Caso Chavarría: ¿responsabilidad guerrillera?

25-agosto-2009
¿Los grupos guerrilleros serían los beneficiarios del asesinato, la semana pasada, del líder del congreso guerrerense, el perredista Armando Chavarría? Difícilmente. No imposible, pero en el tablero de opciones políticas actuales, acaso por simple modus operandi, el primer actor dispuesto a ejecutar con tiro de gracia en la cabeza a su víctima sea el crimen organizado.
La guerrilla mataría a un objetivo político, no a todos y cada uno de los integrantes del Estado al que pretende derribar. Buscaría a quien represente lo que más odia del gobierno o de los órganos de Estado (funcionarios, legisladores, jueces, etcétera) para mandar un mensaje público en una coyuntura determinada.
Ni siquiera si fuera el caso de una ejecución de purga a un miembro de su propia organización o de otros grupos armados. Ello se reivindicaría en comunicados. Se le pondría como ejemplo de que la justicia revolucionaria actuó y fue implacable. Así lo han hecho en el pasado.
En ambas lógicas no hay espacio a los ajusticiamientos privados.
En efecto,como han razonado algunos, la estructura del PRD estatal se encuentra permeada de ex guerrilleros, como lo está el PRI o la propia Universidad Autónoma de Guerrero. Los ex combatientes se reintegraron a la vida pública, electoral y académica. Son visibles, y sus filias y fobias ya son del dominio público; ninguna de las cuales parece haber llegado al borde del asesinato.
Eso, en el caso de los guerrilleros setenteros. Sobre los militantes activos, aquellos que están con un pie en las organizaciones sociales radicales pero públicas, y otro en la clandestinidad, ciertamente tienen un fértil campo por obra de la grave decomposición política, de impartición de justicia y de derechos humanos que se ha acentuado durante la administración del gobernador Zeferino Torreblanca, que ha desgobernado a favor de caciques, narcotraficantes y paramilitares al servicio de gente como Rubén Figueroa, Mario Arturo Acosta Chaparro o talamontes ligados al narco como Rogaciano Alba, al que sacaron del estado otros narcos, no el gobierno.
Aun así, los objetivos militares de una organización insurgente serían cabezas más visibles y públicas que las de Chavarría –acaso aquellas que hemos nombrado- para dar muestras de que la indignación del pueblo ha hecho justicia en uno de sus verdugos.
Ahora bien, porqué el apuro en la especulación de guerrilleros, cuando se sabe que instancias federales de procuración de justicia conocen, desde hace más de un año, que funcionarios estatales y municipales del estado de Guerrero son blanco de los narcotraficantes, resultado de la violenta disputa de plazas como Chilpancingo, Ixtapa y Acapulco, en la que autoridades locales se han quedado en medio, o han negociado –por las buenas o por las malas- con los cárteles.
La otra vertiente es que hayamos regresado a los asesinatos de perredistas guerrerenses, como los 400 que hubo durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, por motivos políticos. De ser así, sólo el tiempo y los siguientes crímenes podrían armar el rompecabezas de qué parte de la estructura perredista se estaría pretendiendo anular. Y aun en tal escenario resultaría extremo matar a los integrantes más moderados del perredismo nacional y no a los que representan la opción más radical de dicho partido, que no radican en Guerrero.
En suma, que las investigaciones del artero y condenable crimen de Armando Chavarría tienen qué ser más que serias para superar el nivel del rumor y la especulación y logren convencer a la opinión pública de las razones de su homicidio, así como la aprehensión de los culpables, intelectuales y materiales, del mismo.
Lo único que parece claro es que un hecho así sólo puede suceder en una entidad que política y socialmente se encuentra en plena descomposición.