50 células anarquistas en guerra contra el capitalismo y el Estado mexicano

16 octubre 2016

por Zózimo Camacho

En México hay en curso una insurrección anarquista, con 50 grupos y células en guerra contra el capitalismo y el Estado. La seriedad de la “amenaza negra” ha provocado que en la Agenda Nacional de Riesgos se le considere de atención prioritaria, sólo por debajo del narcotráfico y los movimientos sociales, y muy por encima de las guerrillas rojas

Que se ilumine la noche y que se sacuda la ciudad; que el estruendo despierte a los poderosos y su servidumbre. Que el sonido de las balas movilice a sus cuerpos represores; y que se derrumben sus templos civiles y financieros. La Revolución es hoy y no espera que se organicen las masas. Es la fiebre contagiosa del clandestino anarquismo insurreccionalista. Se propala, festiva, entre lecturas, debates, conciertos; y conspira noche tras noche.

En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto (4 años), la insurrección anarquista ha concretado, al menos, 40 “acciones directas violentas” contra oficinas gubernamentales, bancos, centros comerciales, megaobras e intereses de las grandes empresas: enfrentamientos armados, ataques, explosiones, incendios, sabotajes, destrucciones, boicots.

Por “política de seguridad nacional”, estos hechos violentos no trascienden a los medios de comunicación. Sólo se llegan a conocer los que reivindican públicamente algunos de estos 50 grupos.

La efervescencia del movimiento clandestino ácrata insurreccionalista no ha pasado inadvertida para los organismos de inteligencia y seguridad nacional mexicanos. Hoy ocupa el mayor nivel de atención de las áreas de inteligencia, sólo después del narcotráfico y los movimientos sociales, según la Agenda Nacional de Riesgos 2015, documento de carácter “secreto” cuyo custodio es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

En los últimos 8 años, casi 50 grupos anarquistas de corte insurreccionalista han realizado más de 220 acciones violentas contra intereses capitalistas y estatales. El recuento está contenido en el expediente Acciones de grupos autodenominados anarquistas, insurreccionalistas, eco extremistas y/o eco terroristas, elaborado por el organismo de inteligencia civil del Estado mexicano, el Cisen.


Por su parte, las versiones 2013, 2014 y 2015 de la Agenda Nacional de Riesgos, a las que Contralínea tuvo acceso, dan cuenta de la emergencia anarquista que “preocupa” a los encargados de elaborar productos de inteligencia para consumo de las Fuerzas Armadas y los órganos civiles de seguridad nacional.

Sobre todo porque en estos documentos confidenciales –para consulta exclusiva de funcionarios de la “comunidad” de inteligencia– se reconoce que las autoridades no cuentan con “un esquema de coordinación interinstitucional consistente para atender el tema”, como dice textualmente la Agenda Nacional de Riesgos.

Según este documento –que elabora anualmente el Cisen con base en la información propia y de las otras dependencias gubernamentales que integran el Consejo de Seguridad Nacional–, las acciones de los grupos anarquistas insurreccionalistas “son cada vez más violentas”. Incluso, en el “Diagnóstico General” del capítulo dedicado al anarquismo, se advierte de una  “radicalización de las acciones de las células anarquistas de acción directa”.

Ante la insurrección anarquista, la mayor vulnerabilidad que reconoce el Estado mexicano –según el documento– está constituida por las “insuficientes medidas de protección física en instalaciones estratégicas”. El grado de riesgo asignado a esta “vulnerabilidad” es “alto”.


El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) participa en la elaboración de la Agenda Nacional de Riesgos y le da seguimiento. De acuerdo con la vigente Ley de Seguridad Nacional, está integrado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto y los titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong; Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda; Marina (Semar), Vidal Francisco Soberón Sanz; Hacienda y Crédito Público (SHCP), hoy José Antonio Meade Kuribreña; Función Pública (SFP, en estos momentos sin titular pero como encargado del despacho Javier Vargas Zempoaltécatl); Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu; Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza; la Comisión de Seguridad Pública (CSP), Renato Sales Heredia; la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Arely Gómez González, y el director del propio Cisen, Eugenio Ímaz Gispert.

Mientras, el documento del Cisen Acciones de grupos autodenominados anarquistas, insurreccionalistas, eco extremistas y/o eco terroristas fue elaborado por el organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) y entregado como “Anexo 1” de la respuesta a la solicitud de información con folio 0410000023116 presentada por Contralínea.

Los insurrectos

Aunque en el documento se señalan “306 acciones” cometidas por 74 organizaciones entre el 26 de marzo de 2008 y el 22 de julio pasado, no todas son obra de grupos anarquistas. Alrededor de 220 sí han sido realizadas por grupos anarquistas y ecoanarquistas insurrecionalistas, 40 de ellas ya durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Otras 82 acciones cometidas por 26 grupos en realidad son obra de ecoterroristas o ecoextremistas. Además, cuatro han sido reivindicadas por dos grupos fascistas.

En el documento no se establece si todos los grupos existen o si algunas acciones, como se puede inferir, son cometidas por células de organizaciones más grandes que en determinados ataques utilizan otros nombres.

En los últimos 8 años, los grupos anarquistas insurreccionalistas más activos han sido, según el documento elaborado por el Cisen: el Frente de Liberación de la Tierra, con participación en 52 acciones directas violentas; el Frente de Liberación Animal, con 44; las Células Autónomas de Revolución Inmediata Práxedis G Guerrero (CARI-PGG), con 32; la Federación Anarquista Informal, con 30; y, entre otras, la Conspiración de las Células de Fuego, con 12.


Las CARI-PGG se disolvieron, como grupo, en noviembre de 2013. Permanecieron activas por casi 5 años. Como señalan en un comunicado de 2016, quienes las integraron dejaron de actuar como CARI-PGG pero de manera individual y en grupos siguen militando en el anarquismo insurreccionalista y realizando “acciones violentas”.

Algunas de las acciones de esta corriente de anarquismo se han llevado a cabo de manera coordinada entre dos o más agrupaciones. La Ciudad de México ha sido la entidad con mayor número de ataques: 91. Otros estados con más de 10 acciones cometidas por anarquistas insurreccionalistas de 2008 a la fecha son el Estado de México, con 79, y Jalisco, con 16. Y entre una y nueve acciones se han cometido en: Oaxaca, Baja California, Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Quintana Roo, Chihuahua, Querétaro, Hidalgo, Nuevo León, Tlaxcala y Puebla.

Atentados contra universidades y centros de investigación

En el documento de respuesta a Contralínea, el Cisen destaca que “el término anarquista no está especificado en la legislación mexicana vigente”. Y señala que el organismo “no atribuye la autoría de atentados a ninguna persona o grupo identificado por su ideología”.



Lo que sí persigue el organismo encargado de preservar la seguridad nacional, dice, son “grupos violentos”. Agrega: “No se omite señalar que el objetivo de cualquier autoridad es contener acciones violentas, situación ajena a las ideologías”.

Es lo que señalan en la respuesta a la solicitud de información pública. Pero en la Agenda Nacional de Riesgos se condena al anarquismo en general. Incluso, no sólo a aquellos que han optado por la insurrección. En el apartado sobre las “vulnerabilidades” del Estado mexicano, se destaca la “falta de un marco legal para acotar el activismo de grupos anarquistas”. A esta consideración le asigna un nivel “medio” de riesgo. El activismo ácrata de cualquier tipo se encuentra bajo la lupa de los organismos de seguridad nacional.

Además, en el documento se considera anarquistas a grupos que no lo son y que, incluso, son contrarios al anarquismo, como Individualistas Tendiendo a lo Salvaje. Esta organización ha reivindicado el asesinato de trabajadores administrativos, científicos y el ataque a universidades y centros de estudio. En sus comunicados señalan que no creen en la revolución de ningún tipo, que aborrecen el anarquismo, el comunismo o cualquier proyecto de sociedad.

Sin embargo, en la Agenda se señala: “las células anarquistas perfilan un lento escalamiento en sus niveles de radicalidad, particularmente Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS) que amaga con atentar contra objetivos humanos”.

Incluso no se distinguen los atentados cometidos por grupos de insurreccionalistas de aquellos que se atribuyen otros grupos posmodernistas como el propio ITS y otras denominaciones que declaran estar en contra de la humanidad, como la disuelta Reacción Salvaje.



Están también los casos de las organizaciones de corte fascista o neonazi, como el Frente de Salvación Tenochtitlan y su Cúpula de la Organización Secreta Tenochtitlan, quienes dicen luchar por restaurar la “sagrada” “nación azteca” e “instalar en el poder” a quienes “garanticen la protección de los derechos naturales de la especie humana”.

Para el documento de trabajo de los organismos de inteligencia, tanto militar como civil, todos estos grupos son “anarquistas”. Por lo tanto, todos los atentados son obra de “anarquistas”.

Y en el “diagnóstico general” del riesgo, se señala que se esperan “atentados contra bancos, instituciones y personas ligadas con centros de investigación y atentados directos contra objetivos humanos con tintes terroristas”.

También propala la especie de que “integrantes de grupos anarquistas operan como grupos de choque durante movilizaciones sociales diversas”.

Entre los “escenarios de riesgo” vislumbrados en la Agenda Nacional de Riesgos se destaca la “posibilidad de acciones violentas del alto impacto: atentados con explosivos y contra blancos humanos, y expansión de grupos anarquistas debido a la ausencia de un esquema de coordinación interinstitucional consistente para atender el tema”.

Esta situación originaría otra, igualmente considerada “escenario de riesgo”: los “impactos negativos en la percepción de seguridad ciudadana derivados de la reactivación violenta de grupos (anarquistas)”.


El golpe que se prepara contra los ácratas

En cuanto a las “capacidades” de las entidades gubernamentales para enfrentar al anarquismo insurreccionalista, la Agenda Nacional de Riesgo destaca el “trabajo de inteligencia interinstitucional: Sedena, Semar, Segob, en zonas de presencia (anarquista)” (sic).

Entre las “recomendaciones” del Consejo de Seguridad Nacional” contenidas en la Agenda Nacional de Riesgos se encuentran: el “impulso a acciones de fortalecimiento del esquema interinstitucional para atender (el anarquismo)”, así como el “relanzamiento de los grupos operativos al interior del Cisen enfocados a objetivos específicos” (sic).

Los grupos operativos son, en el argot de los servicios de inteligencia, aquellos que se encargan de misiones especiales específicas: acciones encubiertas, seguimientos, infiltraciones, penetración en domicilios o instituciones para colocar micrófonos, por ejemplo. En algunos países a los grupos operativos se les encarga, incluso, la eliminación de personas que “atentan” contra la “seguridad” de un Estado.

Insurrección en medio país

La Agenda Nacional de Riesgos reconoce la presencia de células anarquistas de “acción de directa” en cinco entidades de la república: Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Baja California. Prácticamente en todas las regiones de las tres primeras hay colectivos de este tipo de anarquismo. Con respecto de Oaxaca, se encuentran en la ciudad capital del Estado y en franjas de las regiones de Valles Centrales, Sierra Norte y Sierra Sur. Con respecto de Baja California, el mapa incluido en el documento señala a la ciudad de Mexicali.


Sin embargo, en la relación de acciones de anarquistas insurrecionalistas elaborada por el Cisen, se contabilizan 17 de las 32 entidades de la República: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Baja California, Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Quintana Roo, Chihuahua, Querétaro, Hidalgo, Nuevo León, Tlaxcala y Puebla.

Seguridad nacional: ascenso del anarquismo

Desde la versión 2013 de la Agenda Nacional de Riesgos, se consideró al anarquismo como uno de los 10 temas de atención inmediata para las instituciones encargadas de preservar la seguridad nacional.

Entonces se le colocó en el quinto puesto, dentro del mismo apartado de la subversión guerrillera. Así, los movimientos armados –como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y, entre otros, Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP)– aparecieron junto con los comandos y las células anarquistas insurreccionalistas en un mismo capítulo del documento confidencial bajo custodia del organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación encargado de la inteligencia civil, el Cisen.

Para la versión de 2014 del escrito, al anarquismo se le asignó un apartado independiente y se le colocó en el cuarto lugar de prioridades. A los movimientos guerrilleros se les dejó en el quinto sitio.



Pero el accionar de los grupos anarquistas de carácter insurreccionalista motivó que para la Agenda Nacional de Riesgos 2015, el anarquismo escalara hasta la tercera posición en las prioridades de las instituciones militares y civiles encargadas formalmente de la seguridad y defensa nacionales: la Sedena, la Semar, el Cisen, la Segob, la PGR y, entre otras instancias, la Policía Federal. Así, la insurrección negra se fue hasta los primeros lugares de atención prioritaria y las guerrillas rojas fueron enviadas a la posición 10, último lugar de la tabla.

Del boicot al enfrentamiento armado

De acuerdo con información recopilada por Contralínea –de portales de distribución libertaria, entre las que destaca Contrainfo– los grupos y células anarquistas insurreccionalistas concretaron más de 20 acciones violentas directas contra blancos específicos entre mayo de 2015 y septiembre de 2016. Las acciones van desde boicots hasta enfrentamientos armados. El espectro se completa con sabotajes, ataques, colocación de bombas falsas, detonación de explosivos e incendios.info-08

Se trata solamente de las acciones directas documentadas. El número real no es posible conocerse porque no todas se reivindican. Generalmente, las corporaciones policiacas evitan informar a los medios de los “atentados” consumados o frustrados de la insurrección anarquista.

Los ataques coordinados más recientes fueron obra del Grupo Autónomo de Sabotaje Salvador Olmos García. El pasado 3 de julio colocó y detonó paquetes explosivos-incendiarios en la sedes de tres de las principales organizaciones de los organismos del empresariado mexicano.

Salvador Olmos García es el nombre del joven anarquista, activista por los derechos de los pueblos indígenas, cantante punk, abogado y periodista comunitario que fue asesinado por policías de Huajuapan de León, Oaxaca, el pasado 28 de junio. Olmos había sido aprehendido por policías en la madrugada de ese día, cuando había acudido a un llamado de la Radio Comunitaria Tuun Ñuu Savi para reforzar el espacio que se encontraba en estado de riesgo debido a una amenaza de desalojo policiaco. Luego de que hiciera una pinta, Chava fue detenido por los policías para después ser arrollado por una patrulla a sus 31 años de edad. El hecho causó la indignación de activistas de colectivos de todo el estado e, incluso, de varias entidades de la República. Cinco días después vino el ataque contra los organismos del alto empresariado.

Mediante un comunicado que se puede leer en la página de Contrainfo (https://es-contrainfo.espiv.net/2016/07/09/mexico-ataque-explosivo-a-sedes-de-camaras-empresariales/), se informa de los ataques a las sedes en la Ciudad de México del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). Al final del escrito, se puede leer:

 “No existe para los oprimidos solución posible dentro de los márgenes institucionales, sino la lucha intransigente contra el Estado-capital, que posibilite un escenario abierto de insurrección generalizada [y] que, estableciendo dialécticamente una relación entre espontaneidad y organización, ponga en jaque la paz social en la región mexicana y se extienda por todo el globo.

 “¡Muerte al Estado/Capital!

 “¡Libertad a los Presos de la guerra social!

 “¡Por la Anarquía!

 “Grupo Autónomo de Sabotaje Salvador Olmos García”.







(Tomado de revista Contralínea  http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/10/16/50-celulas-anarquistas-en-guerra-contra-el-capitalismo-y-el-estado/?utm_content=kuku.io&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=kuku.io)

EPR: 50 años por el socialismo

Diciembre 2013

2014 01 13 - EPR: 50 años en armas por el socialismo

Cisen: los 39 altos mandos y sus onerosos salarios

26. mayo, 2013
 Miguel Badillo 

(Tomado de revista Contralínea: http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/05/26/cisen-los-39-altos-mandos-sus-onerosos-salarios/ )

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional mantiene una nómina de 3 mil 500 empleados, de los cuales 39 ocupan los cargos más importantes en su estructura, a pesar de que en su mayoría carecen de experiencia profesional. El organigrama del aparato de inteligencia civil del Estado mexicano –del que Contralínea obtuvo copia– revela los nombres y los salarios de quienes tienen la facultad de espiar a los mexicanos, sufragados con recursos públicos y considerados como los gastos más opacos de la administración federal. Para la cúpula del Cisen, salarios de entre 1 millón 900 mil y 2 millones 400 mil pesos anuales


Con una estructura de 3 mil 500 empleados, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se convirtió en los últimos 12 años, periodo en el que el Partido Acción Nacional ocupó la Presidencia de la República, en una institución gris en su desempeño y un barril sin fondo en su gasto público.

La opacidad de este órgano de inteligencia llegó al absurdo de que desde su creación, el 13 de febrero de 1989, los mexicanos no habíamos podido conocer quiénes son los funcionarios que ocupan los 39 cargos más importantes en la estructura directiva y mucho menos el salario que perciben, a pesar de que éste proviene de recursos públicos y oscila para cada uno de ellos entre los 160 mil y 200 mil pesos mensuales, más un bono por riesgo de trabajo correspondiente al 30 por ciento adicional al salario, con lo cual la burocracia del Cisen rebasa el sueldo del propio presidente de la República.

En la página en internet de este órgano de seguridad nacional se lee: “es un órgano de inteligencia civil al servicio del Estado mexicano, cuyo propósito es generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer al estado de derecho”.

Por ser un ente de seguridad nacional, adscrito a la Secretaría de Gobernación, sus 3 mil 500 trabajadores son de confianza, no hay sindicato y tampoco personal operativo.

En las dos últimas administración federales, con Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) como presidentes, el Cisen prácticamente fue desmantelado en su función primordial de salvaguardar la seguridad del Estado y se convirtió en un centro de espionaje telefónico, vigilancia a opositores políticos y organizador de festejos, fiestas y cumpleaños.

El papel del Cisen, informa este órgano de seguridad nacional, “consiste en alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, al orden constitucional, las libertades e instituciones democráticas de los mexicanos, así como el desarrollo económico, social y político del país”.

Debido a que dos secretarías de Estado, Función Pública y Hacienda y Crédito Público, son las responsables de aprobar el presupuesto del Cisen, la estructura de éste se mueve sin organización ni control, lo que deriva en una descomposición y desorden hacia su interior.

Actualmente, el Cisen recluta y selecciona a personal que carece de un perfil adecuado para el puesto que debe desempeñar. Con un estancamiento de 12 años, este Centro acumula personal anquilosado, que por muchos años no recibió capacitación alguna y tampoco realiza las funciones inherentes a su responsabilidad.

En los exámenes de control de confianza que se aplica al personal, de cada 10 trabajadores sólo aprueban dos, aunque en sus informes oficiales el Cisen asegure que todos sus empleados son confiables, sin importar la eficiencia y eficacia en su desempeño.

Por ejemplo, en el último año del gobierno de Felipe Calderón, el titular del Cisen, doctor Jaime Domingo López Buitrón, designó a sus amigos Alejandro Razo Corona como coordinador de Inteligencia y a Alejandra Lamont Cortázar como oficial mayor, con el propósito de tener un control total y manejo arbitrario de los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales de ese órgano de inteligencia. Sin importar que ninguno de los dos contara con experiencia para ejercer responsabilidades de seguridad nacional.

López Buitrón es amigo desde la infancia de Razo Corona y Lamont Cortázar fue su alumna e incondicional. Los tres exfuncionarios, que controlaban para fines personales al Cisen, habían trabajado juntos en la Secretaría del Trabajo. Razo Corona, como coordinador general de Empleo, y Lamont Cortázar, como coordinadora de asesores del subsecretario de Empleo, Jaime Domingo López Buitrón.

Sin experiencia en seguridad nacional, López Buitrón ingresó por primera vez como director general del Cisen el 13 de octubre de 2005 y salió el 9 de enero de 2007. La segunda ocasión entró el 23 de noviembre de 2011 hasta el último día de gobierno de Calderón Hinojosa.

En los 6 meses de la actual administración, el nuevo director general, Eugenio Ímaz Gispert –también sin experiencia en la seguridad nacional–, ha iniciado la remoción de funcionarios calderonistas, pero algunos se han agazapado en sus puestos y esperan no ser descubiertos, como la exsecretaria particular de López Buitrón, Angélica López Cuevas, quien hasta hoy ocupa una dirección general en la Coordinación General de Inteligencia, sin importar su nula formación académica compatible con temas de seguridad nacional, pues sus estudios abarcan sólo áreas de terapia del lenguaje.

El esposo de la funcionaria López Cuevas, Luis Acosta Canssina, también trabaja en el Cisen como director de Asuntos Internacionales, con un salario bruto superior a los 170 mil pesos mensuales.

Otros dos directivos del Centro que vienen de gobiernos panistas y son leales al exdirector López Buitrón son Víctor Emilio Corzo Cabañas, actual coordinador general Jurídico, quien tiene un salario mensual bruto de 161 mil 259.71 pesos, y José Luis Calderón Arozqueta, responsable de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, con un ingreso bruto por 171 mil 901.34 pesos.

Otro ejemplo de negligencia es el propio titular del Órgano Interno de Control, Jesús Meza Zapata, con más de 15 años en esa institución de seguridad nacional, quien se ha adecuado muy bien a cada director general, a quienes nunca cuestiona y siempre está dispuesto a servir: “como usted diga señor director”. Sin asumir las funciones reales de un contralor que debe auditar y vigilar el buen desempeño de los servidores públicos y el eficaz uso de los recursos públicos, Meza Zapata percibe un salario bruto de 171 mil 901.34 pesos mensuales.

En los mandos de las áreas que manejan la administración de personal, recursos humanos, materiales y financieros es conocido por los trabajadores que los titulares no cuentan con las atribuciones académicas necesarias ni con la experiencia para esos puestos. Algunos directivos carecen de títulos de licenciatura y tampoco cubren los perfiles exigidos para esas responsabilidades.

El único mérito de los nuevos administradores del Cisen, comentan los empleados, es que son oriundos de Hidalgo, de donde proviene el actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Fiestas a costa del erario

Los trabajadores del Cisen recuerdan festivamente los últimos 12 años de gobiernos panistas, cuando las fiestas y reuniones sociales eran constantes en las instalaciones del Centro y todos disfrutaban y se divertían a costa del erario, mientras que la seguridad nacional cada día se ponía en peligro.

Fue 2012, último año de la administración anterior, cuando el director general López Buitrón realizó más festejos y eventos como reconocimientos, comidas, desayunos y reuniones de “trabajo” en las instalaciones responsables de la seguridad nacional del país. Para ello se adaptó un amplio espacio conocido por los trabajadores del Cisen como “El Palomar”, en donde se invirtió mucho dinero público para condicionarlo como una hacienda de campo.

Cuando se acercaba el fin del sexenio, en octubre de 2012, el entonces director general del Cisen decidió mudar los festejos a Querétaro, a donde se trasladó un selecto equipo directivo de 50 personas para “planear” y “seleccionar”, según explicaron los organizadores, la información que sería entregada a la siguiente administración priísta, pues era indispensable guardar archivos y destruir otros que pudieran comprometer a los funcionarios salientes de todo el gobierno federal panista.

Otro gran festejo que recuerdan con júbilo los empleados burócratas del Cisen ocurrió en agosto de 2012, con motivo del cumpleaños de Jaime Domingo López Buitrón. Para esa celebración, al director general del Centro le pareció justo dejar por primera vez de usar fondos públicos y que los trabajadores de mandos medios y superiores aportaran entre 500 y 1 mil 500 pesos para la gran cena que se realizó en el lujoso hotel Four Seasons. Al festejo asistieron 100 “invitados especiales”, entre quienes se encontraba el ahora secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, en ese entonces titular de la Secretaría de Hacienda.

Los salarios del Cisen

En el organigrama del Cisen destacan 39 servidores públicos responsables de la seguridad nacional del país. Por primera vez en 23 años de su constitución, Contralínea tuvo acceso a dicha información que las diversas entidades públicas, incluido el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, habían negado sistemáticamente a la población.

Lo mismo sucede con los salarios que perciben esos 39 funcionarios, quienes además por la importante responsabilidad que desarrollan y el riesgo que su profesión conlleva, se les asigna un 30 por ciento adicional del ingreso que reciben: el bono de riesgo.

En la Dirección General está Eugenio Ímaz Gispert, con un ingreso bruto mensual de 199 mil 591.47 pesos, más el 30 por ciento por su bono de riesgo, lo que elevaría su ingreso a unos 260 mil pesos por mes.



La Secretaría General del Cisen, todavía vacante, tiene asignada una percepción mensual por 193 mil 755.52 pesos, más el bono por riesgo.

El titular del Órgano Interno de Control es Jesús Meza Zapata, con un salario de 171 mil 901.34 pesos; la jefa de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano es Frida Martínez Zamora, con un salario de 189 mil 944.30 pesos.

En la estructura del Cisen hay siete coordinaciones generales, cinco de las cuales tienen un salario mensual asignado por 189 mil 944.30 pesos, más un bono de riesgo correspondiente al 30 por ciento al mes:

Inteligencia, Gerardo García Benavente.


Contrainteligencia, Daniel Santos Gutiérrez Córdoba.
Operaciones, Édgar Guillermo Ramos Masseto.
Desarrollo Tecnológico, Gerardo Gutiérrez Zarazúa.
Vinculación Nacional e Internacional, Óscar Florentino Monroy Ramírez de Arellano.

En la sexta coordinación general, que es la Jurídica, está Víctor Emilio Corzo Cabañas, con un ingreso por mes de 161 mil 259.71 pesos. La séptima es la Coordinación General de Administración y Finanzas, con un salario mensual por 175 mil 828.63 pesos.

Después siguen 26 direcciones, una Subcoordinación y la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, todas con su pago respectivo de un bono por riesgo.

La Coordinación General de Inteligencia cuenta bajo su mando con cuatro direcciones: Investigación, a cargo de Conrado Alfredo García García, con un salario mensual 192 mil 529.51 pesos; Análisis, que encabeza Mario Alejandro Vignettes del Olmo, 192 mil 529.51pesos; Red Nacional de Información, dirigida por Óscar Hugo Ortiz Milán, 171 mil 901.34 pesos; Información de Fuentes Abiertas, encabezada por Manuel Cossío Ramos, 171 mil 901.34 pesos.

El área de Inteligencia tiene un apartado especial para el delegado en el Estado de México, Rafael Osornio Sánchez, cargo que no aparece en el organigrama oficial directivo, pues en todos los estados de la República hay un delegado de ese órgano de seguridad nacional, pero en los documentos en poder de Contralínea sólo aparece el responsable de esa área mexiquense, de donde es oriundo el actual presidente Enrique Peña Nieto.

La Coordinación General de Contrainteligencia tiene una estructura con cuatro direcciones: Contrainteligencia, que encabeza José Antonio Aguilar Reyes, 192 mil 529.51 pesos mensuales; Seguridad Institucional, a cargo de Jorge Alejandro Colín Elías, 192 mil 529.51 pesos; Información Técnica, dirigida por Alejandro Gabriel Mazín Serna, 192 mil 529.51 pesos; Atención a Grupos Subversivos, cuya directora es Jaqueline Emiliam Moreno Gómez, 171 mil 901.34 pesos.

La Coordinación General de Operaciones tiene tres direcciones bajo su mando: Atención al Terrorismo, al mando de Gerardo Téllez García, 192 mil 529.51 pesos; Atención a la Delincuencia Organizada, de Adriana Escobedo Garza, 192 mil 529.51 pesos; Atención a Instituciones Públicas, de Juan Antonio Guerrero Picazo, 171 mil 901.34 pesos.

La Coordinación General de Desarrollo Tecnológico tiene dos direcciones: Tecnologías de Información, que encabeza Raymundo Reyes Bravo, 171 mil 901.34 pesos, y Servicios Tecnológicos, dirigida por Raúl Antonio Villegas Lastra, 171 mil 901.34 pesos.

La Coordinación General de Vinculación Nacional e Internacional tiene una Subcoordinación y cuatro direcciones: Subcoordinación General de Planeación y Vinculación Institucional, de Luis Muñoz Ángeles, 192 mil 529.51 pesos, y las cuatro direcciones son Planeación y Documentación Organizacional, de Raúl Martínez García, 153 mil 483.34 pesos; Vinculación Institucional, de Nadia Cristina Tovar Cruz, 171 mil 901.34 pesos; Asuntos Internacionales, de Luis Acosta Cassina, 171 mil 901.34 pesos; Estudios Institucionales, vacante y un salario asignado por 192 mil 529.51 pesos.

La Coordinación General Jurídica cuenta con cuatro direcciones: Contencioso y Administrativo, que encabeza Cornelio Ernesto Vargas Rosas, 153 mil 483.34 pesos; Consultivo y Normatividad, dirigida por Teresita de Jesús Vargas Lemus, 153 mil 483.34 pesos; Acceso a la Información, al mando de Carla Alejandra Carrillo Hervert, 153 mil 483.34 pesos; Estudios y Proyectos, de Mario Montes Soto, 153 mil 483.34 pesos.

La Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano tiene como titular a Frida Martínez Zamora, quien percibe un ingreso por 189 mil 944.30 pesos. Esta cuenta con una Coordinación General de Administración y Finanzas, la cual tiene bajo su control cinco direcciones y una escuela de Inteligencia.

Las direcciones son: Programación y Presupuesto, cuyo titular es Jesús Francisco García Loredo, 171 mil 901.34 pesos; Recursos Materiales y Servicios Generales, que mantiene al frente a Gerardo de la Cruz Castro Estrada, 171 mil 901.34 pesos; Recursos Humanos, que dirige Roberto Olguín Pérez, 171 mil 901.34 pesos; Control de Confianza, encabezada por Luz del Carmen Díaz Galindo, 192 mil 529.51 pesos; Desarrollo Administrativo, dirigida por Lorena Dolores Ochoa Hermosillo, 171 mil 901.34 pesos.

La Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional está a cargo de José Luis Calderón Arozqueta, con un salario al mes por 171 mil 901.34 pesos.


PGR-Cisen, enredos familiares

Luego de los golpes que propinara Gerardo Saade Murillo a Alexia Ímaz Chavero y a algunos de sus amigos, el nieto del procurador general de la República fue el único que se presentó en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos (PGJEM).

Saade Murillo acudió el pasado 21 de mayo a comparecer por haber tenido “un problema” y a ponerse a disposición de las autoridades. A pesar de que Alexia Ímaz había informado a través de las redes sociales que presentaría una denuncia contra su exnovio, nunca llegó a las oficinas de la PGJEM. Por ello, Gerardo Saade Murillo fue informado de que, hasta el momento, no había hechos por los cuales tendría que responder penal o jurídicamente.

Sin embargo, en un comunicado del mismo martes, la PGJEM informó que, a petición de Saade Murillo, se dio trámite a la apertura del expediente CJA/SC/0532/2013-05, ante la Dirección General de Justicia Alternativa, “para llevar a cabo una sesión conjunta de carácter conciliatorio por hechos que pudieron suscitarse en una relación sentimental con Alexia Ímaz Chavero”.

La agresión habría ocurrido el pasado domingo 19, luego de que tras una fiesta en el domicilio de Ímaz Chavero, Saade Murillo entrara en conflicto con ella y algunos amigos. El pleito entre la pareja ocurrió 2 meses antes de la fecha fijada para su boda.

El pasado domingo 19, y a lo largo del día 20, Alexia Ímaz Chavero –hija del director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz Gispert– denunció a través de las redes sociales haber recibido una golpiza de manos de su pareja sentimental Gerardo Saade Murillo, nieto del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Ímaz Chavero publicó fotos de los hematomas causados en su rostro y recibió la solidaridad de familiares y cientos de usuarios de las redes sociales.

También el martes 21, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió –lo que supone el uso de recursos públicos– un comunicado para defender al nieto del titular de esa dependencia. Según el boletín oficial, Saade Murillo “se siente arrepentido de haber cometido tan lamentable error y está dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos”. Además, aseguró la PGR, que cometió esa “reprobable conducta por sentirse profundamente afectado emocionalmente”.

Contexto

Topos en el Cisen (análisis)
Por Raymundo Riva Palacio
Mayo 29, 2013

En su edición de esta semana, la revista Contralínea revela el organigrama del Cisen, el órgano de inteligencia civil del Estado mexicano, y difunde los nombres y salarios de los 38 funcionarios de mayor nivel en esa institución. El semanario aduce, como justificación a publicarlo, que es el órgano más opaco de la administración pública, aunque también dedica una buena parte del texto a criticar al último director del gobierno anterior, Jaime Domingo López Buitrón, al que cuestiona por su inexperiencia y por haber nombrado en puestos estratégicos a amigos y amigas suyos.

La revelación es muy importante, pero no por las razones que menciona Contralínea. Un órgano de inteligencia es opaco por definición y su función no es “espiar a los mexicanos”, como lo describe el semanario. El Cisen es un órgano de contrainteligencia que coadyuva a salvaguardar la seguridad nacional. Que haya tenido directores que lo usaron con fines políticos, es una traición a la institución por parte de particulares, que no significa que como instrumento del Estado esté diseñado para el espionaje político. Su tarea debe ser opaca, secreta sobre todo, para que sea eficaz y cumpla el objetivo para el cual fue creado.

Por eso, la revelación de toda la estructura de mando del Cisen significa no sólo vulnerar el corazón civil de la seguridad nacional, sino que desnuda a los encargados de enfrentar a los enemigos del Estado, a quienes reduce su capacidad de operación y pone en peligro sus vidas. Los salarios son un tema trivial, aunque favorecido por cierta prensa para criticar el que haya remuneraciones muy por encima del salario de la mayoría de los mexicanos, sin mencionar que están muy por debajo de puestos similares en el sector privado. Lo relevante son los nombres que fueron filtrados a Contralínea para su difusión. La revista tendrá sus motivaciones para haberlos difundido y el acento que escogió. El problema de fondo no se encuentra en el medio -nunca se debe matar al mensajero-, sino en quién es el autor intelectual de esa infidencia, que dinamita en su eje a los servicios de inteligencia.

Las filtraciones, tan peyorativamente vistas en México, son un subproducto de la democracia. En sistemas abiertos, las filtraciones a la prensa se dan con el propósito de sondear en la opinión pública sobre una decisión que se vaya a tomar -si se recibe bien se ratifica; si se rechaza, se desecha-, y medir reacciones en distintos grupos de interés. También muestran las tensiones dentro de un gobierno al ser utilizadas para influir en decisiones tomadas que aún no son públicas, para que se modifiquen o se cancelen. Pero cuando estas filtraciones no apuntan a la toma de decisión sino a personas, sólo puede ser resultado de un acto inconsciente de quien aporta la información, o refleja una pugna interna de gobierno.

En un órgano como el Cisen, la ingenuidad no tiene cabida. Si se elimina esta variable, lo que estamos viendo a través de Contralínea es una lucha dentro del órgano que no alcanzamos a ver. No sólo es la crítica a López Buitrón lo que trasluce, sino una línea de cuestionamiento que llega directamente al actual director del Cisen, Eugenio Imaz, por haber mantenido en sus cargos a varios funcionarios de la administración interior. Por tanto, si ambos son exhibidos, se puede excluir un ajuste de cuentas interno contra la administración pasada, lo que ubica la filtración en el contexto de un conflicto en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

¿Quién entregó ese organigrama a la revista? Quien lo hizo, cometió la traición más grande que haya vivido la institución en su historia, al poner en riesgo la vida de los altos mandos de la contrainteligencia mexicana y minar el trabajo que, al final, es la seguridad de los mexicanos. La Secretaría de Gobernación, de quien depende el Cisen, debe investigar quién sopló al viento los secretos del Estado. Es una buena oportunidad para medir la claridad y determinación del gobierno de Peña Nieto y proceder contra quien resulte responsable, de manera proporcional, cuando menos, a la afrenta que vivió.


(Tomado de http://www.24-horas.mx/topos-en-el-cisen/)