Todos los Estados del mundo tienen aparatos de seguridad nacional, que incluyen entre sus herramientas la escucha de conversaciones privadas, las cuales se supone deben estar reguladas por criterios éticos muy estrictos.
Hace dos años decíamos sobre el Cisen: “Hay quienes dicen que debe desaparecer porque es un instrumento de la represión estatal, pero es indudable que administrativamente la custodia de la seguridad nacional (entendida como la defensa ante amenazas externas e internas que pongan en riesgo a los tres componentes del Estado, población, territorio y gobierno) debe recaer en una instancia gubernamental, sin fines políticos”.
Argumentamos que el Cisen ha sido tradicionalmente utilizado con fines políticos y de hostigamiento a opositores, lo que lo ha desviado de tareas de inteligencia contra enemigos más tangibles, como el crimen organizado, por ejemplo, que está descontrolado y cuyos capos principales gozan de cabal libertad.
Espiar opositores políticos, periodistas y ciudadanos en general, sin orden judicial de por medio, es un delito, así sea cometido por particulares armados de equipo tecnológico especializado o por el Estado, que cuenta con la infraestructura suficiente para ello.
Ahora bien, a la luz de lo anterior, las grabaciones dadas a conocer ayer por la prensa, en las que el gobernador de Veracruz Fidel Herrera presuntamente da instrucciones para apoyar económicamente al candidato del PRI a sucederlo, Javier Duarte, ¿son lícitas o no?
Ayer escuché opiniones de opositores al PRI de que no importaba el origen de las cintas, siempre y cuando sirvieran para develar lo que todos intuimos: el descarado apoyo de los gobernadores caciques a sus delfines electorales.
Argumentaciones parecidas surgieron cuando el escándalo del “gober precioso” de Puebla, Mario Marín, que fue pillado en obscenas conversaciones con el empresario Kamel Nacif, reconociendo su prepotencia al violentar la justicia para castigar a la periodista Lydia Cacho, quien reveló una red de pederastas.
“Mientras sirvan a un fin noble; las conversaciones son bienvenidas”, dijeron más o menos los apoyadores de la causa, que jamás se han cuestionado el origen de las mismas.
¿Seguro? ¿Cuándo la ilegalidad me afecta es fascismo y cuando me beneficia, democracia? ¿No es medir con varas distintas un mismo hecho?
Las grabaciones del indefendible Fidel Herrera tienen un innegable tufo electorero, y los únicos beneficiados por este hecho son sus opositores: los partidos PAN, PRD, PT y Convergencia. Llevando la especulación más allá, acaso es el PAN es el único con la capacidad tecnológica, vía el Cisen, para grabar a un gobernador.
Esto probaría que a la hora de gobernar PAN y PRI reaccionan igual, haciendo un uso político de los aparatos de seguridad nacional, justo para lo que no deben servir.
Como antecedente de esta posibilidad, la periodista Anabel Hernández, en el quinto capítulo de su libro “Los Cómplices” (Grijalbo 2008) relata el presunto uso ilegal del Cisen y sus servicios de espionaje por parte del fallecido Juan Camilo Mouriño.
Luego entonces: ¿fue ilegal la escucha a FH? Sí. ¿Tiene validez jurídica? No. ¿Es políticamente útil? En estricto sentido sí, pero no podemos permitirnos abrir la puerta a una doble moral en la que un mismo delito se atenúe si sirve a la democracia.
Escuchar ilegalmente es fascismo, sea la derecha o la izquierda la que lo realice.
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miércoles, 16 de junio de 2010
miércoles, 26 de mayo de 2010
Emmanuel Hernández, otro abuso jurídico
27 mayo 2010
Uno ve todos los días como entran y salen de prisión peligrosos criminales o delincuentes de cuello blanco con influencias. Razones no faltan: que no se les pudo probar nada; que estaba mal integrada la averiguación; que fue un error, etcétera. Pero eso sí, a la gente sin recursos ni influencias o a los que se oponen a las autoridades la ley se aplica con exceso y abuso.
Ahí está el absurdo caso de Jacinta, Teresa y Alberta, en Querétaro (ya libres por fortuna) y los persos de Atenco, que enfrentan condenas que superan con mucho la cadena perpetua por una serie de secuestros no probados durante los zafarranchos de 2003.
El caso es que gracias a este pervertido sistema de procuración de justicia, más orientado al castigo polítiico que a la aplicación de la justicia, se dan caso como el de Emmanuel Hernández Hernández, joven anarquista que participara en las movilizaciones del Foro del Agua en noviembre de 2006.
En el marco de esa conferencia mundial hubo expresiones de descontento altermundista, como sucede en cada reunión de ese tipo en el mundo. La periodista Lydiette Carrión le ha dado mejor seguimiento al caso y uso su blog como base para recrear el caso:
Por esas fechas la policía del Distrito Federal aprehendió a un montón de estudiantes y anarquistas en los torniquetes del metro Insurgentes. Entre las mochilas hallaron artefactos explosivos; es decir, petardos. Desde el inicio, el montón de chavos alegó que la policía había "revuelto" las pertenencias. Es decir, la defensa de todos se centró en la imposibilidad de determinar a quién o quiénes pertenecían los petardos o que de plano la policía los había plantado.
En ese momento los chavos lograron salir para llevar su juicio en libertad y pidieron los servicios de un abogado zapatista, quien llevó el caso de forma colectiva. El 23 de octubre de 2007, le giraron orden de aprehensión, bajo la causa penal 66/07.
En un momento determinado, por falta de pago de sus honorarios, la defensa decidió excluir a Emanuel del amparo promovido para los demás jóvenes, lo que propició que se le negara el amparo del 15 de febrero de 2008, por el delito de portación de objetos aptos para agredir, el cual posteriormente fue equiparado a portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
En noviembre de 2009 fue aprehendido. En la actualidad, Emanuel no sólo se hace cargo de su hermanito (de 14 años), sino de un hijo de ocho meses de edad, junto con su pareja.
Como lo acusan de la portación de una bomba molotov y éstas no se encuentran contempladas en la legislación, el MP equiparó su portación a una arma de fuego ¡de uso exclusivo del Ejército¡ La condena fue de cuatro años de prisión y una multa de 6 mil 666 pesos.
El caso viene a cuento porque el pasado martes 24 de mayo un tribunal unitario ordenó la reposición del proceso del anarquista Emmanuel debido a irregularidades cometidas por el juez primero de distrito en procesos penales federales.
El tribunal consideró que en el expediente se presentaron varias irregularidades, entre ellas que el juez no tomó en consideración una serie de testigos de descargo a favor del acusado. Por lo que el tribunal ordenó la reposición del proceso.
Para la defensa y los amigos de Emmanuel, esto es positivo en tanto que se corría el riesgo de que el tribunal aumentara la sentencia y entonces Emmanuel no pudiera salir bajo fianza. Pero es negativo, ya que pasará más tiempo en la cárcel en lo que se repone el procedimiento y se dicta una nueva sentencia.
Puede no ser muy ortodoxo traer petardos y botellas con gasolina en la mochila, pero de eso a que sea un delito, o mucho menos a que sea un delito del fuero federal hay una distancia enorme, que sólo nuestro sistema de “justicia” puede armar sin explicaciones convincentes.
Acoso a Laura Castellanos
Nuestra solidaridad con Laura Castellanos, amiga de muchas batallas en la documentación periodística de temas relacionados con los movimientos sociales y las guerrillas en México. Su casa fue allanada en días pasados, sin intención de robo, lo cual sólo puede interpretarse como un amago personal que estamos seguros no hará mella en su trabajo.
La organización Artículo 19 ha tomado el caso en sus manos y aquí puede checarse la alerta difundida ayer.
Uno ve todos los días como entran y salen de prisión peligrosos criminales o delincuentes de cuello blanco con influencias. Razones no faltan: que no se les pudo probar nada; que estaba mal integrada la averiguación; que fue un error, etcétera. Pero eso sí, a la gente sin recursos ni influencias o a los que se oponen a las autoridades la ley se aplica con exceso y abuso.
Ahí está el absurdo caso de Jacinta, Teresa y Alberta, en Querétaro (ya libres por fortuna) y los persos de Atenco, que enfrentan condenas que superan con mucho la cadena perpetua por una serie de secuestros no probados durante los zafarranchos de 2003.
El caso es que gracias a este pervertido sistema de procuración de justicia, más orientado al castigo polítiico que a la aplicación de la justicia, se dan caso como el de Emmanuel Hernández Hernández, joven anarquista que participara en las movilizaciones del Foro del Agua en noviembre de 2006.
En el marco de esa conferencia mundial hubo expresiones de descontento altermundista, como sucede en cada reunión de ese tipo en el mundo. La periodista Lydiette Carrión le ha dado mejor seguimiento al caso y uso su blog como base para recrear el caso:
Por esas fechas la policía del Distrito Federal aprehendió a un montón de estudiantes y anarquistas en los torniquetes del metro Insurgentes. Entre las mochilas hallaron artefactos explosivos; es decir, petardos. Desde el inicio, el montón de chavos alegó que la policía había "revuelto" las pertenencias. Es decir, la defensa de todos se centró en la imposibilidad de determinar a quién o quiénes pertenecían los petardos o que de plano la policía los había plantado.
En ese momento los chavos lograron salir para llevar su juicio en libertad y pidieron los servicios de un abogado zapatista, quien llevó el caso de forma colectiva. El 23 de octubre de 2007, le giraron orden de aprehensión, bajo la causa penal 66/07.
En un momento determinado, por falta de pago de sus honorarios, la defensa decidió excluir a Emanuel del amparo promovido para los demás jóvenes, lo que propició que se le negara el amparo del 15 de febrero de 2008, por el delito de portación de objetos aptos para agredir, el cual posteriormente fue equiparado a portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
En noviembre de 2009 fue aprehendido. En la actualidad, Emanuel no sólo se hace cargo de su hermanito (de 14 años), sino de un hijo de ocho meses de edad, junto con su pareja.
Como lo acusan de la portación de una bomba molotov y éstas no se encuentran contempladas en la legislación, el MP equiparó su portación a una arma de fuego ¡de uso exclusivo del Ejército¡ La condena fue de cuatro años de prisión y una multa de 6 mil 666 pesos.
El caso viene a cuento porque el pasado martes 24 de mayo un tribunal unitario ordenó la reposición del proceso del anarquista Emmanuel debido a irregularidades cometidas por el juez primero de distrito en procesos penales federales.
El tribunal consideró que en el expediente se presentaron varias irregularidades, entre ellas que el juez no tomó en consideración una serie de testigos de descargo a favor del acusado. Por lo que el tribunal ordenó la reposición del proceso.
Para la defensa y los amigos de Emmanuel, esto es positivo en tanto que se corría el riesgo de que el tribunal aumentara la sentencia y entonces Emmanuel no pudiera salir bajo fianza. Pero es negativo, ya que pasará más tiempo en la cárcel en lo que se repone el procedimiento y se dicta una nueva sentencia.
Puede no ser muy ortodoxo traer petardos y botellas con gasolina en la mochila, pero de eso a que sea un delito, o mucho menos a que sea un delito del fuero federal hay una distancia enorme, que sólo nuestro sistema de “justicia” puede armar sin explicaciones convincentes.
Acoso a Laura Castellanos
Nuestra solidaridad con Laura Castellanos, amiga de muchas batallas en la documentación periodística de temas relacionados con los movimientos sociales y las guerrillas en México. Su casa fue allanada en días pasados, sin intención de robo, lo cual sólo puede interpretarse como un amago personal que estamos seguros no hará mella en su trabajo.
La organización Artículo 19 ha tomado el caso en sus manos y aquí puede checarse la alerta difundida ayer.
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