Lo que sucede en San Juan Copala, Oaxaca, es un escándalo. De todos los lugares donde el gobierno federal ha perdido control del territorio nacional, este municipio es uno de los que exhibe enorme grado de violencia e impunidad.
Dos grupos paramilitares avalados por el gobierno estatal de Ulises Ruiz han impuesto su ley a base de asesinatos, impidiendo que entre autoridad alguna, ni ayuda humanitaria de ningún tipo, para evitar que se constituya en municipio autónomo, regido por usos y costumbres, lo que implicaría la expulsión de partidos políticos del municipio.
Los grupos agresores son la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), de filiación priísta, y la otra es el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), que enarbola un supuesto ideario de izquierda.
Este fin de semana hubo tres muertos más, para evitar que pobladores iniciaran una caravana hacia la ciudad de México denunciando su situación.
La cronología de hechos de sangre en Copala es impresionante, pues las diferencias intracomunitarias del pueblo triqui son atávicas. El caso comenzó a sonar desde abril de 2008, cuando Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino fueron asesinadas cuando viajaban por la carretera que va del paraje Joya del Mamey a Putla de Guerrero, en Oaxaca. Las dos trabajaban en la emisora comunitaria La voz que rompe el silencio, en San Juan Copala.
Desde entonces, 500 personas han sido desplazadas. Otras 30 han sido asesinadas y un número indeterminado, heridas. Todas han sido emboscadas.
La revista Contralínea ha reportado que los paramilitares atacan noche y día, no permiten la salida ni la entrada a la población de personas, alimentos ni medicinas. Cortaron los cables de la luz eléctrica, las líneas del teléfono y rompieron los ductos del agua potable.
El día 29 de noviembre de 2009 el albergue infantil fue baleado y en esos hechos murió el niño Elías Fernández de Jesús y resultaron heridos Tomotelín y Jacinto Velasco, así como otro menor cuyo nombre no se dio a conocer. Ese mismo día los agresores instalaron un retén a la altura de la comunidad La Sabana con la intención de tender un cerco al pueblo.
La prepotencia e impunidad de la que se saben los agresores los envalentonó de tal manera que el 27 de abril de 2010 emboscaron una caravana internacional de ayuda humanitaria que se dirigía a San Juan Copala.
La caravana estaba conformada por organizaciones civiles de derechos humanos, organizaciones sociales, observadores internacionales y periodistas. Como resultado de esta agresión, perpetrada en el paraje la Sabana del municipio de Juxtlahuaca, perdieron la vida Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora de Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS A.C.) y Jyri Jaakkola, observador internacional de nacionalidad finlandesa.
Pese al escándalo que suscitó esa agresión, el 21 de mayo un grupo armado mató al líder político triqui de la agencia de Yosoyusi, Timoteo Alejandro Ramírez, y a su esposa Tleriberta Castro.
Indignados, el 8 de junio ONG y defensores de derechos humanos organizaron una nueva caravana, pero fue suspendida luego de varios disparos al aire que realizó la gente de Ubisort. La caravana sólo avanzó 20 kilómetros de la población de Santiago Juxtlahuaca hacia San Juan Copala; no más.
Para el día de ayer, lunes 23 de agosto de 2010, estaba programado el inicio de una movilización-marcha que saldría de nuestra región triqui y pasaría por el plantón que tienen los triquis en la ciudad de Oaxaca desde el día 7 de agosto, para llegar hasta la ciudad de México, marcha que encabezarían las mujeres del municipio autónomo de San Juan Copala.
Sin embargo, el sábado pasado, 21 de agosto, fue atacado otro grupo de personas de la comunidad de Hierba Santa, justo cuando estaban realizando acciones de coordinación para la marcha. En el ataque murieron Antonio Ramírez López, Antonio Cruz García y Rigoberto González, y otros tres jóvenes resultaron heridos.
Todo el fin de semana se han registrado ataques con armas de fuego en contra de las casas de quienes forman parte del movimiento por la autonomía del municipio. También se han registrado ataques en algunas veredas de las comunidades cercanas, impidiendo con esto que alguien salga de la comunidad.
Hasta ahora el pueblo sigue secuestrado. Nadie ha sido detenido y nadie parece querer hacerse cargo de este caos, que amenaza con convertirse en uno de los peores derramamientos de sangre comunitarios de la era moderna en el país, junto con Aguas Blancas y Acteal.
lunes, 23 de agosto de 2010
lunes, 9 de agosto de 2010
TDR admite secuestro de empresarios
El 22 de abril de 2009 publiqué en El Universal una entrevista digital que hice al grupo Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR), a quien diversos rumores responsabilizan ahora del secuestro de Diego Fernández de Cevallos.
Como he insistitdo, no existe más datos duro de la posible vinculación de grupos armados con dicho secuestro, pero es un hecho que cuando menos TDR tiene abierta esa posibilidad y explica sus razones:
La Coalición Revolucionaria (CR), que encabeza el grupo guerrillero Tendencia Democrática Revolucionaria- Ejército del Pueblo (TDR-EP), considera válido secuestrar empresarios para financiar sus actividades, ya que, desde su punto de vista, toda gran fortuna está cimentada en el crimen, y avala prácticas similares de grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que allá cobra impuestos a narcotraficantes y corporaciones multinacionales.
En entrevista digital con este diario señala que, “partiendo de que toda gran fortuna está cimentada en el crimen, gravamos la gran explotación asalariada mediante la captura y la retención física de empresarios capitalistas, con base en un código que nos obliga a respetar su la integridad física y moral”.
La CR dice que es sabido que los guerrilleros colombianos capturan a civiles y militares que apoyan al gobierno, reteniéndolos como prisioneros de guerra, pero siempre dentro de lo que califican como el marco de una estrategia de liberación nacional y de la construcción de una sociedad socialista.
Aun así, deslinda a las FARC de participar directamente en el tráfico de drogas, afirmación que le parece forma parte de una estrategia política y mediática instrumentada por la “mafia gobernante colombiana”, a fin de desacreditar , aislar y golpear a esta organización revolucionaria.
Sobre la guerra que se lleva a cabo en el país en contra del narcotráfico, TDR-EP considera que no es real, que más bien es una máscara con que las distintas mafias gobernantes pretenden ocultar su participación en este lucrativo y criminal negocio, y disfrazar su sesgada intervención en la guerra de las drogas.
“Como ejemplo podríamos mencionar la protección de los Salinas al cártel del Golfo y la de los gobiernos de Fox y Calderón al de Sinaloa. En esta disputa por las plazas, las principales tajadas están entre gobernadores, senadores, diputados, funcionarios del gobierno federal y altos mandos policiacos y militares”.
Señala que la “supuesta” lucha contra el narcotráfico en México y en otros países ha sido la cortina de humo desde la que se han tratado de enmascarar acciones represivas y contrainsurgentes.
Sobre la posibilidad de que los grupos armados se unan en un esfuerzo común, asegura que, en tanto objetivo estratégico, la unidad de las fuerzas revolucionarias rebasa la coyuntura actual y tendrá que irse dando paulatinamente.
Reconocen los avances de organización social que ha alcanzado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en sus territorios y consideran que en Oaxaca se está dando un reflujo de la lucha popular, luego de que la APPO fuera debilitada por las acciones represivas de Ulises Ruiz.
TDR-EP surge como una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en agosto de 1999, y se encuentra a la cabeza de un grupo de comandos guerrilleros de índole estatal.
Como he insistitdo, no existe más datos duro de la posible vinculación de grupos armados con dicho secuestro, pero es un hecho que cuando menos TDR tiene abierta esa posibilidad y explica sus razones:
La Coalición Revolucionaria (CR), que encabeza el grupo guerrillero Tendencia Democrática Revolucionaria- Ejército del Pueblo (TDR-EP), considera válido secuestrar empresarios para financiar sus actividades, ya que, desde su punto de vista, toda gran fortuna está cimentada en el crimen, y avala prácticas similares de grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que allá cobra impuestos a narcotraficantes y corporaciones multinacionales.
En entrevista digital con este diario señala que, “partiendo de que toda gran fortuna está cimentada en el crimen, gravamos la gran explotación asalariada mediante la captura y la retención física de empresarios capitalistas, con base en un código que nos obliga a respetar su la integridad física y moral”.
La CR dice que es sabido que los guerrilleros colombianos capturan a civiles y militares que apoyan al gobierno, reteniéndolos como prisioneros de guerra, pero siempre dentro de lo que califican como el marco de una estrategia de liberación nacional y de la construcción de una sociedad socialista.
Aun así, deslinda a las FARC de participar directamente en el tráfico de drogas, afirmación que le parece forma parte de una estrategia política y mediática instrumentada por la “mafia gobernante colombiana”, a fin de desacreditar , aislar y golpear a esta organización revolucionaria.
Sobre la guerra que se lleva a cabo en el país en contra del narcotráfico, TDR-EP considera que no es real, que más bien es una máscara con que las distintas mafias gobernantes pretenden ocultar su participación en este lucrativo y criminal negocio, y disfrazar su sesgada intervención en la guerra de las drogas.
“Como ejemplo podríamos mencionar la protección de los Salinas al cártel del Golfo y la de los gobiernos de Fox y Calderón al de Sinaloa. En esta disputa por las plazas, las principales tajadas están entre gobernadores, senadores, diputados, funcionarios del gobierno federal y altos mandos policiacos y militares”.
Señala que la “supuesta” lucha contra el narcotráfico en México y en otros países ha sido la cortina de humo desde la que se han tratado de enmascarar acciones represivas y contrainsurgentes.
Sobre la posibilidad de que los grupos armados se unan en un esfuerzo común, asegura que, en tanto objetivo estratégico, la unidad de las fuerzas revolucionarias rebasa la coyuntura actual y tendrá que irse dando paulatinamente.
Reconocen los avances de organización social que ha alcanzado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en sus territorios y consideran que en Oaxaca se está dando un reflujo de la lucha popular, luego de que la APPO fuera debilitada por las acciones represivas de Ulises Ruiz.
TDR-EP surge como una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en agosto de 1999, y se encuentra a la cabeza de un grupo de comandos guerrilleros de índole estatal.
viernes, 6 de agosto de 2010
Qué ganamos con legalizar la droga
La legalización de las drogas debe concebirse como un paso más en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. No es la panacea, ni sustituye la acción del Ejército o las policías. Tampoco es la puerta a la perdición de niños y jóvenes que en lugar de golosinas podrían ir a la tienda de la esquina a comprar “churros” de mota y “tachas”.
A la par de las acciones militares y de inteligencia, urge trabajar en aquello a lo que se ha puesto poca atención y que mantiene intactos los imperios de los cárteles: desincentivar la actividad, romper los círculos de lavado de dinero y abatir el consumo. Todo esto de manera simultánea en cada uno de los países que comparten el problema.
Quitar la la prohibición a ciertas drogas cuyo consumo pueda ser medicinal, como la marihuana o la efedrina en ciertas dosis, mataría de golpe el incentivo ilegal de venderlas en un mercado negro multinacional. Se abarataría su costo. Si con eso se acaba con el 20 o 25% del narcotráfico, ya sería un avance.
No se ve, por el contrario, que la cocaína, el crack, las matenfetaminas y todas las drogas llamadas de diseño, producto de mezclas químicas que son letales para la salud entren en este paquete a debatir. No ha sucedido así en los países donde ya son legales algunos estupefacientes y alucinógenos: caso Holanda o Portugal, ni en las zonas de tolerancia de Vancouver, Canadá.
Tampoco serviría de mucho que México legalizara algunos de estos productos de manera unilateral, pues el mayor consumo no está aquí, sino pasando la frontera norte, donde la demanda de drogas es la mayor del mundo.
Si aquí se cayera el incentivo de vender esas drogas, de todos modos seguiría existiendo el mercado más jugoso para los narcotraficantes. Acaso volveríamos a ser un país de paso, para el ilegal trasiego, lo que no garantiza que los narcos no vayan a disputar con violencia las rutas de paso.
Por eso la estrategia tiene que ser multinacional y conjunta, para matar de un golpe la demanda de las drogas legalizadas. Si unos lo hacen y otros no, no se ganaría mucho.
El problema es que en los países del continente y sobre todo en Estado Unidos hay grandes resistencias a legalizar. Poderosos intereses ideológicos asumen que darle carácter legal a cualquier sustancia hoy considerada droga es abrir las puertas al libertinaje y la perdición. No admiten siquiera que hay resquicios para el debate.
Colombia y Panamá han dado señales de querer entrar al debate de la legalización. Cuando menos tres estados de la Unión Americana andan en eso, pero con grandes oposiciones.
Una vez más: el narcotráfico funciona con una lógica de mercado en un negocio de 50 mil millones de dólares anuales. Oferta y demanda. Hay que matar la demanda, y eso sólo se hace legalizando lo que sanitariamente se pueda, y trabajando en prevención y abatimiento de adicciones. Sin esto, podremos matar muchos Nachos Coroneles o Beltranes Leyva y no avanzar ni un centímetro en la solución real del problema.
A la par de las acciones militares y de inteligencia, urge trabajar en aquello a lo que se ha puesto poca atención y que mantiene intactos los imperios de los cárteles: desincentivar la actividad, romper los círculos de lavado de dinero y abatir el consumo. Todo esto de manera simultánea en cada uno de los países que comparten el problema.
Quitar la la prohibición a ciertas drogas cuyo consumo pueda ser medicinal, como la marihuana o la efedrina en ciertas dosis, mataría de golpe el incentivo ilegal de venderlas en un mercado negro multinacional. Se abarataría su costo. Si con eso se acaba con el 20 o 25% del narcotráfico, ya sería un avance.
No se ve, por el contrario, que la cocaína, el crack, las matenfetaminas y todas las drogas llamadas de diseño, producto de mezclas químicas que son letales para la salud entren en este paquete a debatir. No ha sucedido así en los países donde ya son legales algunos estupefacientes y alucinógenos: caso Holanda o Portugal, ni en las zonas de tolerancia de Vancouver, Canadá.
Tampoco serviría de mucho que México legalizara algunos de estos productos de manera unilateral, pues el mayor consumo no está aquí, sino pasando la frontera norte, donde la demanda de drogas es la mayor del mundo.
Si aquí se cayera el incentivo de vender esas drogas, de todos modos seguiría existiendo el mercado más jugoso para los narcotraficantes. Acaso volveríamos a ser un país de paso, para el ilegal trasiego, lo que no garantiza que los narcos no vayan a disputar con violencia las rutas de paso.
Por eso la estrategia tiene que ser multinacional y conjunta, para matar de un golpe la demanda de las drogas legalizadas. Si unos lo hacen y otros no, no se ganaría mucho.
El problema es que en los países del continente y sobre todo en Estado Unidos hay grandes resistencias a legalizar. Poderosos intereses ideológicos asumen que darle carácter legal a cualquier sustancia hoy considerada droga es abrir las puertas al libertinaje y la perdición. No admiten siquiera que hay resquicios para el debate.
Colombia y Panamá han dado señales de querer entrar al debate de la legalización. Cuando menos tres estados de la Unión Americana andan en eso, pero con grandes oposiciones.
Una vez más: el narcotráfico funciona con una lógica de mercado en un negocio de 50 mil millones de dólares anuales. Oferta y demanda. Hay que matar la demanda, y eso sólo se hace legalizando lo que sanitariamente se pueda, y trabajando en prevención y abatimiento de adicciones. Sin esto, podremos matar muchos Nachos Coroneles o Beltranes Leyva y no avanzar ni un centímetro en la solución real del problema.
miércoles, 4 de agosto de 2010
Son guerrilleros, dice Onésimo
Ya salimos del apuro y no tenemos por qué quebrarnos más la cabeza. El obispo de la Diócesis de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, concluye e ilustra que “más que al narcotráfico, el país enfrenta a guerrillas disfrazadas de narco, de lo cual ya se había alertado y nadie hizo caso. Ya tenemos al lobo encima y es bravo”.
Y abundó: “Evidentemente con la ayuda del Ejército y la Marina se van a hacer muchísimas cosas… pero debemos poner más énfasis, y esa es la labor del Presidente, en los grupos guerrilleros que están descuidados, pero primero hay que admitir que existen.
“Ya se había alertado al gobierno de la presencia de la guerrilla, que cada vez se estaban armando más, que había una incursión muy grande de armas en el país… pero que todo se quedó en eso y nadie hizo caso porque creyeron que no tenía sentido”.
O sea que los 28 mil muertos que reporta el Cisen que van en esta lucha en el sexenio son causados por EPR, TDR, ERPI, las Milicias Flores Magón, las FARP, el Comando Jaramillista, etcétera, quienes tendrían más fuerza, capacidad de fuego y poder territorial que los Zetas, o que los cárteles del Golfo y Pacífico, o que La Familia.
Tal conclusión suena simplista y no concuerda con lo que afirman en su media lengua de filtraciones y rumores los órganos de inteligencia federal. Tampoco guarda relación directa con el accionar de los grupos. No he escuchado a ningún un detenido de los Zetas afirmar que su lucha es política y para derrocar al régimen.
Tampoco se percibe que los comunicados de EPR, por ejemplo, reivindiquen el trasiego de drogas como actividad revolucionaria. Lo más que han hecho en tal sentido es respaldar a las FARC de Colombia, que sí viven de eso.
Si Onésimo sabe algo, sería bueno que lo compartiera con los órganos de inteligencia federales, no con la prensa.
Si sólo está hablando de oidas, animado más por una fobia personal en contra los guerrilleros, pues tendría que aclarar que es una impresión suya.
Los curas rurales, los de la sierra, los que andan deveras en las comunidades saben muchas cosas de lo que se mueve por ahí; de las inquietudes e inconformidades de la gente; y también saben quién es quién en cada lugar. ¿Será de ahí de dónde sale la información del prelado?
Muy probablemente no. Su círculo de amigos es más de poderosos y potentados. Tiene más afinidad con el dinero, el PRI y el PAN, que con las comunidades de base.
Aun así, se agradece la declaración, pues es sintomática de lo que piensa una parte de esa élite a la que Onésimo pertenece.
Más del caso Diego
De entre tanta pirotecnia de declaraciones; en medio de una cruce de filtraciones sobre el origen de los secuestradores de Diego Fernández de Cevallos, surgió esta semana una voz mesurada y prudente, la de Jorge Lofredo, quien no se atreve a descartar a ningún grupo armado como perpetrador del caso, pero tampoco a acusar a priori a ninguno y da sus razones.
Recomiendo su lectura en esta liga.
Y abundó: “Evidentemente con la ayuda del Ejército y la Marina se van a hacer muchísimas cosas… pero debemos poner más énfasis, y esa es la labor del Presidente, en los grupos guerrilleros que están descuidados, pero primero hay que admitir que existen.
“Ya se había alertado al gobierno de la presencia de la guerrilla, que cada vez se estaban armando más, que había una incursión muy grande de armas en el país… pero que todo se quedó en eso y nadie hizo caso porque creyeron que no tenía sentido”.
O sea que los 28 mil muertos que reporta el Cisen que van en esta lucha en el sexenio son causados por EPR, TDR, ERPI, las Milicias Flores Magón, las FARP, el Comando Jaramillista, etcétera, quienes tendrían más fuerza, capacidad de fuego y poder territorial que los Zetas, o que los cárteles del Golfo y Pacífico, o que La Familia.
Tal conclusión suena simplista y no concuerda con lo que afirman en su media lengua de filtraciones y rumores los órganos de inteligencia federal. Tampoco guarda relación directa con el accionar de los grupos. No he escuchado a ningún un detenido de los Zetas afirmar que su lucha es política y para derrocar al régimen.
Tampoco se percibe que los comunicados de EPR, por ejemplo, reivindiquen el trasiego de drogas como actividad revolucionaria. Lo más que han hecho en tal sentido es respaldar a las FARC de Colombia, que sí viven de eso.
Si Onésimo sabe algo, sería bueno que lo compartiera con los órganos de inteligencia federales, no con la prensa.
Si sólo está hablando de oidas, animado más por una fobia personal en contra los guerrilleros, pues tendría que aclarar que es una impresión suya.
Los curas rurales, los de la sierra, los que andan deveras en las comunidades saben muchas cosas de lo que se mueve por ahí; de las inquietudes e inconformidades de la gente; y también saben quién es quién en cada lugar. ¿Será de ahí de dónde sale la información del prelado?
Muy probablemente no. Su círculo de amigos es más de poderosos y potentados. Tiene más afinidad con el dinero, el PRI y el PAN, que con las comunidades de base.
Aun así, se agradece la declaración, pues es sintomática de lo que piensa una parte de esa élite a la que Onésimo pertenece.
Más del caso Diego
De entre tanta pirotecnia de declaraciones; en medio de una cruce de filtraciones sobre el origen de los secuestradores de Diego Fernández de Cevallos, surgió esta semana una voz mesurada y prudente, la de Jorge Lofredo, quien no se atreve a descartar a ningún grupo armado como perpetrador del caso, pero tampoco a acusar a priori a ninguno y da sus razones.
Recomiendo su lectura en esta liga.
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