EPR: policías comunitarias y paramilitarismo (análisis)

POLICÍAS COMUNITARIAS: ¿MANIFESTACIÓN DEL HARTAZGO SOCIAL, O ESTRATEGIA CONTRAINSURGENTE?

Con el retorno del PRI a los Pinos, se cierra un círculo en la espiral de violencia y terrorismo de Estado para abrirse otro en donde “nuevas” modalidades y formas de ejercer esa violencia y terrorismo de Estado se pondrán en marcha, bajo las “nuevas” circunstancias políticas, bajo el clásico discurso del priismo, pero siempre en atención a las exigencias de la oligarquía tanto nacional como transnacional. La institucionalización de lo que de facto se venía aplicando ahora será la ruta a seguir, es el caso de los grupos paramilitares a quienes con el retorno del PRI a los Pinos se reestructurará y dotará de “legalidad”, se pretenderá institucionalizar como parte del Estado policiaco- militar.

Estos grupos paramilitares con Fox y sobre todo con calderón como parte de la contrainsurgencia impulsada desde el pentágono se promovieron desde los cuerpos represivos, ejército, marina, y la policía federal; organizados, estructurados y dirigidos por oficiales del ejército y la marina, grupos paramilitares que hay que sumarles a los que crearon los empresarios bajo la misma
lógica, estructura y dinámica, que para coberturar su accionar se creó el fetiche de la delincuencia organizada y así emergieron los “cárteles” como “los zetas”, el “cártel del golfo”, “los matazetas”, “Jalisco nueva generación”, “la familia michoacana”, “los templarios”, entre muchos otros, todos bajo la lógica del paramilitarismo y el terrorismo de Estado.

Su objetivo principal: infundir el terror a través de asesinatos extrajudiciales, de masacres tumultuarias, del llamado “cobro del derecho de piso”,... para crear un escenario de “inestabilidad”, “ingobernabilidad”, de tal manera que al gobierno en turno le permitiera justificar “la guerra contra la delincuencia organizada” y con ello el terrorismo de Estado que se desató a la par del surgimiento de los míticos cárteles de la droga.

Ya de pasada y a río revuelto desestabilizar administraciones municipales o estatales que no pertenecieran ni al PAN ni al PRI, así gobiernos perredistas fueron objeto de la acción de estos grupos, o cayeron en la trampa urdida desde las cúpulas castrenses, en algunos lugares PRI y PAN se aliaron bajo esta lógica, no olvidemos el llamado “michoacanazo” que obedeció a esta lógica perversa. Probado está que a todos esos grupos míticos se les ha hecho propaganda hasta el sacio a través de los medios masivos de comunicación, esparciendo como pólvora la propaganda del paramilitarismo y la tesis de la militarización como condición de seguridad, paz y tranquilidad, es decir, el fetiche de la inseguridad.

La táctica y objetivos de estos grupos fue sembrar y difundir el terrorismo de Estado, expresado en los miles de asesinatos extrajudiciales que rebasa la horrorosa cifra de más de 136 mil asesinados, de los cuales el 90 por ciento no tiene nada que ver con la llamada “delincuencia organizada”, fueron masacrados impunemente en la completa indefensión por su condición social; los crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada que alcanzaron la repugnante cifra de más de 60 mil que hoy quiere ser minimizada con una base de datos perversa que la reduce a 27 mil; los más de 150 mil detenidos, presentados como delincuentes por no contar con una defensa jurídica por falta de capital para sufragarla; los más de 1 millón dos cientos mil desplazados por la violencia del Estado encubierta ésta como delincuencia son los resultados y consecuencia de la aplicación de esta táctica contra insurgente.

Los saldos del terrorismo de Estado constituyen un genocidio contra el pueblo, el cual no ha concluido con la llegada de una administración priista, sólo está cambiando de táctica y de forma, las víctimas siguen siendo las mismas, jóvenes de barrios y comunidades pobres, que su signo de distinción es la pobreza y la indefensión social, política y económica en la que vivían.

La táctica para difundir el terrorismo de Estado fue crear el fetiche de la inseguridad, el fetiche de la delincuencia organizada para justificar la Guerra de Baja Intensidad (GBI), por tanto la tesis de que el narcotráfico y la delincuencia organizada constituye un fenómeno creado desde y por el Estado cada día cobra vigencia y relevancia, sólo los miopes políticamente hablando, los ingenuos y los apologistas del terrorismo de Estado se empeñan en seguir presentándolo como un fenómeno independiente y ajeno al Estado burgués, suponiendo cualquier otra posición como una opinión delirante.

El resurgimiento y surgimiento de las policías comunitarias en el plano nacional

Dentro de este contexto de paramilitarismo y terrorismo de Estado generalizado ha cobrado relevancia el resurgimiento de las policías, guardias o rondas comunitarias, donde en diferentes regiones del país han surgido manifestaciones de este fenómeno. Dos son las expresiones fundamentales de las policías, guardias o rondas comunitarias, una obedece a la lógica de la institucionalización del paramilitarismo y la militarización, otra un genuino esfuerzo y manifestación del hartazgo social, pero que por el contexto de violencia y terrorismo de Estado disfrazado de “delincuencia” está siendo arrastrada al espontaneísmo que finalmente conduce a la lógica del paramilitarismo institucional.

Para abordar el fenómeno de las policías comunitarias necesariamente tenemos que remitirnos a varios antecedentes que nos permitirán comprender el fenómeno en todas sus manifestaciones. Al respecto enumeraremos algunos de estos antecedentes:

1. Agua fría Oaxaca, donde para proteger los intereses de las empresas mineras transnacionales se armó a un grupo paramilitar coberturado bajo el comunalismo, para confrontarlos con los que protestaban contra la minería y protegían sus bosques y propiedad comunal, presentando esta agresión desde los medios de comunicación como una pugna intercomunitaria.

2. Sierra madre de Chiapas, paralelo a las concesiones de minas otorgados desde la federación, surgieron los grupos paramilitares formados por los empresarios mineros de origen canadiense para ahogar en sangre las protestas de ejidatarios y campesinos que se oponían al despojo de sus tierras. Resultado de ello son las desapariciones forzadas, los asesinatos extrajudiciales y los desplazamientos forzados.

3. Monterrey, Nuevo León y su zona conurbada, la formación de grupos paramilitares por empresarios regiomontanos para combatir a la “delincuencia organizada” formando a sus propios cuerpos que se encargarían de hacer el trabajo “rudo”, sólo que quienes lo conformaban eran consumados delincuentes.

4. Veracruz, La formación de grupos paramilitares estructurados y adiestrados por policías federales, marina y ejército federal para justificar los asesinatos extrajudiciales a nombre de los llamados “matazetas” cuyos miembros y comandantes eran policías en activo.

5. Zona norte de Veracruz, la aparición del grupo paramilitar “Guardia Civil Huasteca” o “Comando Civil de Defensa” en Tantoyuca y Platón Sánchez, organizados y estructurados por el ejército y la marina a través de empresarios y ganaderos de venia caciquil para justificar la militarización y la creación de un nuevo cuartel militar.

6. Michoacán, en la región tierra caliente, desde el 2000 es dominio público que se promovióeimpulsódesdela 43 zona militar con sede en Apatzingán la compra de armamento para que los pobladores de la región para que se “autoprotegieran”, resultado de ello es el paramilitarismo que campea por la región, organizado, estructurado y dirigido por la 43 y 21 zona militar, con sede en Apatzingán y Morelia respectivamente.

De estos seis brevísimos antecedentes podemos constatar que el paramilitarismo y la militarización han estado indisolublemente ligados como dos caras de un mismo fenómeno, la implementación de una política de terrorismo de Estado que obedece a una estrategia de Guerra de Baja Intensidad auspiciada desde las entrañas del imperialismo norteamericano, desde el mismísimo pentágono, para salvaguardar sus intereses, imponiendo a nuestro país su política belicista, convirtiendo a México en apéndice de su territorio, extendiendo sus fronteras hasta Guatemala.

El fenómeno de las policías comunitarias no escapa a esta lógica y realidad, directa o indirectamente está enmarcado dentro del contexto de la militarización y paramilitarización que se le ha venido imponiendo al país como parte de las exigencias de la oligarquía y del imperialismo estadounidense.

No obstante hay quienes sostienen que es “ridículo” comparar las guardias comunitarias con el paramilitarismo, porque según ellos, éstas emergen ante la violencia y extorciones de los “grupos delincuenciales”. Visto desde lo abstracto, desde lejos y de fuera aparentemente sí, pero es ahí precisamente donde está la trampa, ésta radica en que ahora bajo esa modalidad desde las cúpulas castrenses y policiacas se pretende readecuar al paramilitarismo a las nuevas exigencias de la oligarquía.

Para quienes estamos inmersos en el pueblo como parte de él, para quienes estamos lidiando con el toro, es claro el asunto y no mordemos el anzuelo. Para quienes ven los toros desde la barrera, puede que no alcancen a percibir con claridad las “modernas” pretensiones del Estado, pero éstas son fácil de escudriñar cuando se es analítico, un ser pensante y no un sujeto alienado que repite como loro los burdos argumentos que se vierten desde los monopolios de la comunicación.

La táctica contrainsurgente que se impulsa desde las cúpulas castrenses es la de “ganar las mentes y corazones”, la misma vieja táctica de GBI pero ahora readecuada a los “nuevos” tiempos y exigencias de la oligarquía.

Se trata ahora que desde las propias comunidades indígenas, desde las rancherías, y pueblos campesinos se exija la militarización, se implore a los cuerpos castrenses que se instalen ahí para que se les proteja, que se impulsen policías, guardias o rondas comunitarias organizadas, estructuradas y dirigidas por “ex militares”, “ex policías”, “ex marinos” y sean estos policías comunitarios los nuevos cancerberos del capital, los que garanticen la defensa de sus intereses oligárquicos, los que defiendan la inversión en minerías, los que garanticen el proceso de acumulación originaria del capital que se está gestando y el que se encuentra en ciernes con el retorno del PRI a los Pinos.

La lógica es simple, el paramilitarismo extrajurídico les ha sido útil para justificar la militarizaciónyelterrorismode Estado, pero ahora que el PRI ha retornado al poder político, requerirán de cambios cosméticos, institucionalizando el paramilitarismo e incluso elevarlo a rango constitucional para poder financiarlo con presupuesto del erario público, al tiempo que se deshacen de los grupos paramilitares incomodos o que se les están saliendo de control.

El caso Guerrero

Habrá que precisar que algunas comunidades indígenas y campesinas ya se venían rigiendo por esta figura de la Policía Comunitaria desde 1996 como expresión genuina de sus formas de organización, con la característica de que se mantuvieron al margen de la estrategiadecontrainsurgenciay con relativa independencia de los tentáculos del Estado burgués mexicano.

Aquí como en otros estados donde irrumpió públicamente nuestro partido y ejército, el PDPR-EPR en 1996, se implementó una intensa campaña de contrainsurgencia desplegada en varios frentes, a través de los programas gubernamentales, por medio de la infiltración y cooptación de los militantes y combatientes de nuestro partido y ejército, con el paramilitarismo vía el narcotráfico, en fin, por todos los medios, con el propósito de restarle base social y política al movimiento armado revolucionario como primer paso para poder aniquilarlo, en palabras de ellos se trataba de “quitarle el agua al pez donde se mueve” .

Poniendo mayor énfasis en aquellas zonas o regiones donde sospechaban teníamos base política, así costa chica, costa grande y la montaña alta fue el escenario de la militarización y paramilitarización, del despliegue contrainsurgente a través de los programas asistenciales y las fundaciones del falso altruismo.

Resultado de esta política y estrategia de contrainsurgencia fue la dispersión y atomización del movimiento popular, la generalización del paramilitarismo a través del fenómeno del narcotráfico, la acentuación de la pobreza y miseria, desde luego la generalización de la descomposición social expresada en drogadicción, prostitución, violencia, enajenación...

Durante todo este tiempo los asesinatos de luchadores sociales, de defensores de derechos humanos,departidariosdela revolución, de campesinos, de indígenas, de jornaleros agrícolas, de obreros y periodistas, no cesó, por el contrario se intensificó con la característica de que siempre se trató de justificar los asesinatos y desapariciones forzadas vinculándolas al fenómeno del narcotráfico.

Una vez creado el escenario del fetiche de la inseguridad, afianzado el terrorismo de Estado se pretende ahora institucionalizar al paramilitarismo y la militarización bajo la modalidad de las policías comunitarias, auspiciando este fenómeno desde las cúpulas castrenses, con el claro propósito de restarle legitimidad a las policías comunitarias ya existentes y que no están bajo su control, al tiempo que se institucionaliza el paramilitarismo y la militarización.

El caso de Michoacán

Desde 1996 cuando varias columnas guerrilleras pertenecientes a nuestro partido y ejército hacen acto de presencia en varias regiones del estado como en la meseta p’urhépecha, la depresión del Balsas, la región de tierra caliente, el bajío y la CiénagadeZacapu,lasfuerzas castrenses se han venido empeñando en restarnos base política, en infiltrar a las fuerzas de la revolución, en justificar la militarización, en generalizar la paramilitarización, en fin, en aplicar las tácticas y estrategias contrainsurgentes de GBI.

Para ello se han apoyado ampliamente en el paramilitarismo, auspiciándolo directamente desde la 21 y 43 zona militar con sede en Morelia y Apatzingán respectivamente, fue en la región de tierra caliente donde mayor eco tuvo sus incitaciones al paramilitarismo, en donde lograron concretar una estructura paramilitar que hoy asola a la región con el auspicio y aval del ejército y la marina.

En la región de la meseta p’urhepécha, el bajío y la ciénaga de Zacapu el ejército a través del permutado 37 batallón de infantería instalado en Zamora se creó y estructuró una red de inteligencia y contrainsurgencia con ex militares, tanto oficiales como rasos, para que desde las comunidades donde se encontraban o de donde fueran originarios se informara de toda actividad, desde quienes eran ajenos a la comunidad y la visitaban, hasta quienes subían “al cerro”, “al monte”, de quienes se rumoraba tenían armas, es decir, de todo cuanto a sus ojos les parecía insurgente.

Como en su intento por infiltrar, ubicar y aniquilar a las fuerzas guerrilleras fracasaron estrepitosamente se enfocaron a fortalecer el paramilitarismo, es así como a finales de la primer década de este siglo tiene un repunte el paramilitarismo en el estado, orientado a generalizar el
terrorismo de Estado, a desestabilizar a las administraciones perredistas que gobernaban el estado, en una palabraaimplantarelterrorenla población, para que esta avale y legitime la militarización.

Principalmente los oficiales con grado de teniente hasta capitán fueron los que se enrolaron, o aceptaron de buena gana ser parte de esa red de inteligencia y contrainsurgencia que opera por regiones según el caso y la necesidad que tengan que resolver. Sujetos desclasados que suelen vivir sin trabajar, sin un trabajo verdaderamente productivo.

En la región de la meseta p’urhépecha para crear un escenario de inestabilidad se apoyaron en gente descompuesta y avariciosa que se prestó para ser parte del engranaje del paramilitarismo, a quienes después el propio ejército directa o indirectamente se encargó y se encargará de eliminar físicamente cuando ya no les fueron o les sean útiles.

Es el caso del “afamado” y “temido” Güero Cuitláhuac y su hijo “Benjamín” a quienes el ejército desde el 37 batallón de infantería patrocinó para que asolaran Paracho, Cherán, Nahuatzen y la cañada de los once pueblos, y cuando estos sujetos ya no les fueron útiles los asesinaron, el primero a través de otros sujetos descompuestos que hoy son parte de las guardias comunitarias que piden se instalen bases de operaciones mixtas y cuarteles del ejército en la meseta P’urhépecha, el segundo directamente el propio ejército lo sacó de su casa para asesinarlo y dejar su cuerpo abandonado sobre la carretera, como hacen con muchos de los que aparecen como “ajuste de cuentas” entre carteles de la droga, sin embargo, constituyen asesinatos extrajudiciales, ¡Crímenes de lesa humanidad!

Paralelamente se fue trabajando lo de las guardias o policías comunitarias a través de ex oficiales del ejército quienes regresaron a sus comunidades a “sumarse” a los trabajos comunitarios, a realizar “trabajo comunitario”, a estar incitando a formar las guardias o rondas comunitarias, a promover la venta de armamento para la “defensa” de las comunidades indígenas.

Así es como surgen las policías o guardias comunitarias en Michoacán, organizadas, estructuradas, instruidas y dirigidas por ex oficiales militares con grado de teniente y capitán, verbigracia Cherán, “El tachiri” es quien adiestró y dirige operativamente a la policía comunitaria, un ex capitán del ejército que rendía parte al 37 batallóndeinfanteríainstaladoen Zamora, y permutado por el 17 que llegó de Tabasco al está adscrito, sujeto mantenido a bajo perfil en el Consejo de Keris (Consejo de Ancianos). El objetivo siempre ha sido desmovilizar la protesta en la meseta p’hurépecha.

Como vemos las policías o guardias comunitarias tienen patente y origen de Estado, a ello obedece que las “comunidades” que repudiaban la militarización ahora paradójicamente piden que se instalen las bases de operaciones mixtas, que se instalen cuarteles militares en sus comunidades, que exijan la militarización de sus territorios, que le impongan a las demás comunidades la militarización. A esta lógica obedecen las exigencias de que se “regulen” las guardias comunitarias.

En otros municipios de la meseta y el oriente donde pretenden concretar policías comunitarias también está detrás el ejército a través de “ex capitanes” o dicho en otras palabras capitanes en activo porque aunque “formalmente” se dieron de baja siguen trabajando para el ejército federal y en la nómina.

En la región de tierra caliente como no estaban ellos, los militares, detrás de las guardias comunitarias de la Ruana, procedieron inmediatamente a su detención y consignación bajo los cargos de portación de armas de uso exclusivo del ejército, violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos, delincuencia organizada y lo que resulte.

Más allá de si pertenecen o no a un “cártel de las drogas”, o si son una manifestación genuina del hartazgo social, claro está que estas guardias comunitarias no eran de la estirpe castrense, por eso inmediatamente los detuvieron. También claro está que a quienes se pretende criminalizar se les presenta como narcotraficantes, sicarios de tal o cual cartel de la droga y con ello inmediatamente son juzgados tanto mediática, política y jurídicamente violando flagrantemente el principio de presunción de inocencia.

A manera de conclusión

La militarización y la paramilitarización constituyen parte de una misma estrategia de contrainsurgencia encaminada a legitimarelterrorismodeEstado y la aplicación de medidas de corte fascista; son la expresión del grado de polarización de la lucha de clases que se vive en el país, dentro de este contexto es que han surgido y resurgido las guardias, policías o rondas comunitarias en el plano nacional, con un doble propósito y pretensión, institucionalizar al paramilitarismo y legitimar la militarización.

No obstante como los fenómenos sociales siempre son complejos y nunca se puede generalizar, ciertamente hay manifestaciones de hartazgo social que impregnados por el espontaneísmo han querido organizar y estructurar sus propias guardias comunitarias, pero inmediatamente han sido hostigados, amenazados y hasta desaparecidos sus dirigentes directamente por el ejército y la marina, quedando de manifiesto que sólo aquellas que están orgánicamente vinculadas a los cuerpos castrenses y a los grupos empresariales serán permitidas, quienes no estén sujetas a sus directrices serán detenidas, enjuiciadas, encarceladas, o desaparecidas a modo de escarmiento, como quedó plenamente de manifiesto con la detención de la guardia comunitaria de Buenavista Tomatlan y Tepalcatepec en Michoacán.

Entonces ¿Cuál es la alternativa o ruta a seguir? Es válida y legítima la autodefensa de las masas, de las comunidades ypueblos,peroéstadebeestar absolutamente desvinculada de las estructuras gubernamentales, absolutamente independiente del Estado burgués y del actual estado de derecho oligárquico. La autodefensa armada de las masas debe ser impulsada pero no desde una perspectiva mediática, sino desde un proceso real de autodeterminación, de verdadera autodefensa.

Cabe aclarar que grupos de “defensa civil” o guardias comunitarias o como se les quiera llamar no tiene nada que ver con el planteamiento político que hacemos para enfrentar la violencia del Estado, la autodefensa de las masas trabajadoras, ésta constituye un conjunto de medidas políticas que garanticen la autoprotección individual y colectiva del pueblo. Pero esto es tema de otro artículo.


(Tomado de http://www.cedema.org/uploads/PDPREPRINS146.pdf )

ONG acusan a milicias colombianas de violaciones a DH en lucha de contra insurgencia

THE DESCENT OF THE COLOMBIAN ARMY

"Take No Prisoners" in Practice

by John Lindsay-Poland, Fellowship of Reconciliation

A new and long-awaited report on civilian killings by the Colombian military from 2002 to 2010 argues convincingly that the spike of state violence during those years grew directly from the policies of "Democratic Security" that attempted to militarize all Colombian society.

The study was produced by the Human Rights and Humanitarian Law Observatory of the Colombia-Europe-United States Coordination (known by its acronym in Spanish, CCEEU), a coalition of more than 200 Colombian human rights organizations and their counterparts in Europe and the US.

Twenty of these organizations have come together to document, analyze and carry out judicial strategies on extrajudicial executions. The coalition has painstakingly compiled records of 3,512 reported extrajudicial killings from 2002 to 2010, during the presidency of Álvaro Uribe.

Ninety-five percent of the cases remain in impunity because "the Colombian criminal justice system has not undertaken criminal investigations that would identify the criminal structures and those who had the highest responsibility for acting," according to the study.

A problem of state violence in the 1990s—with 739 civilian killings reported from 1994 to 2001—became widespread, with nearly five times as many killings in 2002-2010. These do not include the large numbers of killings by paramilitaries, who were typically tolerated or encouraged by state forces.

Family members of those killed were doubly victimized, as their loved ones were presented as guerrillas or criminals killed in combat, and they were themselves frequently stigmatized when they denounce these crimes.

What happened? CCEEU claims that a majority of civilian killings reported were "false positives," victims of state forces' fictitious claims of combat. But what brought this about?

The former UN Special Rapporteur on Extrajudicial Executions, Philip Alston, identified three factors in the false positives phenomenon: 1) military pressure to show results measured as "number of casualties"; 2) incentives for soldiers as well as civilians in the production of these "casualties"; and 3) the levels of impunity in all disciplinary and investigative processes. The report cites Colonel Luis Fernando Borja Aristizabal, the highest ranking officer to be tried for false positives, who confessed to taking these actions "out of fear, out of pressure, for losing my job, for losing my rank, and for fear of something happening to my family, and also, for the praise received for operational results obtained."

The report describes how the practice of civilian killings was concentrated in some areas, especially in Antioquia—the large and populous state where Medellin is located, Uribe was governor in the mid-1990s, and more than 41% of civilian killings occurred from 2002 to 2007—and then expanded geographically as army commanders for those areas were promoted and given responsibility for wider areas of military operations.

Antioquia also had a high concentration of forced displacement and of murders of trade unionists.

There were also a large number of extrajudicial killings in southern Colombia, something the report says should be given more attention, "since the military units operating here have received the largest amount of military assistance from the United States."

As the report says, such "assistance, according to US law [known as the Leahy Amendment], should be suspended for units and commands that are credibly implicated in gross human rights violations." (Fellowship of Reconciliation analyzed the application of the Leahy Amendment in Colombia in our 2010 report.)

The Uribe government asserted that there was no war, at the same time as it recruited the citizenry into war. CCEEU points out that by denying a condition of war in Colombia, the State was able to defy the application of international humanitarian law (which protects civilians in wars), while denying any political motivation on the part of guerrilla forces, treating them instead as criminal organizations.

This was a way of fusing combatants and civilians, and the loss of this distinction made the killing of civilians easier. This fusion was also effected through the creation of an enormous network of millions of civilian informers for the military, some of who collaborated in the recruitment of other civilians who became victims of false positives.

The size of the military itself increased greatly, from 313,406 soldiers and police in 2002 to 485,000 today, making the armed forces nearly 45 times the estimated size of guerrilla combatant forces. The enormous size of the military itself poses a risk for civilian abuses, CCEEU notes. Colombia is now a regional military power, with the third largest Blackhawk helicopter fleet in the world, and trains the militaries and police of close to 20 other nations, including Mexico and Afghanistan.

This investment in the military—almost two thirds of national public investment is in military equipment—dwarfs Colombia’s social investment, making its social inequality even greater.

The report also argues that Democratic Security policies required a concentration of power in the executive branch, to the detriment of the legislative and judicial branches. Judicial investigative agencies were ordered to have staff assigned to military units. Executive decrees criminalized large sectors of civilians in some geographic areas.

Uribe publicly issued orders for arrests of individuals (not a power he legally possessed), and scolded the courts when they ruled against human rights violations. In one case, after Uribe publicly objected to the sentencing of a colonel for forced disappearances committed in 1985, the judge in the case received threats and had to leave the country.

Social assistance by civilian agencies became subject to and coordinated through military strategies in special zones, and in many of these zones the paramilitary presence and number of forcibly displaced people actually increased.

In these conditions, CCEEU says, "the Democratic Security Policy created a veritable 'Lawless State' or a 'State Outside the Law.'" The impacts of such a lawless state were exacerbated by collaboration between the State and narco-paramilitary forces responsible for the bulk of political violence during the period. "Frequently the people murdered by paramilitary groups were used so that military commanders could show positive results," the report says.

Paramilitary groups claimed allegiance of fully a third of Colombia's congress, and 92% of legislators implicated in the parapolitica scandal belonged to Uribe's coalition.

From 2002 to 2004, civilian killings were more concentrated in the countryside, with peasants and social activists as victims. This first stage of Democratic Security also gathered extensive intelligence, which "prepared the way for the mass production of executions" committed later. More civilians from the cities were targeted as the practice spread in 2006 and 2007.

As the number of civilian killings grew, CCEEU says, "the armed forces' morale deteriorated in large part when they abandoned legality to participate in mercenary activities of fictitious reports of casualties in exchange for compensation offered and demanded by the government, [which] on top of that generated greater insecurity in many regions." In some areas armed groups no longer operated, so that military units had to "heat up the area," that is, "harass people, show the community a collective imaginary of insecurity," according to a military officer implicated in the killings.

When army killings led to community protests, as in North Santander, the 15th Mobile Brigade in the area changed strategies, instead bringing young men, often unemployed and socially marginalized, from distant poor urban communities, in a form of "social cleansing."

In 2008, the false positives scandal broke, human rights organizations increased advocacy to stop the killings, international pressure peaked, and Army commander Mario Montoya was cashiered. The "drastic reduction [of civilian killings] after measures were taken in late 2008 shows that the State authorities who managed security at that time had sufficient control of events to have been able to put in order from the beginning security policies that didn't result in this dynamic of large-scale elimination of human lives."

Though some civilian killings have continued, the prosecutor general’s office has made access to information difficult since 2010.

CCEEU calls for "security policies that overcome the logic of 'anything goes,' that combat all kinds of criminality equally without allying with any of them, and that abandon once and for all the subordination of important parts of the armed forces to regional economic and political actors that are tied to land-owning and often with illegal mafias."

Unfortunately, a reform to the military justice system, approved by the Colombian Congress on Oct. 16, would allow the military to classify extrajudicial killings as violations of international humanitarian law, and such crimes could be tried in the military system, which is highly likely to lead to impunity.

The persistent work of groups such as those in CCEEU may have led to a sharp drop in civilian killings by the Colombian army, but a world with truth and justice for those killings is still a distant goal.

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This story first appeared Oct. 26 on the website of the Fellowship of Reconciliation.

The Spanish text of the study, "Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010," can be downloaded as a PDF.http://bit.ly/RSzkR0

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Reprinted by World War 4 Report, Nov. 19, 2012
Reprinting permissible with attribution

Genocidio en Copala (y el EAP)

El martes 24 de agosto publicamos en este espacio antecedentes del escándalo que es la toma del pueblo de San Juan Copala, Oaxaca, que se autonombrara municipio autónomo a contrapelo de lo que pretende el gobierno estatal.

Este fin de semana los paramilitares de la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), de filiación priísta, y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) expulsaron del pueblo a hombres y mujeres, quedando todavía atrapados como 50 personas entre niños y ancianos.

Han disparado para intimidar y contra blancos móviles, causando este fin de semana tres muertos, el último Paulino Ramírez, que se suman a los más de 30 asesinados desde el año 2007 en ese pueblo que desea ser autónomo y regirse por usos y costumbres, y que los paramilitares solapados por el gobierno de Oaxaca no se
quieren dejar quitar.

Ayer lunes, Reyna Martínez Flores, representante de los desplazados, dijo en la ciudad de Oaxaca que 20 personas, once mujeres y nueve niños, comenzaron un plantón y una huelga de hambre en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca denunciando la desaparición del municipio autónomo de San Juan Copala a causa de un ataque armado el fin de semana pasado.

Los manifestantes señalaron que la mayoría de los habitantes lograron salir del municipio, pero que todavía existen familias atrapadas por lo que piden a las autoridades ayuda para lograr evacuarlas.

Anoche, mandos medios de la Secretaría de Gobernación recibieron a una comisión de habitantes de Copala y se comprometieron a armar un operativo en al zona, para ingresar con Ejército y Policía federal, no para retomar la paz del municipio, sino para rescatar a los copalenses retenidos por los paramilitares y salvarles la vida.

La inacción del gobierno de Ulises Ruiz es criminal. La desidia del gobierno federal también, porque ha habido muchos muertos. Es un caso inédito en el que un grupo armado toma un municipio y ¡expulsa a sus pobladores! Y todo en la más completa impunidad.

Se tiene que retomar el control del municipio, detener a los agresores y fincarles responsabilidad. No es posible que esto suceda en pleno siglo XXI. Y luego se quejan de que poblaciones rurales se indignen, se enojen y se alcen en armas pues la autoridad les da la razón, en los hechos, de que por las buenas y la paz no hay solución a los conflictos y a las arbitrariedades.

(Para un seguimiento casi minuto a minuto de los hechos recomiendo seguir en twitter a @Copala_Autonomo, a @DavidCilia y recuperar la información con la etiqueta #Copala)

El 16 de septiembre y el EAP

Una nota del periódico El Sur, de Acapulco, dio cuenta el viernes pasado de un comunicado guerrillero y un video firmado por el Ejército Armado del Pueblo (EAP), emitido el 16 de septiembre de 2010, en las Montaña de Guerrero, en el que llama al pueblo a sumarse a sus filas y derrocar al gobierno.

Dice en una parte la nota: “Mencionaron que por el momento sólo hacen propaganda política armada y orientan a la gente para su defensa, su entrenamiento y mayor organización, porque los cañones están apuntando al enemigo común que es el Estado.

Remarcaron que “los hombres que el día de hoy nos concentramos aquí, estamos dispuestos a cumplir con el mandato del pueblo y destruir el sistema putrefacto por lo que llamamos a la manifestación constante” y a otras guerrillas de Guerrero, del país y del mundo a coordinarse y accionar contra el Estado mexicano “que se autogolpea con sus amigos los narcotraficantes, después de una larga vida de protección e involucra al pueblo honesto”.

El EAP emitió un primer comunicado en octubre de 2006, declarando la guerra al gobierno de Felipe Calderón.

El escándalo de San Juan Copala

Lo que sucede en San Juan Copala, Oaxaca, es un escándalo. De todos los lugares donde el gobierno federal ha perdido control del territorio nacional, este municipio es uno de los que exhibe enorme grado de violencia e impunidad.

Dos grupos paramilitares avalados por el gobierno estatal de Ulises Ruiz han impuesto su ley a base de asesinatos, impidiendo que entre autoridad alguna, ni ayuda humanitaria de ningún tipo, para evitar que se constituya en municipio autónomo, regido por usos y costumbres, lo que implicaría la expulsión de partidos políticos del municipio.

Los grupos agresores son la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), de filiación priísta, y la otra es el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), que enarbola un supuesto ideario de izquierda.

Este fin de semana hubo tres muertos más, para evitar que pobladores iniciaran una caravana hacia la ciudad de México denunciando su situación.

La cronología de hechos de sangre en Copala es impresionante, pues las diferencias intracomunitarias del pueblo triqui son atávicas. El caso comenzó a sonar desde abril de 2008, cuando Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino fueron asesinadas cuando viajaban por la carretera que va del paraje Joya del Mamey a Putla de Guerrero, en Oaxaca. Las dos trabajaban en la emisora comunitaria La voz que rompe el silencio, en San Juan Copala.

Desde entonces, 500 personas han sido desplazadas. Otras 30 han sido asesinadas y un número indeterminado, heridas. Todas han sido emboscadas.

La revista Contralínea ha reportado que los paramilitares atacan noche y día, no permiten la salida ni la entrada a la población de personas, alimentos ni medicinas. Cortaron los cables de la luz eléctrica, las líneas del teléfono y rompieron los ductos del agua potable.

El día 29 de noviembre de 2009 el albergue infantil fue baleado y en esos hechos murió el niño Elías Fernández de Jesús y resultaron heridos Tomotelín y Jacinto Velasco, así como otro menor cuyo nombre no se dio a conocer. Ese mismo día los agresores instalaron un retén a la altura de la comunidad La Sabana con la intención de tender un cerco al pueblo.

La prepotencia e impunidad de la que se saben los agresores los envalentonó de tal manera que el 27 de abril de 2010 emboscaron una caravana internacional de ayuda humanitaria que se dirigía a San Juan Copala.

La caravana estaba conformada por organizaciones civiles de derechos humanos, organizaciones sociales, observadores internacionales y periodistas. Como resultado de esta agresión, perpetrada en el paraje la Sabana del municipio de Juxtlahuaca, perdieron la vida Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora de Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS A.C.) y Jyri Jaakkola, observador internacional de nacionalidad finlandesa.

Pese al escándalo que suscitó esa agresión, el 21 de mayo un grupo armado mató al líder político triqui de la agencia de Yosoyusi, Timoteo Alejandro Ramírez, y a su esposa Tleriberta Castro.

Indignados, el 8 de junio ONG y defensores de derechos humanos organizaron una nueva caravana, pero fue suspendida luego de varios disparos al aire que realizó la gente de Ubisort. La caravana sólo avanzó 20 kilómetros de la población de Santiago Juxtlahuaca hacia San Juan Copala; no más.

Para el día de ayer, lunes 23 de agosto de 2010, estaba programado el inicio de una movilización-marcha que saldría de nuestra región triqui y pasaría por el plantón que tienen los triquis en la ciudad de Oaxaca desde el día 7 de agosto, para llegar hasta la ciudad de México, marcha que encabezarían las mujeres del municipio autónomo de San Juan Copala.

Sin embargo, el sábado pasado, 21 de agosto, fue atacado otro grupo de personas de la comunidad de Hierba Santa, justo cuando estaban realizando acciones de coordinación para la marcha. En el ataque murieron Antonio Ramírez López, Antonio Cruz García y Rigoberto González, y otros tres jóvenes resultaron heridos.

Todo el fin de semana se han registrado ataques con armas de fuego en contra de las casas de quienes forman parte del movimiento por la autonomía del municipio. También se han registrado ataques en algunas veredas de las comunidades cercanas, impidiendo con esto que alguien salga de la comunidad.

Hasta ahora el pueblo sigue secuestrado. Nadie ha sido detenido y nadie parece querer hacerse cargo de este caos, que amenaza con convertirse en uno de los peores derramamientos de sangre comunitarios de la era moderna en el país, junto con Aguas Blancas y Acteal.