Espionajes telefónicos

Todos los Estados del mundo tienen aparatos de seguridad nacional, que incluyen entre sus herramientas la escucha de conversaciones privadas, las cuales se supone deben estar reguladas por criterios éticos muy estrictos.

Hace dos años decíamos sobre el Cisen: “Hay quienes dicen que debe desaparecer porque es un instrumento de la represión estatal, pero es indudable que administrativamente la custodia de la seguridad nacional (entendida como la defensa ante amenazas externas e internas que pongan en riesgo a los tres componentes del Estado, población, territorio y gobierno) debe recaer en una instancia gubernamental, sin fines políticos”.

Argumentamos que el Cisen ha sido tradicionalmente utilizado con fines políticos y de hostigamiento a opositores, lo que lo ha desviado de tareas de inteligencia contra enemigos más tangibles, como el crimen organizado, por ejemplo, que está descontrolado y cuyos capos principales gozan de cabal libertad.

Espiar opositores políticos, periodistas y ciudadanos en general, sin orden judicial de por medio, es un delito, así sea cometido por particulares armados de equipo tecnológico especializado o por el Estado, que cuenta con la infraestructura suficiente para ello.

Ahora bien, a la luz de lo anterior, las grabaciones dadas a conocer ayer por la prensa, en las que el gobernador de Veracruz Fidel Herrera presuntamente da instrucciones para apoyar económicamente al candidato del PRI a sucederlo, Javier Duarte, ¿son lícitas o no?

Ayer escuché opiniones de opositores al PRI de que no importaba el origen de las cintas, siempre y cuando sirvieran para develar lo que todos intuimos: el descarado apoyo de los gobernadores caciques a sus delfines electorales.

Argumentaciones parecidas surgieron cuando el escándalo del “gober precioso” de Puebla, Mario Marín, que fue pillado en obscenas conversaciones con el empresario Kamel Nacif, reconociendo su prepotencia al violentar la justicia para castigar a la periodista Lydia Cacho, quien reveló una red de pederastas.

“Mientras sirvan a un fin noble; las conversaciones son bienvenidas”, dijeron más o menos los apoyadores de la causa, que jamás se han cuestionado el origen de las mismas.

¿Seguro? ¿Cuándo la ilegalidad me afecta es fascismo y cuando me beneficia, democracia? ¿No es medir con varas distintas un mismo hecho?

Las grabaciones del indefendible Fidel Herrera tienen un innegable tufo electorero, y los únicos beneficiados por este hecho son sus opositores: los partidos PAN, PRD, PT y Convergencia. Llevando la especulación más allá, acaso es el PAN es el único con la capacidad tecnológica, vía el Cisen, para grabar a un gobernador.

Esto probaría que a la hora de gobernar PAN y PRI reaccionan igual, haciendo un uso político de los aparatos de seguridad nacional, justo para lo que no deben servir.

Como antecedente de esta posibilidad, la periodista Anabel Hernández, en el quinto capítulo de su libro “Los Cómplices” (Grijalbo 2008) relata el presunto uso ilegal del Cisen y sus servicios de espionaje por parte del fallecido Juan Camilo Mouriño.

Luego entonces: ¿fue ilegal la escucha a FH? Sí. ¿Tiene validez jurídica? No. ¿Es políticamente útil? En estricto sentido sí, pero no podemos permitirnos abrir la puerta a una doble moral en la que un mismo delito se atenúe si sirve a la democracia.

Escuchar ilegalmente es fascismo, sea la derecha o la izquierda la que lo realice.

La pelota gira y los comunicados fluyen

15 junio 2010

Distraídos en la euforia futbolera, resulta que estos días en México sí ha habido actividad guerrillera; cuando menos epistolar, hasta donde podemos saber.

En un comunicado emitido ayer, el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario reitera que no tiene secuestrado a Diego Fernández de Cevallos, contra todo lo que se ha dicho en los medios, y aclara los alcances de su referencia a Joaquín Villalobos, ex guerrillero salvadoreño que hoy asesora al gobierno de Felipe Calderón, que algunos pensamos podía ser la referencia a otro grupo armado.

Refiere que la acusación es directa y no metafórica. Lo critica a él y a otro supuesto grupo de ex guerrilleros de El Salvador de realizar interrogatorios en México a luchadores sociales detenidos, pero no especifica quiénes.

Por su parte, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) recordó que hace 12 años una columna suya se enfrentó al Ejército mexicano en el paraje guerrerense conocido como El Charco.

Ésa fue la primera vez que se supo de esta escisión eperrista, que hasta hace poco negaba los hechos. La misma Erika Zamora, en su libro “Erika Zamora acusada de ser guerrillera” (Plaza y Valdés 2003) no aclara su participación como militante de un grupo armado.

Ahora los erpistas reconocen abiertamente este episodio al que califican de crimen de Estado y en el que murieron cuatro de sus combatientes y siete personas del pueblo.

A otro nivel de ofensiva armada, dos células anarquistas reivindicaron esta semana sendas acciones. El Frente de Liberación de la Tierra inutilizó el 5 de junio pasado dos pipas de agua en el Estado de México, por considerarlas herramientas de destrucción de la naturaleza. “No dejaremos que unx cuantxs obtengan ganancias sobre la naturaleza y los ecosistemas salvajes para expandir la civilización”.

El Frente de Liberación Animal reivindicó esta semana la instalación de un par de bombas falsas en establecimientos de comida rápida de Gómez Palacio, Durango. “Mientras ellxs sigan usando la explotación animal y de la Tierra para seguir engrandeciendo la civilización, sus centros de exterminio, carcelarios, y demás… nosotrxs estaremos ahí, interrumpiendo su tranquilidad, destruyendo sus centros capitalistas, y causando daños de cualquier tipo al sistema industrial…”

Por último, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) difundieron su revista “Verde Olivo” número 26, que dedican su texto central a recordar que el 14 de junio de hace cuatro años Ulises Ruiz intentó desalojar con violencia el plantón que mantenía la APPO en el centro de la ciudad de Oaxaca.

Presenta otro sobre las alianzas políticas de los partidos en tiempos electorales –las cuales no le parecen del todo descartables- aunque su tesis de fondo es la necesaria unidad de todas las fuerzas de izquierda, electorales, sociales y guerrilleras, porque mientras ésta no sé dé, argumenta que el Estado podrá desarticular movimientos aislados.

“Todo se hace más difícil por la enorme descoordinación y falta de unidad, casos como el de los mineros de Cananea, de los huelguistas del SME, de los opositores a La Parota son paradigmáticos de la urgente necesidad de unir todas las formas de lucha, de no descalificar y renunciar a ninguna de ellas”, concluyen.

Como se ve, no todo es futbol en estos días. Los grupos revolucionarios se mueven, aunque sean sólo en el papel.

Caso Diego: ¿información o propaganda?

8 junio 2010

Sin un solo dato duro que la soporte, se impone ya en la agenda periodística la verdad oficial de que es un grupo guerrillero el que tiene secuestrado desde el 26 de abril pasado al político panista Diego Fernández de Cevallos, lo que si bien es probable, tendrá que ser respaldado por algo más que las filtraciones de los aparatos de inteligencia civil y militar.

Ayer, el periodista Raymundo Riva Palacio aseguró que “de acuerdo con los patrones de secuestros en los 10 últimos años y el modus operandi que han mostrado sus captores” es el Ejército de Liberación Nacional (ELN) quien tiene en su poder a Diego.

Se refiere a este grupo como escisión del EPR, que actúa en el centro del país, especialmente en el estado de Querétaro, con un bajo perfil, no protagónico, lo que justificaría el que hasta ahora no hayan reivindicado la acción. Refiere que el ELN ha realizado cuando menos otro secuestro de alto impacto, el de Nelly Esper Sulaimán.

Con perspicacia hace notar que en el comunicado eperrista de deslinde del secuestro del panista venían dos párrafos –que aquí sólo anotamos como extraños y aparentemente fuera de contexto-, en los que habla de grupos traidores, que simulan tener estructuras revolucionarias, que en realidad serían la clave para entender que los autores son una escisión propia.

Otra media docena de columnistas ha sido más vago, éstos ni siquiera se han tomado la molestia de responsabilizar a un grupo en particular, ni de explicar a sus lectores la mecánica guerrillera de los secuestros, ni de justificar la fe ciega en sus fuentes como para repetir lo que les dicen sin pedir una sola prueba de su dicho.

Jorge Lofredo, investigador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados ha escrito y explicado en cuando menos una entrevista radiofónica, que sin información concreta es imposible especular sobre la participación de grupos revolucionarios en el hecho. Prudente, no le entra a la tenebra propia del espionaje y la ciencia ficción, ajenas ambas a la ética periodística.

Hacer inteligencia, civil o militar, implica siempre recolectar datos y analizarlos. Hay ahí siempre un principio de incertidumbre propio de las organizaciones encargadas de la seguridad nacional, las que sin duda alguna están trabajando en lo de Diego Fernández de Cevallos. Las hipótesis de trabajo suelen ser de alta secrecía por sus implicaciones para el país y, en este caso, para la vida de la víctima.

Por eso llama la atención que se esté colando tanto el secreto de la guerrilla secuestradora. Más que filtraciones periodísticas parece campaña de posicionamiento de una verdad a repetir mil veces, para que quede más en el imaginario público que en la crudeza de los hechos.

Esto no es descabellado si se toma en cuenta que hay cuando menos un caso de secuestro –el de Eduardo García Valseca- en el que la autoridad asegura contundente que los autores fueron guerrilleros, que se pagaron poco menos de dos millones de dólares de rescate (@rivapa dixit), pero sin estar dispuestos a hacer pública su investigación, ni a exhibir las pruebas de que fue el EPR el plagiario, y no permiten siquiera que el expediente sea consultado por los afectados.

Opacidad pura que no abona a la credibilidad de las autoridades involucradas y más bien las pone en sospecha.

Aquí parece repetirse el patrón, con la diferencia de que el secuestro está en curso. Es cosa de tiempo para saber si estamos frente a datos duros de inteligencia o es sólo propaganda.