de los militantes del EPR.
También indicaron que entregarán información sobre este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), además de exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que limite el fuero militar.
Los intelectuales dijeron que las condiciones que llevaron a su disolución el 22 de abril pasado no sólo persisten sino que se han agravado, aunque no abundan en qué forma fue que se acendraron, lo que sería muy útil conocer para que la opinión pública normara su criterio. Falta su balance político.
Nos queda sólo aventurar hipótesis. Primero, que persiste el desdén con el que los funcionarios de la Secretaría de Gobernación trataron a los integrantes de la Comed, y que está ampliamente documentado en el texto de disolución de la misma, aun cuando declarativamente la Segob pidió a los mediadores mantener sus funciones. No sabemos si las groserías siguieron, mismas que los mediadores no tenían –ni tienen- por qué aceptar.
Tampoco sabemos hasta qué punto habría pesado en el ánimo de los ex mediadores la intervención del secretario Ferando Gómez Mont, la semana pasada en Costa Rica, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que hizo una defensa legaloide del Estado mexicano ante el caso de la desaparición de Rosendo Radilla, en 1975, regateando a la Corte jurisdicción sobre el asunto y defendiendo el fuero militar, como si tuviera rango sagrado.
No habría que desacartar un desgaste personal de algunos mediadores, críticos acerbos de un gobierno al que no reconocen legitmidad alguna, y al que su labor en la Comed les obligaba a reconocer de facto, al tenerse que reunir y negociar con sus representantes.
Hablando de desgastes, el gobierno federal también estaría desgastado, tras el 5 de julio pasado, en que el PAN fue derrotado mayoritariamente en las urnas, lo que angostará sus márgenes de acción en éste y en otros temas de la agenda nacional.
Intercambiando opiniones con el investigador Jorge Lofredo, él me menciona algo que tampoco fue muy visible para la opinión pública pero sí para los que estuvieron de cerca en los trabajos de la Comed: su molestia, incomprensión o incomodidad por la poca difusión a sus comunicados y esfuerzos por parte de la prensa y los medios en general.
Lofredo opina que la sobrevaloración del papel de los medios de comunicación quizá fue un error de parte de la Comed, en el sentido que en búsqueda de transparentar las decisiones y los logros no siempre responde a la lógica de los medios de comunicación; hecho llamativo si se considera que varios de sus integrantes tienen una vinculación directa e inmediata con distintos medios. Los tiempos de la Comed y los medios de difusión, continúa Lofredo, por supuesto que no son los mismos y es difícil que se puedan empatar.
Sean cual fueren las razones de fondo para confirmar la disolución de la Comed –no suficientemente explicadas, insisto-, preocupa que se cierre esta vía de negociación política novedosa, que involucraba a una guerrilla activa, en un asunto que todo indica fue un crimen de lesa humanidad.
Resolver el caso por esta vía hubiera servido para sentar un buen precedente de importancia, tanto en la forma en la que el gobierno federal se habría comprometido con la solución de los casos de desaparción forzada de personas, como en la que la sociedad civil pudiera haber participado activamente, sirviendo como puente para investigar otros casos similares y equivalentes, de los cientos que se han acumulado desde los años 70 a la fecha. Lástima.