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viernes, 29 de julio de 2016

REVISIÓN HISTÓRICA DE LA GUERRILLA EN GUADALAJARA: LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS ARMADAS DEL PUEBLO (1972-1982)

(Descargar tesis en http://www.cedema.org/uploads/Zamora_Garcia-2014.pdf )


Tesis para recibir el grado de Doctor en Ciencias Sociales
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Por Jesús Zamora García





INDICE

Propuesta general de trabajo
Introducción
Ubicación del problema en un marco bibliográfico de referencia
Estructura teórica de la tesis
Deducción de la hipótesis de trabajo
Descripción segmentada de la investigación
Objetivos
Recursos para elaborar la metodología
Esquema de los cinco espacios planteados en la tesis

CAPITULO UNO. ESTADO Y CONTRA HEGEMONÍA
Un giro en la perspectiva del Estado
Confrontación y violencia espacial
Clandestinidad pre-revolucionaria
La clandestinidad como una zona de resistencia

CAPITULO DOS. LAS FRAP EN LOS EJES DE LA HISTORIA
Orígenes de la identidad del guerrillero en Guadalajara
La consolidación como un lento proceso
La comunidad de la insurgencia
Las FRAP y los silencios en la comunidad de la insurgencia
Estructuras y sujetos
Las FRAP y el espacio neutralizado
La clandestinidad

CAPITULO TRES. LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS ARMADAS DEL PUEBLO
El origen de las FRAP en Guadalajara
El secuestro de Terrence George Leonhardy en el contexto latinoamericano

CAPITULO CUATRO. ACCIONES DE LAS FRAP Y SUS EFECTOS
Los comunicados
Las excarcelaciones y las mil caras de Castro
Las detenciones

CAPITULO CINCO. EL SECUESTRO COMO ESTRATEGIA: DE ZUNO A DE LA TORRE
De Marrewe a Zuno
Zuno

CAPITULO SEIS. LA EJECUCION DE CARLOS RAMIREZ LADEWIG
Las líneas del crimen
La figura y muerte de Ramirez Ladewig
El secuestro de Juan de Dios de la Torre
La caída de Ramón Campaña López

CAPITULO SIETE. LAS FRAP Y EL ENCARCELAMIENTO
Las FRAP en oblatos
Purgas y descomposición: la muerte de David López Valenzuela
Las FRAP: octubre de 1977 como fin

CAPITULO OCHO. EL OCASO DE LAS FRAP
OBLATOS, SANTA MARTHA ACATITLA, PUENTE GRANDE Y LA AMNISTIA
29 años de cárcel para Ramón Campaña López
La efímera aparición de Armando Campaña Meza
“Caían como moscas”: El secuestro del autobús Flecha Amarilla
De Oblatos a Santa Martha Acatitla
El efecto “Cepillin”
Regreso a Jalisco y Amnistía

CONCLUSIONES
Un cierre que abre nuevas rutas
Apartado teórico-metodológico




Tomado de http://www.cedema.org/ver.php?id=7305

jueves, 2 de abril de 2015

Canceló Gobernación el acceso directo a los archivos sobre la guerra sucia


11 marzo 2015

 La Secretaría de Gobernación canceló el acceso directo a los archivos sobre la guerra sucia (ocurrida durante los años 70 y parte de los 80) y otros documentos aportados desde 2002 por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Especialistas en archivística advirtieron que si continúa esa tendencia se afectará la investigación de otros episodios históricos, como las desapariciones en el sexenio de Felipe Calderón o el incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, por citar dos ejemplos.

Hace 14 años, el gobierno federal decidió abrir los expedientes con el propósito de contribuir a esclarecer hechos del pasado. Diversas instancias aportaron documentos, como el Cisen, dependiente de Gobernación; la Secretaría de la Defensa Nacional y la cancillería.

Con base en esos documentos pudieron aclararse casos como el de Rosendo Radilla, líder social guerrerense desaparecido por militares en 1974, o el de Aleida Gallangos, quien logró localizar a su hermano, cuyos padres y ellos mismos fueron víctimas de la guerra sucia, mediante registros de inteligencia hallados en el Archivo General de la Nación (AGN).

Los expedientes del Cisen y de instancias anteriores (Dirección Federal de Seguridad) podían ser consultados en el AGN.
La búsqueda y el acceso documental eran directos. Sin embargo, ahora ya no es posible, indicaron las especialistas consultadas. De continuar esa tendencia, en adelante sólo podremos investigar el virreinato y el siglo XIX, lamentó Susana Zavala, investigadora de archivos públicos.

Es una medida arbitraria porque se niega el acceso a expedientes relacionados con violaciones a derechos humanos, además de que no hubo aviso previo a los usuarios del AGN, el cual es responsable al no oponerse a esa decisión.
Desde hace cuatro años (La Jornada, 28/3/11), María Teresa Dorantes, presidenta de Archiveros Sin Fronteras, sección México, advirtió que la Ley Federal de Archivos era un retroceso en materia de transparencia y contraria al espíritu del artículo sexto constitucional. Al entrar en vigor esa norma, en enero de 2012, alertó nuevamente acerca de los efectos del cambio.

Ahora, comentó, se está haciendo efectivo el artículo 27 y ya no pueden consultarse documentos valiosos, como los relacionados con la masacre del 2 de octubre de 1968.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha hecho referencia a medio millar de desapariciones forzadas durante la guerra sucia. El registro actual de personas extraviadas o desaparecidas indica 226 casos anteriores a 2007 y 742 de antigüedad no especificada.

Ahora, las consultas deben hacerse mediante solicitudes de información pública y su obtención podría resultar en textos con datos suprimidos.

El AGN explica en su página electrónica que la Ley Federal de Archivos regula el acceso a documentos históricos con información confidencial. El artículo 27 de esa norma señala que conservará el carácter confidencial por 30 años o por 70 años cuando los documentos incluyan datos personales.

Lo anterior implica que en dichos archivos se encuentran documentos con información confidencial que aún no se puede difundir ni son susceptibles de acceso.

Por tanto, agrega el AGN, para orientar a los archivos históricos en relación con el procedimiento a seguir para una adecuada atención de las solicitudes de acceso a documentos histórico-confidenciales, remite las consultas al proceso estipulado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su reglamento y demás norma aplicable.



Periódico La Jornada

Miércoles 11 de marzo de 2015, p. 9

domingo, 24 de febrero de 2013

Publica la Secretaría de Gobernación la semblanza de Rosendo Radilla,el campesino desaparecido por el Ejército en 1974


Posted on feb 24, 2013

Chilpancingo

La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó, obligada por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), la semblanza del campesino guerrerense Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido-desaparecido por el Ejército en 1974.

El documento de más de 100 páginas es titulado Señores, soy campesino. Semblanza de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido y en él, el gobierno mexicano se disculpa de las atrocidades que cometió en el período de la guerra sucia y reconoce lo que negó por décadas, que el Estado lo desapareció.

Está basado en un libro biográfico que escribió la profesora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) e hija del luchador social, Andrea Radilla Martínez, en testimonios de sus 11 hijas y su hijo y en un trabajo de la psicóloga Jimena Antillón de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Si bien el título evita decir que quienes lo desaparecieron fueron efectivos del Ejército, en el transcurso de la lectura no queda duda de que hubo violación sistemática de los derechos humanos de cientos de guerrerenses por las fuerzas castrenses.

El caso Radilla es emblemático del actuar de los soldados contra la población civil y eso lo deja claro el texto, pues publica en su anexo número uno la lista de los nombres completos de 609 desaparecidos en esa época, sólo en Atoyac de Álvarez, de los cuales la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), tiene un expediente de cada uno de ellos.

El título del texto son palabras rescatadas de un corrido de Radilla Martínez que se llama El Guerrillero y que como todos los corridos que se tienen de él, por audiocassettes, se reproducen en el documento.

Pero El Guerrillero marca la pauta del libro que publica la Segob porque la primera estrofa: Señores soy campesino / del estado de Guerrero / me quitaron mis derechos / y me hicieron guerrillero, es el prefacio y más adelante se justifica el movimiento armado de Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vásquez Rojas debido a la represión que ejerció el gobernador Raúl Caballero Aburto, quien estuvo al frente de la administración de 1957 a 1961 y no logró terminar su cargo debido a la presión social.

“Raúl Caballero Aburto rebasó los límites soportables por los gobernados y provocó que en todo el estado se formaran coaliciones populares… las demandas populares fueron planteadas dentro de los cauces legales. Una vez agotados estos medios y teniendo la represión como respuesta, el nivel de participación se expresó en el plano clandestino”, se lee en la página 16.

Incluso justifica que el emblemático guerrillero Lucio Cabañas Barrientos haya dejado su profesión de maestro de primaria para irse a la sierra y conformar la guerrilla, porque después de un conflicto magisterial el 18 de mayo de 1967 “las autoridades de Atoyac habían acallado las voces de descontento masacrando a la población”. Fue cuando las mujeres sacaron entre sus rebozos a Cabañas y éste se refugió en la sierra, relata el texto.

En el perfil biográfico de Radilla Pacheco, se destaca la afición del luchador social por el cultivo del café y su labor como ganadero y cómo su arduo trabajo lo llevó a ser un líder de su pueblo, porque resolvía conflictos personales y del municipio. Así lo relata una de sus hijas, Andrea Radilla Martínez “(la casa) siempre estaba llena de gente que lo buscaba por cualquier tipo de problemas. Para pedir a una novia raptada o huida, para los gastos de una boda, para sacar a un preso, para un enfermo que no tenía dinero”.

Del trabajo que hizo por Atoyac, en el libro se relata que promovió la primaria Modesto Alarcón, de la escuela secundaria federal Número 14, la escuela secundaria técnica del Río de Santiago y la escuela primaria Lázaro Cárdenas”.

“Como presidente municipal realizó la construcción de los primeros cuatro puestos del mercado municipal, adquirió el primer camión de limpieza y gestionó la construcción del cuartel militar”, agrega.

Además de su activismo, su labor en el campo y el cuidado de sus 11 hijas y un hijo, Radilla Martínez se daba el tiempo para componer corridos con sentido social. Escribió para resaltar las figuras de Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vásquez Rojas y relató la matanza del 18 de mayo en Atoyac. Todos sus corridos se reproducen en el libro.

En el apartado “Guerrero y la guerra sucia”, el texto da cuenta de que en la entidad se realizaron 14 campañas militares y “quedaron suspendidas de hecho las garantías constitucionales y la violación a los derechos humanos era algo cotidiano”.

Ese período, del que no se especifican fechas en el libro pero que transcurre de 1967 (año en el que Lucio Cabañas inicia la guerrilla) a 1974 (año en que es desaparecido Rosendo Radilla) una de sus hijas dice que “el Ejército llegó a Atoyac y el pueblo fue militarizado”.

“El glorioso y respetado Ejército mexicano que defendería a nuestra nación, como lo describía nuestro padre, estaba acabando con el pueblo. Mataba y desaparecía a ciudadanos a sangre fría y sin misericordia. Hombres sin escrúpulos convertidos en asesinos. El rostro de Rosendo Radilla cambió, ya no reía, su gesto era de preocupación y se sentía impotente por no poder defender a su gente, la Constitución que usaba para defenderse no tenía validez”, recuerda su hija.

Ante esa circunstancia, el campesino guerrerense decidió enviar a su familia a la capital del estado, lo que le generó muchos gastos y le impidió seguir con su vida cotidiana, no podía trabajar y tenía que comprar lo que antes producía, recuerda su hija “debíamos comprar alimentos que en Atoyac teníamos. Fuimos desplazados de nuestro pueblo”.


(Tomado de http://suracapulco.mx/archivos/68371 )

sábado, 23 de febrero de 2013

Corte suprema uruguaya dice prescriben crímenes en dictadura militar


22 febrero 2013

MONTEVIDEO- La Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró el viernes inconstitucional artículos clave de una ley que permitía juzgar violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar de 1973 a 1985, lo que dejó en un limbo legal a decenas de procesos abiertos contra ex uniformados.

La decisión fue adoptada para un caso específico pero tiene el potencial de convertirse en un fuerte antecedente para nuevos juicios o todos aquellos que están en curso.

Unas 200 personas murieron y miles fueron torturadas y abusadas en dictadura, mientras que otras debieron exiliarse. El actual presidente de Uruguay, José Mujica, es un ex guerrillero que estuvo preso durante el régimen militar.

El fallo del máximo tribunal determinó prescriptibles los crímenes contra los derechos humanos durante el gobierno militar y los calificó como delitos comunes y no de lesa humanidad.

El portavoz de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Raúl Oxandabarat, explicó que en el sistema penal no pueden recategorizarse o declararse imprescriptibles delitos luego de ocurridos.

"Si cuando se produjo el delito no había una ley que dijera que es delito, no es delito; pero además, no se puede categorizar o modificar un delito en el tiempo cambiando la ley", dijo a Reuters.

El fallo reedita en forma indirecta la ley de Caducidad, una amnistía aprobada en diciembre de 1986 en el país tras un acuerdo entre los partidos políticos y los militares sellado durante la transición hacia la democracia.

En dos consultas populares, en 1989 y 2009, la mayoría de los votantes eligió no derogar la amnistía.

Reacciones

Las reacciones a la decisión de la SCJ fueron inmediatas desde el oficialismo y organizaciones a favor del enjuiciamiento de militares.

"Lo de la Suprema Corte es un acto más de amparo de los terroristas de Estado. Le están haciendo los mandados a los terroristas de Estado", dijo Irma Leites, portavoz de la organización Plenaria, Memoria y Justicia.

"Es una decisión (...) violatoria de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó a Uruguay", dijo el legislador Luis Puig, del izquierdista Partido por la Victoria del Pueblo, cuyos fundadores desaparecieron durante la dictadura.

La CIDH intimó a Uruguay en marzo de 2011 a que ofreciera todas las garantías para resolver el caso y hallar los restos desaparecidos de la nuera del poeta argentino Juan Gelman.

Mujica fracasó en el pasado en sus intentos por anular la ley de amnistía, pero luego optó por impulsar la nueva norma y logró que fuera sancionada por el Congreso en octubre del 2011, días antes de que los crímenes prescribieran.


Desde la cárcel donde cumple su condena por la desaparición forzosa de personas en vuelos clandestinos, el coronel retirado Jorge Silveira dijo a Reuters que la ley impugnada "no tiene ni pies ni cabeza".

"Me alegro (por la sentencia) porque iba a venir una cantidad de personas detenidas y ya estamos pagando nosotros por todo, que queden contentos. No hay problema", agregó.

Para la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos, esta decisión de la corte no sorprende.

"Cuando se trataba (el proyecto de ley) en las comisiones de las cámaras leíamos los informes de diferentes catedráticos y sabíamos que había una corriente de juristas que opinaban que no era viable", dijo Ignacio Errandonea, integrante de ese colectivo.

Efectos

Dado que el fallo de la SCJ fue para un caso específico, en el cual dos coroneles son acusados de presuntos delitos durante el período dictatorial, el rumbo que tomen otros juicios dependerá de cada magistrado. Y los casos que ya tienen sentencia no sufrirán cambios.

"Este fallo no cancela los procedimientos", subrayó Oxandabarat.

Es que a pesar de la ley amnistía vigente, una decena de militares fueron juzgados y puestos en prisión ante excepciones legales, como el dictador Gregorio Álvarez y el ex presidente de facto Juan María Bordaberry, fallecido en julio del 2011.

Sin embargo, la sentencia "es una señal fundamental desde la cúpula de la Justicia", dijo a Reuters un magistrado vinculado al órgano bajo condición de anonimato.

El presidente del Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, coronel Jorge Puente, dijo a Reuters que la sentencia implica un "poco" de justicia y ordena las cosas frente a "aquellos que siguen buscando venganza".

"No estamos satisfechos pero estamos reconfortados en cuanto a que hay cosas que aparentemente están dando la vuelta y llegando al cauce, como este fallo", afirmó.

Por su parte, el dirigente de la central única sindical Marcelo Abdala dijo en conferencia de prensa que la decisión de la SCJ "atenta contra el anhelo democrático (...) de que se avance de forma consecuente en verdad y justicia".

"Esta SCJ es responsable de defender la impunidad de los peores delincuentes de la historia nacional, de desaparecedores, asesinos, torturadores, violadores y secuestradores de niños", dijo en un comunicado el Partido Comunista.

Por su parte, el Movimiento de Participación Popular (MPP), integrado por varios ex guerrilleros, evalúa entablar un juicio político a la SCJ.



25 febrero 2013
El País, de España

Una ley sobre la dictadura divide al Gobierno y la Justicia en Uruguay

El máximo tribunal declaró inconstitucional una norma que evita la prescripción de los delitos cometidos durante el régimen militar
Buenos Aires
 
Los 12 años de dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985 aún siguen marcando la agenda política del país. El pasado viernes, los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia declararon inconstitucional una ley aprobada en 2011 por el izquierdista Frente Amplio que evitaba la prescripción de los delitos cometidos durante el régimen militar. A consecuencia de ese fallo, emitido con cuatro votos a favor y uno en contra, el Frente Amplio convocó este lunes una concentración silenciosa ante la sede de a Suprema Corte. La senadora del Frente Lucía Topolansky, esposa del presidente José Mujica, planteó la posibilidad de promover un juicio político contra los miembros de la Corte.

Elena Zafaroni, miembro de las Madres y Familiares de Desaparecidos, indicó en conversación telefónica desde Montevideo que su asociación se sumaría a la marcha aunque considera que algunos sectores del movimiento oficialista han sido “en buena parte responsables” de que en Uruguay no se investiguen a fondo los crímenes de la dictadura.

Zafaroni, quien perdió a su marido durante la dictadura, cree que la decisión de la Corte ya se veía venir desde que el pasado 15 de febrero decidió trasladar a la jueza Mariana Mota desde la sección Penal a la Civil. Con esa decisión, Mota fue alejada de las 50 causas que investigaba en relación a detenidos y desaparecidos durante el régimen militar. “Los delitos de lesa humanidad exigen mucho estudio y especialización. Y ahora, la persona que la sustituya necesitará al menos cinco años por delante para empaparse de las 50 causas que ella llevaba”.

El periodista uruguayo Alfonso Lessa, quien ha escrito cuatro libros sobre la historia reciente del país, indicó ayer en conversación telefónica que aunque el fallo provoque indignación en los familiares, era previsible. “Este debate lleva en Uruguay 27 años, pero a los únicos que no puede sorprender es a los legisladores. En 2010 y 2011, antes de aprobar la ley, el Parlamento consultó a muchos especialistas. Y todos les dijeron que les iban a llover cataratas de recursos de inconstitucionalidad. Y a pesar de eso, decidieron aprobarla”.

La ley de 2011 invalidaba una amnistía decretada en 1986, cuando el país salió de la dictadura. Esa amnistía o “Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado” fue sometida a plebiscito en 1989 y en 2009. En las dos ocasiones, la mayor parte de los uruguayos se pronunciaron en contra del revisionismo.

“Desde el extranjero puede resultar difícil de entender”, explica Lessa. “Pero quizás es porque se ignora que en Uruguay los principales denunciados de la dictadura están presos. Y en cuanto a los dictadores… El principal, Gregorio Álvarez, se encuentra en la cárcel desde 2007; y el otro, José María Bordaberry, murió en prisión domiciliaria en 2011. La aprobación de la amnistía ocurrió hace 27 años y el golpe de Estado hace 40. A la gente joven le queda demasiado lejos esta historia.

 La coalición del Frente Amplio se vio presionada por alguno de sus sectores más radicales para aprobar la ley de 2011. Pero, en realidad hay otra parte del Frente, que aunque no lo dice públicamente, está a favor de la amnistía y coincide con el fallo de la Suprema Corte. Resulta muy significativo, por ejemplo, el silencio que mantiene el expresidente [2005-2010] Tabaré Vázquez”.

El fallo del máximo tribunal uruguayo no sólo ha provocado una fractura con el Gobierno,
 sino escisiones manifiestas dentro del izquierdista Frente Amplio. Así, a diferencia de la senadora del Frente Lucía Topolansky, partidaria de promover un juicio político a los miembros de la Corte, el director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda, declaró que acata la sentencia aunque no la comparta.


(Tomado de http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/25/actualidad/1361815854_772778.html )

Libro sobre desapariciones forzadas en México en los años 70


Presentan libro de testimonios sobre la desaparición de personas en la guerra sucia de los años 70

Posted on feb 23, 2013

Por Lourdes Chávez

Chilpancingo, Guerrero.-

El académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Álvaro López Miramontes, advirtió que el crimen organizado es utilizado por el gobierno de México y por el Pentágono estadunidense, entre otras organizaciones internacionales, como estrategia para controlar a la población y evitar movimientos de resistencia.

Sin embargo, destacó que los levantamientos de ciudadanos armados en contra la delincuencia es un proceso similar al que ocurrió hace 40 años –cuando surgió la guerrilla rural de Lucio Cabañas–, pero aclaró que en una forma diferente, porque ante la violencia, el descaro y la impunidad, la gente se defiende.

“Lo que está pasando ahora es una respuesta diferente a lo que ellos (el gobierno) esperaban, y me parece muy inteligente de parte de las comunidades que traten de defender su dignidad y su propiedad”, pero también consideró que se avecinan tiempos más difíciles.

Esto, durante la presentación del libro Desaparición forzada y terrorismo de Estado en México, que se publica a cuatro años de la muerte de la promotora de la investigación de la represión de Atoyac durante la década de los setenta, Andrea Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla, desaparecido durante la guerra sucia de los años 70.

Durante la presentación, la coordinadora de libro, Andrea Claudia Rangel, subrayó que existe un estado de impunidad terrible, y sólo yendo a las instancias internacionales se ha podido visibilizar a los desaparecidos de la guerra sucia, luego que tras largos años de búsqueda, la familia Radilla consiguió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una sentencia condenatoria para el Estado mexicano contra la desaparición forzada de Rosendo Radilla, así como de las violaciones sistemáticas y masiva de los derechos humanos en esa época.

Dijo que durante la integración de testimonios, a pesar del terror de las historias, temían quedarse cortos por la gran cantidad de desaparecidos que estaban registrando, pero añadió que fue posible concluir el proyecto porque compartieron con ellos el coraje y la tristeza.

López Miramontes y la maestra emérita de la UAG, Alejandra Cárdenas, fueron comentaristas de la edición y en la sesión de comentarios y preguntas, el académico señaló que las desapariciones forzadas del último sexenio y el actual gobierno, y que se ha estimado oficialmente en 50 mil, podrían rebasar los 120 mil, son parte de la estrategia de gobierno contra los movimientos de insurgencia.

Destacó que en 1994, cuando surgió el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, el gobierno pensaba que la pólvora de la insurgencia se trasladaría a Guerrero, pero no era tan simple, después de que el movimiento de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez fueron liquidado hasta sus raíces.

Subrayó que había miedo del gobierno que del 76 al 94 hubiera un levantamiento automático en Guerrero.

Recordó que en el 76, unos mil 500 estudiantes marcharon a la ciudad de México para recuperar lo que les había quitado el entonces gobernador Rubén Figueroa Figueroa, pero también llevaban una lista de desaparecidos firmada por huérfanos y viudas de 80 personas, “sospechábamos que eran más”, y a la fecha no hay un dato preciso de las víctimas de la guerra sucia. Desde entonces demandaron su presentación con vida, dijo.


(Tomado de http://suracapulco.mx/archivos/68263 )

jueves, 20 de diciembre de 2012

Regresa Sendero Luminoso, ¿también la "guerra sucia"?


Texto tomado de la pagina http://bit.ly/TaeEkt, que fue publicado originalmente en Al Jazeera.


Peru's Sendero Luminoso back -and the "dirty war"?

by Bill Weinberg, Al Jazeera

According to a Truth and Reconciliation Commission established ten years ago, some 70,000 people—mainly indigenous peasants—were killed or forcibly "disappeared" in Peru's war against the Maoist guerillas of the Sendero Luminoso between 1980 and 2000. Forensic teams are still exhuming mass graves in mountain villages. Now, following April's hostage crisis in the Peruvian rainforest, there is an uneasy sense of deja vu in the Andean nation.

On April 9, some 40 contract workers building a trans-Andean natural gas pipeline were seized by a surviving faction of Sendero Luminoso—the most audacious action by the guerillas in a decade. They were freed after five days, under circumstances that are still contested. The defence minister, interior minister, army chief and armed forces commander stepped down in May, all harshly criticised in the deaths of ten soldiers and police officers over the past month in the Sendero stronghold, a pocket of jungle known as the Apurímac-Ene River Valley (VRAE). That toll is already higher than the total for all of 2011, when nine soldiers and police were killed in the valley.

Many Peruvians were outraged when the father of a slain National Police officer had to trek through the jungle to find and retrieve his slain son's body, nearly three weeks after the officer went missing. He was one of three left behind after the chopper that had just dropped them in the jungle came under fire. Another officer struggled out of the jungle on his own, 17 days after being stranded in hostile territory. There were widespread accusations in the press and in Peru's congress that the men had been abandoned by the armed forces.

Dionisio Vilca, father of the missing officer César Vilca Vega, found his son's remains after hunting through the jungle for days with a local indigenous Machiguenga guide, and carried the decomposed body out, wrapped in a blanket. But - perhaps under pressure - he went to pains to make it clear to reporters that he did not accuse the armed forces of abandoning his son. The National Police Special Operations Directorate insisted it had made a vigorous search for César Vilca.

Behind the official story

President Ollanta Humala boasted that April's hostage release was an "impeccable victory" for his security forces. But press reports said the kidnapped workers walked seven hours through the jungle before reaching a village that was being used as a staging area by security forces. There, some freed hostages disputed the official story, with one telling Peru's Canal N TV: "We were freed voluntarily. Be careful with the press and armed forces saying that we have been rescued."
Journalists days later interviewed Sendero Luminoso commander Martín Quispe Palomino, AKA "Comrade Gabriel" at a jungle camp, where he said: "We asked for a ransom but we knew they [the government] wouldn't pay. We did it so that these hopeless reactionaries would send in the armed forces and we could annihilate them. This was our objective."

Lima's most prestigious daily, La Republica cited the analysis of Peru's foremost expert on Sendero Luminoso, veteran journalist Gustavo Gorriti, to the effect that the rescue mission was an "impeccable disaster". Gorriti asserted that the hostages were "kidnapped twice"—first by the guerillas, then by the security forces after they had been freed. They were apparently kept waiting in the custody of government troops for hours before Humala finally arrived at the jungle village for a photo opportunity, portraying "the farce of liberation." Gorriti said that the bus taking the freed hostages from the first settlement they reached to Kiteni—the village where the security forces established their staging area - was intercepted by the military. They were reportedly transferred to two helicopters which took them to Kiteni, where they were held for Humala's arrival—not even allowed to leave the helicopters for an hour and a half.

Adding to the confusion are discrepancies concerning the geography of the affair. Accounts widely placed the abductions in the VRAE, one of the last areas of the country that still has an active Sendero Luminoso presence. However, a closer reading reveals that they actually took place in La Convención province—in the valley of the next river to the east of the Apurímac-Ene, the Urubamba, separated from the VRAE by a mountain range. This sloppy terminology points to an elastic expansion of the definition of the VRAE, to include adjacent areas where Sendero is now active - possibly to avoid acknowledging that the insurgency is spreading.

Abuses ongoing

Receiving considerably less coverage than the controversies over abandoned troops are reports of ongoing abuses by government troops in counterinsurgency operations in the VRAE. Erasmo Gonzales Saldívar, a comunero (peasant who works communal lands) from the VRAE's Alto Lagunas sector, told the Lima daily Ojo by telephone in April that troops were firing indiscriminately at local residents, and that some 70 had been "disappeared." He said that villages and fields had been bombarded from the air, forcing several families to flee to Kiteni, the nearest town and municipal seat, where Ojo reached him. "They don't respect our children or elders; our houses and our chacras [agricultural plots] have been bombed," he said.

Jerónimo Alvarez Quipo, the Alto Lagunas "lieutenant governor" in the traditional village self-governance system, said several villagers had fled in panic from the bombardment into the jungle, and had not been seen since. He said he especially feared for their safety because they spoke little Spanish (only Quechua), and, due to their unfamiliarity with military customs, "they are not capable of waving a white flag to let the soldiers know they are not terrorists; now we do not know what will become of them".

The villagers may also face harsh privation when they are able to eventually return to their homes; they had to abandon their fresh harvest of cacao and coffee, and much of the crop may have been lost.

The entire Machiguenga community of Inkare, also in Lagunas sector, have meanwhile taken refuge in the compound of the Machiguenga Council of the Río Urubamba (COMARU) in Quillabamba, capital of La Convención province. They have received some aid from the national and municipal governments, but are facing harsh conditions. The displaced community is made up of 16 families, numbering some 120 people. The majority don't speak Spanish, and are not accustomed to wearing western-type clothes as donated by Quillabamba residents. They fled after fighting near their communities in April, and authorities are concerned about parasites and malnutrition in the COMARU compound.

The narco connection?

The VRAE column is one of two remnant Shining Path factions now active in separate zones of Peru's selva alta (high jungle—the transition zone between the Andes and the Amazon basin). The other is in the Upper Huallaga Valley, some 500 kilometers to the northwest of the VRAE.

Questions persist on whether these "neo-senderistas" really have a lineage back to the original Sendero Luminoso, and to what extent they are motivated by ideology or ambition to control the selva alta's lucrative trade in illicit coca leaf.

It is clear that they have won a support base by offering to protect coca-growing peasants from government eradication campaigns. The government has called off eradication in the VRAE in recognition of this, while (under US pressure) continuing to send in police eradication teams in areas of the Upper Huallaga. The VRAE column has recently been seeking to expand its base by issuing statements in support of the numerous peasant struggles against mining projects, now raging across Peru's sierras.

In the perennially paranoid atmosphere of Peru, there has inevitably been speculation that the government is secretly conniving with the renewed insurgency - or at least exploiting it. Lawmaker Jorge Rimarachín stirred controversy when he said that President Humala was using the February capture of "Comrade Artemio", Sendero commander in the Upper Huallaga, as a "smokescreen" to distract the public from Peru's social conflicts. He was subsequently expelled from Humala's ruling Gana Perú coalition.

One commentator, writing under the Quechua name Tankar Rau-Rau Amaru on the leftist website La Mula, asked, after Artemio's capture: "And what would happen if Sendero disappeared? The oligarchy and its press would no longer have a wolf with which to scare the ingenuous Little Red Riding Hoods of our country... If Sendero disappears, the oligarchy remains without a weapon."

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This article first appeared July 1 on Al Jazeera.

Bill Weinberg produces the website World War 4 Report, and writes widely on Latin America. He is at work on a book on indigenous struggles in the Andean nations.

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Reprinted by World War 4 Report, Oct. 29, 2012
Reprinting permissible with attribution