13-agosto-2009
Se dice que con el fallo de ayer en la SCJN -que abre las puertas de la cárcel a prácticamente todos los inculpados en los hechos de la matanza de Acteal, Chiapas- se hace justicia a quienes pasaron 12 años injustamente presos. Lo cierto es que esto sólo nos regresa a como estábamos el 23 de diciembre de 1997, un día después de la masacre, sin responsables y por lo mismo sin justicia para los que murieron y sus familias.
La polarización y politización que alcanzó el caso no facilitará encontrar la verdad que, como siempre sucede, no necesariamente la tienen quienes defienden posiciones irreductibles, maniqueas y basadas sólo en consignas:
Que se está dejando libres a paramilitares, dicen unos; que el juicio que se les siguió está plagado de irregulariades documentadas que alteran el debido proceso, dicen otros. Que la Corte, Calderón y el CIDE (de donde salieron los abogados defensores de los presos) sólo están cumpliendo un plan premeditado elaborado desde los tiempos de Zedillo para apoyar a los masacradores del pueblo. Que muchos de los presos fueron detenidos con engaños y sin haber estado en el lugar de los hechos. Que fue un crimen de Estado para criminalizar la pobreza y hostigar zapatistas. Que fue el producto de años de conflictos intercomunitarios.
De entre toda esa maraña de argumentos, lo único que nos queda preguntarnos a los que no fuimos testigos directos del hecho ni conocemos el expediente:
¿Quién mató, entonces, a 45 personas el 22 de diciembre de 1997? No es cosa de que ya mañana se vayan todos a sus casas. Se tiene que comenzar de nuevo la investigación por la muerte de campesinos asesinados a mansalva, haya sido por motivos políticos, religiosos o comunitarios.
Entre los detenidos, efectivamente hay quienes hasta se pavonean de haber participado en la matanza. ¿Se aplicará tabla rasa y van a salir todos libres por las violaciones al debido proceso? ¿No hay la posibilidad de que los presos sean una mezcla de culpables e inocentes y que en ese sentido se tenga que diferenciar entre los sentenciados?
Ahora bien, si los presos fueron acusados injustamente, ¿no hay castigo para quien mintió a una autoridad federal y falseo pruebas? ¿La justicia se queda cruzada de brazos diciendo usted disculpe, sin que los que acusaron supuestamente con dolo no enfrenten las consecuencias de sus actos?
¿La PGR, vía el entonces subprocurador encargado de armar el caso, Everardo Moreno, actuó velozmente o fabricó pruebas?, ¿tampoco hay ya no digamos culpabilidad sino cuando menos responsabilidad en estas actuaciones oficiales?
¿Por qué los mismos que aplaudieron a la Corte por haber establecido que se siga la investigación por los hechos de la Guardería de Hermosillo, son los mismos que hoy la acusan de proteger poderosos y servir a la derecha? ¿No hay incongruencia en esto? O sólo es buena cuando hace lo que me gusta y absolutamente mala cuando no.
El tema es complejo y espinoso, pero debe mantenerse abierto, a la luz de la resolución de la Corte, que hoy nos deja con más preguntas que respuestas.
viernes, 5 de febrero de 2010
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