EPR y paramilitares oaxaqueños

AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES

A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

A LAS ORGANIZACIONES POLITICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS

¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!



En el transcurso de la historia de la humanidad, son miles los ejemplo que se podrían enumeran de los encarcelamiento y de asesinatos de hombres y mujeres que se han atrevido por principios, por moral, por humanismo, por lealtad al pueblo, por conciencia social, etc., enfrentar las injusticias del sistema en contra de la inmensa mayoría de los desposeídos y explotados. Nuestro país no es la excepción y así tenemos nuestros propios héroes hombres y mujeres que lucharon por nuestro México desde la independencia hasta hoy en día, cuya suerte fue y sigue siendo el encarcelamiento y el asesinato así como la desaparición forzada, a la fecha son miles los desaparecidos y de ellos pocos son reportados y peor aun que el Estado se niega en reconocer que son desaparecidos políticos y los etiqueta como parte de la delincuencia común o las consecuencias colaterales de su “guerra contra el narcotráfico," sea cual sea el motivo la desaparición forzada es en si por una consecuencia política y por lo tanto es una desaparición política sean o no luchadores sociales.



Hoy, el Estado mexicano ha optado como política para resolver los conflictos sociales más que el encarcelamiento, el asesinato de luchadores sociales y de defensores de los derechos humanos y para tal efecto ha evolucionado su modus operandi y ha logrado que voceros y personajes de “izquierda" le hagan el juego a la política del Estado, ya que por omisión o comisión convalidan los asesinatos como el del luchador social, fundador y dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) Heriberto Pazos Ortiz, ejecutado el 23 de octubre en la ciudad de Oaxaca. Es un crimen atroz y reprobable de los gobiernos estatal y federal, es decir es un crimen de Estado.



En artículos anteriores denunciamos que lo que estaba pasando en San Juan Cópala era una maniobra del gobierno, directamente de Ulises Ruiz quien utilizó su grupo paramilitar UBISORT para crear las condiciones que le permitieran con toda la impunidad, encarcelar, asesinar o desaparecer a los verdadero luchadores sociales, en esta ocasión fue el asesinato de Heriberto Pazos y es aquí en donde entra la responsabilidad que tienen algunas organizaciones, personajes y los medios de comunicación que se dieron a la tarea de defender a capa y espada las versiones de los voceros del MULTI sin antes comprobar la veracidad de la información, por ejemplo: decir que las violaciones a mujeres y asesinatos en su organización eran realizadas por miembros del MULT, cuando en muchos de los casos dichas violaciones no ocurrieron pero no dudaron en acusarlos y las consecuencias son ya conocidas; ahora, no dudamos que hayan existido violaciones y tampoco los asesinatos que estuvieron a la vista de todos pero, tanto los autores intelectuales como materiales son Ulises y su grupo paramilitar, he aquí la trampa del gobierno para que con el uso de los medios de comunicación culparan a los del MULT y en especial a su dirigente, para que en el momento oportuno realizaran la ejecución sin que nadie chistara.



El asesinato de Heriberto Pazos representa para el Estado, en primer lugar, quitar del camino a un adversario político que le era muy incómodo, a un adversario que se caracterizó por su honestidad y su lealtad con su pueblo, a un adversario que no pudo comprar y mucho menos corromper, a un adversario que trastocaba sus intereses mezquinos.

En segundo lugar la puesta en marcha de la ejecución y asesinato de alta escuela, es decir que la ejecución la realizaron expertos en la materia, en especial de escuela contrainsurgente colombiana e israelita.

El plan Mérida no es otra cosa que el plan Colombia, y el objetivo es acabar con los que ellos creen que representen un peligro para el Estado y utilizan la supuesta lucha contra el narcotráfico para realizar sus labores de contrainsurgencia y con el pretexto de la búsqueda de guerrilleros revolucionarios torturan, asesinan e involucran con la guerrilla a luchadores sociales que luchan de manera pacífica y dentro de los marcos legales del mismo Estado.



Lo que el Estado Colombiano ha hecho en 20 años, el Estado Mexicano lo está haciendo en la mitad del sexenio, el super Bunker secreto que tanto presume Calderón es parte del Plan Mérida.



En el caso de Oaxaca los motociclistas que están o se estacionan en el patio de la procuraduría con aspecto de jóvenes inocentes, vestidos de civil son nada menos que los sicarios de Ulises Ruiz Ortiz dirigidos por personas como Jorge Franco, Pedro Hernández, Juan Manuel Vera Salinas y Manuel Moreno Rivas coordinados y protegidos por el psicópata general Alfredo Oropeza Garnica, hoy funcionando simuladamente como es el caso de Acosta Chaparro. Estos sicarios están especializados para realizar ejecuciones extrajudiciales como la de Beto Pazos y la desaparición forzada de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así que María de la Luz Candelaria Chiñas titular de la procuraduría del Estado está bien informada de la actividad de dichos sujetos, sin embargo la funcionaria ha actuado con negligencia por lo que es cómplice de dicho asesinato, de lo contrario los responsables ya estarían presos y también sabe perfectamente quien señaló a nuestros compañeros. ¿No sería Raúl Castellanos quien conocía perfectamente a uno de ellos de tiempo atrás, o Víctor Raúl Martínez Vázquez que desde los años setenta es un delator?



Existen muchas cuentas pendientes con el pueblo Oaxaqueño, cuentas que la próxima administración debe de resolver, porque de Ulises, el Pueblo oaxaqueño ya sólo espera que sea juzgado por todos los delitos cometidos, que muchos de ellos son de lesa humanidad, así esté bajo el manto protector de los pederastas y también criminales de años anteriores que continúan dirigiendo al PRI en complicidad con el gobierno federal y el PAN.



En este sentido, Gabino Cué debe corresponder y cumplir con sus promesas con el pueblo y darse la oportunidad de demostrar que en esta ocasión el pueblo no se equivocó en elegirlo, como ha sucedido en Guerrero.



Sabemos que en la nueva administración habrá muchos fantoches y oportunistas, uno que otro camaleón que en su momento desenmascararemos, pero también habrá muchos con una actitud honesta, con una trayectoria honorable para con el pueblo y a ellos apelamos para que todas las injusticias no queden impunes, de lo contrario el nuevo gobierno sería una farsa más, otra componenda, una tranza entre los mismos de siempre y un engaño para el pueblo oaxaqueño y todos aquellos que están dándoles el beneficio de la duda.

Reciba el pueblo triqui y la familia de Heriberto Pazos Ortiz nuestro pésame más sentido.



Aun en tregua, estamos pendientes.





¡POR LA PRESENTACIÓN DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!

¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!

¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!

¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO

PDPR

COMANDANCIA GENERAL

DEL

EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

CG-EPR

Año 46

República Mexicana, a 15 de noviembre de 2010.

El escándalo de San Juan Copala

Lo que sucede en San Juan Copala, Oaxaca, es un escándalo. De todos los lugares donde el gobierno federal ha perdido control del territorio nacional, este municipio es uno de los que exhibe enorme grado de violencia e impunidad.

Dos grupos paramilitares avalados por el gobierno estatal de Ulises Ruiz han impuesto su ley a base de asesinatos, impidiendo que entre autoridad alguna, ni ayuda humanitaria de ningún tipo, para evitar que se constituya en municipio autónomo, regido por usos y costumbres, lo que implicaría la expulsión de partidos políticos del municipio.

Los grupos agresores son la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), de filiación priísta, y la otra es el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), que enarbola un supuesto ideario de izquierda.

Este fin de semana hubo tres muertos más, para evitar que pobladores iniciaran una caravana hacia la ciudad de México denunciando su situación.

La cronología de hechos de sangre en Copala es impresionante, pues las diferencias intracomunitarias del pueblo triqui son atávicas. El caso comenzó a sonar desde abril de 2008, cuando Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino fueron asesinadas cuando viajaban por la carretera que va del paraje Joya del Mamey a Putla de Guerrero, en Oaxaca. Las dos trabajaban en la emisora comunitaria La voz que rompe el silencio, en San Juan Copala.

Desde entonces, 500 personas han sido desplazadas. Otras 30 han sido asesinadas y un número indeterminado, heridas. Todas han sido emboscadas.

La revista Contralínea ha reportado que los paramilitares atacan noche y día, no permiten la salida ni la entrada a la población de personas, alimentos ni medicinas. Cortaron los cables de la luz eléctrica, las líneas del teléfono y rompieron los ductos del agua potable.

El día 29 de noviembre de 2009 el albergue infantil fue baleado y en esos hechos murió el niño Elías Fernández de Jesús y resultaron heridos Tomotelín y Jacinto Velasco, así como otro menor cuyo nombre no se dio a conocer. Ese mismo día los agresores instalaron un retén a la altura de la comunidad La Sabana con la intención de tender un cerco al pueblo.

La prepotencia e impunidad de la que se saben los agresores los envalentonó de tal manera que el 27 de abril de 2010 emboscaron una caravana internacional de ayuda humanitaria que se dirigía a San Juan Copala.

La caravana estaba conformada por organizaciones civiles de derechos humanos, organizaciones sociales, observadores internacionales y periodistas. Como resultado de esta agresión, perpetrada en el paraje la Sabana del municipio de Juxtlahuaca, perdieron la vida Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora de Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS A.C.) y Jyri Jaakkola, observador internacional de nacionalidad finlandesa.

Pese al escándalo que suscitó esa agresión, el 21 de mayo un grupo armado mató al líder político triqui de la agencia de Yosoyusi, Timoteo Alejandro Ramírez, y a su esposa Tleriberta Castro.

Indignados, el 8 de junio ONG y defensores de derechos humanos organizaron una nueva caravana, pero fue suspendida luego de varios disparos al aire que realizó la gente de Ubisort. La caravana sólo avanzó 20 kilómetros de la población de Santiago Juxtlahuaca hacia San Juan Copala; no más.

Para el día de ayer, lunes 23 de agosto de 2010, estaba programado el inicio de una movilización-marcha que saldría de nuestra región triqui y pasaría por el plantón que tienen los triquis en la ciudad de Oaxaca desde el día 7 de agosto, para llegar hasta la ciudad de México, marcha que encabezarían las mujeres del municipio autónomo de San Juan Copala.

Sin embargo, el sábado pasado, 21 de agosto, fue atacado otro grupo de personas de la comunidad de Hierba Santa, justo cuando estaban realizando acciones de coordinación para la marcha. En el ataque murieron Antonio Ramírez López, Antonio Cruz García y Rigoberto González, y otros tres jóvenes resultaron heridos.

Todo el fin de semana se han registrado ataques con armas de fuego en contra de las casas de quienes forman parte del movimiento por la autonomía del municipio. También se han registrado ataques en algunas veredas de las comunidades cercanas, impidiendo con esto que alguien salga de la comunidad.

Hasta ahora el pueblo sigue secuestrado. Nadie ha sido detenido y nadie parece querer hacerse cargo de este caos, que amenaza con convertirse en uno de los peores derramamientos de sangre comunitarios de la era moderna en el país, junto con Aguas Blancas y Acteal.