Publica la Secretaría de Gobernación la semblanza de Rosendo Radilla,el campesino desaparecido por el Ejército en 1974

Posted on feb 24, 2013

Chilpancingo

La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó, obligada por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), la semblanza del campesino guerrerense Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido-desaparecido por el Ejército en 1974.

El documento de más de 100 páginas es titulado Señores, soy campesino. Semblanza de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido y en él, el gobierno mexicano se disculpa de las atrocidades que cometió en el período de la guerra sucia y reconoce lo que negó por décadas, que el Estado lo desapareció.

Está basado en un libro biográfico que escribió la profesora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) e hija del luchador social, Andrea Radilla Martínez, en testimonios de sus 11 hijas y su hijo y en un trabajo de la psicóloga Jimena Antillón de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Si bien el título evita decir que quienes lo desaparecieron fueron efectivos del Ejército, en el transcurso de la lectura no queda duda de que hubo violación sistemática de los derechos humanos de cientos de guerrerenses por las fuerzas castrenses.

El caso Radilla es emblemático del actuar de los soldados contra la población civil y eso lo deja claro el texto, pues publica en su anexo número uno la lista de los nombres completos de 609 desaparecidos en esa época, sólo en Atoyac de Álvarez, de los cuales la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), tiene un expediente de cada uno de ellos.

El título del texto son palabras rescatadas de un corrido de Radilla Martínez que se llama El Guerrillero y que como todos los corridos que se tienen de él, por audiocassettes, se reproducen en el documento.

Pero El Guerrillero marca la pauta del libro que publica la Segob porque la primera estrofa: Señores soy campesino / del estado de Guerrero / me quitaron mis derechos / y me hicieron guerrillero, es el prefacio y más adelante se justifica el movimiento armado de Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vásquez Rojas debido a la represión que ejerció el gobernador Raúl Caballero Aburto, quien estuvo al frente de la administración de 1957 a 1961 y no logró terminar su cargo debido a la presión social.

“Raúl Caballero Aburto rebasó los límites soportables por los gobernados y provocó que en todo el estado se formaran coaliciones populares… las demandas populares fueron planteadas dentro de los cauces legales. Una vez agotados estos medios y teniendo la represión como respuesta, el nivel de participación se expresó en el plano clandestino”, se lee en la página 16.

Incluso justifica que el emblemático guerrillero Lucio Cabañas Barrientos haya dejado su profesión de maestro de primaria para irse a la sierra y conformar la guerrilla, porque después de un conflicto magisterial el 18 de mayo de 1967 “las autoridades de Atoyac habían acallado las voces de descontento masacrando a la población”. Fue cuando las mujeres sacaron entre sus rebozos a Cabañas y éste se refugió en la sierra, relata el texto.

En el perfil biográfico de Radilla Pacheco, se destaca la afición del luchador social por el cultivo del café y su labor como ganadero y cómo su arduo trabajo lo llevó a ser un líder de su pueblo, porque resolvía conflictos personales y del municipio. Así lo relata una de sus hijas, Andrea Radilla Martínez “(la casa) siempre estaba llena de gente que lo buscaba por cualquier tipo de problemas. Para pedir a una novia raptada o huida, para los gastos de una boda, para sacar a un preso, para un enfermo que no tenía dinero”.

Del trabajo que hizo por Atoyac, en el libro se relata que promovió la primaria Modesto Alarcón, de la escuela secundaria federal Número 14, la escuela secundaria técnica del Río de Santiago y la escuela primaria Lázaro Cárdenas”.

“Como presidente municipal realizó la construcción de los primeros cuatro puestos del mercado municipal, adquirió el primer camión de limpieza y gestionó la construcción del cuartel militar”, agrega.

Además de su activismo, su labor en el campo y el cuidado de sus 11 hijas y un hijo, Radilla Martínez se daba el tiempo para componer corridos con sentido social. Escribió para resaltar las figuras de Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vásquez Rojas y relató la matanza del 18 de mayo en Atoyac. Todos sus corridos se reproducen en el libro.

En el apartado “Guerrero y la guerra sucia”, el texto da cuenta de que en la entidad se realizaron 14 campañas militares y “quedaron suspendidas de hecho las garantías constitucionales y la violación a los derechos humanos era algo cotidiano”.

Ese período, del que no se especifican fechas en el libro pero que transcurre de 1967 (año en el que Lucio Cabañas inicia la guerrilla) a 1974 (año en que es desaparecido Rosendo Radilla) una de sus hijas dice que “el Ejército llegó a Atoyac y el pueblo fue militarizado”.

“El glorioso y respetado Ejército mexicano que defendería a nuestra nación, como lo describía nuestro padre, estaba acabando con el pueblo. Mataba y desaparecía a ciudadanos a sangre fría y sin misericordia. Hombres sin escrúpulos convertidos en asesinos. El rostro de Rosendo Radilla cambió, ya no reía, su gesto era de preocupación y se sentía impotente por no poder defender a su gente, la Constitución que usaba para defenderse no tenía validez”, recuerda su hija.

Ante esa circunstancia, el campesino guerrerense decidió enviar a su familia a la capital del estado, lo que le generó muchos gastos y le impidió seguir con su vida cotidiana, no podía trabajar y tenía que comprar lo que antes producía, recuerda su hija “debíamos comprar alimentos que en Atoyac teníamos. Fuimos desplazados de nuestro pueblo”.


(Tomado de http://suracapulco.mx/archivos/68371 )

Corte suprema uruguaya dice prescriben crímenes en dictadura militar

22 febrero 2013

MONTEVIDEO- La Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró el viernes inconstitucional artículos clave de una ley que permitía juzgar violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar de 1973 a 1985, lo que dejó en un limbo legal a decenas de procesos abiertos contra ex uniformados.

La decisión fue adoptada para un caso específico pero tiene el potencial de convertirse en un fuerte antecedente para nuevos juicios o todos aquellos que están en curso.

Unas 200 personas murieron y miles fueron torturadas y abusadas en dictadura, mientras que otras debieron exiliarse. El actual presidente de Uruguay, José Mujica, es un ex guerrillero que estuvo preso durante el régimen militar.

El fallo del máximo tribunal determinó prescriptibles los crímenes contra los derechos humanos durante el gobierno militar y los calificó como delitos comunes y no de lesa humanidad.

El portavoz de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Raúl Oxandabarat, explicó que en el sistema penal no pueden recategorizarse o declararse imprescriptibles delitos luego de ocurridos.

"Si cuando se produjo el delito no había una ley que dijera que es delito, no es delito; pero además, no se puede categorizar o modificar un delito en el tiempo cambiando la ley", dijo a Reuters.

El fallo reedita en forma indirecta la ley de Caducidad, una amnistía aprobada en diciembre de 1986 en el país tras un acuerdo entre los partidos políticos y los militares sellado durante la transición hacia la democracia.

En dos consultas populares, en 1989 y 2009, la mayoría de los votantes eligió no derogar la amnistía.

Reacciones

Las reacciones a la decisión de la SCJ fueron inmediatas desde el oficialismo y organizaciones a favor del enjuiciamiento de militares.

"Lo de la Suprema Corte es un acto más de amparo de los terroristas de Estado. Le están haciendo los mandados a los terroristas de Estado", dijo Irma Leites, portavoz de la organización Plenaria, Memoria y Justicia.

"Es una decisión (...) violatoria de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó a Uruguay", dijo el legislador Luis Puig, del izquierdista Partido por la Victoria del Pueblo, cuyos fundadores desaparecieron durante la dictadura.

La CIDH intimó a Uruguay en marzo de 2011 a que ofreciera todas las garantías para resolver el caso y hallar los restos desaparecidos de la nuera del poeta argentino Juan Gelman.

Mujica fracasó en el pasado en sus intentos por anular la ley de amnistía, pero luego optó por impulsar la nueva norma y logró que fuera sancionada por el Congreso en octubre del 2011, días antes de que los crímenes prescribieran.


Desde la cárcel donde cumple su condena por la desaparición forzosa de personas en vuelos clandestinos, el coronel retirado Jorge Silveira dijo a Reuters que la ley impugnada "no tiene ni pies ni cabeza".

"Me alegro (por la sentencia) porque iba a venir una cantidad de personas detenidas y ya estamos pagando nosotros por todo, que queden contentos. No hay problema", agregó.

Para la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos, esta decisión de la corte no sorprende.

"Cuando se trataba (el proyecto de ley) en las comisiones de las cámaras leíamos los informes de diferentes catedráticos y sabíamos que había una corriente de juristas que opinaban que no era viable", dijo Ignacio Errandonea, integrante de ese colectivo.

Efectos

Dado que el fallo de la SCJ fue para un caso específico, en el cual dos coroneles son acusados de presuntos delitos durante el período dictatorial, el rumbo que tomen otros juicios dependerá de cada magistrado. Y los casos que ya tienen sentencia no sufrirán cambios.

"Este fallo no cancela los procedimientos", subrayó Oxandabarat.

Es que a pesar de la ley amnistía vigente, una decena de militares fueron juzgados y puestos en prisión ante excepciones legales, como el dictador Gregorio Álvarez y el ex presidente de facto Juan María Bordaberry, fallecido en julio del 2011.

Sin embargo, la sentencia "es una señal fundamental desde la cúpula de la Justicia", dijo a Reuters un magistrado vinculado al órgano bajo condición de anonimato.

El presidente del Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, coronel Jorge Puente, dijo a Reuters que la sentencia implica un "poco" de justicia y ordena las cosas frente a "aquellos que siguen buscando venganza".

"No estamos satisfechos pero estamos reconfortados en cuanto a que hay cosas que aparentemente están dando la vuelta y llegando al cauce, como este fallo", afirmó.

Por su parte, el dirigente de la central única sindical Marcelo Abdala dijo en conferencia de prensa que la decisión de la SCJ "atenta contra el anhelo democrático (...) de que se avance de forma consecuente en verdad y justicia".

"Esta SCJ es responsable de defender la impunidad de los peores delincuentes de la historia nacional, de desaparecedores, asesinos, torturadores, violadores y secuestradores de niños", dijo en un comunicado el Partido Comunista.

Por su parte, el Movimiento de Participación Popular (MPP), integrado por varios ex guerrilleros, evalúa entablar un juicio político a la SCJ.



25 febrero 2013
El País, de España

Una ley sobre la dictadura divide al Gobierno y la Justicia en Uruguay

El máximo tribunal declaró inconstitucional una norma que evita la prescripción de los delitos cometidos durante el régimen militar

Francisco Peregil Buenos Aires

 

Los 12 años de dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985 aún siguen marcando la agenda política del país. El pasado viernes, los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia declararon inconstitucional una ley aprobada en 2011 por el izquierdista Frente Amplio que evitaba la prescripción de los delitos cometidos durante el régimen militar. A consecuencia de ese fallo, emitido con cuatro votos a favor y uno en contra, el Frente Amplio convocó este lunes una concentración silenciosa ante la sede de a Suprema Corte. La senadora del Frente Lucía Topolansky, esposa del presidente José Mujica, planteó la posibilidad de promover un juicio político contra los miembros de la Corte.

Elena Zafaroni, miembro de las Madres y Familiares de Desaparecidos, indicó en conversación telefónica desde Montevideo que su asociación se sumaría a la marcha aunque considera que algunos sectores del movimiento oficialista han sido “en buena parte responsables” de que en Uruguay no se investiguen a fondo los crímenes de la dictadura.

Zafaroni, quien perdió a su marido durante la dictadura, cree que la decisión de la Corte ya se veía venir desde que el pasado 15 de febrero decidió trasladar a la jueza Mariana Mota desde la sección Penal a la Civil. Con esa decisión, Mota fue alejada de las 50 causas que investigaba en relación a detenidos y desaparecidos durante el régimen militar. “Los delitos de lesa humanidad exigen mucho estudio y especialización. Y ahora, la persona que la sustituya necesitará al menos cinco años por delante para empaparse de las 50 causas que ella llevaba”.

El periodista uruguayo Alfonso Lessa, quien ha escrito cuatro libros sobre la historia reciente del país, indicó ayer en conversación telefónica que aunque el fallo provoque indignación en los familiares, era previsible. “Este debate lleva en Uruguay 27 años, pero a los únicos que no puede sorprender es a los legisladores. En 2010 y 2011, antes de aprobar la ley, el Parlamento consultó a muchos especialistas. Y todos les dijeron que les iban a llover cataratas de recursos de inconstitucionalidad. Y a pesar de eso, decidieron aprobarla”.

La ley de 2011 invalidaba una amnistía decretada en 1986, cuando el país salió de la dictadura. Esa amnistía o “Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado” fue sometida a plebiscito en 1989 y en 2009. En las dos ocasiones, la mayor parte de los uruguayos se pronunciaron en contra del revisionismo.

“Desde el extranjero puede resultar difícil de entender”, explica Lessa. “Pero quizás es porque se ignora que en Uruguay los principales denunciados de la dictadura están presos. Y en cuanto a los dictadores… El principal, Gregorio Álvarez, se encuentra en la cárcel desde 2007; y el otro, José María Bordaberry, murió en prisión domiciliaria en 2011. La aprobación de la amnistía ocurrió hace 27 años y el golpe de Estado hace 40. A la gente joven le queda demasiado lejos esta historia.

 La coalición del Frente Amplio se vio presionada por alguno de sus sectores más radicales para aprobar la ley de 2011. Pero, en realidad hay otra parte del Frente, que aunque no lo dice públicamente, está a favor de la amnistía y coincide con el fallo de la Suprema Corte. Resulta muy significativo, por ejemplo, el silencio que mantiene el expresidente [2005-2010] Tabaré Vázquez”.

El fallo del máximo tribunal uruguayo no sólo ha provocado una fractura con el Gobierno,
 sino escisiones manifiestas dentro del izquierdista Frente Amplio. Así, a diferencia de la senadora del Frente Lucía Topolansky, partidaria de promover un juicio político a los miembros de la Corte, el director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda, declaró que acata la sentencia aunque no la comparta.


(Tomado de http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/25/actualidad/1361815854_772778.html )

Libro sobre desapariciones forzadas en México en los años 70

Presentan libro de testimonios sobre la desaparición de personas en la guerra sucia de los años 70

Posted on feb 23, 2013

Por Lourdes Chávez

Chilpancingo, Guerrero.-

El académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Álvaro López Miramontes, advirtió que el crimen organizado es utilizado por el gobierno de México y por el Pentágono estadunidense, entre otras organizaciones internacionales, como estrategia para controlar a la población y evitar movimientos de resistencia.

Sin embargo, destacó que los levantamientos de ciudadanos armados en contra la delincuencia es un proceso similar al que ocurrió hace 40 años –cuando surgió la guerrilla rural de Lucio Cabañas–, pero aclaró que en una forma diferente, porque ante la violencia, el descaro y la impunidad, la gente se defiende.

“Lo que está pasando ahora es una respuesta diferente a lo que ellos (el gobierno) esperaban, y me parece muy inteligente de parte de las comunidades que traten de defender su dignidad y su propiedad”, pero también consideró que se avecinan tiempos más difíciles.

Esto, durante la presentación del libro Desaparición forzada y terrorismo de Estado en México, que se publica a cuatro años de la muerte de la promotora de la investigación de la represión de Atoyac durante la década de los setenta, Andrea Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla, desaparecido durante la guerra sucia de los años 70.

Durante la presentación, la coordinadora de libro, Andrea Claudia Rangel, subrayó que existe un estado de impunidad terrible, y sólo yendo a las instancias internacionales se ha podido visibilizar a los desaparecidos de la guerra sucia, luego que tras largos años de búsqueda, la familia Radilla consiguió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una sentencia condenatoria para el Estado mexicano contra la desaparición forzada de Rosendo Radilla, así como de las violaciones sistemáticas y masiva de los derechos humanos en esa época.

Dijo que durante la integración de testimonios, a pesar del terror de las historias, temían quedarse cortos por la gran cantidad de desaparecidos que estaban registrando, pero añadió que fue posible concluir el proyecto porque compartieron con ellos el coraje y la tristeza.

López Miramontes y la maestra emérita de la UAG, Alejandra Cárdenas, fueron comentaristas de la edición y en la sesión de comentarios y preguntas, el académico señaló que las desapariciones forzadas del último sexenio y el actual gobierno, y que se ha estimado oficialmente en 50 mil, podrían rebasar los 120 mil, son parte de la estrategia de gobierno contra los movimientos de insurgencia.

Destacó que en 1994, cuando surgió el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, el gobierno pensaba que la pólvora de la insurgencia se trasladaría a Guerrero, pero no era tan simple, después de que el movimiento de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez fueron liquidado hasta sus raíces.

Subrayó que había miedo del gobierno que del 76 al 94 hubiera un levantamiento automático en Guerrero.

Recordó que en el 76, unos mil 500 estudiantes marcharon a la ciudad de México para recuperar lo que les había quitado el entonces gobernador Rubén Figueroa Figueroa, pero también llevaban una lista de desaparecidos firmada por huérfanos y viudas de 80 personas, “sospechábamos que eran más”, y a la fecha no hay un dato preciso de las víctimas de la guerra sucia. Desde entonces demandaron su presentación con vida, dijo.


(Tomado de http://suracapulco.mx/archivos/68263 )