En México se organiza una nueva guerrilla. Los organismos de seguridad nacional buscan la manera de impedir que reciba el apoyo de comunidades urbanas y campesinas. La nueva formación se suma a las que ya luchan con las armas por la caída del régimen: EZLN, EPR, TDR y ERPI
por Zósimo Camacho
En la Agenda Nacional de Riesgos, los organismos encargados de la seguridad y defensa nacionales advierten de la formación de una nueva estructura guerrillera, con algunos exintegrantes de otros movimientos armados pero, sobre todo, con nuevas generaciones de combatientes.
El documento –de carácter confidencial, bajo custodia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)– señala como uno de los “escenarios de riesgo” la irrupción de “nuevas expresiones” de lucha armada.
Advierte puntualmente del “surgimiento de una nueva expresión subversiva”. Según las versiones 2013, 2014 y 2015 de la Agenda Nacional de Riesgos –a las cuales Contralínea tuvo acceso–, la nueva organización está integrada por “cuadros históricos” de varias organizaciones vigentes “y nuevas generaciones de militantes de mayor radicalidad de lucha”.
La Agenda Nacional de Riesgos es un documento de carácter confidencial elaborado anualmente por el Cisen –organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación (Segob) encargado de los servicios de inteligencia civil del Estado mexicano–, con información de las demás dependencias responsables de la seguridad y defensa nacionales, principalmente las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).
Los movimientos subversivos se mantienen dentro de las 10 principales “amenazas” a la seguridad nacional que reconoce el Estado mexicano. Llegaron a significar en 2013 la quinta más importante, pero desde finales de 2015 ocupan el lugar décimo en las prioridades de los encargados de los servicios de inteligencia civil y militar.
Vigencia de la lucha armada
El propio documento reconoce que en amplias regiones del país predominan “los factores” que favorecen la subversión: “asilamiento físico, ineficacia de las políticas públicas, corrupción y alto nivel de marginación”.
Ante ello, la vía armada es hoy una opción “lógica y teórica”, señala Gilberto López y Rivas. El doctor en antropología por la Universidad de Utah e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señala que a la cerrazón de los espacios de participación política, por fraudes electorales, se suma “el mundo de la impunidad total, donde los delitos no se persiguen, no se obtiene justicia para ninguno de los grandes crímenes”.
El de la impunidad que se vive en México es uno de los factores que también destaca Daniel Zizumbo-Colunga, doctor en filosofía por la Universidad de Vanderbilt. Entre más casos que hagan ver a la justicia como comprada por los políticos o las clases adineradas, mayores serán las posibilidades de que las personas consideren el uso de las armas como una vía para defenderse y obtener justicia. “Aunque no necesariamente estos grupos se conviertan en guerrillas con reivindicaciones antiestatales”, aclara el experto en autodefensas y policías comunitarias.
López y Rivas, por su parte, señala que así como las grandes masacres de las décadas de 1950 y 1960, que quedaron en la impunidad, dieron origen a las luchas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, también se está mandando un mensaje a los desposeídos de que no es posible caminar por la vía electoral. Agrega que ninguna de las autoridades electorales funciona para detener los fraudes que se ponen en marcha con cada elección.
“Y cuando uno analiza los factores que llevaron a muchos jóvenes a levantarse en armas y recurrir a un recurso tan extremo como la lucha armada, se da uno cuenta que estos factores permanecen hoy, incluso algunos más agudizados. Por ello uno puede concluir que la lucha armada es tan vigente hoy como ayer”, explica López y Rivas.
Coincide con Daniel Zizumbo en que, ante la incapacidad o criminalidad del Estado, muchos de los grupos que han aparecido recientemente son de autodefensa armada, independientemente de que quieran cambiar el régimen o sólo defenderse de la violencia del Estado o de la criminalidad.
Se pregunta: “¿Qué hacer ante una circunstancia donde el Estado, por omisión o comisión, se convierte en un cómplice de la impunidad, de la criminalidad, de la delincuencia; en donde no se puede garantizar la justicia porque el 90 por ciento de los delitos no se investiga siquiera?
Daniel Zizumbo-Colunga explica los tres grandes grupos de causas que generan movimientos armados: “la inseguridad; las comunidades fuertes llenando los vacíos del Estado y, finalmente, la erosión del sistema democrático mexicano”.
Abunda en que “tenemos un sistema muy mal diseñado, y no sólo me refiero a la corrupción. Estamos viendo en muchos lugares una erosión del sentimiento de representación de la gente. Muchas de las guerrillas emergen por un sentimiento de la gente de no ser representada y de un desencanto con la democracia. La gente empieza a sentir que los partidos políticos no la representa y el sistema democrático no es el mejor. Intentan buscar un cambio”.
Si el crimen toca a la puerta de las familias y las comunidades y, además, ve que el sistema “democrático” no funciona, “muchas de las policías comunitarias pueden surgir no solamente para llenar el hueco del Estado, sino para oponerse a ese Estado y democracia que no funcionan”.
Por ello, una de las principales acciones de contrainsurgencia, según reconoce la Agenda Nacional de Riesgos, es el uso de los programas asistenciales. Así, entre las “capacidades” del Estado frente a la guerrilla anota la “aplicación de programas federales y estatales de beneficio social en zonas con presencia de grupos subversivos”.
Así, el documento recomienda “profundizar estrategias en los municipios que registran promedios superiores en cada uno de los factores predominantes asociados a la subversión”, incluso en aquellas zonas donde aún no hay presencia de grupos guerrilleros. “En este universo, los programas sociales tendrán mayor efecto preventivo”.
Abunda la Agenda Nacional de Riesgos en “focalizar algunas acciones de política social con fines preventivos, en la población de municipios que por sus características socioeconómicas sean idóneos para la cooptación de nuevas bases sociales”.
Como en el caso de la lucha del Estado contra el anarquismo (Contralínea 510), en el documento se recomienda el “relanzamiento de grupos operativos al interior del Cisen enfocados a objetivos específicos”.
Señala que los principales “problemas de gobernabilidad” asociados a movimientos subversivos se encuentran en regiones de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos y Oaxaca. Incluso, apunta que en estas amplias zonas del país, las guerrillas “operan endémicamente”.
Entre las vulnerabilidades del Estado mexicano frente a la “amenaza” subversiva, destacan los “problemas de coordinación entre autoridades federales y estatales” para atacar a los grupos guerrilleros.
Otras de las “vulnerabilidades” del Estado, según la Agenda Nacional de Riesgos, son las “demandas ante instancias internacionales sobre presuntas violaciones a derechos humanos”.
Entre las capacidades para enfrentar a los movimientos guerrilleros, los organismos de inteligencia señalan que cuentan –como en el caso de los anarquistas insurreccionalistas (Contralínea 510)– con “trabajo de inteligencia interinstitucional” que involucra a las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina.
También se han instalado “mesas de coordinación con los procuradores de los estados de Chiapas, Michoacán, Morelos y Oaxaca para atender integralmente estos temas”.
Los movimientos armados
De manera pública, el Cisen reconoce la existencia de sólo tres movimientos armados: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Lo anterior, según el documento Cronología de los grupos armados activos que el organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) entregó a Contralínea en días pasados. El texto es parte de la respuesta a la solicitud de información 0410000005116 presentada por este medio de comunicación a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Sin embargo, en la Agenda Nacional de Riesgos se revela que el Estado mexicano también sigue de cerca otra expresión guerrillera: la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP).
El Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema) lleva el registro de 50 formaciones guerrilleras en México. Muchas de ellas sólo son membretes o son comandos o brigadas de organizaciones más grandes. De otras sólo se conocen sus esporádicos comunicados sin que hayan llegado a realizar alguna acción “revolucionaria” de carácter violento. Algunas más aparecieron y dejaron de existir sin siquiera haber concretado algún hecho armado.
Para los organismos de seguridad nacional –según la Agenda Nacional de Riesgos– sólo son cinco organizaciones con estructura y capacidad real para desafiar al Estado mexicano: las cuatro citadas y la nueva agrupación que no ha emitido aún comunicado alguno ni ha reivindicado hasta el momento alguna acción “revolucionaria”.
De las cuatro guerrillas activas que “preocupan” a los organismos de inteligencia, tanto civil como militar, una (el EZLN) cuenta con bases que se cuentan por miles y simpatizantes en todas las entidades de la República. Las otras tres son resultado de la “diáspora” eperrista o “depuración”, como señala la dirección del actual EPR. Varían en sus niveles de aceptación, pero todas sus expresiones son de carácter clandestino. Cuentan con organizaciones populares (o “de masas”) pero éstas no se reivindican públicamente como parte civil del movimiento armado.
EZLN, reposicionamiento
En el horizonte, advierte la Agenda Nacional de Riesgos, un “reposicionamiento del EZLN”. Señala que la nueva iniciativa política de esta organización “buscará que las redes de apoyo zapatistas repliquen el modelo de autonomía en diversas zonas del país”.
Se trata del movimiento armado al que mayores páginas le dedica el documento. Para los autores de la Agenda, el EZLN se encuentra “aislado políticamente”, pero puede salir de esta situación en cualquier momento. Destaca que los zapatistas mantienen “disputas” por tierras con “grupos desafectos y exzapatistas”. Lo anterior genera que en Chiapas se viva de manera permanente en conflicto social.
Señala que los conflictos están focalizados en Chenalhó, Chilón, Ocosingo, Sabanilla, San Cristóbal de las Casas y Tumbalá. Destaca que algunos de estos conflictos focalizados han sido retomados por “grupos nacionales e internacionales para denunciar acciones de hostigamiento contra comunidades zapatistas”.
EL EZLN irrumpió en Chiapas el 1 de enero de 1994, justo cuando entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esa fecha tomó siete cabeceras municipales chiapanecas y atacó un cuartel militar. Fue replegado por el Ejército Mexicano pero desde entonces quedó claro que la fuerza de este movimiento sobrepasaba a las de guerrillas anteriores.
Cálculos oficiales estiman que cuenta con más de 50 mil integrantes y ocupa amplias franjas del estado donde apareció, pero ejerce influencia en colectivos y organizaciones de las demás entidades de la República. Además, mantiene una alianza estrecha con el Congreso Nacional Indígena, organización de carácter pacífico en el que participan comunidades de los 65 pueblos indígenas que sobreviven en México.
Se formó en 1983, como parte de las Fuerzas de Liberación Nacional, un movimiento guerrillero de la década de 1970 que casi es aniquilado en Nepantla, Estado de México, en febrero de 1974.
Hoy el EZLN, junto con el Congreso Nacional Indígena, tiene en marcha consultas para elegir a una candidata indígena a la Presidencia de la República que contienda en las elecciones de 2018.
Según el documento, entre los objetivos actuales del EZLN es “conservar presencia territorial y reclutar nuevos integrantes”; además promover en toda la república la autonomía, principalmente indígena.
Entre las “capacidades” específicas para enfrentar al EZLN, en el documento se destaca el “establecimiento de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México”. Y recomienda echar a andar la “regularización” de la tenencia de la tierra en la zona de esta guerrilla.
“El EZLN es una organización político militar que no ha entregado sus armas y que las mantiene ahí, como dijo el subcomandante Moisés, como un instrumento más, como se tiene el azadón o como se tiene un hacha; este tipo de planteamientos que hacen hoy los zapatistas de reivindicar sus formas de autogobierno, sus formas de defesa colectiva, de rotación de los cargos; todo lo que representan los procesos autonómicos. Y representan un planteamiento que no solamente es para el mundo indígena”, a decir de López y Rivas.
Sobre la candidatura a la Presidencia de la República que impulsará el EZLN y el Congreso Nacional Indígena, dice: “No podemos desechar nada; no podemos desechar ni vías como una defensa armada, ni vías como los cambios a través de vías electorales que hagan una ruptura”.
EPR, permanencia
Según la Agenda Nacional de Riesgos, en su versión 2013, el EPR –en realidad PDPR-EPR– “conserva” su “capacidad operativa”. Sin embargo, ha optado, en estos momentos por “la vía política”.
Señala que la estrategia de la guerrilla decana del movimiento armado en México es “penetrar movimientos sociales a fin de radicalizarlos”, así como “generar conflictos comunitarios que puedan escalar”.
El EPR se asume como la organización decana del movimiento guerrillero en México. Surgió en Oaxaca en 1965 como Unión del Pueblo. Luego se convirtió en el Partido Revolucionario Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP). Y a mediados de la década de 1980 integró a algunos de los cuadros sobrevivientes del Partido de los Pobres (PDLP), de Lucio Cabañas. Por ello cambió su nombre al del PROCUP-PDLP.
Más tarde, a principios de la década de 1990 se renombró como PDRP-EPR. Irrumpió en Guerrero el 28 de junio de 1996, en el vado de Aguas Blancas, justo en el lugar y un año después de que fueran masacrados campesinos inermes que luchaban por mejorar sus condiciones de vida.
Es conocida su capacidad militar, sobre todo en materia de manejo de explosivos. Desde que se llamaba Unión del Pueblo utilizó la colocación y detonación de bombas como una herramienta precisa de su “crítica armada”.
Es el movimiento armado con los desaparecidos políticos más recientes. Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez –este último parte de la dirigencia– fueron detenidos desaparecidos en la ciudad de Oaxaca el 25 de mayo de 2007 en el contexto de las protestas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Fueron secuestrados por policías estatales y militares. Desde entonces se desconoce su paradero. El EPR inició entonces una serie de acciones de hostigamiento contra el Estado mexicano que incluyeron la detonación precisa de explosivos en ductos de Petróleos Mexicanos.
Entre las “capacidades” que destacan los organismos de inteligencia contra el EPR cuenta el “expediente penal” contra la guerrilla. Detalla que cuenta con 21 órdenes de aprehensión contra el mismo número de integrantes.
TDR, capacidad de fuego
Según el documento, TDR también “conserva su capacidad de realizar acciones violentas de alto impacto”.
Este grupo armado se escindió del EPR a mediados de la década de 1990. Cuenta con capacidad de fuego similar a la de esa guerrilla. Las afinidades son incluso ideológicas pero rompieron con la dirección del EPR por motivos políticos y “tácticos”.
Una de las características de este grupo armado es que su llamado tribunal revolucionario ha condenado a muerte a los perpetradores de la masacre de Aguas Blancas. Ha elaborado una lista de los funcionarios involucrados y ha ordenado a sus efectivos ejecutarlos en cuanto les sea posible.
ERPI: ¿el declive?
Según los organismos de seguridad, la guerrilla que se ha visto más golpeada es la del ERPI. Contralínea documentó que hasta antes de 2012, era la formación más numerosa después del EZLN. Luego de los golpes que recibió con la detención de su dirigencia en 2008 y el asesinato del líder de su columna más aguerrida, el comandante Ramiro, hoy viene en declive.
El documento señala que el ERPI “se encuentra fragmentado”. Incluso, dice que algunas de sus células se han vinculado a la delincuencia organizada. Esto en las regiones guerrerenses de la Montaña y la Costa Chica. En el documento se les acusa a algunos excombatientes de este movimiento de dar cobertura a “secuestros, robos y siembra de enervantes”.
Agrega que, por otra parte, “la dispersión que enfrenta el ERPI en Guerrero ha propiciado el impulso de nuevas expresiones armadas”.
Asimismo, otras células del ERPI que no mantienen relaciones con la delincuencia organizada “se insertan en conflictos con la expectativa de generar situaciones de inestabilidad”. Señala concretamente, sin pruebas, que esta organización busca insertarse en las policías comunitarias y en las oposiciones a las reformas estructurales, proyectos de infraestructura y agrarios.
El diálogo, el camino
El gobierno debería trabajar e restablecer la confianza ciudadana en el Estado y el sistema antes de elegir la vía de la represión ante los grupos armados, considera Daniel Zizumbo-Colunga.
Explica que el país “muchas veces sí hay presencia de las autoridades, pero hay una sensación muy deteriorada en la población de que los procedimienos son justos, que la justicia es igualitaria. La gente no percibe que la ley se aplica tanto a ricos como a pobres, que se aplica de manera consistente y de manera justa”.
Por ello, Zizumbo-Colunga considera que más que mostrar una mano dura, sobre todo a los grupos de autodefensa, el Estado tiene que luchar para solucionar el problema de la falta de justicia y los vacíos del Estado.
“En la medida en que la ley se aplique tanto a ricos como a pobres, la gente va a tener más confianza en el sistema de justicia y van a empezar a delegar otra vez esa labor a las autoridades. Mientras el gobierno siga reprimiendo a los pobres y siga mostrando una mano dura contra estos movimientos y los políticos que delinquen sigan libres, sigan sucediendo casos de gente rica que violan y matan y salen libres, pues la gente va a seguir percibiendo que el sistema de justicia está arreglado”, señala Zizumbo.
Por su parte, López y Rivas sentencia: “Los movimientos armados no cesan porque no hay garantías de nada: de justicia, de democracia, de una vida digna; el país está hecho un desastre en lo que toca a la economía; las instituciones han perdido toda legitimidad, si es que alguna vez la han tenido; no hay credibilidad en ninguno de los tres poderes; es lógico que haya movimientos armados”.
(Tomado de http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/10/23/en-formacion-nuevo-movimiento-guerrillero/ )
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