En comunicado emitido ayer lunes 29 de noviembre de 2010, el EPR toma nota de que la CNDH haya reconocido que hubo desaparición forzada de personas en el caso de sus militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, pero que no basta con eso, sino que se tiene que procesar alos culpables de dicho crimen.
Reconoce la labor y dispiosición de la Comed para seguir en su tarea de coadyuvancia y prolonga unilateralmente su tregua para que dichos trabajos se mantengan, aun cuando tal periodio de no activiad bélica implica, dicen que el gobierno federal expanda sus estrategias de contrainsurgencia.
Aquí el documento:
AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
El Comité Central y la Comandancia General del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario por medio de este conducto hacemos saber a la Comisión de Mediación (Comed) que nuevamente gracias a su conferencia de prensa realizada el jueves 11 de noviembre, hemos tenido conocimiento del documento que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) les envió el 9 de octubre del año en curso reafirmando las conclusiones mencionadas en su recomendación 07/2009.
Del 24 de mayo fecha de la última comunicación con nosotros de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez al 9 de octubre del 2010 fecha en que la CNDH profundizó y ratificó sus conclusiones son ya 3 años, 4 meses y 14 días, una eternidad para padres, hermanos, y familiares que aún esperan saber en qué lugar del campo militar número uno los mantiene el ejército federal en cautiverio, ya que a ellos los entregó la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJEO).
Poco tiempo si lo comparamos con lo que ha tardado el Estado mexicano para reconocer el mismo delito de desaparición forzada cometido por su ejército federal en la persona de Rosendo Radilla, músico y compositor guerrerense. ¿Cuánto se tardará en reconocer y cumplimentar la recomendación hecha por la CNDH?
El delito de desaparición forzada es un delito de lesa humanidad e imprescriptible y es un delito que el Estado mexicano viene cometiendo de manera sistemática desde los años setenta, años de guerra sucia en contra de luchadores sociales de ese tiempo, guerrilleros que pertenecían al Partido de los Pobres y sobre todo con sus familias y simpatizantes, como es el caso ya emblemático de Rosendo Radilla; guerrilleros o luchadores sociales de la Liga Comunista 23 de septiembre como Jesús Piedra Ibarra por citar a uno de los más emblemáticos y nuestro compañero Joel Silva Aréstegui, jóvenes hombres y mujeres que continúan perdidos en el laberinto de la desaparición forzada.
Porque el Estado mexicano, su ejército federal y sus fuerzas represivas han cometido el delito de desaparición forzada con la más oprobiosa impunidad, imprescriptible ayer como hoy, las familias llevan sufriendo más de 30 años de dolor, más de 30 años de indignación y lucha por saber sobre su paradero, más de treinta años de exigencia a un Estado sordo, responsable en cada uno de sus representantes civiles y militares tales como es Luis Echeverría Álvarez vivo e impune, responsable directo, autor intelectual y la caterva de funcionarios que en complicidad con él cometieron el delito de lesa humanidad de desaparición forzada tales como los aún vivos y protegidos del ilegítimo Felipe Calderón que continúan cometiendo el mismo delito ahora como “asesores” de su gobierno en el área de “seguridad” razón por la que continúan impunes, en particular nos referimos a los torvos sujetos Alfonso Acosta Chaparro y a Miguel Nassar Haro por nombrar sólo algunos de esta caterva de asesinos.
La exigencia de la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (solamente), fue una solicitud de la Comed, que atendimos porque comprendemos las limitaciones que les imponen sus múltiples ocupaciones, todas no menos importantes que la de mediación y porque a pesar de sólo mencionar a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez nuestra lucha es, ha sido y seguirá siendo por la presentación con vida y en libertad de todos los jóvenes hombres y mujeres, guerrilleros y luchadores sociales que a sabiendas de los enormes riesgos que corrían y continúan corriendo adquirieron y adquieren un compromiso consigo mismos, con la clase proletaria, campesinos y con los más miserables desposeídos, explotados sin tierra, sin trabajo, sin techo, sin sal ni pan, sin voz y casi siempre sin conciencia del por qué están en la situación en que se encuentran, sin conciencia plena de su capacidad y potencial fuerza, unidos, para terminar con esta inhumana situación y transformar no sólo las políticas neoliberales sino el sistema capitalista y alcanzar para el pueblo mexicano la JUSTICIA.
Justicia para este pueblo de México que ha luchado sin escatimar su propia vida contra el coloniaje y por su independencia, contra las invasiones fallidas sobre todo de Estados Unidos; contra la dictadura porfiriana en la revolución de 1910, contra los cacicazgos y el reparto del botín, pueblo de México utilizado como carne de cañón porque el sometimiento, el despojo, el analfabetismo y la miseria bajo las cuales continúa no han permitido salvo honrosas excepciones que tome las riendas de su destino y han sido los intelectuales orgánicos o pseudointelectuales, los terratenientes y caciquillos políticos señores de horca y cuchillo quienes han usurpado al estilo de “haiga sido como haiga sido” la representación del noble pueblo mexicano.
Pero retomemos el asunto que hoy nos ocupa, porque no basta que la CNDH confirme la comisión del delito de lesa humanidad de desaparición forzada cometido por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca y el Ejército federal con nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Hace falta que, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca lo reconozca, lo admita, se haga responsable y entregue a la justicia (¿existirá?) a quienes señalaron, a quienes detuvieron a Edmundo y Gabriel, a quienes los torturaron y entregaron al psicópata general hoy retirado Alfredo Oropeza Garnica.
Hace falta que el susodicho Alfredo Oropeza Garnica sea puesto a disposición de la justicia, sea llamado a declarar quién o quiénes le entregaron a Edmundo y Gabriel, en qué estado físico los recibió, qué hizo con ellos, en qué lugar del campo militar número uno se encuentran.
Hace falta que detengan y juzguen a quienes los están torturando y a quienes son los responsables de mantenerlos “desaparecidos” en plena y flagrante indefensión jurídica y declaren quién les dio la orden para infringir la ley y los derechos humanos de nuestros compañeros de esta manera.
Hace falta que a Ulises Ruiz Ortiz se le someta a un juicio penal y político (aunque la Suprema Corte de Justicia ya lo halla exonerado por su complicidad con el Estado Mexicano) y se le juzgue por los delitos de: desaparición forzada, delito de lesa humanidad cometido no sólo contra nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez sino también contra Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, indígenas triquis y Lauro Juárez en el mismo estado de Oaxaca, luchadores sociales todos ellos.
Se le juzgue también por los delitos de detención sin orden de aprehensión, tortura, encarcelamiento y homicidio calificado de su propio pueblo movilizado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en el año de 2006, además del homicidio calificado de algunos de sus cómplices, ejecutores de sus órdenes para borrar evidencias y eliminar a los testigos.
No, no basta que la CNDH ratifique las conclusiones de su recomendación 07/2009.
Hace falta que la Procuraduría General de la República ejerza acción penal contra quienes son responsables, porque lo saben y los amparan porque son cómplices también.
Bajo estas consideraciones, solicitamos de manera atenta a la Comed continúe con el seguimiento puntual a la desaparición forzada de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, delito de lesa humanidad ya tipificado como tal e imprescriptible por la CNDH cometido por Ulises Ruiz Ortiz, a punto de dejar la gubernatura de Oaxaca con la complicidad y protección de Felipe Calderón Hinojosa, usurpador e ilegítimo presidente de la República Mexicana.
El objetivo es que las familias y amigos de nuestros compañeros Edmundo y Gabriel, la militancia de nuestro Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos que se han solidarizado en la demanda por su presentación y el pueblo de México, conozcan el paradero de nuestros compañeros a quienes continuaremos exigiendo sean presentados vivos y en libertad.
Consideramos que a cada paso que ha dado la Comed en relación a esclarecer el paradero de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez no ha encontrado una respuesta clara y contundente sin importar quién presida la Secretaría de Gobernación, no mencionemos por inútil la posición adoptada por la procuraduría militar del ejército federal.
Amamos la justicia, luchamos por ella para que ésta alcance a todos los luchadores sociales injustamente presos y al pueblo de México que se debate entre la miseria, la ignorancia, la corrupción y la impunidad propiciada por la burguesía (grupos de poder, poder fáctico, mafia, etc.) y sus gobiernos federal y estatales legales al mismo tiempo que ilegítimos y espurios como el de la República y el estado de Oaxaca en particular.
Amamos la paz, nos importa tanto la vida, como el respeto de la misma y de los derechos humanos, nos preocupan los miles de defensores de los derechos humanos, periodistas y comunicadores que asumen los riesgos que su ocupación implican en este sistema y con este gobierno federal panista.
Y porque amamos la paz y la justicia aceptamos dar una tregua de manera unilateral, tregua que si bien no nos ha paralizado en ningún momento en relación a las diversas actividades de preparación político-militar que realizamos, para lo único que ha servido es para que este gobierno federal y sus instituciones consideren y se vanaglorien de tenernos neutralizados, así como también no dejen de intentar burlarse y abusar de la buena fe de personalidades como ustedes que ahora integran la Comed utilizando tácticas dilatorias para cansarlos, desalentarlos, intentar llevarlos a la frustración, al desinterés y al olvido lo cual no conseguirán, lo sabemos de antemano por sus trayectorias y su compromiso con la verdad y la justicia.
Al Estado mexicano no le importa si estamos en tregua o no, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y su ejército federal a la par que desarrolla “su guerra contra el narcotráfico” ha intensificado la formación de grupos paramilitares cuya función es “descabezar” los movimientos populares en un intento fallido (lo sabemos muy bien) de desmovilizarlos y paralizar tanto la organización y resistencia pacífica como el avance de la organización y coordinación de las organizaciones cuya forma de lucha es la lucha armada en un intento desesperado de tener una mayor sobrevivencia a costa de la mayor explotación y expoliación de la clase obrera, del despojo de las tierras antaño ejidales a los campesinos y su expulsión convirtiéndolos en desplazados hacia las urbes en donde engrosan los cinturones de miseria ya existentes y hacia el extranjero ya sea Estados Unidos o Canadá.
La tregua solicitada por ustedes y aceptada por nosotros está sirviendo para que el Estado escale sus tácticas contrainsurgentes y opere con mayor impunidad al continuar imponiendo su Plan Mérida, es decir Plan México, remasterizado del Plan Colombia que destruyó el tejido social de ese país sin lograr su objetivo principal: acabar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC (lo que es difícil debido a su arraigo popular), pero sí dejar una estela de muerte, de desapariciones forzadas, de prisioneros de guerra, desplazados, viudas, huérfanos y padres sin hijos.
Son múltiples los argumentos que podríamos seguir dándoles acerca de la necesidad de suspender la tregua unilateral que hemos mantenido a petición de ustedes, no obstante, dejamos a su consideración la necesidad de continuar con esta loable encomienda, creemos que a pesar de lo que han enfrentado con el Estado mexicano son ustedes quienes deciden si pueden continuar con esta encomienda en el ámbito nacional e internacional o qué curso deben tomar, de todas maneras nuestro compromiso sigue en pie tanto con ustedes y nuestro pueblo.
Es también a través de ustedes que hacemos patente nuestro agradecimiento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por su firmeza en la reafirmación de sus conclusiones en la recomendación 07/2009 al gobierno del Estado de Oaxaca, al mismo tiempo que la instamos a iniciar la lucha porque sus recomendaciones se tornen vinculatorias y sean por ley obligatoriamente acatadas por las autoridades a las que estén dirigidas ya que sólo así alcanzarán la autonomía plena y dejará de ser un apéndice del Estado mexicano y sus gobiernos en turno.
A más de tres años de la detención desaparición forzada de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, no abandonamos la exigencia de su presentación con vida y en libertad, como nunca hemos abandonado a todos los detenidos desaparecidos por motivos políticos y sociales del país, a los presos políticos y de conciencia y las demandas históricas e inmediatas de nuestro pueblo, quedando demostrado una vez más que aunque nos asesinen, repriman o desaparezcan no claudicaremos y menos traicionaremos los intereses y las luchas populares.
La lucha por la transformación radical de nuestro país sigue vigente y no es un asunto de caudillismo ni de buenas voluntades, mucho menos de liderazgos aislados de las masas, todo es un proceso colectivo y en permanente movimiento, que en estos momentos demanda con urgencia la unidad de todo el pueblo.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR! ¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 46. República mexicana, a 29 de noviembre de 2010.
martes, 30 de noviembre de 2010
martes, 16 de noviembre de 2010
EPR y paramilitares oaxaqueños
AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLITICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
En el transcurso de la historia de la humanidad, son miles los ejemplo que se podrían enumeran de los encarcelamiento y de asesinatos de hombres y mujeres que se han atrevido por principios, por moral, por humanismo, por lealtad al pueblo, por conciencia social, etc., enfrentar las injusticias del sistema en contra de la inmensa mayoría de los desposeídos y explotados. Nuestro país no es la excepción y así tenemos nuestros propios héroes hombres y mujeres que lucharon por nuestro México desde la independencia hasta hoy en día, cuya suerte fue y sigue siendo el encarcelamiento y el asesinato así como la desaparición forzada, a la fecha son miles los desaparecidos y de ellos pocos son reportados y peor aun que el Estado se niega en reconocer que son desaparecidos políticos y los etiqueta como parte de la delincuencia común o las consecuencias colaterales de su “guerra contra el narcotráfico," sea cual sea el motivo la desaparición forzada es en si por una consecuencia política y por lo tanto es una desaparición política sean o no luchadores sociales.
Hoy, el Estado mexicano ha optado como política para resolver los conflictos sociales más que el encarcelamiento, el asesinato de luchadores sociales y de defensores de los derechos humanos y para tal efecto ha evolucionado su modus operandi y ha logrado que voceros y personajes de “izquierda" le hagan el juego a la política del Estado, ya que por omisión o comisión convalidan los asesinatos como el del luchador social, fundador y dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) Heriberto Pazos Ortiz, ejecutado el 23 de octubre en la ciudad de Oaxaca. Es un crimen atroz y reprobable de los gobiernos estatal y federal, es decir es un crimen de Estado.
En artículos anteriores denunciamos que lo que estaba pasando en San Juan Cópala era una maniobra del gobierno, directamente de Ulises Ruiz quien utilizó su grupo paramilitar UBISORT para crear las condiciones que le permitieran con toda la impunidad, encarcelar, asesinar o desaparecer a los verdadero luchadores sociales, en esta ocasión fue el asesinato de Heriberto Pazos y es aquí en donde entra la responsabilidad que tienen algunas organizaciones, personajes y los medios de comunicación que se dieron a la tarea de defender a capa y espada las versiones de los voceros del MULTI sin antes comprobar la veracidad de la información, por ejemplo: decir que las violaciones a mujeres y asesinatos en su organización eran realizadas por miembros del MULT, cuando en muchos de los casos dichas violaciones no ocurrieron pero no dudaron en acusarlos y las consecuencias son ya conocidas; ahora, no dudamos que hayan existido violaciones y tampoco los asesinatos que estuvieron a la vista de todos pero, tanto los autores intelectuales como materiales son Ulises y su grupo paramilitar, he aquí la trampa del gobierno para que con el uso de los medios de comunicación culparan a los del MULT y en especial a su dirigente, para que en el momento oportuno realizaran la ejecución sin que nadie chistara.
El asesinato de Heriberto Pazos representa para el Estado, en primer lugar, quitar del camino a un adversario político que le era muy incómodo, a un adversario que se caracterizó por su honestidad y su lealtad con su pueblo, a un adversario que no pudo comprar y mucho menos corromper, a un adversario que trastocaba sus intereses mezquinos.
En segundo lugar la puesta en marcha de la ejecución y asesinato de alta escuela, es decir que la ejecución la realizaron expertos en la materia, en especial de escuela contrainsurgente colombiana e israelita.
El plan Mérida no es otra cosa que el plan Colombia, y el objetivo es acabar con los que ellos creen que representen un peligro para el Estado y utilizan la supuesta lucha contra el narcotráfico para realizar sus labores de contrainsurgencia y con el pretexto de la búsqueda de guerrilleros revolucionarios torturan, asesinan e involucran con la guerrilla a luchadores sociales que luchan de manera pacífica y dentro de los marcos legales del mismo Estado.
Lo que el Estado Colombiano ha hecho en 20 años, el Estado Mexicano lo está haciendo en la mitad del sexenio, el super Bunker secreto que tanto presume Calderón es parte del Plan Mérida.
En el caso de Oaxaca los motociclistas que están o se estacionan en el patio de la procuraduría con aspecto de jóvenes inocentes, vestidos de civil son nada menos que los sicarios de Ulises Ruiz Ortiz dirigidos por personas como Jorge Franco, Pedro Hernández, Juan Manuel Vera Salinas y Manuel Moreno Rivas coordinados y protegidos por el psicópata general Alfredo Oropeza Garnica, hoy funcionando simuladamente como es el caso de Acosta Chaparro. Estos sicarios están especializados para realizar ejecuciones extrajudiciales como la de Beto Pazos y la desaparición forzada de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así que María de la Luz Candelaria Chiñas titular de la procuraduría del Estado está bien informada de la actividad de dichos sujetos, sin embargo la funcionaria ha actuado con negligencia por lo que es cómplice de dicho asesinato, de lo contrario los responsables ya estarían presos y también sabe perfectamente quien señaló a nuestros compañeros. ¿No sería Raúl Castellanos quien conocía perfectamente a uno de ellos de tiempo atrás, o Víctor Raúl Martínez Vázquez que desde los años setenta es un delator?
Existen muchas cuentas pendientes con el pueblo Oaxaqueño, cuentas que la próxima administración debe de resolver, porque de Ulises, el Pueblo oaxaqueño ya sólo espera que sea juzgado por todos los delitos cometidos, que muchos de ellos son de lesa humanidad, así esté bajo el manto protector de los pederastas y también criminales de años anteriores que continúan dirigiendo al PRI en complicidad con el gobierno federal y el PAN.
En este sentido, Gabino Cué debe corresponder y cumplir con sus promesas con el pueblo y darse la oportunidad de demostrar que en esta ocasión el pueblo no se equivocó en elegirlo, como ha sucedido en Guerrero.
Sabemos que en la nueva administración habrá muchos fantoches y oportunistas, uno que otro camaleón que en su momento desenmascararemos, pero también habrá muchos con una actitud honesta, con una trayectoria honorable para con el pueblo y a ellos apelamos para que todas las injusticias no queden impunes, de lo contrario el nuevo gobierno sería una farsa más, otra componenda, una tranza entre los mismos de siempre y un engaño para el pueblo oaxaqueño y todos aquellos que están dándoles el beneficio de la duda.
Reciba el pueblo triqui y la familia de Heriberto Pazos Ortiz nuestro pésame más sentido.
Aun en tregua, estamos pendientes.
¡POR LA PRESENTACIÓN DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 46
República Mexicana, a 15 de noviembre de 2010.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLITICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
En el transcurso de la historia de la humanidad, son miles los ejemplo que se podrían enumeran de los encarcelamiento y de asesinatos de hombres y mujeres que se han atrevido por principios, por moral, por humanismo, por lealtad al pueblo, por conciencia social, etc., enfrentar las injusticias del sistema en contra de la inmensa mayoría de los desposeídos y explotados. Nuestro país no es la excepción y así tenemos nuestros propios héroes hombres y mujeres que lucharon por nuestro México desde la independencia hasta hoy en día, cuya suerte fue y sigue siendo el encarcelamiento y el asesinato así como la desaparición forzada, a la fecha son miles los desaparecidos y de ellos pocos son reportados y peor aun que el Estado se niega en reconocer que son desaparecidos políticos y los etiqueta como parte de la delincuencia común o las consecuencias colaterales de su “guerra contra el narcotráfico," sea cual sea el motivo la desaparición forzada es en si por una consecuencia política y por lo tanto es una desaparición política sean o no luchadores sociales.
Hoy, el Estado mexicano ha optado como política para resolver los conflictos sociales más que el encarcelamiento, el asesinato de luchadores sociales y de defensores de los derechos humanos y para tal efecto ha evolucionado su modus operandi y ha logrado que voceros y personajes de “izquierda" le hagan el juego a la política del Estado, ya que por omisión o comisión convalidan los asesinatos como el del luchador social, fundador y dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) Heriberto Pazos Ortiz, ejecutado el 23 de octubre en la ciudad de Oaxaca. Es un crimen atroz y reprobable de los gobiernos estatal y federal, es decir es un crimen de Estado.
En artículos anteriores denunciamos que lo que estaba pasando en San Juan Cópala era una maniobra del gobierno, directamente de Ulises Ruiz quien utilizó su grupo paramilitar UBISORT para crear las condiciones que le permitieran con toda la impunidad, encarcelar, asesinar o desaparecer a los verdadero luchadores sociales, en esta ocasión fue el asesinato de Heriberto Pazos y es aquí en donde entra la responsabilidad que tienen algunas organizaciones, personajes y los medios de comunicación que se dieron a la tarea de defender a capa y espada las versiones de los voceros del MULTI sin antes comprobar la veracidad de la información, por ejemplo: decir que las violaciones a mujeres y asesinatos en su organización eran realizadas por miembros del MULT, cuando en muchos de los casos dichas violaciones no ocurrieron pero no dudaron en acusarlos y las consecuencias son ya conocidas; ahora, no dudamos que hayan existido violaciones y tampoco los asesinatos que estuvieron a la vista de todos pero, tanto los autores intelectuales como materiales son Ulises y su grupo paramilitar, he aquí la trampa del gobierno para que con el uso de los medios de comunicación culparan a los del MULT y en especial a su dirigente, para que en el momento oportuno realizaran la ejecución sin que nadie chistara.
El asesinato de Heriberto Pazos representa para el Estado, en primer lugar, quitar del camino a un adversario político que le era muy incómodo, a un adversario que se caracterizó por su honestidad y su lealtad con su pueblo, a un adversario que no pudo comprar y mucho menos corromper, a un adversario que trastocaba sus intereses mezquinos.
En segundo lugar la puesta en marcha de la ejecución y asesinato de alta escuela, es decir que la ejecución la realizaron expertos en la materia, en especial de escuela contrainsurgente colombiana e israelita.
El plan Mérida no es otra cosa que el plan Colombia, y el objetivo es acabar con los que ellos creen que representen un peligro para el Estado y utilizan la supuesta lucha contra el narcotráfico para realizar sus labores de contrainsurgencia y con el pretexto de la búsqueda de guerrilleros revolucionarios torturan, asesinan e involucran con la guerrilla a luchadores sociales que luchan de manera pacífica y dentro de los marcos legales del mismo Estado.
Lo que el Estado Colombiano ha hecho en 20 años, el Estado Mexicano lo está haciendo en la mitad del sexenio, el super Bunker secreto que tanto presume Calderón es parte del Plan Mérida.
En el caso de Oaxaca los motociclistas que están o se estacionan en el patio de la procuraduría con aspecto de jóvenes inocentes, vestidos de civil son nada menos que los sicarios de Ulises Ruiz Ortiz dirigidos por personas como Jorge Franco, Pedro Hernández, Juan Manuel Vera Salinas y Manuel Moreno Rivas coordinados y protegidos por el psicópata general Alfredo Oropeza Garnica, hoy funcionando simuladamente como es el caso de Acosta Chaparro. Estos sicarios están especializados para realizar ejecuciones extrajudiciales como la de Beto Pazos y la desaparición forzada de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así que María de la Luz Candelaria Chiñas titular de la procuraduría del Estado está bien informada de la actividad de dichos sujetos, sin embargo la funcionaria ha actuado con negligencia por lo que es cómplice de dicho asesinato, de lo contrario los responsables ya estarían presos y también sabe perfectamente quien señaló a nuestros compañeros. ¿No sería Raúl Castellanos quien conocía perfectamente a uno de ellos de tiempo atrás, o Víctor Raúl Martínez Vázquez que desde los años setenta es un delator?
Existen muchas cuentas pendientes con el pueblo Oaxaqueño, cuentas que la próxima administración debe de resolver, porque de Ulises, el Pueblo oaxaqueño ya sólo espera que sea juzgado por todos los delitos cometidos, que muchos de ellos son de lesa humanidad, así esté bajo el manto protector de los pederastas y también criminales de años anteriores que continúan dirigiendo al PRI en complicidad con el gobierno federal y el PAN.
En este sentido, Gabino Cué debe corresponder y cumplir con sus promesas con el pueblo y darse la oportunidad de demostrar que en esta ocasión el pueblo no se equivocó en elegirlo, como ha sucedido en Guerrero.
Sabemos que en la nueva administración habrá muchos fantoches y oportunistas, uno que otro camaleón que en su momento desenmascararemos, pero también habrá muchos con una actitud honesta, con una trayectoria honorable para con el pueblo y a ellos apelamos para que todas las injusticias no queden impunes, de lo contrario el nuevo gobierno sería una farsa más, otra componenda, una tranza entre los mismos de siempre y un engaño para el pueblo oaxaqueño y todos aquellos que están dándoles el beneficio de la duda.
Reciba el pueblo triqui y la familia de Heriberto Pazos Ortiz nuestro pésame más sentido.
Aun en tregua, estamos pendientes.
¡POR LA PRESENTACIÓN DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
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Año 46
República Mexicana, a 15 de noviembre de 2010.
miércoles, 13 de octubre de 2010
El Jefe Diego y los eperristas (análisis)
Desde la Argentina, Jorge Lofredo, investigador del Centro de Documentación de los Movimiento Armados nos envía la siguiente reflexión para compartir y comentar en colectivo. Aborda dos desapariciones: la del “Jefe” Diego Fernández de Cevallos y la de los militantes del EPR desaparecidos en 2007, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Afirma que una será, al parecer, transitoria, mientras que las otras parecen ser permanentes, es decir, radicales:
“El ‘anonimato radical’ no sólo es la connotación política que adquiere un acto realizado a partir de una identidad desconocida y cuidadosamente desvirtuada sino también de los objetivos que se ocultan mediante el engaño (sus proclamas son ‘sucias’ porque no permiten vislumbrar sus pretensiones ni sirven, para el caso, como prueba de vida), la mentira y todo aquello que no puede conocerse en forma certera con los elementos a disposición.
“Tanto, que cualquier hipótesis sobre sus protagonistas pueden ser ciertas pero también es igualmente válida cualquier otra que afirme lo contrario. En este caso se ignoran la identidad y los objetivos de los responsables, pero como existe una negociación en curso, su anonimato radical es ‘transitorio’ (la caída de cualquiera de estos elementos, por supuesto, eliminará su condición radical) pero, en esencia, no deja de ser tal.
“Sin embargo, la desaparición de los eperristas continúa siendo radical, porque tampoco existió, ni existe, al menos hasta el momento y por lo que puede saberse, negociación, contacto, razón concluyente y, como agravante definitivo, se desconoce su paradero y situación: la desaparición constituye, así, un fin en sí mismo. Su finalidad fue la desaparición y no otra cosa.
“En conclusión: tanto identidad como objetivos –convenientemente trastocados y enmascarados en el caso de Diego Fernández de Cevallos– dan forma al anonimato radical de los ‘misteriosos desaparecedores’. Es una reivindicación en nombre de nadie”.
Hasta donde entiendo –-y ya Jorge nos aclarará dicho punto en la discusión que tendremos al rato en este mismo espacio— aun cuando todos los citados personajes fueron privados de su libertad, uno lo fue por razones económicas y, quizá, políticas (esto lo sabremos con el tiempo), y los otros dos habrían sido víctimas de un hecho de desaparición forzada, hasta donde se puede saber, muy probablemente perpetrado por fuerzas del orden y, por lo mismo, un acto de lesa humanidad y grave violación de derechos humanos.
No me queda claro –y esta es una pregunta para Jorge— si a él le parece un atenuante que el secuestro sea privación temporal de la libertad, mientras que la desaparición de los eperristas parece ser permanente. Y que, por lo mismo, el primer caso es menos grave que el de los guerrilleros.
También el hecho de atar dos hechos aparentemente inconexos pudiera arrojar un subtexto en el que se sugiere que ambos hechos están conectados de alguna manera; acaso que el secuestro es represalia por las desapariciones previas. ¿Es así?
En el entendido de que sin datos duros para analizar -–apenas los comunicados de los “misteriosos desaparecedores”, en un caso, y los de los del EPR, en el otro— todo son especulaciones, quizá es probable construir un discurso lógico donde los pocos hechos conocidos hablen por sí mismos y arrojen conclusiones preliminares sobre la naturaleza de dos eventos en los que tres mexicanos han perdido su libertad.
¿Cuál es tu idea del caso?, ¿qué te dicen los comunicados de ambas partes?, ¿crees que haya vinculación entre casos?, ¿es menos grave un secuestro que una desaparición forzada?
Opina con nosotros. La tribuna está abierta.
La guerra de Sendero Luminoso
El número 2 del grupo armado peruano Sendero Luminoso, Edgar Mejía Asencios, alias camarada Izula, fue capturado este miércoles por la Policía Nacional de Perú en la región del Alto Huallaga.
Camarada Izula es lugarteniente de Florindo Eleuterio Flores-Hala, alias camarada Artemio, jefe militar de Sendero Luminoso, quien ha planteado una salida negociada a su conflicto con el Estado, lo que ha sido desestimado por el gobierno peruano.
Checa la nota completa en la Radio del Sur.
El Insurgente, del EPR
Ayer fue difundido el ejemplar número 130 del órgano de difusión y propaganda del PDPR-EPR, El Insurgente, que entre otros temas abordan los desastres sociales causados por fenónemos naturales, su rechazo a los festejos del Bicentenario y su objeción al concepto de narcoinsurgencia con el que se pretende, dicen, vincular al crimen organizado con los movimientos de lucha social.
“El ‘anonimato radical’ no sólo es la connotación política que adquiere un acto realizado a partir de una identidad desconocida y cuidadosamente desvirtuada sino también de los objetivos que se ocultan mediante el engaño (sus proclamas son ‘sucias’ porque no permiten vislumbrar sus pretensiones ni sirven, para el caso, como prueba de vida), la mentira y todo aquello que no puede conocerse en forma certera con los elementos a disposición.
“Tanto, que cualquier hipótesis sobre sus protagonistas pueden ser ciertas pero también es igualmente válida cualquier otra que afirme lo contrario. En este caso se ignoran la identidad y los objetivos de los responsables, pero como existe una negociación en curso, su anonimato radical es ‘transitorio’ (la caída de cualquiera de estos elementos, por supuesto, eliminará su condición radical) pero, en esencia, no deja de ser tal.
“Sin embargo, la desaparición de los eperristas continúa siendo radical, porque tampoco existió, ni existe, al menos hasta el momento y por lo que puede saberse, negociación, contacto, razón concluyente y, como agravante definitivo, se desconoce su paradero y situación: la desaparición constituye, así, un fin en sí mismo. Su finalidad fue la desaparición y no otra cosa.
“En conclusión: tanto identidad como objetivos –convenientemente trastocados y enmascarados en el caso de Diego Fernández de Cevallos– dan forma al anonimato radical de los ‘misteriosos desaparecedores’. Es una reivindicación en nombre de nadie”.
Hasta donde entiendo –-y ya Jorge nos aclarará dicho punto en la discusión que tendremos al rato en este mismo espacio— aun cuando todos los citados personajes fueron privados de su libertad, uno lo fue por razones económicas y, quizá, políticas (esto lo sabremos con el tiempo), y los otros dos habrían sido víctimas de un hecho de desaparición forzada, hasta donde se puede saber, muy probablemente perpetrado por fuerzas del orden y, por lo mismo, un acto de lesa humanidad y grave violación de derechos humanos.
No me queda claro –y esta es una pregunta para Jorge— si a él le parece un atenuante que el secuestro sea privación temporal de la libertad, mientras que la desaparición de los eperristas parece ser permanente. Y que, por lo mismo, el primer caso es menos grave que el de los guerrilleros.
También el hecho de atar dos hechos aparentemente inconexos pudiera arrojar un subtexto en el que se sugiere que ambos hechos están conectados de alguna manera; acaso que el secuestro es represalia por las desapariciones previas. ¿Es así?
En el entendido de que sin datos duros para analizar -–apenas los comunicados de los “misteriosos desaparecedores”, en un caso, y los de los del EPR, en el otro— todo son especulaciones, quizá es probable construir un discurso lógico donde los pocos hechos conocidos hablen por sí mismos y arrojen conclusiones preliminares sobre la naturaleza de dos eventos en los que tres mexicanos han perdido su libertad.
¿Cuál es tu idea del caso?, ¿qué te dicen los comunicados de ambas partes?, ¿crees que haya vinculación entre casos?, ¿es menos grave un secuestro que una desaparición forzada?
Opina con nosotros. La tribuna está abierta.
La guerra de Sendero Luminoso
El número 2 del grupo armado peruano Sendero Luminoso, Edgar Mejía Asencios, alias camarada Izula, fue capturado este miércoles por la Policía Nacional de Perú en la región del Alto Huallaga.
Camarada Izula es lugarteniente de Florindo Eleuterio Flores-Hala, alias camarada Artemio, jefe militar de Sendero Luminoso, quien ha planteado una salida negociada a su conflicto con el Estado, lo que ha sido desestimado por el gobierno peruano.
Checa la nota completa en la Radio del Sur.
El Insurgente, del EPR
Ayer fue difundido el ejemplar número 130 del órgano de difusión y propaganda del PDPR-EPR, El Insurgente, que entre otros temas abordan los desastres sociales causados por fenónemos naturales, su rechazo a los festejos del Bicentenario y su objeción al concepto de narcoinsurgencia con el que se pretende, dicen, vincular al crimen organizado con los movimientos de lucha social.
lunes, 11 de octubre de 2010
Guerrillas de ultraderecha gringas
Si puede, échele un ojo a la revista Time de esta semana, cuya historia de portada es un reportaje del premio Pulitzer Barton Gellman sobre la milicias extremistas de Estados Unidos, aquellas que inflamadas de un exacerbado nacionalismo y patrioterismo se han organizado militarmente para hacerle frente a todo aquello que desde su muy fundamentalista visión, pone en riesgo a los ciudadanos estadounidenses, a su territorio o a su estilo de vida.
Son grupos paramilitares de extrema derecha, que quieren expulsar de su territorio a amenazas como los inmigrantes mexicanos o los terroristas árabes, y ayudar a sus comunidades en casos de desastres naturales, ataques bacteriológicos o un colapso económico.
Aun cuando se dicen defensores de sus instituciones, aseguran estar dispuestos a oponerse a su gobierno si éste pretendiera aumentar impuestos o controlar el libre flujo de armas, todo lo cual por cierto creen que quiere Barack Obama, “el presidente negro de origen musulmán” que actualmente los gobierna.
Si fuera el caso, no dudarán en declararse en rebeldía y actuar como comandos guerrilleros con tal de defender las que llaman sus libertades. La CIA y el FBI les tienen echado el ojo, como un foco rojo de su seguridad nacional.
Manejan discursos de odio, pero se dicen distantes de organizaciones supremacistas tipo Ku Klux Klan o neo nazis. Se sienten ejércitos serios y regulares, con entrenamiento marcial de primer orden y armamento igual de serio.
Aunque persiguen fines comunes y tienen en Obama y los demócratas un enemigo común, tampoco comulgan con los seguidores del Tea Party, que ha aglutinado una serie de políticos de ultraderecha emanados del Partido Republicano, tipo Sarah Palin, y líderes de opinión como Glenn Beck, comentarista de la conservadora y anti-oabamista cadena Fox de televisión.
Las milicias de ultraderecha no creen en los partidos políticos, ni están por la postulación de candidatos propios, como está promoviendo el Tea Party. Por el contrario, se dicen hombres de acción, de ejecución rápida y no de votos ni de cabildeos.
Suelen ser rancheros del Sur y Medio Este estadounidense, decididos a suplir lo que les parece son negligencias de su gobierno para cuidar la frontera de aliens o para perseguir sospechosos de ser terroristas, lo que en estos días se traduce en perseguir a todo aquel que tenga apariencia o nombre árabe.
Están las Fuerzas de Defensa de Ohio, los Minuteman (que ya conocemos por sus historias de cazadores de migrantes en Arizona), las Milicias Hutaree de Michigan y las Milicias Ciudadanas de Georgia, entre otros. No actúan coordinados, aunque sí se conocen y respetan mutuamente.
De sus filas han egresado individuos todavía más radicales, los “lobos solitarios”, que lo mismo han balaceado museos del Holocausto, que intentando poner una bomba en la Casa Blanca.
No son enteramente clandestinos, aunque sus tácticas apuntan en el sentido de la secrecía y el reclutamiento discreto y selectivo de sus miembros, los que deben estar preparados física y emocionalmente para el combate.
Su naturaleza es guerrera y, por lo pronto, están esperando el menor pretexto para declararle la guerra al gobierno estadounidense.
Son grupos paramilitares de extrema derecha, que quieren expulsar de su territorio a amenazas como los inmigrantes mexicanos o los terroristas árabes, y ayudar a sus comunidades en casos de desastres naturales, ataques bacteriológicos o un colapso económico.
Aun cuando se dicen defensores de sus instituciones, aseguran estar dispuestos a oponerse a su gobierno si éste pretendiera aumentar impuestos o controlar el libre flujo de armas, todo lo cual por cierto creen que quiere Barack Obama, “el presidente negro de origen musulmán” que actualmente los gobierna.
Si fuera el caso, no dudarán en declararse en rebeldía y actuar como comandos guerrilleros con tal de defender las que llaman sus libertades. La CIA y el FBI les tienen echado el ojo, como un foco rojo de su seguridad nacional.
Manejan discursos de odio, pero se dicen distantes de organizaciones supremacistas tipo Ku Klux Klan o neo nazis. Se sienten ejércitos serios y regulares, con entrenamiento marcial de primer orden y armamento igual de serio.
Aunque persiguen fines comunes y tienen en Obama y los demócratas un enemigo común, tampoco comulgan con los seguidores del Tea Party, que ha aglutinado una serie de políticos de ultraderecha emanados del Partido Republicano, tipo Sarah Palin, y líderes de opinión como Glenn Beck, comentarista de la conservadora y anti-oabamista cadena Fox de televisión.
Las milicias de ultraderecha no creen en los partidos políticos, ni están por la postulación de candidatos propios, como está promoviendo el Tea Party. Por el contrario, se dicen hombres de acción, de ejecución rápida y no de votos ni de cabildeos.
Suelen ser rancheros del Sur y Medio Este estadounidense, decididos a suplir lo que les parece son negligencias de su gobierno para cuidar la frontera de aliens o para perseguir sospechosos de ser terroristas, lo que en estos días se traduce en perseguir a todo aquel que tenga apariencia o nombre árabe.
Están las Fuerzas de Defensa de Ohio, los Minuteman (que ya conocemos por sus historias de cazadores de migrantes en Arizona), las Milicias Hutaree de Michigan y las Milicias Ciudadanas de Georgia, entre otros. No actúan coordinados, aunque sí se conocen y respetan mutuamente.
De sus filas han egresado individuos todavía más radicales, los “lobos solitarios”, que lo mismo han balaceado museos del Holocausto, que intentando poner una bomba en la Casa Blanca.
No son enteramente clandestinos, aunque sus tácticas apuntan en el sentido de la secrecía y el reclutamiento discreto y selectivo de sus miembros, los que deben estar preparados física y emocionalmente para el combate.
Su naturaleza es guerrera y, por lo pronto, están esperando el menor pretexto para declararle la guerra al gobierno estadounidense.
lunes, 20 de septiembre de 2010
Genocidio en Copala (y el EAP)
El martes 24 de agosto publicamos en este espacio antecedentes del escándalo que es la toma del pueblo de San Juan Copala, Oaxaca, que se autonombrara municipio autónomo a contrapelo de lo que pretende el gobierno estatal.
Este fin de semana los paramilitares de la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), de filiación priísta, y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) expulsaron del pueblo a hombres y mujeres, quedando todavía atrapados como 50 personas entre niños y ancianos.
Han disparado para intimidar y contra blancos móviles, causando este fin de semana tres muertos, el último Paulino Ramírez, que se suman a los más de 30 asesinados desde el año 2007 en ese pueblo que desea ser autónomo y regirse por usos y costumbres, y que los paramilitares solapados por el gobierno de Oaxaca no se
quieren dejar quitar.
Ayer lunes, Reyna Martínez Flores, representante de los desplazados, dijo en la ciudad de Oaxaca que 20 personas, once mujeres y nueve niños, comenzaron un plantón y una huelga de hambre en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca denunciando la desaparición del municipio autónomo de San Juan Copala a causa de un ataque armado el fin de semana pasado.
Los manifestantes señalaron que la mayoría de los habitantes lograron salir del municipio, pero que todavía existen familias atrapadas por lo que piden a las autoridades ayuda para lograr evacuarlas.
Anoche, mandos medios de la Secretaría de Gobernación recibieron a una comisión de habitantes de Copala y se comprometieron a armar un operativo en al zona, para ingresar con Ejército y Policía federal, no para retomar la paz del municipio, sino para rescatar a los copalenses retenidos por los paramilitares y salvarles la vida.
La inacción del gobierno de Ulises Ruiz es criminal. La desidia del gobierno federal también, porque ha habido muchos muertos. Es un caso inédito en el que un grupo armado toma un municipio y ¡expulsa a sus pobladores! Y todo en la más completa impunidad.
Se tiene que retomar el control del municipio, detener a los agresores y fincarles responsabilidad. No es posible que esto suceda en pleno siglo XXI. Y luego se quejan de que poblaciones rurales se indignen, se enojen y se alcen en armas pues la autoridad les da la razón, en los hechos, de que por las buenas y la paz no hay solución a los conflictos y a las arbitrariedades.
(Para un seguimiento casi minuto a minuto de los hechos recomiendo seguir en twitter a @Copala_Autonomo, a @DavidCilia y recuperar la información con la etiqueta #Copala)
El 16 de septiembre y el EAP
Una nota del periódico El Sur, de Acapulco, dio cuenta el viernes pasado de un comunicado guerrillero y un video firmado por el Ejército Armado del Pueblo (EAP), emitido el 16 de septiembre de 2010, en las Montaña de Guerrero, en el que llama al pueblo a sumarse a sus filas y derrocar al gobierno.
Dice en una parte la nota: “Mencionaron que por el momento sólo hacen propaganda política armada y orientan a la gente para su defensa, su entrenamiento y mayor organización, porque los cañones están apuntando al enemigo común que es el Estado.
Remarcaron que “los hombres que el día de hoy nos concentramos aquí, estamos dispuestos a cumplir con el mandato del pueblo y destruir el sistema putrefacto por lo que llamamos a la manifestación constante” y a otras guerrillas de Guerrero, del país y del mundo a coordinarse y accionar contra el Estado mexicano “que se autogolpea con sus amigos los narcotraficantes, después de una larga vida de protección e involucra al pueblo honesto”.
El EAP emitió un primer comunicado en octubre de 2006, declarando la guerra al gobierno de Felipe Calderón.
Este fin de semana los paramilitares de la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), de filiación priísta, y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) expulsaron del pueblo a hombres y mujeres, quedando todavía atrapados como 50 personas entre niños y ancianos.
Han disparado para intimidar y contra blancos móviles, causando este fin de semana tres muertos, el último Paulino Ramírez, que se suman a los más de 30 asesinados desde el año 2007 en ese pueblo que desea ser autónomo y regirse por usos y costumbres, y que los paramilitares solapados por el gobierno de Oaxaca no se
quieren dejar quitar.
Ayer lunes, Reyna Martínez Flores, representante de los desplazados, dijo en la ciudad de Oaxaca que 20 personas, once mujeres y nueve niños, comenzaron un plantón y una huelga de hambre en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca denunciando la desaparición del municipio autónomo de San Juan Copala a causa de un ataque armado el fin de semana pasado.
Los manifestantes señalaron que la mayoría de los habitantes lograron salir del municipio, pero que todavía existen familias atrapadas por lo que piden a las autoridades ayuda para lograr evacuarlas.
Anoche, mandos medios de la Secretaría de Gobernación recibieron a una comisión de habitantes de Copala y se comprometieron a armar un operativo en al zona, para ingresar con Ejército y Policía federal, no para retomar la paz del municipio, sino para rescatar a los copalenses retenidos por los paramilitares y salvarles la vida.
La inacción del gobierno de Ulises Ruiz es criminal. La desidia del gobierno federal también, porque ha habido muchos muertos. Es un caso inédito en el que un grupo armado toma un municipio y ¡expulsa a sus pobladores! Y todo en la más completa impunidad.
Se tiene que retomar el control del municipio, detener a los agresores y fincarles responsabilidad. No es posible que esto suceda en pleno siglo XXI. Y luego se quejan de que poblaciones rurales se indignen, se enojen y se alcen en armas pues la autoridad les da la razón, en los hechos, de que por las buenas y la paz no hay solución a los conflictos y a las arbitrariedades.
(Para un seguimiento casi minuto a minuto de los hechos recomiendo seguir en twitter a @Copala_Autonomo, a @DavidCilia y recuperar la información con la etiqueta #Copala)
El 16 de septiembre y el EAP
Una nota del periódico El Sur, de Acapulco, dio cuenta el viernes pasado de un comunicado guerrillero y un video firmado por el Ejército Armado del Pueblo (EAP), emitido el 16 de septiembre de 2010, en las Montaña de Guerrero, en el que llama al pueblo a sumarse a sus filas y derrocar al gobierno.
Dice en una parte la nota: “Mencionaron que por el momento sólo hacen propaganda política armada y orientan a la gente para su defensa, su entrenamiento y mayor organización, porque los cañones están apuntando al enemigo común que es el Estado.
Remarcaron que “los hombres que el día de hoy nos concentramos aquí, estamos dispuestos a cumplir con el mandato del pueblo y destruir el sistema putrefacto por lo que llamamos a la manifestación constante” y a otras guerrillas de Guerrero, del país y del mundo a coordinarse y accionar contra el Estado mexicano “que se autogolpea con sus amigos los narcotraficantes, después de una larga vida de protección e involucra al pueblo honesto”.
El EAP emitió un primer comunicado en octubre de 2006, declarando la guerra al gobierno de Felipe Calderón.
miércoles, 1 de septiembre de 2010
Mediación con EPR, malas noticias
Ayer, después de varios meses de trabajos de bajo perfil, la Comisión de Mediación (Comed) integrada por destacados intelectuales que coadyuvan a la búsqueda de los guerrilleros desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya dieron a conocer cómo se sienten y en dónde están parados.
De entrada refieren que desde el 24 de mayo pasado ha sostenido consultas informales con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, sin lograr ningún acuerdo concreto.
Esto no es nuevo. Si bien el gobierno federal se dijo en un principio dispuesto a ayudar a las investigaciones de la desaparición de los dos militantes del PDPR, acaecida en mayo de 2007, el seguimiento que le dio al caso fue con desgano, alargando procesos e incluso mostrando un trato irrespetuoso y frívolo.
Dijeron haber perdido documentos; trajeron a vueltas y vueltas a quienes pretendieron realizar su labor de coadyuvantes; y, peor aún, retrasaron hasta hacer prácticamente imposible el acceso a documentos militares y de procuración de justicia, con lo que no sólo se obstaculizó el inicio de cualquier investigación, sino que abrió la puerta a la sospecha de que dicha indisposición sólo se debiera a un intento por encubrir a los muy probables responsables de cometer el delito de desaparición forzada en la persona de los dos guerrilleros.
A eso hay que agregar que desde hace dos años la rotación de funcionarios dentro de la Segob ha sido continua, lo que ha retrasado cualquier acuerdo serio entre las partes.
En el comunicado de siete puntos dirigido a la opinión pública y al EPR, los integrantes de la Comed reconocen que enfrentan limitaciones graves para el lograr los fines sustantivos de sus tareas, dado que ha tenido que actuar en un contexto político muy adverso, sin peso en la agenda pública “y en el que el gobierno no tiene dentro de sus temas prioritarios la defensa de los Derechos Humanos y particularmente la persecución a los delitos de lesa humanidad como son las desapariciones forzadas cometidos por el Estado mexicano”.
El comunicado de ayer no es concluyente. Es un planteamiento seco del punto neutro en el que se encuentran. No piden que se prolongue la tregua. No solicitan al gobierno comprensión. No apelan a la solidaridad ciudadana. No plantean una ruta crítica a seguir.
En realidad están avisando que no pueden avanzar, porque la parte más importante de la ecuación para resolver este caso no tiene ganas de tomar en serio lo que todo aparenta ser una clara violación a los derechos humanos de dos mexicanos –independientemente de sus convicciones políticas y métodos- y, en todo caso un crimen de lesa humanidad que, de seguir así las cosas, quedaría en la impunidad.
En ese sentido, los mediadores acusan. Señalan que el gobierno federal no es precisamente respetuoso de los derechos humanos. En su comunicado la Comisión dijo valorar positivamente la Recomendación 7/2009 que hizo la CNDH a diversas instancias y niveles de gobierno, en tanto acreditó pericialmente que el caso de Reyes y Cruz se trata de un caso de Desaparición Forzada de Persona, y se congratuló por la sentencia condenatoria dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por el caso de Desaparición Forzada de Rosendo Radilla, en los años 70.
¿Qué sigue? Que las partes se pronuncien. Cada una su manera; cada una con sus métodos muy particulares.
Uno siempre quisiera apelar al diálogo, pero se está llegando a un callejón sin salida, muy peligroso.
Contexto
Cabe recordar que la Comed se constituyó en abril de 2008, a iniciativa del grupo armado y con aceptación del gobierno federal, para intermediar en la búsqueda de dos militantes de esta organización con los que perdió contacto desde mayo de 2007, y por los que exigió su aparición con acciones militares en julio y septiembre de dicho año haciendo explotar ductos de Pemex.
La Comed actualmente está integrada por Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Saravia, José Enrique González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gonzalo Ituarte Verduzco, Gilberto López y Rivas, +Carlos Montemayor, Pablo Romo Cedano y por el obispo Samuel Ruiz García
De entrada refieren que desde el 24 de mayo pasado ha sostenido consultas informales con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, sin lograr ningún acuerdo concreto.
Esto no es nuevo. Si bien el gobierno federal se dijo en un principio dispuesto a ayudar a las investigaciones de la desaparición de los dos militantes del PDPR, acaecida en mayo de 2007, el seguimiento que le dio al caso fue con desgano, alargando procesos e incluso mostrando un trato irrespetuoso y frívolo.
Dijeron haber perdido documentos; trajeron a vueltas y vueltas a quienes pretendieron realizar su labor de coadyuvantes; y, peor aún, retrasaron hasta hacer prácticamente imposible el acceso a documentos militares y de procuración de justicia, con lo que no sólo se obstaculizó el inicio de cualquier investigación, sino que abrió la puerta a la sospecha de que dicha indisposición sólo se debiera a un intento por encubrir a los muy probables responsables de cometer el delito de desaparición forzada en la persona de los dos guerrilleros.
A eso hay que agregar que desde hace dos años la rotación de funcionarios dentro de la Segob ha sido continua, lo que ha retrasado cualquier acuerdo serio entre las partes.
En el comunicado de siete puntos dirigido a la opinión pública y al EPR, los integrantes de la Comed reconocen que enfrentan limitaciones graves para el lograr los fines sustantivos de sus tareas, dado que ha tenido que actuar en un contexto político muy adverso, sin peso en la agenda pública “y en el que el gobierno no tiene dentro de sus temas prioritarios la defensa de los Derechos Humanos y particularmente la persecución a los delitos de lesa humanidad como son las desapariciones forzadas cometidos por el Estado mexicano”.
El comunicado de ayer no es concluyente. Es un planteamiento seco del punto neutro en el que se encuentran. No piden que se prolongue la tregua. No solicitan al gobierno comprensión. No apelan a la solidaridad ciudadana. No plantean una ruta crítica a seguir.
En realidad están avisando que no pueden avanzar, porque la parte más importante de la ecuación para resolver este caso no tiene ganas de tomar en serio lo que todo aparenta ser una clara violación a los derechos humanos de dos mexicanos –independientemente de sus convicciones políticas y métodos- y, en todo caso un crimen de lesa humanidad que, de seguir así las cosas, quedaría en la impunidad.
En ese sentido, los mediadores acusan. Señalan que el gobierno federal no es precisamente respetuoso de los derechos humanos. En su comunicado la Comisión dijo valorar positivamente la Recomendación 7/2009 que hizo la CNDH a diversas instancias y niveles de gobierno, en tanto acreditó pericialmente que el caso de Reyes y Cruz se trata de un caso de Desaparición Forzada de Persona, y se congratuló por la sentencia condenatoria dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por el caso de Desaparición Forzada de Rosendo Radilla, en los años 70.
¿Qué sigue? Que las partes se pronuncien. Cada una su manera; cada una con sus métodos muy particulares.
Uno siempre quisiera apelar al diálogo, pero se está llegando a un callejón sin salida, muy peligroso.
Contexto
Cabe recordar que la Comed se constituyó en abril de 2008, a iniciativa del grupo armado y con aceptación del gobierno federal, para intermediar en la búsqueda de dos militantes de esta organización con los que perdió contacto desde mayo de 2007, y por los que exigió su aparición con acciones militares en julio y septiembre de dicho año haciendo explotar ductos de Pemex.
La Comed actualmente está integrada por Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Saravia, José Enrique González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gonzalo Ituarte Verduzco, Gilberto López y Rivas, +Carlos Montemayor, Pablo Romo Cedano y por el obispo Samuel Ruiz García
Comunicado Comed (1 septiembre 2010)
COMISION DE MEDIACIÓN
México D.F., a 1º de Septiembre de 2010
AL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO – EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR – EPR
A LA OPINIÓN PÚBLICA
En respuesta al comunicado del PDPR–EPR del 26 de agosto de 2010, queremos informar lo siguiente:
1. En el documento del 24 de Mayo del 2010 la Comisión de Mediación valoró que no obstante no existir condiciones para restablecer la mesa de diálogo, se desplegarían diversos esfuerzos de acercamiento que permitieran superar la problemática de formato y poder entrar de lleno, con diversas instancias gubernamentales, al tratamiento de hipótesis plausibles que son materia de la labor de la COMED.
Desde esa fecha hemos realizado diversas consultas informales con la Secretaría de Gobernación para conocer los avances de la investigación sobre el caso de la Desaparición Forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
2. En este sentido, podemos señalar que los resultados de estas consultas informales no aportan datos sustantivos que sirvan para esclarecer las circunstancias y responsables, así como el paradero de los dos desaparecidos.
3. En consecuencia no se ha restablecido la mesa formal de diálogo del pleno de la Comisión de Mediación con la representación del Gobierno Federal, en tanto la COMED ha considerado que no se han dado las condiciones necesarias para ello.
4. Valorando positivamente la Recomendación 7/2009 que hizo la CNDH a diversas instancias y niveles de gobierno, en tanto acreditó pericialmente que el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez se trata de un caso de Desaparición Forzada de Persona, nos preocupa la falta de cumplimiento a esta Recomendación. Como parte de sus labores la COMED ha insistido en ello y para tal efecto se reunirá con el Presidente de la CNDH el próximo 6 de Septiembre.
5. Así mismo, a lo largo de estos meses la COMED ha dado acompañamiento a diversas actividades e iniciativas de los familiares de los desaparecidos encaminadas a visibilizar la existencia de este crimen de lesa humanidad, estando convencida de que en México no debe repetirse, nunca más, la práctica de la Desaparición Forzada de Persona.
6. En esta dirección la COMED se ha congratulado por la sentencia condenatoria dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano por el caso de Desaparición Forzada de Rosendo Radilla, por lo que nos parece importante la aceptación por parte del Estado Mexicano de dicha sentencia para su estricto cumplimiento.
7. La Comisión de Mediación como instancia de la sociedad civil reconoce que enfrenta limitaciones graves para el lograr los fines sustantivos de sus tareas, dado que ha tenido que actuar en un contexto político muy adverso, sin peso en la agenda pública y en el que el gobierno no tiene dentro de sus temas prioritarios la defensa de los Derechos Humanos y particularmente la persecución a los delitos de lesa humanidad como son las desapariciones forzadas cometidos por el Estado mexicano.
Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Saravia, José Enrique González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gonzalo Ituarte Verduzco, Gilberto López y Rivas, +Carlos Montemayor, Pablo Romo Cedano,
Samuel Ruiz García
México D.F., a 1º de Septiembre de 2010
AL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO – EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR – EPR
A LA OPINIÓN PÚBLICA
En respuesta al comunicado del PDPR–EPR del 26 de agosto de 2010, queremos informar lo siguiente:
1. En el documento del 24 de Mayo del 2010 la Comisión de Mediación valoró que no obstante no existir condiciones para restablecer la mesa de diálogo, se desplegarían diversos esfuerzos de acercamiento que permitieran superar la problemática de formato y poder entrar de lleno, con diversas instancias gubernamentales, al tratamiento de hipótesis plausibles que son materia de la labor de la COMED.
Desde esa fecha hemos realizado diversas consultas informales con la Secretaría de Gobernación para conocer los avances de la investigación sobre el caso de la Desaparición Forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
2. En este sentido, podemos señalar que los resultados de estas consultas informales no aportan datos sustantivos que sirvan para esclarecer las circunstancias y responsables, así como el paradero de los dos desaparecidos.
3. En consecuencia no se ha restablecido la mesa formal de diálogo del pleno de la Comisión de Mediación con la representación del Gobierno Federal, en tanto la COMED ha considerado que no se han dado las condiciones necesarias para ello.
4. Valorando positivamente la Recomendación 7/2009 que hizo la CNDH a diversas instancias y niveles de gobierno, en tanto acreditó pericialmente que el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez se trata de un caso de Desaparición Forzada de Persona, nos preocupa la falta de cumplimiento a esta Recomendación. Como parte de sus labores la COMED ha insistido en ello y para tal efecto se reunirá con el Presidente de la CNDH el próximo 6 de Septiembre.
5. Así mismo, a lo largo de estos meses la COMED ha dado acompañamiento a diversas actividades e iniciativas de los familiares de los desaparecidos encaminadas a visibilizar la existencia de este crimen de lesa humanidad, estando convencida de que en México no debe repetirse, nunca más, la práctica de la Desaparición Forzada de Persona.
6. En esta dirección la COMED se ha congratulado por la sentencia condenatoria dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano por el caso de Desaparición Forzada de Rosendo Radilla, por lo que nos parece importante la aceptación por parte del Estado Mexicano de dicha sentencia para su estricto cumplimiento.
7. La Comisión de Mediación como instancia de la sociedad civil reconoce que enfrenta limitaciones graves para el lograr los fines sustantivos de sus tareas, dado que ha tenido que actuar en un contexto político muy adverso, sin peso en la agenda pública y en el que el gobierno no tiene dentro de sus temas prioritarios la defensa de los Derechos Humanos y particularmente la persecución a los delitos de lesa humanidad como son las desapariciones forzadas cometidos por el Estado mexicano.
Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Saravia, José Enrique González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gonzalo Ituarte Verduzco, Gilberto López y Rivas, +Carlos Montemayor, Pablo Romo Cedano,
Samuel Ruiz García
lunes, 23 de agosto de 2010
El escándalo de San Juan Copala
Lo que sucede en San Juan Copala, Oaxaca, es un escándalo. De todos los lugares donde el gobierno federal ha perdido control del territorio nacional, este municipio es uno de los que exhibe enorme grado de violencia e impunidad.
Dos grupos paramilitares avalados por el gobierno estatal de Ulises Ruiz han impuesto su ley a base de asesinatos, impidiendo que entre autoridad alguna, ni ayuda humanitaria de ningún tipo, para evitar que se constituya en municipio autónomo, regido por usos y costumbres, lo que implicaría la expulsión de partidos políticos del municipio.
Los grupos agresores son la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), de filiación priísta, y la otra es el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), que enarbola un supuesto ideario de izquierda.
Este fin de semana hubo tres muertos más, para evitar que pobladores iniciaran una caravana hacia la ciudad de México denunciando su situación.
La cronología de hechos de sangre en Copala es impresionante, pues las diferencias intracomunitarias del pueblo triqui son atávicas. El caso comenzó a sonar desde abril de 2008, cuando Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino fueron asesinadas cuando viajaban por la carretera que va del paraje Joya del Mamey a Putla de Guerrero, en Oaxaca. Las dos trabajaban en la emisora comunitaria La voz que rompe el silencio, en San Juan Copala.
Desde entonces, 500 personas han sido desplazadas. Otras 30 han sido asesinadas y un número indeterminado, heridas. Todas han sido emboscadas.
La revista Contralínea ha reportado que los paramilitares atacan noche y día, no permiten la salida ni la entrada a la población de personas, alimentos ni medicinas. Cortaron los cables de la luz eléctrica, las líneas del teléfono y rompieron los ductos del agua potable.
El día 29 de noviembre de 2009 el albergue infantil fue baleado y en esos hechos murió el niño Elías Fernández de Jesús y resultaron heridos Tomotelín y Jacinto Velasco, así como otro menor cuyo nombre no se dio a conocer. Ese mismo día los agresores instalaron un retén a la altura de la comunidad La Sabana con la intención de tender un cerco al pueblo.
La prepotencia e impunidad de la que se saben los agresores los envalentonó de tal manera que el 27 de abril de 2010 emboscaron una caravana internacional de ayuda humanitaria que se dirigía a San Juan Copala.
La caravana estaba conformada por organizaciones civiles de derechos humanos, organizaciones sociales, observadores internacionales y periodistas. Como resultado de esta agresión, perpetrada en el paraje la Sabana del municipio de Juxtlahuaca, perdieron la vida Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora de Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS A.C.) y Jyri Jaakkola, observador internacional de nacionalidad finlandesa.
Pese al escándalo que suscitó esa agresión, el 21 de mayo un grupo armado mató al líder político triqui de la agencia de Yosoyusi, Timoteo Alejandro Ramírez, y a su esposa Tleriberta Castro.
Indignados, el 8 de junio ONG y defensores de derechos humanos organizaron una nueva caravana, pero fue suspendida luego de varios disparos al aire que realizó la gente de Ubisort. La caravana sólo avanzó 20 kilómetros de la población de Santiago Juxtlahuaca hacia San Juan Copala; no más.
Para el día de ayer, lunes 23 de agosto de 2010, estaba programado el inicio de una movilización-marcha que saldría de nuestra región triqui y pasaría por el plantón que tienen los triquis en la ciudad de Oaxaca desde el día 7 de agosto, para llegar hasta la ciudad de México, marcha que encabezarían las mujeres del municipio autónomo de San Juan Copala.
Sin embargo, el sábado pasado, 21 de agosto, fue atacado otro grupo de personas de la comunidad de Hierba Santa, justo cuando estaban realizando acciones de coordinación para la marcha. En el ataque murieron Antonio Ramírez López, Antonio Cruz García y Rigoberto González, y otros tres jóvenes resultaron heridos.
Todo el fin de semana se han registrado ataques con armas de fuego en contra de las casas de quienes forman parte del movimiento por la autonomía del municipio. También se han registrado ataques en algunas veredas de las comunidades cercanas, impidiendo con esto que alguien salga de la comunidad.
Hasta ahora el pueblo sigue secuestrado. Nadie ha sido detenido y nadie parece querer hacerse cargo de este caos, que amenaza con convertirse en uno de los peores derramamientos de sangre comunitarios de la era moderna en el país, junto con Aguas Blancas y Acteal.
Dos grupos paramilitares avalados por el gobierno estatal de Ulises Ruiz han impuesto su ley a base de asesinatos, impidiendo que entre autoridad alguna, ni ayuda humanitaria de ningún tipo, para evitar que se constituya en municipio autónomo, regido por usos y costumbres, lo que implicaría la expulsión de partidos políticos del municipio.
Los grupos agresores son la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), de filiación priísta, y la otra es el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), que enarbola un supuesto ideario de izquierda.
Este fin de semana hubo tres muertos más, para evitar que pobladores iniciaran una caravana hacia la ciudad de México denunciando su situación.
La cronología de hechos de sangre en Copala es impresionante, pues las diferencias intracomunitarias del pueblo triqui son atávicas. El caso comenzó a sonar desde abril de 2008, cuando Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino fueron asesinadas cuando viajaban por la carretera que va del paraje Joya del Mamey a Putla de Guerrero, en Oaxaca. Las dos trabajaban en la emisora comunitaria La voz que rompe el silencio, en San Juan Copala.
Desde entonces, 500 personas han sido desplazadas. Otras 30 han sido asesinadas y un número indeterminado, heridas. Todas han sido emboscadas.
La revista Contralínea ha reportado que los paramilitares atacan noche y día, no permiten la salida ni la entrada a la población de personas, alimentos ni medicinas. Cortaron los cables de la luz eléctrica, las líneas del teléfono y rompieron los ductos del agua potable.
El día 29 de noviembre de 2009 el albergue infantil fue baleado y en esos hechos murió el niño Elías Fernández de Jesús y resultaron heridos Tomotelín y Jacinto Velasco, así como otro menor cuyo nombre no se dio a conocer. Ese mismo día los agresores instalaron un retén a la altura de la comunidad La Sabana con la intención de tender un cerco al pueblo.
La prepotencia e impunidad de la que se saben los agresores los envalentonó de tal manera que el 27 de abril de 2010 emboscaron una caravana internacional de ayuda humanitaria que se dirigía a San Juan Copala.
La caravana estaba conformada por organizaciones civiles de derechos humanos, organizaciones sociales, observadores internacionales y periodistas. Como resultado de esta agresión, perpetrada en el paraje la Sabana del municipio de Juxtlahuaca, perdieron la vida Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora de Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS A.C.) y Jyri Jaakkola, observador internacional de nacionalidad finlandesa.
Pese al escándalo que suscitó esa agresión, el 21 de mayo un grupo armado mató al líder político triqui de la agencia de Yosoyusi, Timoteo Alejandro Ramírez, y a su esposa Tleriberta Castro.
Indignados, el 8 de junio ONG y defensores de derechos humanos organizaron una nueva caravana, pero fue suspendida luego de varios disparos al aire que realizó la gente de Ubisort. La caravana sólo avanzó 20 kilómetros de la población de Santiago Juxtlahuaca hacia San Juan Copala; no más.
Para el día de ayer, lunes 23 de agosto de 2010, estaba programado el inicio de una movilización-marcha que saldría de nuestra región triqui y pasaría por el plantón que tienen los triquis en la ciudad de Oaxaca desde el día 7 de agosto, para llegar hasta la ciudad de México, marcha que encabezarían las mujeres del municipio autónomo de San Juan Copala.
Sin embargo, el sábado pasado, 21 de agosto, fue atacado otro grupo de personas de la comunidad de Hierba Santa, justo cuando estaban realizando acciones de coordinación para la marcha. En el ataque murieron Antonio Ramírez López, Antonio Cruz García y Rigoberto González, y otros tres jóvenes resultaron heridos.
Todo el fin de semana se han registrado ataques con armas de fuego en contra de las casas de quienes forman parte del movimiento por la autonomía del municipio. También se han registrado ataques en algunas veredas de las comunidades cercanas, impidiendo con esto que alguien salga de la comunidad.
Hasta ahora el pueblo sigue secuestrado. Nadie ha sido detenido y nadie parece querer hacerse cargo de este caos, que amenaza con convertirse en uno de los peores derramamientos de sangre comunitarios de la era moderna en el país, junto con Aguas Blancas y Acteal.
lunes, 9 de agosto de 2010
TDR admite secuestro de empresarios
El 22 de abril de 2009 publiqué en El Universal una entrevista digital que hice al grupo Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR), a quien diversos rumores responsabilizan ahora del secuestro de Diego Fernández de Cevallos.
Como he insistitdo, no existe más datos duro de la posible vinculación de grupos armados con dicho secuestro, pero es un hecho que cuando menos TDR tiene abierta esa posibilidad y explica sus razones:
La Coalición Revolucionaria (CR), que encabeza el grupo guerrillero Tendencia Democrática Revolucionaria- Ejército del Pueblo (TDR-EP), considera válido secuestrar empresarios para financiar sus actividades, ya que, desde su punto de vista, toda gran fortuna está cimentada en el crimen, y avala prácticas similares de grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que allá cobra impuestos a narcotraficantes y corporaciones multinacionales.
En entrevista digital con este diario señala que, “partiendo de que toda gran fortuna está cimentada en el crimen, gravamos la gran explotación asalariada mediante la captura y la retención física de empresarios capitalistas, con base en un código que nos obliga a respetar su la integridad física y moral”.
La CR dice que es sabido que los guerrilleros colombianos capturan a civiles y militares que apoyan al gobierno, reteniéndolos como prisioneros de guerra, pero siempre dentro de lo que califican como el marco de una estrategia de liberación nacional y de la construcción de una sociedad socialista.
Aun así, deslinda a las FARC de participar directamente en el tráfico de drogas, afirmación que le parece forma parte de una estrategia política y mediática instrumentada por la “mafia gobernante colombiana”, a fin de desacreditar , aislar y golpear a esta organización revolucionaria.
Sobre la guerra que se lleva a cabo en el país en contra del narcotráfico, TDR-EP considera que no es real, que más bien es una máscara con que las distintas mafias gobernantes pretenden ocultar su participación en este lucrativo y criminal negocio, y disfrazar su sesgada intervención en la guerra de las drogas.
“Como ejemplo podríamos mencionar la protección de los Salinas al cártel del Golfo y la de los gobiernos de Fox y Calderón al de Sinaloa. En esta disputa por las plazas, las principales tajadas están entre gobernadores, senadores, diputados, funcionarios del gobierno federal y altos mandos policiacos y militares”.
Señala que la “supuesta” lucha contra el narcotráfico en México y en otros países ha sido la cortina de humo desde la que se han tratado de enmascarar acciones represivas y contrainsurgentes.
Sobre la posibilidad de que los grupos armados se unan en un esfuerzo común, asegura que, en tanto objetivo estratégico, la unidad de las fuerzas revolucionarias rebasa la coyuntura actual y tendrá que irse dando paulatinamente.
Reconocen los avances de organización social que ha alcanzado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en sus territorios y consideran que en Oaxaca se está dando un reflujo de la lucha popular, luego de que la APPO fuera debilitada por las acciones represivas de Ulises Ruiz.
TDR-EP surge como una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en agosto de 1999, y se encuentra a la cabeza de un grupo de comandos guerrilleros de índole estatal.
Como he insistitdo, no existe más datos duro de la posible vinculación de grupos armados con dicho secuestro, pero es un hecho que cuando menos TDR tiene abierta esa posibilidad y explica sus razones:
La Coalición Revolucionaria (CR), que encabeza el grupo guerrillero Tendencia Democrática Revolucionaria- Ejército del Pueblo (TDR-EP), considera válido secuestrar empresarios para financiar sus actividades, ya que, desde su punto de vista, toda gran fortuna está cimentada en el crimen, y avala prácticas similares de grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que allá cobra impuestos a narcotraficantes y corporaciones multinacionales.
En entrevista digital con este diario señala que, “partiendo de que toda gran fortuna está cimentada en el crimen, gravamos la gran explotación asalariada mediante la captura y la retención física de empresarios capitalistas, con base en un código que nos obliga a respetar su la integridad física y moral”.
La CR dice que es sabido que los guerrilleros colombianos capturan a civiles y militares que apoyan al gobierno, reteniéndolos como prisioneros de guerra, pero siempre dentro de lo que califican como el marco de una estrategia de liberación nacional y de la construcción de una sociedad socialista.
Aun así, deslinda a las FARC de participar directamente en el tráfico de drogas, afirmación que le parece forma parte de una estrategia política y mediática instrumentada por la “mafia gobernante colombiana”, a fin de desacreditar , aislar y golpear a esta organización revolucionaria.
Sobre la guerra que se lleva a cabo en el país en contra del narcotráfico, TDR-EP considera que no es real, que más bien es una máscara con que las distintas mafias gobernantes pretenden ocultar su participación en este lucrativo y criminal negocio, y disfrazar su sesgada intervención en la guerra de las drogas.
“Como ejemplo podríamos mencionar la protección de los Salinas al cártel del Golfo y la de los gobiernos de Fox y Calderón al de Sinaloa. En esta disputa por las plazas, las principales tajadas están entre gobernadores, senadores, diputados, funcionarios del gobierno federal y altos mandos policiacos y militares”.
Señala que la “supuesta” lucha contra el narcotráfico en México y en otros países ha sido la cortina de humo desde la que se han tratado de enmascarar acciones represivas y contrainsurgentes.
Sobre la posibilidad de que los grupos armados se unan en un esfuerzo común, asegura que, en tanto objetivo estratégico, la unidad de las fuerzas revolucionarias rebasa la coyuntura actual y tendrá que irse dando paulatinamente.
Reconocen los avances de organización social que ha alcanzado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en sus territorios y consideran que en Oaxaca se está dando un reflujo de la lucha popular, luego de que la APPO fuera debilitada por las acciones represivas de Ulises Ruiz.
TDR-EP surge como una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en agosto de 1999, y se encuentra a la cabeza de un grupo de comandos guerrilleros de índole estatal.
viernes, 6 de agosto de 2010
Qué ganamos con legalizar la droga
La legalización de las drogas debe concebirse como un paso más en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. No es la panacea, ni sustituye la acción del Ejército o las policías. Tampoco es la puerta a la perdición de niños y jóvenes que en lugar de golosinas podrían ir a la tienda de la esquina a comprar “churros” de mota y “tachas”.
A la par de las acciones militares y de inteligencia, urge trabajar en aquello a lo que se ha puesto poca atención y que mantiene intactos los imperios de los cárteles: desincentivar la actividad, romper los círculos de lavado de dinero y abatir el consumo. Todo esto de manera simultánea en cada uno de los países que comparten el problema.
Quitar la la prohibición a ciertas drogas cuyo consumo pueda ser medicinal, como la marihuana o la efedrina en ciertas dosis, mataría de golpe el incentivo ilegal de venderlas en un mercado negro multinacional. Se abarataría su costo. Si con eso se acaba con el 20 o 25% del narcotráfico, ya sería un avance.
No se ve, por el contrario, que la cocaína, el crack, las matenfetaminas y todas las drogas llamadas de diseño, producto de mezclas químicas que son letales para la salud entren en este paquete a debatir. No ha sucedido así en los países donde ya son legales algunos estupefacientes y alucinógenos: caso Holanda o Portugal, ni en las zonas de tolerancia de Vancouver, Canadá.
Tampoco serviría de mucho que México legalizara algunos de estos productos de manera unilateral, pues el mayor consumo no está aquí, sino pasando la frontera norte, donde la demanda de drogas es la mayor del mundo.
Si aquí se cayera el incentivo de vender esas drogas, de todos modos seguiría existiendo el mercado más jugoso para los narcotraficantes. Acaso volveríamos a ser un país de paso, para el ilegal trasiego, lo que no garantiza que los narcos no vayan a disputar con violencia las rutas de paso.
Por eso la estrategia tiene que ser multinacional y conjunta, para matar de un golpe la demanda de las drogas legalizadas. Si unos lo hacen y otros no, no se ganaría mucho.
El problema es que en los países del continente y sobre todo en Estado Unidos hay grandes resistencias a legalizar. Poderosos intereses ideológicos asumen que darle carácter legal a cualquier sustancia hoy considerada droga es abrir las puertas al libertinaje y la perdición. No admiten siquiera que hay resquicios para el debate.
Colombia y Panamá han dado señales de querer entrar al debate de la legalización. Cuando menos tres estados de la Unión Americana andan en eso, pero con grandes oposiciones.
Una vez más: el narcotráfico funciona con una lógica de mercado en un negocio de 50 mil millones de dólares anuales. Oferta y demanda. Hay que matar la demanda, y eso sólo se hace legalizando lo que sanitariamente se pueda, y trabajando en prevención y abatimiento de adicciones. Sin esto, podremos matar muchos Nachos Coroneles o Beltranes Leyva y no avanzar ni un centímetro en la solución real del problema.
A la par de las acciones militares y de inteligencia, urge trabajar en aquello a lo que se ha puesto poca atención y que mantiene intactos los imperios de los cárteles: desincentivar la actividad, romper los círculos de lavado de dinero y abatir el consumo. Todo esto de manera simultánea en cada uno de los países que comparten el problema.
Quitar la la prohibición a ciertas drogas cuyo consumo pueda ser medicinal, como la marihuana o la efedrina en ciertas dosis, mataría de golpe el incentivo ilegal de venderlas en un mercado negro multinacional. Se abarataría su costo. Si con eso se acaba con el 20 o 25% del narcotráfico, ya sería un avance.
No se ve, por el contrario, que la cocaína, el crack, las matenfetaminas y todas las drogas llamadas de diseño, producto de mezclas químicas que son letales para la salud entren en este paquete a debatir. No ha sucedido así en los países donde ya son legales algunos estupefacientes y alucinógenos: caso Holanda o Portugal, ni en las zonas de tolerancia de Vancouver, Canadá.
Tampoco serviría de mucho que México legalizara algunos de estos productos de manera unilateral, pues el mayor consumo no está aquí, sino pasando la frontera norte, donde la demanda de drogas es la mayor del mundo.
Si aquí se cayera el incentivo de vender esas drogas, de todos modos seguiría existiendo el mercado más jugoso para los narcotraficantes. Acaso volveríamos a ser un país de paso, para el ilegal trasiego, lo que no garantiza que los narcos no vayan a disputar con violencia las rutas de paso.
Por eso la estrategia tiene que ser multinacional y conjunta, para matar de un golpe la demanda de las drogas legalizadas. Si unos lo hacen y otros no, no se ganaría mucho.
El problema es que en los países del continente y sobre todo en Estado Unidos hay grandes resistencias a legalizar. Poderosos intereses ideológicos asumen que darle carácter legal a cualquier sustancia hoy considerada droga es abrir las puertas al libertinaje y la perdición. No admiten siquiera que hay resquicios para el debate.
Colombia y Panamá han dado señales de querer entrar al debate de la legalización. Cuando menos tres estados de la Unión Americana andan en eso, pero con grandes oposiciones.
Una vez más: el narcotráfico funciona con una lógica de mercado en un negocio de 50 mil millones de dólares anuales. Oferta y demanda. Hay que matar la demanda, y eso sólo se hace legalizando lo que sanitariamente se pueda, y trabajando en prevención y abatimiento de adicciones. Sin esto, podremos matar muchos Nachos Coroneles o Beltranes Leyva y no avanzar ni un centímetro en la solución real del problema.
miércoles, 4 de agosto de 2010
Son guerrilleros, dice Onésimo
Ya salimos del apuro y no tenemos por qué quebrarnos más la cabeza. El obispo de la Diócesis de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, concluye e ilustra que “más que al narcotráfico, el país enfrenta a guerrillas disfrazadas de narco, de lo cual ya se había alertado y nadie hizo caso. Ya tenemos al lobo encima y es bravo”.
Y abundó: “Evidentemente con la ayuda del Ejército y la Marina se van a hacer muchísimas cosas… pero debemos poner más énfasis, y esa es la labor del Presidente, en los grupos guerrilleros que están descuidados, pero primero hay que admitir que existen.
“Ya se había alertado al gobierno de la presencia de la guerrilla, que cada vez se estaban armando más, que había una incursión muy grande de armas en el país… pero que todo se quedó en eso y nadie hizo caso porque creyeron que no tenía sentido”.
O sea que los 28 mil muertos que reporta el Cisen que van en esta lucha en el sexenio son causados por EPR, TDR, ERPI, las Milicias Flores Magón, las FARP, el Comando Jaramillista, etcétera, quienes tendrían más fuerza, capacidad de fuego y poder territorial que los Zetas, o que los cárteles del Golfo y Pacífico, o que La Familia.
Tal conclusión suena simplista y no concuerda con lo que afirman en su media lengua de filtraciones y rumores los órganos de inteligencia federal. Tampoco guarda relación directa con el accionar de los grupos. No he escuchado a ningún un detenido de los Zetas afirmar que su lucha es política y para derrocar al régimen.
Tampoco se percibe que los comunicados de EPR, por ejemplo, reivindiquen el trasiego de drogas como actividad revolucionaria. Lo más que han hecho en tal sentido es respaldar a las FARC de Colombia, que sí viven de eso.
Si Onésimo sabe algo, sería bueno que lo compartiera con los órganos de inteligencia federales, no con la prensa.
Si sólo está hablando de oidas, animado más por una fobia personal en contra los guerrilleros, pues tendría que aclarar que es una impresión suya.
Los curas rurales, los de la sierra, los que andan deveras en las comunidades saben muchas cosas de lo que se mueve por ahí; de las inquietudes e inconformidades de la gente; y también saben quién es quién en cada lugar. ¿Será de ahí de dónde sale la información del prelado?
Muy probablemente no. Su círculo de amigos es más de poderosos y potentados. Tiene más afinidad con el dinero, el PRI y el PAN, que con las comunidades de base.
Aun así, se agradece la declaración, pues es sintomática de lo que piensa una parte de esa élite a la que Onésimo pertenece.
Más del caso Diego
De entre tanta pirotecnia de declaraciones; en medio de una cruce de filtraciones sobre el origen de los secuestradores de Diego Fernández de Cevallos, surgió esta semana una voz mesurada y prudente, la de Jorge Lofredo, quien no se atreve a descartar a ningún grupo armado como perpetrador del caso, pero tampoco a acusar a priori a ninguno y da sus razones.
Recomiendo su lectura en esta liga.
Y abundó: “Evidentemente con la ayuda del Ejército y la Marina se van a hacer muchísimas cosas… pero debemos poner más énfasis, y esa es la labor del Presidente, en los grupos guerrilleros que están descuidados, pero primero hay que admitir que existen.
“Ya se había alertado al gobierno de la presencia de la guerrilla, que cada vez se estaban armando más, que había una incursión muy grande de armas en el país… pero que todo se quedó en eso y nadie hizo caso porque creyeron que no tenía sentido”.
O sea que los 28 mil muertos que reporta el Cisen que van en esta lucha en el sexenio son causados por EPR, TDR, ERPI, las Milicias Flores Magón, las FARP, el Comando Jaramillista, etcétera, quienes tendrían más fuerza, capacidad de fuego y poder territorial que los Zetas, o que los cárteles del Golfo y Pacífico, o que La Familia.
Tal conclusión suena simplista y no concuerda con lo que afirman en su media lengua de filtraciones y rumores los órganos de inteligencia federal. Tampoco guarda relación directa con el accionar de los grupos. No he escuchado a ningún un detenido de los Zetas afirmar que su lucha es política y para derrocar al régimen.
Tampoco se percibe que los comunicados de EPR, por ejemplo, reivindiquen el trasiego de drogas como actividad revolucionaria. Lo más que han hecho en tal sentido es respaldar a las FARC de Colombia, que sí viven de eso.
Si Onésimo sabe algo, sería bueno que lo compartiera con los órganos de inteligencia federales, no con la prensa.
Si sólo está hablando de oidas, animado más por una fobia personal en contra los guerrilleros, pues tendría que aclarar que es una impresión suya.
Los curas rurales, los de la sierra, los que andan deveras en las comunidades saben muchas cosas de lo que se mueve por ahí; de las inquietudes e inconformidades de la gente; y también saben quién es quién en cada lugar. ¿Será de ahí de dónde sale la información del prelado?
Muy probablemente no. Su círculo de amigos es más de poderosos y potentados. Tiene más afinidad con el dinero, el PRI y el PAN, que con las comunidades de base.
Aun así, se agradece la declaración, pues es sintomática de lo que piensa una parte de esa élite a la que Onésimo pertenece.
Más del caso Diego
De entre tanta pirotecnia de declaraciones; en medio de una cruce de filtraciones sobre el origen de los secuestradores de Diego Fernández de Cevallos, surgió esta semana una voz mesurada y prudente, la de Jorge Lofredo, quien no se atreve a descartar a ningún grupo armado como perpetrador del caso, pero tampoco a acusar a priori a ninguno y da sus razones.
Recomiendo su lectura en esta liga.
viernes, 30 de julio de 2010
“Ya que entren los gringos…”
El ascenso de los índices criminales derivados de la lucha contra el narcotráfico y la percepción de que el gobierno federal la está perdiendo ha provocado que algunas voces sean partidarias de soluciones radicales, sobre todo en ciudades como Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Monterrey, Culiacán o Tijuana. Implantar “toques de queda” o permitir la presencia armada de policías estadounidenses son algunas de estas propuestas desesperadas.
Cada vez es más común escuchar frases como: “tiene qué venir alguien a poner orden”; “a ellos (a los gringos) sí les tienen miedo los narcos”; “si nuestros policías y militares son corruptos, tenemos que traer a quienes no lo son”; “mano dura, con la DEA y la Guardia Civil patrullando las calles y verás cómo se endereza la situación de un día para otro”.
Incluso voces académicas, como la de Rubén Aguilar y Jorge Castañeda, acuden al argumento de que la cooperación México-Estados Unidos debe contemplar operaciones conjuntas, excepcionales, en situaciones y circunstancias determinadas, dentro de territorio nacional.
Todo eso suena, en efecto, contundente y radical, pero pudiera ser sólo una ilusión. Me explico.
Además de las consideraciones simbólicas, políticas y de soberanía que supone que una policía foránea venga a hacer el trabajo que los mexicanos no hemos podido hacer, y que metería mucho ruido en el debate nacional, están también consideraciones más pragmáticas. Entre ellas, el análisis de si en realidad los “marines” estadounidenses son tan poderosos en capacidad de fuego y estrategia como presumen, y si son tan incorruptibles como aparecen en las películas de Hollywood.
Hay que partir de una evidencia: el fracaso de las policías y agencias antinarcóticos de toda la Unión Americana, que no han sido capaces de abatir los niveles de consumo de estupefacientes, el cual crece exponencialmente y estimula este enorme mercado de adictos que es el origen del circuito económico de la droga.
Tampoco han sido muy efectivos para detener el paso de drogas a su territorio. Le echan la culpa a los aduaneros mexicanos corruptos, pero la frontera siempre tiene dos revisiones: la mexicana y la americana. Podría entenderse que fallara una. ¿Y la otra? ¿Nunca se da cuenta de las toneladas de estupefacientes que pasan por sus narices?
Más todavía, al pasar la frontera la droga se pierde y fluye sin obstáculos por todo ese enorme territorio.
A la inversa. Las armas que entran ilegal y masivamente a México tampoco las ven del lado americano. Nunca. No se sabe de decomisos espectaculares. Eso sí, los corruptos somos nada más los mexicanos.
Recomiendo revisar las serie de reportajes publicados por el diario El Universal, entre los días 19 y 23 de octubre pasado, en el que se documentó la corrupción, negligencia e ineficacia de las autoridades de fronterizas de Estados Unidos.
Sobre el otro punto: la imbatibilidad del Ejército americano frente a criminales, terroristas y guerrilleros, la necia realidad demuestra que la enorme capacidad de fuego no es garantía de éxito. Afganistán, Irak y la enorme cantidad de soldados norteamericanos muertos en combate demuestran que la supremacía tecnológica no basta para superar enemigos en condiciones de combate irregular.
Los cárteles mexicanos tienen armas ultra poderosas (provistas por mercenarios de Estados Unidos), que los hacen un enemigo al que no se puede subestimar a priori.
Las soluciones de fondo siguen estando, entonces, por la vía del trabajo de inteligencia y por el saneamiento interno de nuestra fuerzas de seguridad. También reconocer que el problema es global, pues forma parte de una lógica de mercado (demanda-oferta) que hay que desmantelar en muchos países al mismo tiempo.
Ya no se puede pensar que sólo el uso de la fuerza acabará con el problema. Que los GI Joe vengan a Juárez o a Nuevo Laredo a matar narcos no solucionará el problema.
Cada vez es más común escuchar frases como: “tiene qué venir alguien a poner orden”; “a ellos (a los gringos) sí les tienen miedo los narcos”; “si nuestros policías y militares son corruptos, tenemos que traer a quienes no lo son”; “mano dura, con la DEA y la Guardia Civil patrullando las calles y verás cómo se endereza la situación de un día para otro”.
Incluso voces académicas, como la de Rubén Aguilar y Jorge Castañeda, acuden al argumento de que la cooperación México-Estados Unidos debe contemplar operaciones conjuntas, excepcionales, en situaciones y circunstancias determinadas, dentro de territorio nacional.
Todo eso suena, en efecto, contundente y radical, pero pudiera ser sólo una ilusión. Me explico.
Además de las consideraciones simbólicas, políticas y de soberanía que supone que una policía foránea venga a hacer el trabajo que los mexicanos no hemos podido hacer, y que metería mucho ruido en el debate nacional, están también consideraciones más pragmáticas. Entre ellas, el análisis de si en realidad los “marines” estadounidenses son tan poderosos en capacidad de fuego y estrategia como presumen, y si son tan incorruptibles como aparecen en las películas de Hollywood.
Hay que partir de una evidencia: el fracaso de las policías y agencias antinarcóticos de toda la Unión Americana, que no han sido capaces de abatir los niveles de consumo de estupefacientes, el cual crece exponencialmente y estimula este enorme mercado de adictos que es el origen del circuito económico de la droga.
Tampoco han sido muy efectivos para detener el paso de drogas a su territorio. Le echan la culpa a los aduaneros mexicanos corruptos, pero la frontera siempre tiene dos revisiones: la mexicana y la americana. Podría entenderse que fallara una. ¿Y la otra? ¿Nunca se da cuenta de las toneladas de estupefacientes que pasan por sus narices?
Más todavía, al pasar la frontera la droga se pierde y fluye sin obstáculos por todo ese enorme territorio.
A la inversa. Las armas que entran ilegal y masivamente a México tampoco las ven del lado americano. Nunca. No se sabe de decomisos espectaculares. Eso sí, los corruptos somos nada más los mexicanos.
Recomiendo revisar las serie de reportajes publicados por el diario El Universal, entre los días 19 y 23 de octubre pasado, en el que se documentó la corrupción, negligencia e ineficacia de las autoridades de fronterizas de Estados Unidos.
Sobre el otro punto: la imbatibilidad del Ejército americano frente a criminales, terroristas y guerrilleros, la necia realidad demuestra que la enorme capacidad de fuego no es garantía de éxito. Afganistán, Irak y la enorme cantidad de soldados norteamericanos muertos en combate demuestran que la supremacía tecnológica no basta para superar enemigos en condiciones de combate irregular.
Los cárteles mexicanos tienen armas ultra poderosas (provistas por mercenarios de Estados Unidos), que los hacen un enemigo al que no se puede subestimar a priori.
Las soluciones de fondo siguen estando, entonces, por la vía del trabajo de inteligencia y por el saneamiento interno de nuestra fuerzas de seguridad. También reconocer que el problema es global, pues forma parte de una lógica de mercado (demanda-oferta) que hay que desmantelar en muchos países al mismo tiempo.
Ya no se puede pensar que sólo el uso de la fuerza acabará con el problema. Que los GI Joe vengan a Juárez o a Nuevo Laredo a matar narcos no solucionará el problema.
martes, 27 de julio de 2010
Niegan que Alejandro Constantino haya secuestrado a Diego
México, Distrito Federal; a 27 de julio de 2010.
El día de ayer se publicaron en el periódico “El Universal”, en la columna del periodista José Cárdenas, los diversos rumores que sobre el posible secuestro del ex senador Diego Fernández de Ceballos circulan en los pasillos de la Secretaría de Gobernación. El día de hoy en el periódico La Jornada, el periodista Alfredo Méndez retoma una de las varias versiones o hipótesis que se filtran de la Procuraduría General de la República.
Una vez que en una de dichas hipótesis se menciona que podría ser un grupo guerrillero mexicano el autor del aparente secuestro del licenciado Fernández de Ceballos y además se menciona que mi hermano Constantino Alejandro es miembro de una organización insurgente, considero necesario hacer los siguientes comentarios:
1. Nuevamente desmiento las diversas versiones que pretenden en algunas ocasiones que mi hermano Constantino Alejandro es el “Jefe militar del Ejército Popular Revolucionario” y en otras dicen que es “el Comandante José Arturo de la Tendencia Democrática Revolucionaria”, versiones absurdas y falsas. Mi hermano fue un participante del movimiento democrático universitario en la ciudad de Oaxaca en los años 1976-77 y a raíz de su participación en una organización democrática en la cual luchamos por una universidad crítica, científica, democrática y popular, fue víctima de una agresión por grupos porriles vinculados al PRI y recibió un disparo en el pecho que le lesionó el corazón y un pulmón, sufrió dos paros cardiorrespiratorios cuando era trasladado en una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social a un hospital de dicha institución y las secuelas físicas de dicho percance le harían imposible hacer realidad las hipótesis policiacas.
2. En virtud de que en el año 2006, las corporaciones de seguridad del Estado mexicano después de propalar versiones en relación a los posibles e hipotéticos autores de las acciones de hostigamiento político-militar del EPR contra los ductos de PEMEX, detuvieron sin orden alguna al compañero expreso político Hermenegildo Torres Cruz, considero prudente y necesario manifestar que sería condenable que se repitan dichos palos de ciego en contra de compañeros militantes que realizamos nuestra actividad profesional y política en forma democrática, pacífica, pública y dentro de los marcos constitucionales.
3. A raíz de la mención de mi hermano Constantino Alejandro en el contexto ya mencionado, nuevamente aclaro que soy licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, asesoro comunidades indígenas y ejidos en los estados de Oaxaca e Hidalgo, además de víctimas de pederastia y sectores vulnerables de la ciudadanía y milito, al lado de los expresos políticos David Cabañas Barrientos, Hermenegildo Torres Cruz, Italo Ricardo Díaz Díaz, Pablo Torres Hernández, Bonifacio Ramírez Carmona, Rey Venegas Castro y Rubén Díaz Díaz en la Organización Política Izquierda Democrática Popular.
4. Independientemente del rumor que propalan los organismos de seguridad del Estado mexicano, considero oportuno mencionar que indudablemente en nuestro país existen organizaciones insurgentes político-militares y miles de ciudadanos que militan en ellas se han considerado obligados a engrosar sus filas en virtud de las condiciones de represión que prevalecen en México y la falta de apertura para la actividad política pacífica y dentro de los marcos constitucionales. Ante ello considero necesario reiterar el llamado que hemos hecho en la Organización Política Izquierda Democrática Popular, de que es necesario que tomemos conciencia del México profundo y bronco que ronronea más allá de los titulares de los medios masivos de comunicación y nos decidamos por fin a tomar con seriedad ese tema y a construir una patria donde ningún mexicano se sienta obligado a empuñar un arma para conseguir una demanda legítima.
A T E N T A M E N T E
Lic. Felipe Edgardo Canseco Ruiz
El día de ayer se publicaron en el periódico “El Universal”, en la columna del periodista José Cárdenas, los diversos rumores que sobre el posible secuestro del ex senador Diego Fernández de Ceballos circulan en los pasillos de la Secretaría de Gobernación. El día de hoy en el periódico La Jornada, el periodista Alfredo Méndez retoma una de las varias versiones o hipótesis que se filtran de la Procuraduría General de la República.
Una vez que en una de dichas hipótesis se menciona que podría ser un grupo guerrillero mexicano el autor del aparente secuestro del licenciado Fernández de Ceballos y además se menciona que mi hermano Constantino Alejandro es miembro de una organización insurgente, considero necesario hacer los siguientes comentarios:
1. Nuevamente desmiento las diversas versiones que pretenden en algunas ocasiones que mi hermano Constantino Alejandro es el “Jefe militar del Ejército Popular Revolucionario” y en otras dicen que es “el Comandante José Arturo de la Tendencia Democrática Revolucionaria”, versiones absurdas y falsas. Mi hermano fue un participante del movimiento democrático universitario en la ciudad de Oaxaca en los años 1976-77 y a raíz de su participación en una organización democrática en la cual luchamos por una universidad crítica, científica, democrática y popular, fue víctima de una agresión por grupos porriles vinculados al PRI y recibió un disparo en el pecho que le lesionó el corazón y un pulmón, sufrió dos paros cardiorrespiratorios cuando era trasladado en una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social a un hospital de dicha institución y las secuelas físicas de dicho percance le harían imposible hacer realidad las hipótesis policiacas.
2. En virtud de que en el año 2006, las corporaciones de seguridad del Estado mexicano después de propalar versiones en relación a los posibles e hipotéticos autores de las acciones de hostigamiento político-militar del EPR contra los ductos de PEMEX, detuvieron sin orden alguna al compañero expreso político Hermenegildo Torres Cruz, considero prudente y necesario manifestar que sería condenable que se repitan dichos palos de ciego en contra de compañeros militantes que realizamos nuestra actividad profesional y política en forma democrática, pacífica, pública y dentro de los marcos constitucionales.
3. A raíz de la mención de mi hermano Constantino Alejandro en el contexto ya mencionado, nuevamente aclaro que soy licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, asesoro comunidades indígenas y ejidos en los estados de Oaxaca e Hidalgo, además de víctimas de pederastia y sectores vulnerables de la ciudadanía y milito, al lado de los expresos políticos David Cabañas Barrientos, Hermenegildo Torres Cruz, Italo Ricardo Díaz Díaz, Pablo Torres Hernández, Bonifacio Ramírez Carmona, Rey Venegas Castro y Rubén Díaz Díaz en la Organización Política Izquierda Democrática Popular.
4. Independientemente del rumor que propalan los organismos de seguridad del Estado mexicano, considero oportuno mencionar que indudablemente en nuestro país existen organizaciones insurgentes político-militares y miles de ciudadanos que militan en ellas se han considerado obligados a engrosar sus filas en virtud de las condiciones de represión que prevalecen en México y la falta de apertura para la actividad política pacífica y dentro de los marcos constitucionales. Ante ello considero necesario reiterar el llamado que hemos hecho en la Organización Política Izquierda Democrática Popular, de que es necesario que tomemos conciencia del México profundo y bronco que ronronea más allá de los titulares de los medios masivos de comunicación y nos decidamos por fin a tomar con seriedad ese tema y a construir una patria donde ningún mexicano se sienta obligado a empuñar un arma para conseguir una demanda legítima.
A T E N T A M E N T E
Lic. Felipe Edgardo Canseco Ruiz
lunes, 26 de julio de 2010
Los pendientes de Luis Echeverría
Un día y otro también se sueltan rumores sobre el mal estado de salud del ex Presidente de México, Luis Echeverría , quien es acusado de crímenes de lesa humanidad por la matanza del 2 de octubre de 1968, la represión del Jueves de Corpus, el 10 de junio de 1971, y más de 600 desapariciones políticas y ejecuciones extrajudiciales cometidas durante los años de la llamada “guerra sucia” contra las guerrillas.
Echeverría ya ha enfrentado juicio, ya ha sido arraigado, y también extrañamente liberado, aun cuando las causas siguen abiertas.
El Comité del 68, integrado por víctimas de dicha represión no quitan el dedo en el renglón para que se llegue a fondo en el caso y se haga justicia, sinimportar la edad del ex mandatario ni su supuesto mal estado de salud.
De hecho, hay cinco puntos que el Comité del 68, dirigido entre otros por Raúl Álvarez garín y por Félix Hernández Gamundi, plantean como urgentes para que dichos episodios de sangre de la historia reciente de México no queden impunes. Dicen:
1.- La única base para fundamentar los mencionados rumores (sobre la salud de Echeverría) es la edad avanzada del personaje. Sin embargo, evidencias públicas como el libro de entrevistas que le hizo el periodista Rogelio Cárdenas Estandía, muestra que en todo momento ha estado en condiciones de salud suficientes para enfrentar los procesos judiciales que se le mantienen abiertos y los que están en perspectiva.
En todo caso, la situación que guarda el estado de salud de Luis Echeverría en estos momentos, tendría que ser considerado en cada ocasión, de la reactivación de las diligencias judiciales requeridas en cada paso del procedimiento.
2.- La situación jurídica en que se encuentra el ex presidente, a raíz del amparo concedido por el Tribunal Colegiado a finales de marzo de 2009, es de libertad bajo las reservas de ley, lo que significa que está abierta la posibilidad de reiniciar el proceso, en el momento en que lo disponga la PGR.
En el caso y en términos concretos, según la interpretación de la resolución del amparo, si se perfecciona la consignación. En esas condiciones, lo primero que no puede admitirse de ninguna manera es la afirmación de que Luis Echeverría haya sido “exonerado” pues eso es jurídicamente falso.
3.- Además, debe recordarse que en términos judiciales, Luis Echeverría está involucrado en diversos casos y procesos: (caso 2 de octubre, caso 10 de junio, casos de desaparecidos), que en los tribunales e instancias nacionales se llevan por aparte, pero que en instancias de justicia internacionales se han venido considerando como partes de una misma situación jurídico política, de manera que las resoluciones condenatorias en contra del Estado mexicano que se han logrado, tienen implicaciones sobre los juicios que en el ámbito nacional están obstruidos con pretextos y recursos espurios.
4.- Siempre y en todos los casos, pero especialmente en estos asuntos en los cuales los efectos prácticos procesales y políticos se ven amplificados por los medios de comunicación y en donde por añadidura se ubican intereses económicos y políticos vinculados a los indiciados como probables responsables de los crímenes, reclamamos a los medios por lo menos el derecho de réplica y de difusión suficiente de la misma, y de la información directa para esclarecer con suficiencia las versiones u opiniones falsas y tergiversadoras de la verdad de los hechos.
5.- Por último, reafirmamos nuestra exigencia formulada desde hace tres años, de que la PGR reactive de inmediato todos los recursos e instrumentos requeridos para retomar y dinamizar los procesos de responsabilidad penal que se les deben seguir a los genocidas en especial Luis Echeverría que aparece involucrado en otros cincuenta y dos expedientes judiciales de los que se derivan responsabilidades penales para este personaje.
En otra palabras, el Comité del 68 reclama que esto todavía no se acaba, por lo que la justicia ha de actuar de manera expedita. El tiempo corre.
Secuestro del Jefe Diego
Un dato importante, por duro, parece reforzar la idea de que un grupo guerrillero está detrás del secuestro de Diego Fernández de Cevallos: que no les corre prisa a los secuestradores.
Si es que son fidedignas las comunicaciones que mantenido el grupo secuestrador con el periodista José Cárdenas y lo que le han dicho sus fuentes al periodista Raymundo Riva Palacio, sí hay un grupo armado revolucionario detrás del hecho.
Lo que sí sería aventurado afirmar, porque no hay nada conclusivo al respecto, es que se trate de Tendencia Democrática Revolucionaria (al servicio supuestamente del ERPI) o, según la otra versión, de un tal Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Echeverría ya ha enfrentado juicio, ya ha sido arraigado, y también extrañamente liberado, aun cuando las causas siguen abiertas.
El Comité del 68, integrado por víctimas de dicha represión no quitan el dedo en el renglón para que se llegue a fondo en el caso y se haga justicia, sinimportar la edad del ex mandatario ni su supuesto mal estado de salud.
De hecho, hay cinco puntos que el Comité del 68, dirigido entre otros por Raúl Álvarez garín y por Félix Hernández Gamundi, plantean como urgentes para que dichos episodios de sangre de la historia reciente de México no queden impunes. Dicen:
1.- La única base para fundamentar los mencionados rumores (sobre la salud de Echeverría) es la edad avanzada del personaje. Sin embargo, evidencias públicas como el libro de entrevistas que le hizo el periodista Rogelio Cárdenas Estandía, muestra que en todo momento ha estado en condiciones de salud suficientes para enfrentar los procesos judiciales que se le mantienen abiertos y los que están en perspectiva.
En todo caso, la situación que guarda el estado de salud de Luis Echeverría en estos momentos, tendría que ser considerado en cada ocasión, de la reactivación de las diligencias judiciales requeridas en cada paso del procedimiento.
2.- La situación jurídica en que se encuentra el ex presidente, a raíz del amparo concedido por el Tribunal Colegiado a finales de marzo de 2009, es de libertad bajo las reservas de ley, lo que significa que está abierta la posibilidad de reiniciar el proceso, en el momento en que lo disponga la PGR.
En el caso y en términos concretos, según la interpretación de la resolución del amparo, si se perfecciona la consignación. En esas condiciones, lo primero que no puede admitirse de ninguna manera es la afirmación de que Luis Echeverría haya sido “exonerado” pues eso es jurídicamente falso.
3.- Además, debe recordarse que en términos judiciales, Luis Echeverría está involucrado en diversos casos y procesos: (caso 2 de octubre, caso 10 de junio, casos de desaparecidos), que en los tribunales e instancias nacionales se llevan por aparte, pero que en instancias de justicia internacionales se han venido considerando como partes de una misma situación jurídico política, de manera que las resoluciones condenatorias en contra del Estado mexicano que se han logrado, tienen implicaciones sobre los juicios que en el ámbito nacional están obstruidos con pretextos y recursos espurios.
4.- Siempre y en todos los casos, pero especialmente en estos asuntos en los cuales los efectos prácticos procesales y políticos se ven amplificados por los medios de comunicación y en donde por añadidura se ubican intereses económicos y políticos vinculados a los indiciados como probables responsables de los crímenes, reclamamos a los medios por lo menos el derecho de réplica y de difusión suficiente de la misma, y de la información directa para esclarecer con suficiencia las versiones u opiniones falsas y tergiversadoras de la verdad de los hechos.
5.- Por último, reafirmamos nuestra exigencia formulada desde hace tres años, de que la PGR reactive de inmediato todos los recursos e instrumentos requeridos para retomar y dinamizar los procesos de responsabilidad penal que se les deben seguir a los genocidas en especial Luis Echeverría que aparece involucrado en otros cincuenta y dos expedientes judiciales de los que se derivan responsabilidades penales para este personaje.
En otra palabras, el Comité del 68 reclama que esto todavía no se acaba, por lo que la justicia ha de actuar de manera expedita. El tiempo corre.
Secuestro del Jefe Diego
Un dato importante, por duro, parece reforzar la idea de que un grupo guerrillero está detrás del secuestro de Diego Fernández de Cevallos: que no les corre prisa a los secuestradores.
Si es que son fidedignas las comunicaciones que mantenido el grupo secuestrador con el periodista José Cárdenas y lo que le han dicho sus fuentes al periodista Raymundo Riva Palacio, sí hay un grupo armado revolucionario detrás del hecho.
Lo que sí sería aventurado afirmar, porque no hay nada conclusivo al respecto, es que se trate de Tendencia Democrática Revolucionaria (al servicio supuestamente del ERPI) o, según la otra versión, de un tal Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Narcoterrorismo y punto
23 Julio 2010
No hay por qué darle tantas vueltas, ni buscar definiciones jurídicas. Quien genera miedo en la sociedad, para conseguir sus muy particulares fines, sean éstos políticos, económicos o criminales, es un terrorista.
Por lo general, la manera más certera -aunque no la única- de paralizar a una sociedad es atentando aleatoriamente contra blancos civiles. Contra lo que el discurso oficial pretende hacernos creer, el terrorismo generado por miembros del crimen organizado no es nuevo, ni se inició la semana pasada.
Acaso el hecho fundacional fue cuando rodaron seis cabezas en un bar de Uruapan, hace tres años. Después vinieron la filmación de ejecuciones subidas a YouTube.
Al principio las víctimas eran integrantes de bandas enemigas; pasaron a ser policías, periodistas y más tarde ciudadanos comunes y corrientes. "Vean lo que somos capaces de hacer; con que nos tengan miedo basta", es el mensaje para inhibir la acción de la autoridad y de la sociedad.
Ya no hubo duda de la naturaleza del enemigo tras el atentado con granadas en la ceremonia del Grito, en Morelia, de 2008. Las cosas no han mejorado.
Ahora, cada vez es más fácil tener noticia de balaceras en plena calle, junto a escuelas, en horas de trabajo, en avenidas transitadas. No se salvan bautizos, bodas y eventos sociales, como en los casos de Villas Salvarcar, de Juárez, o en la boda en la Quinta Italia, de Torreón, la semana pasada, donde sendos comandos armados rafaguearon a los asistentes sin consideración alguna. Mataron hasta a los músicos.
En un desesperado intento por minimizar los hechos, autoridades de los tres niveles de gobierno aseguran que, técnicamente, no hay terrorismo, que los ataques están dirigidos a cárteles enemigos, a policías y soldados, pero no a la sociedad civil y que por lo tanto la definición no cuadra con los parámetros internacionales del fenómeno. Falso.
Hay una clara conciencia de parte de los criminales que un zafarrancho público deja muchas balas perdidas y el riesgo de que haya inocentes muertos eleva el costo político a las fuerzas del orden.
Las víctimas colaterales no son, entonces, producto de la mala suerte, sino del cálculo delincuencial de que Ejército y policías ven reducido su margen de fuego en calles y mercados.
Ahora bien, hay que tener presente que para crear psicosis en una sociedad no se necesitan necesariamente de varios kilos de explosivo, sino que pueden usarse amenazas telefónicas o simples correos electrónicos. Recordemos la cadena de amenazas cibernéticas que paralizaron todo un fin de semana a Cuernavaca, tras la amenaza de que "algo" iba a pasar. Antros y restaurantes no abrieron. El caos estaba sembrado.
Las pérdidas económicas también. La ETA, el Sinn Fein irlandés, las FARC de Colombia, Al Qaeda, Hamas en Palestina tienen motivaciones políticas para realizar sus atentados en contra de población civil inocente. Que los cárteles mexicanos de la droga quieran mantener incólume su imperio económico atemorizando a la población los equipara con aquellos que operan así en el resto del mundo.
No es alarmismo. Es realismo, pues hay que saber de qué tamaño es el problema que enfrentamos para poder diseñar la mejor estrategia para combatirlo. Cerrar los ojos a lo evidente sólo provocará que se mantenga incólume la actual estrategia de lucha contra el narcotráfico, la cual sólo puede ser evaluada por sus resultados, uno de los cuales es el ascenso del narcoterrorismo.
No hay por qué darle tantas vueltas, ni buscar definiciones jurídicas. Quien genera miedo en la sociedad, para conseguir sus muy particulares fines, sean éstos políticos, económicos o criminales, es un terrorista.
Por lo general, la manera más certera -aunque no la única- de paralizar a una sociedad es atentando aleatoriamente contra blancos civiles. Contra lo que el discurso oficial pretende hacernos creer, el terrorismo generado por miembros del crimen organizado no es nuevo, ni se inició la semana pasada.
Acaso el hecho fundacional fue cuando rodaron seis cabezas en un bar de Uruapan, hace tres años. Después vinieron la filmación de ejecuciones subidas a YouTube.
Al principio las víctimas eran integrantes de bandas enemigas; pasaron a ser policías, periodistas y más tarde ciudadanos comunes y corrientes. "Vean lo que somos capaces de hacer; con que nos tengan miedo basta", es el mensaje para inhibir la acción de la autoridad y de la sociedad.
Ya no hubo duda de la naturaleza del enemigo tras el atentado con granadas en la ceremonia del Grito, en Morelia, de 2008. Las cosas no han mejorado.
Ahora, cada vez es más fácil tener noticia de balaceras en plena calle, junto a escuelas, en horas de trabajo, en avenidas transitadas. No se salvan bautizos, bodas y eventos sociales, como en los casos de Villas Salvarcar, de Juárez, o en la boda en la Quinta Italia, de Torreón, la semana pasada, donde sendos comandos armados rafaguearon a los asistentes sin consideración alguna. Mataron hasta a los músicos.
En un desesperado intento por minimizar los hechos, autoridades de los tres niveles de gobierno aseguran que, técnicamente, no hay terrorismo, que los ataques están dirigidos a cárteles enemigos, a policías y soldados, pero no a la sociedad civil y que por lo tanto la definición no cuadra con los parámetros internacionales del fenómeno. Falso.
Hay una clara conciencia de parte de los criminales que un zafarrancho público deja muchas balas perdidas y el riesgo de que haya inocentes muertos eleva el costo político a las fuerzas del orden.
Las víctimas colaterales no son, entonces, producto de la mala suerte, sino del cálculo delincuencial de que Ejército y policías ven reducido su margen de fuego en calles y mercados.
Ahora bien, hay que tener presente que para crear psicosis en una sociedad no se necesitan necesariamente de varios kilos de explosivo, sino que pueden usarse amenazas telefónicas o simples correos electrónicos. Recordemos la cadena de amenazas cibernéticas que paralizaron todo un fin de semana a Cuernavaca, tras la amenaza de que "algo" iba a pasar. Antros y restaurantes no abrieron. El caos estaba sembrado.
Las pérdidas económicas también. La ETA, el Sinn Fein irlandés, las FARC de Colombia, Al Qaeda, Hamas en Palestina tienen motivaciones políticas para realizar sus atentados en contra de población civil inocente. Que los cárteles mexicanos de la droga quieran mantener incólume su imperio económico atemorizando a la población los equipara con aquellos que operan así en el resto del mundo.
No es alarmismo. Es realismo, pues hay que saber de qué tamaño es el problema que enfrentamos para poder diseñar la mejor estrategia para combatirlo. Cerrar los ojos a lo evidente sólo provocará que se mantenga incólume la actual estrategia de lucha contra el narcotráfico, la cual sólo puede ser evaluada por sus resultados, uno de los cuales es el ascenso del narcoterrorismo.
Los narcos al poder y las tres A
29-junio-2010
Las bandas paramilitares del crimen organizado han logrado lo que las guerrillas de origen político no:
1. Control territorial que mina la gobernabilidad del país y singifica, en los hechos, la extinción del Estado de derecho en zonas localizadas del territorio nacional
2. Superioridad de fuego
3. Anulación de elecciones en algunas zonas (como se verá tras el asesinato de ayer en Tamaulipas)
4. Control de energéticos, vía el amago a Pemex
5. Poderío económico trasnacional
6. Dominio de fronteras (exportan e importan, lo mismo drogas, dinero, armas que personas)
7. Cobro de impuestos (extorsiones, derechos de piso)
8. Estabecen un sistema de justicia propio: tienen poder sobre vidas humanas; deciden quién debe vivir y quién no
9. Están a un paso de sustituir el régimen democrático por uno autoritario basado en sus AK-47.
No hay discurso oficial que logre revertir esta realidad. No se trata de voluntarismos o de apelar a una realidad diferente para que ésta se conceda. Así está hoy México.
En el camino se dicen muchas cosas:
Que fue un error de Calderón lanzarse en esta guerra sin calcular bien los riesgos .
Que debió hacerse de la vista gorda y no sacudir el avispero (y dejarlos crecer, claro).
Que no había de otra.
Que la clase política es en realidad la beneficiaria de esta lucha artificial porque es cómplice de los narcos.
Que generando empleos se acaba con la tentación de vender droga.
Que es la descomposición suprema del régimen al llevar al capitalismo hasta sus más extremas consecuencias.
Que votando por el _________(ponga el partido que quiera) se acabará la zozobra porque ellos sí saben cómo acabar con esta situación; porque el candidato ______________sí tiene la llave y los pantalones para poner a los malosos en cintura.
Que estaríamos mejor con López Obrador.
Que ningún delincuente tiene más fuerza que el Estado.
Que vamos ganando.
Que los narcos no existen, que es un complot diseñado desde el gobierno para criminalizar la protesta social.
Todo eso suena facilón y maniqueo, propio de nuestra mediocre clase política que reduce todo a tres tipo de soluciones: a) a balazos; b) cerrando los ojos, o; c) prendiéndole veladoras a un caudillo.
No se han planteado alternativas serias para romper la lógica económica de un negocio global, en el que México ocupa un lugar preponderante, pero no el único.
Por desgracia nuestro país carece de liderazgo en el concierto mundial, como para convocar a una gran reunión internacional para buscar que se consigan las tres A:
- Abatir los niveles de consumo mundial.
- Analizar los márgenes de la legalización de algunas drogas.
- Atacar a niveles quisquillosos el lavado de dinero, así como también, de manera importante pero secundaria, el tráfico mismo de armas y drogas.
Es el camino más largo, sí, pero el que puede garantizar resultados. De otra forma, si seguimos pensando chiquito y doméstico, los nueve puntos iniciales se pueden convertir en el doble o el triple.
Las bandas paramilitares del crimen organizado han logrado lo que las guerrillas de origen político no:
1. Control territorial que mina la gobernabilidad del país y singifica, en los hechos, la extinción del Estado de derecho en zonas localizadas del territorio nacional
2. Superioridad de fuego
3. Anulación de elecciones en algunas zonas (como se verá tras el asesinato de ayer en Tamaulipas)
4. Control de energéticos, vía el amago a Pemex
5. Poderío económico trasnacional
6. Dominio de fronteras (exportan e importan, lo mismo drogas, dinero, armas que personas)
7. Cobro de impuestos (extorsiones, derechos de piso)
8. Estabecen un sistema de justicia propio: tienen poder sobre vidas humanas; deciden quién debe vivir y quién no
9. Están a un paso de sustituir el régimen democrático por uno autoritario basado en sus AK-47.
No hay discurso oficial que logre revertir esta realidad. No se trata de voluntarismos o de apelar a una realidad diferente para que ésta se conceda. Así está hoy México.
En el camino se dicen muchas cosas:
Que fue un error de Calderón lanzarse en esta guerra sin calcular bien los riesgos .
Que debió hacerse de la vista gorda y no sacudir el avispero (y dejarlos crecer, claro).
Que no había de otra.
Que la clase política es en realidad la beneficiaria de esta lucha artificial porque es cómplice de los narcos.
Que generando empleos se acaba con la tentación de vender droga.
Que es la descomposición suprema del régimen al llevar al capitalismo hasta sus más extremas consecuencias.
Que votando por el _________(ponga el partido que quiera) se acabará la zozobra porque ellos sí saben cómo acabar con esta situación; porque el candidato ______________sí tiene la llave y los pantalones para poner a los malosos en cintura.
Que estaríamos mejor con López Obrador.
Que ningún delincuente tiene más fuerza que el Estado.
Que vamos ganando.
Que los narcos no existen, que es un complot diseñado desde el gobierno para criminalizar la protesta social.
Todo eso suena facilón y maniqueo, propio de nuestra mediocre clase política que reduce todo a tres tipo de soluciones: a) a balazos; b) cerrando los ojos, o; c) prendiéndole veladoras a un caudillo.
No se han planteado alternativas serias para romper la lógica económica de un negocio global, en el que México ocupa un lugar preponderante, pero no el único.
Por desgracia nuestro país carece de liderazgo en el concierto mundial, como para convocar a una gran reunión internacional para buscar que se consigan las tres A:
- Abatir los niveles de consumo mundial.
- Analizar los márgenes de la legalización de algunas drogas.
- Atacar a niveles quisquillosos el lavado de dinero, así como también, de manera importante pero secundaria, el tráfico mismo de armas y drogas.
Es el camino más largo, sí, pero el que puede garantizar resultados. De otra forma, si seguimos pensando chiquito y doméstico, los nueve puntos iniciales se pueden convertir en el doble o el triple.
miércoles, 16 de junio de 2010
Espionajes telefónicos
Todos los Estados del mundo tienen aparatos de seguridad nacional, que incluyen entre sus herramientas la escucha de conversaciones privadas, las cuales se supone deben estar reguladas por criterios éticos muy estrictos.
Hace dos años decíamos sobre el Cisen: “Hay quienes dicen que debe desaparecer porque es un instrumento de la represión estatal, pero es indudable que administrativamente la custodia de la seguridad nacional (entendida como la defensa ante amenazas externas e internas que pongan en riesgo a los tres componentes del Estado, población, territorio y gobierno) debe recaer en una instancia gubernamental, sin fines políticos”.
Argumentamos que el Cisen ha sido tradicionalmente utilizado con fines políticos y de hostigamiento a opositores, lo que lo ha desviado de tareas de inteligencia contra enemigos más tangibles, como el crimen organizado, por ejemplo, que está descontrolado y cuyos capos principales gozan de cabal libertad.
Espiar opositores políticos, periodistas y ciudadanos en general, sin orden judicial de por medio, es un delito, así sea cometido por particulares armados de equipo tecnológico especializado o por el Estado, que cuenta con la infraestructura suficiente para ello.
Ahora bien, a la luz de lo anterior, las grabaciones dadas a conocer ayer por la prensa, en las que el gobernador de Veracruz Fidel Herrera presuntamente da instrucciones para apoyar económicamente al candidato del PRI a sucederlo, Javier Duarte, ¿son lícitas o no?
Ayer escuché opiniones de opositores al PRI de que no importaba el origen de las cintas, siempre y cuando sirvieran para develar lo que todos intuimos: el descarado apoyo de los gobernadores caciques a sus delfines electorales.
Argumentaciones parecidas surgieron cuando el escándalo del “gober precioso” de Puebla, Mario Marín, que fue pillado en obscenas conversaciones con el empresario Kamel Nacif, reconociendo su prepotencia al violentar la justicia para castigar a la periodista Lydia Cacho, quien reveló una red de pederastas.
“Mientras sirvan a un fin noble; las conversaciones son bienvenidas”, dijeron más o menos los apoyadores de la causa, que jamás se han cuestionado el origen de las mismas.
¿Seguro? ¿Cuándo la ilegalidad me afecta es fascismo y cuando me beneficia, democracia? ¿No es medir con varas distintas un mismo hecho?
Las grabaciones del indefendible Fidel Herrera tienen un innegable tufo electorero, y los únicos beneficiados por este hecho son sus opositores: los partidos PAN, PRD, PT y Convergencia. Llevando la especulación más allá, acaso es el PAN es el único con la capacidad tecnológica, vía el Cisen, para grabar a un gobernador.
Esto probaría que a la hora de gobernar PAN y PRI reaccionan igual, haciendo un uso político de los aparatos de seguridad nacional, justo para lo que no deben servir.
Como antecedente de esta posibilidad, la periodista Anabel Hernández, en el quinto capítulo de su libro “Los Cómplices” (Grijalbo 2008) relata el presunto uso ilegal del Cisen y sus servicios de espionaje por parte del fallecido Juan Camilo Mouriño.
Luego entonces: ¿fue ilegal la escucha a FH? Sí. ¿Tiene validez jurídica? No. ¿Es políticamente útil? En estricto sentido sí, pero no podemos permitirnos abrir la puerta a una doble moral en la que un mismo delito se atenúe si sirve a la democracia.
Escuchar ilegalmente es fascismo, sea la derecha o la izquierda la que lo realice.
Hace dos años decíamos sobre el Cisen: “Hay quienes dicen que debe desaparecer porque es un instrumento de la represión estatal, pero es indudable que administrativamente la custodia de la seguridad nacional (entendida como la defensa ante amenazas externas e internas que pongan en riesgo a los tres componentes del Estado, población, territorio y gobierno) debe recaer en una instancia gubernamental, sin fines políticos”.
Argumentamos que el Cisen ha sido tradicionalmente utilizado con fines políticos y de hostigamiento a opositores, lo que lo ha desviado de tareas de inteligencia contra enemigos más tangibles, como el crimen organizado, por ejemplo, que está descontrolado y cuyos capos principales gozan de cabal libertad.
Espiar opositores políticos, periodistas y ciudadanos en general, sin orden judicial de por medio, es un delito, así sea cometido por particulares armados de equipo tecnológico especializado o por el Estado, que cuenta con la infraestructura suficiente para ello.
Ahora bien, a la luz de lo anterior, las grabaciones dadas a conocer ayer por la prensa, en las que el gobernador de Veracruz Fidel Herrera presuntamente da instrucciones para apoyar económicamente al candidato del PRI a sucederlo, Javier Duarte, ¿son lícitas o no?
Ayer escuché opiniones de opositores al PRI de que no importaba el origen de las cintas, siempre y cuando sirvieran para develar lo que todos intuimos: el descarado apoyo de los gobernadores caciques a sus delfines electorales.
Argumentaciones parecidas surgieron cuando el escándalo del “gober precioso” de Puebla, Mario Marín, que fue pillado en obscenas conversaciones con el empresario Kamel Nacif, reconociendo su prepotencia al violentar la justicia para castigar a la periodista Lydia Cacho, quien reveló una red de pederastas.
“Mientras sirvan a un fin noble; las conversaciones son bienvenidas”, dijeron más o menos los apoyadores de la causa, que jamás se han cuestionado el origen de las mismas.
¿Seguro? ¿Cuándo la ilegalidad me afecta es fascismo y cuando me beneficia, democracia? ¿No es medir con varas distintas un mismo hecho?
Las grabaciones del indefendible Fidel Herrera tienen un innegable tufo electorero, y los únicos beneficiados por este hecho son sus opositores: los partidos PAN, PRD, PT y Convergencia. Llevando la especulación más allá, acaso es el PAN es el único con la capacidad tecnológica, vía el Cisen, para grabar a un gobernador.
Esto probaría que a la hora de gobernar PAN y PRI reaccionan igual, haciendo un uso político de los aparatos de seguridad nacional, justo para lo que no deben servir.
Como antecedente de esta posibilidad, la periodista Anabel Hernández, en el quinto capítulo de su libro “Los Cómplices” (Grijalbo 2008) relata el presunto uso ilegal del Cisen y sus servicios de espionaje por parte del fallecido Juan Camilo Mouriño.
Luego entonces: ¿fue ilegal la escucha a FH? Sí. ¿Tiene validez jurídica? No. ¿Es políticamente útil? En estricto sentido sí, pero no podemos permitirnos abrir la puerta a una doble moral en la que un mismo delito se atenúe si sirve a la democracia.
Escuchar ilegalmente es fascismo, sea la derecha o la izquierda la que lo realice.
lunes, 14 de junio de 2010
La pelota gira y los comunicados fluyen
15 junio 2010
Distraídos en la euforia futbolera, resulta que estos días en México sí ha habido actividad guerrillera; cuando menos epistolar, hasta donde podemos saber.
En un comunicado emitido ayer, el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario reitera que no tiene secuestrado a Diego Fernández de Cevallos, contra todo lo que se ha dicho en los medios, y aclara los alcances de su referencia a Joaquín Villalobos, ex guerrillero salvadoreño que hoy asesora al gobierno de Felipe Calderón, que algunos pensamos podía ser la referencia a otro grupo armado.
Refiere que la acusación es directa y no metafórica. Lo critica a él y a otro supuesto grupo de ex guerrilleros de El Salvador de realizar interrogatorios en México a luchadores sociales detenidos, pero no especifica quiénes.
Por su parte, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) recordó que hace 12 años una columna suya se enfrentó al Ejército mexicano en el paraje guerrerense conocido como El Charco.
Ésa fue la primera vez que se supo de esta escisión eperrista, que hasta hace poco negaba los hechos. La misma Erika Zamora, en su libro “Erika Zamora acusada de ser guerrillera” (Plaza y Valdés 2003) no aclara su participación como militante de un grupo armado.
Ahora los erpistas reconocen abiertamente este episodio al que califican de crimen de Estado y en el que murieron cuatro de sus combatientes y siete personas del pueblo.
A otro nivel de ofensiva armada, dos células anarquistas reivindicaron esta semana sendas acciones. El Frente de Liberación de la Tierra inutilizó el 5 de junio pasado dos pipas de agua en el Estado de México, por considerarlas herramientas de destrucción de la naturaleza. “No dejaremos que unx cuantxs obtengan ganancias sobre la naturaleza y los ecosistemas salvajes para expandir la civilización”.
El Frente de Liberación Animal reivindicó esta semana la instalación de un par de bombas falsas en establecimientos de comida rápida de Gómez Palacio, Durango. “Mientras ellxs sigan usando la explotación animal y de la Tierra para seguir engrandeciendo la civilización, sus centros de exterminio, carcelarios, y demás… nosotrxs estaremos ahí, interrumpiendo su tranquilidad, destruyendo sus centros capitalistas, y causando daños de cualquier tipo al sistema industrial…”
Por último, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) difundieron su revista “Verde Olivo” número 26, que dedican su texto central a recordar que el 14 de junio de hace cuatro años Ulises Ruiz intentó desalojar con violencia el plantón que mantenía la APPO en el centro de la ciudad de Oaxaca.
Presenta otro sobre las alianzas políticas de los partidos en tiempos electorales –las cuales no le parecen del todo descartables- aunque su tesis de fondo es la necesaria unidad de todas las fuerzas de izquierda, electorales, sociales y guerrilleras, porque mientras ésta no sé dé, argumenta que el Estado podrá desarticular movimientos aislados.
“Todo se hace más difícil por la enorme descoordinación y falta de unidad, casos como el de los mineros de Cananea, de los huelguistas del SME, de los opositores a La Parota son paradigmáticos de la urgente necesidad de unir todas las formas de lucha, de no descalificar y renunciar a ninguna de ellas”, concluyen.
Como se ve, no todo es futbol en estos días. Los grupos revolucionarios se mueven, aunque sean sólo en el papel.
Distraídos en la euforia futbolera, resulta que estos días en México sí ha habido actividad guerrillera; cuando menos epistolar, hasta donde podemos saber.
En un comunicado emitido ayer, el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario reitera que no tiene secuestrado a Diego Fernández de Cevallos, contra todo lo que se ha dicho en los medios, y aclara los alcances de su referencia a Joaquín Villalobos, ex guerrillero salvadoreño que hoy asesora al gobierno de Felipe Calderón, que algunos pensamos podía ser la referencia a otro grupo armado.
Refiere que la acusación es directa y no metafórica. Lo critica a él y a otro supuesto grupo de ex guerrilleros de El Salvador de realizar interrogatorios en México a luchadores sociales detenidos, pero no especifica quiénes.
Por su parte, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) recordó que hace 12 años una columna suya se enfrentó al Ejército mexicano en el paraje guerrerense conocido como El Charco.
Ésa fue la primera vez que se supo de esta escisión eperrista, que hasta hace poco negaba los hechos. La misma Erika Zamora, en su libro “Erika Zamora acusada de ser guerrillera” (Plaza y Valdés 2003) no aclara su participación como militante de un grupo armado.
Ahora los erpistas reconocen abiertamente este episodio al que califican de crimen de Estado y en el que murieron cuatro de sus combatientes y siete personas del pueblo.
A otro nivel de ofensiva armada, dos células anarquistas reivindicaron esta semana sendas acciones. El Frente de Liberación de la Tierra inutilizó el 5 de junio pasado dos pipas de agua en el Estado de México, por considerarlas herramientas de destrucción de la naturaleza. “No dejaremos que unx cuantxs obtengan ganancias sobre la naturaleza y los ecosistemas salvajes para expandir la civilización”.
El Frente de Liberación Animal reivindicó esta semana la instalación de un par de bombas falsas en establecimientos de comida rápida de Gómez Palacio, Durango. “Mientras ellxs sigan usando la explotación animal y de la Tierra para seguir engrandeciendo la civilización, sus centros de exterminio, carcelarios, y demás… nosotrxs estaremos ahí, interrumpiendo su tranquilidad, destruyendo sus centros capitalistas, y causando daños de cualquier tipo al sistema industrial…”
Por último, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) difundieron su revista “Verde Olivo” número 26, que dedican su texto central a recordar que el 14 de junio de hace cuatro años Ulises Ruiz intentó desalojar con violencia el plantón que mantenía la APPO en el centro de la ciudad de Oaxaca.
Presenta otro sobre las alianzas políticas de los partidos en tiempos electorales –las cuales no le parecen del todo descartables- aunque su tesis de fondo es la necesaria unidad de todas las fuerzas de izquierda, electorales, sociales y guerrilleras, porque mientras ésta no sé dé, argumenta que el Estado podrá desarticular movimientos aislados.
“Todo se hace más difícil por la enorme descoordinación y falta de unidad, casos como el de los mineros de Cananea, de los huelguistas del SME, de los opositores a La Parota son paradigmáticos de la urgente necesidad de unir todas las formas de lucha, de no descalificar y renunciar a ninguna de ellas”, concluyen.
Como se ve, no todo es futbol en estos días. Los grupos revolucionarios se mueven, aunque sean sólo en el papel.
lunes, 7 de junio de 2010
Caso Diego: ¿información o propaganda?
8 junio 2010
Sin un solo dato duro que la soporte, se impone ya en la agenda periodística la verdad oficial de que es un grupo guerrillero el que tiene secuestrado desde el 26 de abril pasado al político panista Diego Fernández de Cevallos, lo que si bien es probable, tendrá que ser respaldado por algo más que las filtraciones de los aparatos de inteligencia civil y militar.
Ayer, el periodista Raymundo Riva Palacio aseguró que “de acuerdo con los patrones de secuestros en los 10 últimos años y el modus operandi que han mostrado sus captores” es el Ejército de Liberación Nacional (ELN) quien tiene en su poder a Diego.
Se refiere a este grupo como escisión del EPR, que actúa en el centro del país, especialmente en el estado de Querétaro, con un bajo perfil, no protagónico, lo que justificaría el que hasta ahora no hayan reivindicado la acción. Refiere que el ELN ha realizado cuando menos otro secuestro de alto impacto, el de Nelly Esper Sulaimán.
Con perspicacia hace notar que en el comunicado eperrista de deslinde del secuestro del panista venían dos párrafos –que aquí sólo anotamos como extraños y aparentemente fuera de contexto-, en los que habla de grupos traidores, que simulan tener estructuras revolucionarias, que en realidad serían la clave para entender que los autores son una escisión propia.
Otra media docena de columnistas ha sido más vago, éstos ni siquiera se han tomado la molestia de responsabilizar a un grupo en particular, ni de explicar a sus lectores la mecánica guerrillera de los secuestros, ni de justificar la fe ciega en sus fuentes como para repetir lo que les dicen sin pedir una sola prueba de su dicho.
Jorge Lofredo, investigador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados ha escrito y explicado en cuando menos una entrevista radiofónica, que sin información concreta es imposible especular sobre la participación de grupos revolucionarios en el hecho. Prudente, no le entra a la tenebra propia del espionaje y la ciencia ficción, ajenas ambas a la ética periodística.
Hacer inteligencia, civil o militar, implica siempre recolectar datos y analizarlos. Hay ahí siempre un principio de incertidumbre propio de las organizaciones encargadas de la seguridad nacional, las que sin duda alguna están trabajando en lo de Diego Fernández de Cevallos. Las hipótesis de trabajo suelen ser de alta secrecía por sus implicaciones para el país y, en este caso, para la vida de la víctima.
Por eso llama la atención que se esté colando tanto el secreto de la guerrilla secuestradora. Más que filtraciones periodísticas parece campaña de posicionamiento de una verdad a repetir mil veces, para que quede más en el imaginario público que en la crudeza de los hechos.
Esto no es descabellado si se toma en cuenta que hay cuando menos un caso de secuestro –el de Eduardo García Valseca- en el que la autoridad asegura contundente que los autores fueron guerrilleros, que se pagaron poco menos de dos millones de dólares de rescate (@rivapa dixit), pero sin estar dispuestos a hacer pública su investigación, ni a exhibir las pruebas de que fue el EPR el plagiario, y no permiten siquiera que el expediente sea consultado por los afectados.
Opacidad pura que no abona a la credibilidad de las autoridades involucradas y más bien las pone en sospecha.
Aquí parece repetirse el patrón, con la diferencia de que el secuestro está en curso. Es cosa de tiempo para saber si estamos frente a datos duros de inteligencia o es sólo propaganda.
Sin un solo dato duro que la soporte, se impone ya en la agenda periodística la verdad oficial de que es un grupo guerrillero el que tiene secuestrado desde el 26 de abril pasado al político panista Diego Fernández de Cevallos, lo que si bien es probable, tendrá que ser respaldado por algo más que las filtraciones de los aparatos de inteligencia civil y militar.
Ayer, el periodista Raymundo Riva Palacio aseguró que “de acuerdo con los patrones de secuestros en los 10 últimos años y el modus operandi que han mostrado sus captores” es el Ejército de Liberación Nacional (ELN) quien tiene en su poder a Diego.
Se refiere a este grupo como escisión del EPR, que actúa en el centro del país, especialmente en el estado de Querétaro, con un bajo perfil, no protagónico, lo que justificaría el que hasta ahora no hayan reivindicado la acción. Refiere que el ELN ha realizado cuando menos otro secuestro de alto impacto, el de Nelly Esper Sulaimán.
Con perspicacia hace notar que en el comunicado eperrista de deslinde del secuestro del panista venían dos párrafos –que aquí sólo anotamos como extraños y aparentemente fuera de contexto-, en los que habla de grupos traidores, que simulan tener estructuras revolucionarias, que en realidad serían la clave para entender que los autores son una escisión propia.
Otra media docena de columnistas ha sido más vago, éstos ni siquiera se han tomado la molestia de responsabilizar a un grupo en particular, ni de explicar a sus lectores la mecánica guerrillera de los secuestros, ni de justificar la fe ciega en sus fuentes como para repetir lo que les dicen sin pedir una sola prueba de su dicho.
Jorge Lofredo, investigador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados ha escrito y explicado en cuando menos una entrevista radiofónica, que sin información concreta es imposible especular sobre la participación de grupos revolucionarios en el hecho. Prudente, no le entra a la tenebra propia del espionaje y la ciencia ficción, ajenas ambas a la ética periodística.
Hacer inteligencia, civil o militar, implica siempre recolectar datos y analizarlos. Hay ahí siempre un principio de incertidumbre propio de las organizaciones encargadas de la seguridad nacional, las que sin duda alguna están trabajando en lo de Diego Fernández de Cevallos. Las hipótesis de trabajo suelen ser de alta secrecía por sus implicaciones para el país y, en este caso, para la vida de la víctima.
Por eso llama la atención que se esté colando tanto el secreto de la guerrilla secuestradora. Más que filtraciones periodísticas parece campaña de posicionamiento de una verdad a repetir mil veces, para que quede más en el imaginario público que en la crudeza de los hechos.
Esto no es descabellado si se toma en cuenta que hay cuando menos un caso de secuestro –el de Eduardo García Valseca- en el que la autoridad asegura contundente que los autores fueron guerrilleros, que se pagaron poco menos de dos millones de dólares de rescate (@rivapa dixit), pero sin estar dispuestos a hacer pública su investigación, ni a exhibir las pruebas de que fue el EPR el plagiario, y no permiten siquiera que el expediente sea consultado por los afectados.
Opacidad pura que no abona a la credibilidad de las autoridades involucradas y más bien las pone en sospecha.
Aquí parece repetirse el patrón, con la diferencia de que el secuestro está en curso. Es cosa de tiempo para saber si estamos frente a datos duros de inteligencia o es sólo propaganda.
miércoles, 26 de mayo de 2010
Emmanuel Hernández, otro abuso jurídico
27 mayo 2010
Uno ve todos los días como entran y salen de prisión peligrosos criminales o delincuentes de cuello blanco con influencias. Razones no faltan: que no se les pudo probar nada; que estaba mal integrada la averiguación; que fue un error, etcétera. Pero eso sí, a la gente sin recursos ni influencias o a los que se oponen a las autoridades la ley se aplica con exceso y abuso.
Ahí está el absurdo caso de Jacinta, Teresa y Alberta, en Querétaro (ya libres por fortuna) y los persos de Atenco, que enfrentan condenas que superan con mucho la cadena perpetua por una serie de secuestros no probados durante los zafarranchos de 2003.
El caso es que gracias a este pervertido sistema de procuración de justicia, más orientado al castigo polítiico que a la aplicación de la justicia, se dan caso como el de Emmanuel Hernández Hernández, joven anarquista que participara en las movilizaciones del Foro del Agua en noviembre de 2006.
En el marco de esa conferencia mundial hubo expresiones de descontento altermundista, como sucede en cada reunión de ese tipo en el mundo. La periodista Lydiette Carrión le ha dado mejor seguimiento al caso y uso su blog como base para recrear el caso:
Por esas fechas la policía del Distrito Federal aprehendió a un montón de estudiantes y anarquistas en los torniquetes del metro Insurgentes. Entre las mochilas hallaron artefactos explosivos; es decir, petardos. Desde el inicio, el montón de chavos alegó que la policía había "revuelto" las pertenencias. Es decir, la defensa de todos se centró en la imposibilidad de determinar a quién o quiénes pertenecían los petardos o que de plano la policía los había plantado.
En ese momento los chavos lograron salir para llevar su juicio en libertad y pidieron los servicios de un abogado zapatista, quien llevó el caso de forma colectiva. El 23 de octubre de 2007, le giraron orden de aprehensión, bajo la causa penal 66/07.
En un momento determinado, por falta de pago de sus honorarios, la defensa decidió excluir a Emanuel del amparo promovido para los demás jóvenes, lo que propició que se le negara el amparo del 15 de febrero de 2008, por el delito de portación de objetos aptos para agredir, el cual posteriormente fue equiparado a portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
En noviembre de 2009 fue aprehendido. En la actualidad, Emanuel no sólo se hace cargo de su hermanito (de 14 años), sino de un hijo de ocho meses de edad, junto con su pareja.
Como lo acusan de la portación de una bomba molotov y éstas no se encuentran contempladas en la legislación, el MP equiparó su portación a una arma de fuego ¡de uso exclusivo del Ejército¡ La condena fue de cuatro años de prisión y una multa de 6 mil 666 pesos.
El caso viene a cuento porque el pasado martes 24 de mayo un tribunal unitario ordenó la reposición del proceso del anarquista Emmanuel debido a irregularidades cometidas por el juez primero de distrito en procesos penales federales.
El tribunal consideró que en el expediente se presentaron varias irregularidades, entre ellas que el juez no tomó en consideración una serie de testigos de descargo a favor del acusado. Por lo que el tribunal ordenó la reposición del proceso.
Para la defensa y los amigos de Emmanuel, esto es positivo en tanto que se corría el riesgo de que el tribunal aumentara la sentencia y entonces Emmanuel no pudiera salir bajo fianza. Pero es negativo, ya que pasará más tiempo en la cárcel en lo que se repone el procedimiento y se dicta una nueva sentencia.
Puede no ser muy ortodoxo traer petardos y botellas con gasolina en la mochila, pero de eso a que sea un delito, o mucho menos a que sea un delito del fuero federal hay una distancia enorme, que sólo nuestro sistema de “justicia” puede armar sin explicaciones convincentes.
Acoso a Laura Castellanos
Nuestra solidaridad con Laura Castellanos, amiga de muchas batallas en la documentación periodística de temas relacionados con los movimientos sociales y las guerrillas en México. Su casa fue allanada en días pasados, sin intención de robo, lo cual sólo puede interpretarse como un amago personal que estamos seguros no hará mella en su trabajo.
La organización Artículo 19 ha tomado el caso en sus manos y aquí puede checarse la alerta difundida ayer.
Uno ve todos los días como entran y salen de prisión peligrosos criminales o delincuentes de cuello blanco con influencias. Razones no faltan: que no se les pudo probar nada; que estaba mal integrada la averiguación; que fue un error, etcétera. Pero eso sí, a la gente sin recursos ni influencias o a los que se oponen a las autoridades la ley se aplica con exceso y abuso.
Ahí está el absurdo caso de Jacinta, Teresa y Alberta, en Querétaro (ya libres por fortuna) y los persos de Atenco, que enfrentan condenas que superan con mucho la cadena perpetua por una serie de secuestros no probados durante los zafarranchos de 2003.
El caso es que gracias a este pervertido sistema de procuración de justicia, más orientado al castigo polítiico que a la aplicación de la justicia, se dan caso como el de Emmanuel Hernández Hernández, joven anarquista que participara en las movilizaciones del Foro del Agua en noviembre de 2006.
En el marco de esa conferencia mundial hubo expresiones de descontento altermundista, como sucede en cada reunión de ese tipo en el mundo. La periodista Lydiette Carrión le ha dado mejor seguimiento al caso y uso su blog como base para recrear el caso:
Por esas fechas la policía del Distrito Federal aprehendió a un montón de estudiantes y anarquistas en los torniquetes del metro Insurgentes. Entre las mochilas hallaron artefactos explosivos; es decir, petardos. Desde el inicio, el montón de chavos alegó que la policía había "revuelto" las pertenencias. Es decir, la defensa de todos se centró en la imposibilidad de determinar a quién o quiénes pertenecían los petardos o que de plano la policía los había plantado.
En ese momento los chavos lograron salir para llevar su juicio en libertad y pidieron los servicios de un abogado zapatista, quien llevó el caso de forma colectiva. El 23 de octubre de 2007, le giraron orden de aprehensión, bajo la causa penal 66/07.
En un momento determinado, por falta de pago de sus honorarios, la defensa decidió excluir a Emanuel del amparo promovido para los demás jóvenes, lo que propició que se le negara el amparo del 15 de febrero de 2008, por el delito de portación de objetos aptos para agredir, el cual posteriormente fue equiparado a portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
En noviembre de 2009 fue aprehendido. En la actualidad, Emanuel no sólo se hace cargo de su hermanito (de 14 años), sino de un hijo de ocho meses de edad, junto con su pareja.
Como lo acusan de la portación de una bomba molotov y éstas no se encuentran contempladas en la legislación, el MP equiparó su portación a una arma de fuego ¡de uso exclusivo del Ejército¡ La condena fue de cuatro años de prisión y una multa de 6 mil 666 pesos.
El caso viene a cuento porque el pasado martes 24 de mayo un tribunal unitario ordenó la reposición del proceso del anarquista Emmanuel debido a irregularidades cometidas por el juez primero de distrito en procesos penales federales.
El tribunal consideró que en el expediente se presentaron varias irregularidades, entre ellas que el juez no tomó en consideración una serie de testigos de descargo a favor del acusado. Por lo que el tribunal ordenó la reposición del proceso.
Para la defensa y los amigos de Emmanuel, esto es positivo en tanto que se corría el riesgo de que el tribunal aumentara la sentencia y entonces Emmanuel no pudiera salir bajo fianza. Pero es negativo, ya que pasará más tiempo en la cárcel en lo que se repone el procedimiento y se dicta una nueva sentencia.
Puede no ser muy ortodoxo traer petardos y botellas con gasolina en la mochila, pero de eso a que sea un delito, o mucho menos a que sea un delito del fuero federal hay una distancia enorme, que sólo nuestro sistema de “justicia” puede armar sin explicaciones convincentes.
Acoso a Laura Castellanos
Nuestra solidaridad con Laura Castellanos, amiga de muchas batallas en la documentación periodística de temas relacionados con los movimientos sociales y las guerrillas en México. Su casa fue allanada en días pasados, sin intención de robo, lo cual sólo puede interpretarse como un amago personal que estamos seguros no hará mella en su trabajo.
La organización Artículo 19 ha tomado el caso en sus manos y aquí puede checarse la alerta difundida ayer.
lunes, 24 de mayo de 2010
Las Brigadas Populares Revolucionarias del Sur y Copala
25 mayo 2010
Ayer emitieron el segundo comunicado de su existencia las Brigadas Populares Revolucionarias del Sur (BPRS), en el contexto de la rabiosa actitud de los paramilitares de San Juan Copala, aglutinadas en torno a a UBISORT y a la supuestamente izquierdista MULT, que el 27 de abril pasado atacaron una caravana humanitaria, con saldo de dos defensores de derechos humanos muertos, y el asesinato, el pasado jueves, del líder triqui Alejandro Timoteo y su esposa.
De las BPRS poco se sabe. Emitieron un primer comunicado en 2007, ubicaron su razón de ser en el conflicto social oaxaqueño y la represión desatada desde 2006 en la región Loxichá, por el entonces gobernador Diódoro Carrasco, quien encarceló a los hombres del pueblo, sospechosos todos de pertenecer al EPR, que por esos días hizo su aparición pública y una oleada de acciones de propaganda y defensa armada que nunca ha repetido en su historia.
No se le conocen acciones armadas ni ha reivindicado acción alguna (expropiación, secuestro, etcétera); cuando menos en público.
En la comunicación de ayer señalan que “(…) Para nuestros hermanos indígenas está claro, la violencia sufrida en San Juan Cópala, es la continuación de la Guerra de Baja Intensidad iniciada con Diodoro Carrasco, creador de los grupos paramilitares que hoy asolan y masacran impunemente a quien se opone a sus intereses, generando con ello desgracia, división, desconfianza y el enfrentamiento entre las comunidades indígenas”.
Va detallando acciones represivas del personajey demandas interpuestas contra él, como la de Juan Sosa Maldonado, ex preso político acusado de pertenecer al EPR, quien demandó desempolvar la averiguación previa PGR/FEMOSPP/045/2002 por delitos de lesa humanidad, interpuesta ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en contra del ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano y el ex presidente Ernesto Zedillo.
De criticar a Carrasco se sigue con Gabino Cué, actual candidato a la gubernatura del estado por la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, integrada por el PAN, PRD, PT y Convergencia. Lo acusan de ser miembro e la aristocracia oaxaqueña, hijo de un tesorero estatal del PRI y de estar involucrado en serios casos de corrupción.
Finaliza la comunicación expresando su solidaridad con las familias de San Juan Copala y sumándose la exigencia del EPR de que aprezcan con vida sus desaparecidos desde hace tres años.
Del comunicado llaman la atención varias cosas:
Primero, su actitud opuesta a la de las FARP, que este mes emitieron un comunicado en sentido contrario, apoyando en todo a Gabino Cué.
Segundo, apelan a los hechos de Copala, pero no profundizan en ellos. Todo el cuerpo del texto es contra Diódoro Carrasco, enemigo declarado de los Loxichá. Ni una mención al asesinato de Alejandro Timoteo, por ejemplo, que está fresco en la memoria por su brutalidad y cercanía en tiempo. Personalizan su repudio y dejan de lado el contexto estatal y nacional, lo que le da a su texto un carácter más electorero que revolucionario.
Tercero, no mencionan jamás a Ulises Ruiz, ni lo responsabilizan de lo que está pasando en Oaxaca. Para ellos hay una línea directa de culpabilidad entre Diódoro y la situación actual.
Cuatro, emiten un comunicado enojados, pero sólo expresan su solidaridad con las familias y con el EPR. No amenazan, no teorizan.
Históricamente suele haber una relación entre pobreza y represión, que suele dar como resultado grupos guerrilleros. Lucio Cabañas en 1967 o el EPR en 1996, al año de la matanza de Aguas Blancas, Guerrero. Ambos son ejemplos en los que se cumplió la ecuación: pobreza+represión=guerrilla.
Copala está siendo muy golpeado por los paramilitares y la indignación local es directamente proporcional a los hechos de sangre con la que los paras están marcando su territorio.
En ese contexto, el comunicado de las BPRS parece quedarse corto al aislar a los enemigos reales de Copala y asignar culpas sólo al diodorismo, que no dudamos sea todavía un factor de poder real en aquella región oaxaqueña, pero que ciertamente no es el único.
Ayer emitieron el segundo comunicado de su existencia las Brigadas Populares Revolucionarias del Sur (BPRS), en el contexto de la rabiosa actitud de los paramilitares de San Juan Copala, aglutinadas en torno a a UBISORT y a la supuestamente izquierdista MULT, que el 27 de abril pasado atacaron una caravana humanitaria, con saldo de dos defensores de derechos humanos muertos, y el asesinato, el pasado jueves, del líder triqui Alejandro Timoteo y su esposa.
De las BPRS poco se sabe. Emitieron un primer comunicado en 2007, ubicaron su razón de ser en el conflicto social oaxaqueño y la represión desatada desde 2006 en la región Loxichá, por el entonces gobernador Diódoro Carrasco, quien encarceló a los hombres del pueblo, sospechosos todos de pertenecer al EPR, que por esos días hizo su aparición pública y una oleada de acciones de propaganda y defensa armada que nunca ha repetido en su historia.
No se le conocen acciones armadas ni ha reivindicado acción alguna (expropiación, secuestro, etcétera); cuando menos en público.
En la comunicación de ayer señalan que “(…) Para nuestros hermanos indígenas está claro, la violencia sufrida en San Juan Cópala, es la continuación de la Guerra de Baja Intensidad iniciada con Diodoro Carrasco, creador de los grupos paramilitares que hoy asolan y masacran impunemente a quien se opone a sus intereses, generando con ello desgracia, división, desconfianza y el enfrentamiento entre las comunidades indígenas”.
Va detallando acciones represivas del personajey demandas interpuestas contra él, como la de Juan Sosa Maldonado, ex preso político acusado de pertenecer al EPR, quien demandó desempolvar la averiguación previa PGR/FEMOSPP/045/2002 por delitos de lesa humanidad, interpuesta ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en contra del ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano y el ex presidente Ernesto Zedillo.
De criticar a Carrasco se sigue con Gabino Cué, actual candidato a la gubernatura del estado por la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, integrada por el PAN, PRD, PT y Convergencia. Lo acusan de ser miembro e la aristocracia oaxaqueña, hijo de un tesorero estatal del PRI y de estar involucrado en serios casos de corrupción.
Finaliza la comunicación expresando su solidaridad con las familias de San Juan Copala y sumándose la exigencia del EPR de que aprezcan con vida sus desaparecidos desde hace tres años.
Del comunicado llaman la atención varias cosas:
Primero, su actitud opuesta a la de las FARP, que este mes emitieron un comunicado en sentido contrario, apoyando en todo a Gabino Cué.
Segundo, apelan a los hechos de Copala, pero no profundizan en ellos. Todo el cuerpo del texto es contra Diódoro Carrasco, enemigo declarado de los Loxichá. Ni una mención al asesinato de Alejandro Timoteo, por ejemplo, que está fresco en la memoria por su brutalidad y cercanía en tiempo. Personalizan su repudio y dejan de lado el contexto estatal y nacional, lo que le da a su texto un carácter más electorero que revolucionario.
Tercero, no mencionan jamás a Ulises Ruiz, ni lo responsabilizan de lo que está pasando en Oaxaca. Para ellos hay una línea directa de culpabilidad entre Diódoro y la situación actual.
Cuatro, emiten un comunicado enojados, pero sólo expresan su solidaridad con las familias y con el EPR. No amenazan, no teorizan.
Históricamente suele haber una relación entre pobreza y represión, que suele dar como resultado grupos guerrilleros. Lucio Cabañas en 1967 o el EPR en 1996, al año de la matanza de Aguas Blancas, Guerrero. Ambos son ejemplos en los que se cumplió la ecuación: pobreza+represión=guerrilla.
Copala está siendo muy golpeado por los paramilitares y la indignación local es directamente proporcional a los hechos de sangre con la que los paras están marcando su territorio.
En ese contexto, el comunicado de las BPRS parece quedarse corto al aislar a los enemigos reales de Copala y asignar culpas sólo al diodorismo, que no dudamos sea todavía un factor de poder real en aquella región oaxaqueña, pero que ciertamente no es el único.
miércoles, 19 de mayo de 2010
Acosta Chaparro: genocida
Por razones todavía no aclaradas, el general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro resultó herido en el tórax la madrugada de ayer, al ser baleado por un sujeto durante un presunto intento de asalto en la colonia Roma de la ciudad de México.
De acuerdo con reportes policiacos, el militar y su chofer estaban dentro de un vehículo a la altura del número 241 de la calle Sinaloa, casi al cruce con Tampico, cuando se les acercó un individuo quien presuntamente quería robarle el reloj y le disparó en varias ocasiones.
El chofer trasladó a Acosta Chaparro al Hospital Central Militar donde lo reportan como grave. Originalmente fue detenido un sujeto cuyas características físicas parecían similares a las proporcionadas por los testigos, pero fue liberado por falta de pruebas. La Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) no descarta que el hecho pudiera tratarse de un ataque directo y no de un intento de robo.
Acosta Chaparro ocupa un lugar de privilegio en la lista negra de represores de la llamada guerra sucia de las décadas de los 70 y 80. Pieza clave de la lucha anti guerrillas y contrainsurgente, su fama es equiparable en saña y crueldad a la de Miguel Nazar Haro o Florentino Ventura; esto relatado por algunas de sus víctimas que lograron sobrevivir a sus torturas.
Ligó su destino al de la familia Figueroa en 1974, tras investigar el secuestro de Rubén padre, entonces gobernador electo de Guerrero, a manos del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas.
Acosta representa lo peor del Ejército mexicano: prepotencia, desprecio por las leyes, mano dura por sobre los derechos humanos.
Corren historias como que los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que utilizaba Acosta para tirar guerrilleros al mar, también los usaba para pasar droga a Laredo; y que por propia mano torturó y mató a más de 200 guerrilleros y campesinos.
Sin embargo, aunque fue acusado múltiples veces por genocidio y crímenes de lesa humanidad, visitó la cárcel por otro motivo: su presunta colaboración en el tráfico de drogas.
Fue procesado en agosto del año 2000 de presuntos vínculos con el cártel de Juárez que lideró Amado Carrillo. Este juicio se llevó también por el delito de peculado y operaciones con recursos de precedencia ilícita. El 1 de noviembre de 2002, Acosta fue sentenciado a 15 y 16 años y medio de prisión por sus supuestos nexos y protección al cártel de Juárez.
Sin embargo, súbitamente, y como para demostrar que la ley le hace los mandados, en el año 2007 las procuradurías General de la República (PGR) y de Justicia Militar (PJM) no acreditaron los presuntos nexos de Acosta Chaparro con el narcotráfico. Tras la declaración de inocencia del citado general y la que le otorgó un tribunal federal, concluyó uno de los casos más relevantes de presunta relación de militares con narcotraficantes.
Decíamos que sí fue acusado formalmente la desaparición y asesinato de guerrilleros durante la llamada ''guerra sucia'' de las décadas de 1970 y 1980. Pese a que fueron presentados cargos en su contra, nunca fue detenido por esos señalamientos luego de que un juez determinó que no tenía responsabilidad.
Por el contrario, se le devolvieron los grados militares que se le habían quitado por su sentencia, y se le nombró militar ejemplar y patriota. Surrealismo puro.
Enemigo de las entrevistas de prensa, se sabe que se escuda en el mismo discurso de Nazar Haro de que al combatir a los guerrilleros contribuyó a la paz social y a incrementar las libertades de este país, evitándole ser un ariete más del comunismo internacional.
De hecho, en 1990 él generó un reporte confidencial de inteligencia sobre el estado de la guerrilla en México, que es un listado de los grupos armados existentes, según él, en ese momento, con largas listas de nombres y actividades subversivas. Pretendía justificar así ante el gobierno federal la necesidad de mantener presupuesto para la encubierta lucha contrainsurgente.
El problema del reporte es que traía mal muchos nombres de grupos y personas –muchas de ellas incluso amnistiadas desde 1978- y que además sustentaba sus argumentos en una gran conspiración comunista con sede en la Unión Soviética… pero cuando el Muro de Berlín ya había caído y Gorbachev no tenía ánimos para andar financiando guerrillas en México.
En los últimos años se le ha mencionado como asesor en seguridad del gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, quien habría entablado cercanía con él a través de la relación de amistad de sus esposas.
Aun así, el atentado contra Acosta Chaparro, por las razones que fueren, de delincuencia común o políticas, es condenable. La justicia no se alcanza con el “ojo por ojo, diente por diente”, sino mediante su demostración fehaciente ante tribunales, nacionales o extranjeros.
El Estado mexicano ha demostrado no tener la voluntad política para actuar en serio, por lo que ha de actuarse en consecuencia y perseverar tenazmente en el intento de llevar a juicio a este hombre ante los más altos tribunales internacionales, para que tenga, en pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, ejemplar castigo por sus crímenes.
Adiós a Jorge Eugenio
La muerte del viejo panista Jorge Eugenio Ortiz Gallegos me evocó ayer el trato deferencial, casi filial, que se tenía con doña Rosario Ibarra de Piedra, ambos colaboradores de El Universal, que solían verse cada año en una comida anual en las instalaciones del diario.
La buena relación no partía sólo del hecho de ser ambos de Monterrey y de compartir espacios editoriales, sino de que en los efervescentes años 70, el hijo de doña Rosario, Jesús Piedra, como militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre secuestró al hijo del entonces empresario Jorge Eugenio .
Con el tiempo se supieron identidades y circunstancias, lo que no generó rencores ni odios, sino una ejemplar y civilizada relación de entendimiento mutuo. Descanse en paz JEOG.
De acuerdo con reportes policiacos, el militar y su chofer estaban dentro de un vehículo a la altura del número 241 de la calle Sinaloa, casi al cruce con Tampico, cuando se les acercó un individuo quien presuntamente quería robarle el reloj y le disparó en varias ocasiones.
El chofer trasladó a Acosta Chaparro al Hospital Central Militar donde lo reportan como grave. Originalmente fue detenido un sujeto cuyas características físicas parecían similares a las proporcionadas por los testigos, pero fue liberado por falta de pruebas. La Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) no descarta que el hecho pudiera tratarse de un ataque directo y no de un intento de robo.
Acosta Chaparro ocupa un lugar de privilegio en la lista negra de represores de la llamada guerra sucia de las décadas de los 70 y 80. Pieza clave de la lucha anti guerrillas y contrainsurgente, su fama es equiparable en saña y crueldad a la de Miguel Nazar Haro o Florentino Ventura; esto relatado por algunas de sus víctimas que lograron sobrevivir a sus torturas.
Ligó su destino al de la familia Figueroa en 1974, tras investigar el secuestro de Rubén padre, entonces gobernador electo de Guerrero, a manos del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas.
Acosta representa lo peor del Ejército mexicano: prepotencia, desprecio por las leyes, mano dura por sobre los derechos humanos.
Corren historias como que los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que utilizaba Acosta para tirar guerrilleros al mar, también los usaba para pasar droga a Laredo; y que por propia mano torturó y mató a más de 200 guerrilleros y campesinos.
Sin embargo, aunque fue acusado múltiples veces por genocidio y crímenes de lesa humanidad, visitó la cárcel por otro motivo: su presunta colaboración en el tráfico de drogas.
Fue procesado en agosto del año 2000 de presuntos vínculos con el cártel de Juárez que lideró Amado Carrillo. Este juicio se llevó también por el delito de peculado y operaciones con recursos de precedencia ilícita. El 1 de noviembre de 2002, Acosta fue sentenciado a 15 y 16 años y medio de prisión por sus supuestos nexos y protección al cártel de Juárez.
Sin embargo, súbitamente, y como para demostrar que la ley le hace los mandados, en el año 2007 las procuradurías General de la República (PGR) y de Justicia Militar (PJM) no acreditaron los presuntos nexos de Acosta Chaparro con el narcotráfico. Tras la declaración de inocencia del citado general y la que le otorgó un tribunal federal, concluyó uno de los casos más relevantes de presunta relación de militares con narcotraficantes.
Decíamos que sí fue acusado formalmente la desaparición y asesinato de guerrilleros durante la llamada ''guerra sucia'' de las décadas de 1970 y 1980. Pese a que fueron presentados cargos en su contra, nunca fue detenido por esos señalamientos luego de que un juez determinó que no tenía responsabilidad.
Por el contrario, se le devolvieron los grados militares que se le habían quitado por su sentencia, y se le nombró militar ejemplar y patriota. Surrealismo puro.
Enemigo de las entrevistas de prensa, se sabe que se escuda en el mismo discurso de Nazar Haro de que al combatir a los guerrilleros contribuyó a la paz social y a incrementar las libertades de este país, evitándole ser un ariete más del comunismo internacional.
De hecho, en 1990 él generó un reporte confidencial de inteligencia sobre el estado de la guerrilla en México, que es un listado de los grupos armados existentes, según él, en ese momento, con largas listas de nombres y actividades subversivas. Pretendía justificar así ante el gobierno federal la necesidad de mantener presupuesto para la encubierta lucha contrainsurgente.
El problema del reporte es que traía mal muchos nombres de grupos y personas –muchas de ellas incluso amnistiadas desde 1978- y que además sustentaba sus argumentos en una gran conspiración comunista con sede en la Unión Soviética… pero cuando el Muro de Berlín ya había caído y Gorbachev no tenía ánimos para andar financiando guerrillas en México.
En los últimos años se le ha mencionado como asesor en seguridad del gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, quien habría entablado cercanía con él a través de la relación de amistad de sus esposas.
Aun así, el atentado contra Acosta Chaparro, por las razones que fueren, de delincuencia común o políticas, es condenable. La justicia no se alcanza con el “ojo por ojo, diente por diente”, sino mediante su demostración fehaciente ante tribunales, nacionales o extranjeros.
El Estado mexicano ha demostrado no tener la voluntad política para actuar en serio, por lo que ha de actuarse en consecuencia y perseverar tenazmente en el intento de llevar a juicio a este hombre ante los más altos tribunales internacionales, para que tenga, en pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, ejemplar castigo por sus crímenes.
Adiós a Jorge Eugenio
La muerte del viejo panista Jorge Eugenio Ortiz Gallegos me evocó ayer el trato deferencial, casi filial, que se tenía con doña Rosario Ibarra de Piedra, ambos colaboradores de El Universal, que solían verse cada año en una comida anual en las instalaciones del diario.
La buena relación no partía sólo del hecho de ser ambos de Monterrey y de compartir espacios editoriales, sino de que en los efervescentes años 70, el hijo de doña Rosario, Jesús Piedra, como militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre secuestró al hijo del entonces empresario Jorge Eugenio .
Con el tiempo se supieron identidades y circunstancias, lo que no generó rencores ni odios, sino una ejemplar y civilizada relación de entendimiento mutuo. Descanse en paz JEOG.
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