Y finalmente abandonaron su silencio. Motivados por su muy personal sentido del tiempo, el EPR salió a hablar en contra de la Ley de Seguridad Nacional y en contra del fuero militar, y ahora las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) dieron una entrevista al periódico Noticias de Oaxaca, para hablar del sentido actual de la lucha armada y de las elecciones de julio próximo en esa entidad. La última vez que los “farpistas”emitieron un comunicado fue en octubre de 2008. Ahora, quien se dice el mayor Salvador es el declarante.
En una entrega de dos partes (I y II) comienza por reiterar lo que ya han dicho ellos y otros grupos: que la revolución popular no se dará este año por cuestiones de efeméride, como destino manifiesto o por determinismo histórico, sino que cualquier manifestación popular -insurrecciones, barricadas, levantamientos y atentados- tendría su origen, no en el movimiento armado organizado del país, sino en el incremento de la marginación pobreza en México, así como por la represión al pueblo y a los movimientos sociales.
Después teoriza y dice que el esquema de lucha guerrilera de los años 70 no tiene viabilidad en nuestros tiempos. Y desliza una crítica implícita a otros grupos: “las organizaciones guerrilleras y revolucionarias que impulsan la lucha armada, si quieren seguir siendo alternativa para el pueblo deben evoluionar y generar nuevas formas y mecanismos para desarrollar el trabajo político y militar, porque de lo contrario se caería en la inanición, el estancamiento o, lo que es peor, el retroceso”.
No se trata, dicen, de traicionar los principios revolucionarios sino de una readecuación de la estrategia y táctica a las condiciones de esta realidad cambiante. El problema es que en la entrevista esta definición se queda corta y no explican cuáles son las nuevas expresiones guerrilleras, cuáles son los cambios de adaptación de la lucha armada al siglo XXI. Es un pendiente que dejan las FARP. A ver si en uno de sus órganos oficiales Verde Olivo lo aclaran.
Ya en el tema local, uno no sabe qué pensar. El mayor Salvador, líder de un grupo guerrillero que le ha declarado la guerra al Estado y a sus instituciones, considera que los comicios de julio próximo representan una oportunidad ideal para realmente iniciar la transición democrática en Oaxaca, "si la oposición gana y se lo propone".
Va más allá al considerar la elección oaxaqueña como el “laboratorio de las alianzas que permitan abrir el paso a un cambio de la correlación de fuerzas de los partidos con rumbo al 2012".
La apuesta por el cambio por la vía electoral parece exagerada viniendo de un grupo armado. Sobre todo si se consdera que uno de los elementos de la alianza es el PAN.
Pero no sólo eso, las FARP sugieren que sea la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), no nada más parte activa del cambio, sino la garante que haya una elección limpia y sin fraude en Oaxaca. “Tanto la coalición como el magisterio deben tener la capacidad de ver que ambos se necesitan. Y como ambos se necesitan, ambos deben de salir beneficiados”.
Del candidato de la alianza opositra al PRI, Gabino Cué Monteagudo, aseguran que es un aspirante "con reales posibilidades de ganar, si no hay un fraude y si además es capaz de vencer a la poderosa maquinaria oficial", aunque considera que su discurso es "demasiado técnico y no le llega a la gente, ni la base lo entiende (…) Otra de sus debilidades es que no ha podido acercar al PRD estatal al movimiento social y al magisterio de manera unificada y sin ello se pierde demasiada fuerza política".
Se puede entender el respeto guerrillero por todas las formas de lucha, incluida la electoral. Lo que no checa es el exacerbado entusiasmo y esperanza de que de unos comicios de Estado, surja la luz al final del túnel para Oaxaca.
En este sentido, por el timing de la entrevista, la publicación es un regalo caido del cielo para el PRI, que ahora en campaña podrá decir que los guerilleros apoyan a Gabino, para tratar de identificarlo con el radicalismo y la violencia. “Gabino, el amigo de insurrectos; Eviel, el candidato de la paz”. O algo así.
San Juan Copala
Hablando de Oaxaca, es muy preocupante la emboscada del martes pasado contra la Caravana Internacional de Observadores de Derechos Humanos que acudía a San Juan Copala a documentar los abusos a los derechos humanos en la región indígena triqui.
Dos personas muertas: Betty Cariño (directora del colectivo CACTUS, de Oaxaca) y Tyri Antero Jaakola (ciudadano finlandés), más cuatro desaparecidos: los periodistas David Cilia y Érika Ramírez, así como David Venegas y Noel Batista, fue el saldo del indignante ataque que debe resolverse a la brevedad.
El ataque no sólo ha de inscribirse en la lucha intestina del pueblo triqui, sino que involucra a un autodeclarado municipio autónomo zapatista, y por ende base social del EZLN en Oaxaca, que ha sido agredido una y otra vez por paramilitares y por el gobierno estatal que los financia.
miércoles, 28 de abril de 2010
El Ejército del Pueblo Paraguayo
27 abril 2010
La semana pasada, una guerrilla fue noticia en Paraguay. El jueves el gobierno de ese país envió al Congreso un proyecto de ley para declarar el estado de excepción en el norte del país tras la muerte de un policía y tres civiles en un ataque atribuido al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
El presidente Fernando Lugo, considerado uno de los mandatarios de izquierda en América Latina, pidió "un tratamiento de urgencia" del proyecto de ley "para que las fuerzas militares tengan amplia libertad" para apoyar a la policía y capturar a los miembros del EPP.
Se sabe que este grupo se formó el 1 de marzo de 2008. Sin embargo, los miembros de dicho grupo armado, entre los que se encuentran Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez, se habrían estado organizando previamente en lo que era el Partido Patria Libre. Dicho partido participó de las elecciones nacionales de 2003, presentando a Tomás Zayas como candidato a presidente, en alianza con otros partidos de extrema izquierda.
El primer golpe del EPP puede ser considerado el perpetrado el domingo 16 de marzo de 2008, tan sólo unos días después de haber sido fundado oficialmente. En dicho atentado, los miembros del EPP quemaron maquinaria agrícola de la estancia Santa Herminia en el departamento de Concepción, de producción sojera con más de 20 mil hectáreas, perteneciente al brasilero Nabort Boht.
Se dice que ha realizado cuando menos dos secuestros de ganaderos y obtenido rescates por 800 mil dólares.
La última incursión del EPP –la que desató la furia del presidente Lugo la semana pasada- fue el miércoles pasado contra un suboficial de policía y tres peones que se internaron en un área boscosa de una hacienda del distrito de Horqueta, a 380 kilómetros al norte de la capital Asunción, que investigaban la desaparición de animales de ganado.
El primer comunicado formal suyo registrado por los medios de comunicación data del 12 de noviembre de 2008, en el que criticaron la política agraria del presidente Fernando Lugo e hicieron un llamado a tomar las armas:
“No hay dudas de que el Gobierno de Fernando Lugo no ejecutará la Reforma Agraria integral prometida al Pueblo Paraguayo. Esta situación exige que el propio pueblo tome la tierra en sus manos y realice la Reforma Agraria desde abajo: los obreros, los estudiantes, los sin techos y demás sectores sociales populares deben acompañar al campesinado en esta tarea. Para vencer la resistencia de unos pocos ricachones prepotentes, debe hacerse un uso intensivo de la violencia en la lucha popular”.
El 29 de abril de 2009 hicieron estallar una bomba en la sede del Palacio de Justicia en Asunción, atentado tras el cual emitieron tres comunicados seguidos y después callaron. Las fuerzas de seguridad paraguayas aseguran que el EPP es apoyado por las FARC de Colombia.
Como se ve, a la izquierda de Lugo hay mucho más espectro político radical, que lo ve a él como un aliado de la oligarquía. Informes de inteligencia local aseguran que la membresía del EPP no supera las 15 personas. No muchas, pero con gran capacidad de llamar la atención para llamar a las armas al pueblo paraguayo.
Habrá que seguirlo.
La semana pasada, una guerrilla fue noticia en Paraguay. El jueves el gobierno de ese país envió al Congreso un proyecto de ley para declarar el estado de excepción en el norte del país tras la muerte de un policía y tres civiles en un ataque atribuido al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
El presidente Fernando Lugo, considerado uno de los mandatarios de izquierda en América Latina, pidió "un tratamiento de urgencia" del proyecto de ley "para que las fuerzas militares tengan amplia libertad" para apoyar a la policía y capturar a los miembros del EPP.
Se sabe que este grupo se formó el 1 de marzo de 2008. Sin embargo, los miembros de dicho grupo armado, entre los que se encuentran Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez, se habrían estado organizando previamente en lo que era el Partido Patria Libre. Dicho partido participó de las elecciones nacionales de 2003, presentando a Tomás Zayas como candidato a presidente, en alianza con otros partidos de extrema izquierda.
El primer golpe del EPP puede ser considerado el perpetrado el domingo 16 de marzo de 2008, tan sólo unos días después de haber sido fundado oficialmente. En dicho atentado, los miembros del EPP quemaron maquinaria agrícola de la estancia Santa Herminia en el departamento de Concepción, de producción sojera con más de 20 mil hectáreas, perteneciente al brasilero Nabort Boht.
Se dice que ha realizado cuando menos dos secuestros de ganaderos y obtenido rescates por 800 mil dólares.
La última incursión del EPP –la que desató la furia del presidente Lugo la semana pasada- fue el miércoles pasado contra un suboficial de policía y tres peones que se internaron en un área boscosa de una hacienda del distrito de Horqueta, a 380 kilómetros al norte de la capital Asunción, que investigaban la desaparición de animales de ganado.
El primer comunicado formal suyo registrado por los medios de comunicación data del 12 de noviembre de 2008, en el que criticaron la política agraria del presidente Fernando Lugo e hicieron un llamado a tomar las armas:
“No hay dudas de que el Gobierno de Fernando Lugo no ejecutará la Reforma Agraria integral prometida al Pueblo Paraguayo. Esta situación exige que el propio pueblo tome la tierra en sus manos y realice la Reforma Agraria desde abajo: los obreros, los estudiantes, los sin techos y demás sectores sociales populares deben acompañar al campesinado en esta tarea. Para vencer la resistencia de unos pocos ricachones prepotentes, debe hacerse un uso intensivo de la violencia en la lucha popular”.
El 29 de abril de 2009 hicieron estallar una bomba en la sede del Palacio de Justicia en Asunción, atentado tras el cual emitieron tres comunicados seguidos y después callaron. Las fuerzas de seguridad paraguayas aseguran que el EPP es apoyado por las FARC de Colombia.
Como se ve, a la izquierda de Lugo hay mucho más espectro político radical, que lo ve a él como un aliado de la oligarquía. Informes de inteligencia local aseguran que la membresía del EPP no supera las 15 personas. No muchas, pero con gran capacidad de llamar la atención para llamar a las armas al pueblo paraguayo.
Habrá que seguirlo.
miércoles, 21 de abril de 2010
Cocinando un Estado militar
Las amenazas a la seguridad nacional son como las reservas de petróleo: posibles, probables y probadas. Hay unas más tangibles que otras y es el análisis de la información el que va poniendo cada dato en una de esas casillas. Si nos atenemos a los hechos, algo anda mal en el país.
Tenemos como amenzas probadas a los grupos de narcotraficantes, con su estela de muerte cotidiana; y a sus poderosos líderes a salto de mata, pero dando entrevistas a connotados periodistas y organizando bautizos y fiestas de 15 años; incluso son vox populi sus residencias, como la de los Beltrán Leyva en Morelos, los Zetas en Uruapan, o el domicilio del Chapo Guzmán en el Triángulo Dorado de la droga entre Durango y Sinaloa.
A estos personajes poco o nada les ha hecho la inteligencia civil y la que ha tenido algunos resultados es la inteligencia militar. Son amenazas probadas, con muy baja efectividad de resultados.
Un ejemplo más contundente. Esta semana EL UNIVERSAL demostró que las bases de datos del IFE, el GDF, el Registro Vehicular, de la Tesorería capitalina, de los bancos, de Telmex, del Telcel, se venden, desde hace mucho, en cualquier esquina o por internet, en precios que van de los 2 mil hasta los 300 mil pesos, con lo que todos nuestros datos personales, privadísimos, pueden caer en manos de delincuentes o policías.
Somos una ciudadanía desnuda, capaz de ser objeto de cualquier vejación a nuestra intimidad, a nuestro patrimonio y pertenencias. El listado de todos los policías del país, con su nombre y placa, ¿no es un asunto de seguridad nacional?, la vulnerabilidad de los sistemas informáticos del gobierno, ¿no es una amenaza posible?
Pues no. Nuestra inteligencia ni se enteró, o se hizo de la vista gorda. Acaso fue el lunes a comprar una base de datos como esa, para compararla con la que probablemente ya tiene de todos los ciudadanos de este país. Apenas ayer el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo que el Cisen y la PGR investigarán el caso.
Por el contrario, las que el Cisen habría de considerar amenazas posibles –o sea, muy lejanas de ser deveras amenazas a la seguridad nacional- son a las que al parecer pone más esmero. El mundo al revés.
Por ejemplo, son un hecho las actividades de seguimiento y espionaje a luchadores sociales, movimientos populares y defensores de derechos humanos, a quienes se hostiga de manera constante a lo largo y ancho del país. ¿El Mayo Zambada no amenaza más la integridad del Estado que un activista a favor de los derechos humanos, por ejemplo?
Ahora bien, ¿son torpezas en la conducción de la inteligencia nacional?, ¿prioridades invertidas?, o ¿un inducido estado de cosas con intencionalidad política?
Recordemos que son tres los ingredientes: Criminales que actúan en casi total impunidad sin que la autoridad logre aniquilarlos; hostigamiento del Estado a líderes políticos y sociales; total acceso a la vida privada e íntima de los ciudadanos por casi cualquier persona.
Los batimos y al final lo que tenemos es algo muy parecido a un Estado autoritario, basado en un sistema de control político y militar, con vínculos y complicidades criminales. Una pesadilla. ¿O no?
Tenemos como amenzas probadas a los grupos de narcotraficantes, con su estela de muerte cotidiana; y a sus poderosos líderes a salto de mata, pero dando entrevistas a connotados periodistas y organizando bautizos y fiestas de 15 años; incluso son vox populi sus residencias, como la de los Beltrán Leyva en Morelos, los Zetas en Uruapan, o el domicilio del Chapo Guzmán en el Triángulo Dorado de la droga entre Durango y Sinaloa.
A estos personajes poco o nada les ha hecho la inteligencia civil y la que ha tenido algunos resultados es la inteligencia militar. Son amenazas probadas, con muy baja efectividad de resultados.
Un ejemplo más contundente. Esta semana EL UNIVERSAL demostró que las bases de datos del IFE, el GDF, el Registro Vehicular, de la Tesorería capitalina, de los bancos, de Telmex, del Telcel, se venden, desde hace mucho, en cualquier esquina o por internet, en precios que van de los 2 mil hasta los 300 mil pesos, con lo que todos nuestros datos personales, privadísimos, pueden caer en manos de delincuentes o policías.
Somos una ciudadanía desnuda, capaz de ser objeto de cualquier vejación a nuestra intimidad, a nuestro patrimonio y pertenencias. El listado de todos los policías del país, con su nombre y placa, ¿no es un asunto de seguridad nacional?, la vulnerabilidad de los sistemas informáticos del gobierno, ¿no es una amenaza posible?
Pues no. Nuestra inteligencia ni se enteró, o se hizo de la vista gorda. Acaso fue el lunes a comprar una base de datos como esa, para compararla con la que probablemente ya tiene de todos los ciudadanos de este país. Apenas ayer el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo que el Cisen y la PGR investigarán el caso.
Por el contrario, las que el Cisen habría de considerar amenazas posibles –o sea, muy lejanas de ser deveras amenazas a la seguridad nacional- son a las que al parecer pone más esmero. El mundo al revés.
Por ejemplo, son un hecho las actividades de seguimiento y espionaje a luchadores sociales, movimientos populares y defensores de derechos humanos, a quienes se hostiga de manera constante a lo largo y ancho del país. ¿El Mayo Zambada no amenaza más la integridad del Estado que un activista a favor de los derechos humanos, por ejemplo?
Ahora bien, ¿son torpezas en la conducción de la inteligencia nacional?, ¿prioridades invertidas?, o ¿un inducido estado de cosas con intencionalidad política?
Recordemos que son tres los ingredientes: Criminales que actúan en casi total impunidad sin que la autoridad logre aniquilarlos; hostigamiento del Estado a líderes políticos y sociales; total acceso a la vida privada e íntima de los ciudadanos por casi cualquier persona.
Los batimos y al final lo que tenemos es algo muy parecido a un Estado autoritario, basado en un sistema de control político y militar, con vínculos y complicidades criminales. Una pesadilla. ¿O no?
lunes, 19 de abril de 2010
Guerrillas: ¿uniéndose en silencio?
Ya alguien más lo ha hecho, pero no puedo sustraerme a la tentación de reproducir la tesis central de Jorge Lofredo, investigador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema), respecto del prolongado periodo de silencio que han mantenido las organizaciones guerrilleras mexicanas, que ni siquiera han enviado comunicados en una fecha tan simbólica para ellos, como el 10 de abril, en que se conmemora el asesinato de Emiliano Zapata.
En este espacio arriesgué la idea de que el silencio es repliegue táctico, acumulación de recursos humanos y materiales y acaso reconocimiento de debilidad estratégica, pero no necesariamente la calma que precede a la tormenta. En su artículo "Más allá del silencio", Jorge piensa que este silencio “que aturde” se puede deber a un proceso político en marcha y es más un secreto que un no tener nada qué decir.
“Nunca como antes, esta coyuntura de silencio marca la pauta entre lo que ha sido expresado y lo que está por decirse. ¿Preludio de algún anuncio? En este aspecto, las ocasiones anteriores desconciertan: el Ejército Popular Revolucionario aumentó drásticamente sus comunicaciones públicas entre la desaparición de sus miembros y los ataques contra los ductos de Pemex. Tendencia Democrática Revolucionaria, antes de los explosivos colocados en diversos puntos del DF en noviembre de 2006, no registró mayor desarrollo de sus escritos. Por contraparte, aumentó su actividad cuando produjo el anuncio de la integración de una “Coordinación Revolucionaria”, junto al Movimiento Lucio Cabañas.
“Por tanto, entre el factor sorpresa –característico de la guerrilla– y la historia inmediata no pueden localizarse elementos concluyentes que definan qué políticas se están desarrollando entre las distintas organizaciones; sin embargo, esta actitud abre la posibilidad de la especulación periodística y la conjetura interesada. De hecho, los espacios de silencio –y esto sí puede confirmarse– provocan la aparición de esas especies en su versión más descarnada y, a veces, hasta irrisoria en sus contenidos.
“Un silencio en conjunto de esta especie no puede implicar otra cosa que un acuerdo de alguna especie, más no sea mínimo, que no necesariamente debe incluir en sus alcances alguna estrategia político-militar en común. Pero alcanza con que éste sea estrictamente político para estar frente a un acontecimiento que a futuro podría incidir e influir en algunos escenarios. Es muy pronunciado para que sólo se trate de “solidaridad revolucionaria” y demasiado conocidas las organizaciones para que todas se encuentran en una etapa de “acumulación de fuerzas en silencio”.
En otras palabras, Lofredo piensa que el silencio se debe a la posibilidad de que se trabaja en un acuerdo político entre las organizaciones. Posibilidad que pudiera estar ligada a los relativamente recientes llamados de EPR a hacer a un lado rencillas y agravios y a trabajar en un frente común de organizaciones opositoras el régimen, tanto clandestinas como abiertas. ¿Será?
Vigilancia a Alejandro Cerezo
Y hablando de mensajes cifrados y subtextos inducidos, llama la atención que los cuerpos de inteligencia del Estado hayan exhibido sus herramientas de vigilancia sobre uno de los hermanos Cerezo Contreras, que para el Estado son hijos del líder máximo del EPR, Tiburcio Cruz. Llama la atención, no porque uno suponga que no tienen marcaje personal permanente, sino porque en menos de tres días sus “sombras” se hicieron sentir con descaro, enviando así un mensaje que sólo puede interpretarse como de intimidación, sobre quien todo indica que está centrado en el trabajo de promoción de los derechos humanos. Checa la Acción Urgente que detalla los hechos.
35 años del Comité Eureka
El pasado domingo, frente a la Catedral Metropolitana, un grupo de familiares de presos y desaparecidos políticos de los años 70 se reunieron para conmemorar los 35 años de conformación del Comité Eureka. El acto reunió a no más de un centenar de personas, y doña Rosario Ibarra habló de aquellas jornadas de lucha contra el poder, de las 39 veces que interceptó al presidente Luis Echeverría y de cómo tuvo noticias de que su hijo, Jesús Piedra, estuvo en el Campo Militar número Uno. También de cómo al grito de “¡Vivos se los llevaron; vivos los queremos!” lograron rescatar a más de cien activistas de una muerte segura, aunque aún faltan muchos por encontrar.
En este espacio arriesgué la idea de que el silencio es repliegue táctico, acumulación de recursos humanos y materiales y acaso reconocimiento de debilidad estratégica, pero no necesariamente la calma que precede a la tormenta. En su artículo "Más allá del silencio", Jorge piensa que este silencio “que aturde” se puede deber a un proceso político en marcha y es más un secreto que un no tener nada qué decir.
“Nunca como antes, esta coyuntura de silencio marca la pauta entre lo que ha sido expresado y lo que está por decirse. ¿Preludio de algún anuncio? En este aspecto, las ocasiones anteriores desconciertan: el Ejército Popular Revolucionario aumentó drásticamente sus comunicaciones públicas entre la desaparición de sus miembros y los ataques contra los ductos de Pemex. Tendencia Democrática Revolucionaria, antes de los explosivos colocados en diversos puntos del DF en noviembre de 2006, no registró mayor desarrollo de sus escritos. Por contraparte, aumentó su actividad cuando produjo el anuncio de la integración de una “Coordinación Revolucionaria”, junto al Movimiento Lucio Cabañas.
“Por tanto, entre el factor sorpresa –característico de la guerrilla– y la historia inmediata no pueden localizarse elementos concluyentes que definan qué políticas se están desarrollando entre las distintas organizaciones; sin embargo, esta actitud abre la posibilidad de la especulación periodística y la conjetura interesada. De hecho, los espacios de silencio –y esto sí puede confirmarse– provocan la aparición de esas especies en su versión más descarnada y, a veces, hasta irrisoria en sus contenidos.
“Un silencio en conjunto de esta especie no puede implicar otra cosa que un acuerdo de alguna especie, más no sea mínimo, que no necesariamente debe incluir en sus alcances alguna estrategia político-militar en común. Pero alcanza con que éste sea estrictamente político para estar frente a un acontecimiento que a futuro podría incidir e influir en algunos escenarios. Es muy pronunciado para que sólo se trate de “solidaridad revolucionaria” y demasiado conocidas las organizaciones para que todas se encuentran en una etapa de “acumulación de fuerzas en silencio”.
En otras palabras, Lofredo piensa que el silencio se debe a la posibilidad de que se trabaja en un acuerdo político entre las organizaciones. Posibilidad que pudiera estar ligada a los relativamente recientes llamados de EPR a hacer a un lado rencillas y agravios y a trabajar en un frente común de organizaciones opositoras el régimen, tanto clandestinas como abiertas. ¿Será?
Vigilancia a Alejandro Cerezo
Y hablando de mensajes cifrados y subtextos inducidos, llama la atención que los cuerpos de inteligencia del Estado hayan exhibido sus herramientas de vigilancia sobre uno de los hermanos Cerezo Contreras, que para el Estado son hijos del líder máximo del EPR, Tiburcio Cruz. Llama la atención, no porque uno suponga que no tienen marcaje personal permanente, sino porque en menos de tres días sus “sombras” se hicieron sentir con descaro, enviando así un mensaje que sólo puede interpretarse como de intimidación, sobre quien todo indica que está centrado en el trabajo de promoción de los derechos humanos. Checa la Acción Urgente que detalla los hechos.
35 años del Comité Eureka
El pasado domingo, frente a la Catedral Metropolitana, un grupo de familiares de presos y desaparecidos políticos de los años 70 se reunieron para conmemorar los 35 años de conformación del Comité Eureka. El acto reunió a no más de un centenar de personas, y doña Rosario Ibarra habló de aquellas jornadas de lucha contra el poder, de las 39 veces que interceptó al presidente Luis Echeverría y de cómo tuvo noticias de que su hijo, Jesús Piedra, estuvo en el Campo Militar número Uno. También de cómo al grito de “¡Vivos se los llevaron; vivos los queremos!” lograron rescatar a más de cien activistas de una muerte segura, aunque aún faltan muchos por encontrar.
miércoles, 7 de abril de 2010
Silencio guerrillero y anarquista
Concluido el primer trimestre del año, el balance en materia de grupos armados guerrilleros es su silencio. Algunos comunicados del EPR y los números normales de El Insurgente; nada del ERPI, golpeado desde el asesinato de Omar Guerrero Solís; las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) difunden habitualmente su revista de análisis político Verde Olivo.
Los análisis de los órganos de difusión se concentraron en la ubicua lucha contra el narcotráfico, la muerte de Carlos Montemayor y la crisis económica galopante que le pega a la población. No hacen alusiones a levantamiento armado alguno –serio o simbólico- para este año de Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución.
Por el contrario, coinciden en rechazar el determinismo histórico de las fechas y enfatizan la dispersión del movimiento social mexicano que, desde su punto de vista, hace imposible en el corto plazo cualquier alzamiento popular masivo con perspectivas de triunfo.
¿La calma que precede a la tormenta? No lo parece. ¿Periodo de acumulación de fuerzas? Muy probablemente. ¿De obtención de financiamiento? Seguro.
Tampoco avanza la mesa de coordinación propuesta por la Comisión de Mediación que coadyuva a buscar a los eperristas desaparecidos. Primero por la muerte de Montemayor, pero también por las largas de la Secretaría de Gobernación a un proceso que evidentemente le molesta, pero al que saluda por mero efectismo político.
Anarquistas
Por su parte, los grupos anarquistas se muestran replegados. No se ha sabido en los últimos días de acciones a bancos, tiendas de conveniencia, comercios de pieles de animal o similares.
Por el contrario, tales grupos se encuentran haciendo el balance de sus presos, que enfrentan diversos procesos penales y cuya situación actual –tomada de la página de internet Liberación Total- es la siguiente:
Víctor Herrera Govea: Detenido desde los disturbios de la manifestación de 2 de octubre del año pasado. Acusado de robo en pandilla y daños a propiedad privada por el saqueo de la tienda de autoservicio Oxxo. Esta empresa junto con ocho policías judiciales que participaron en su arresto dieron testimonio para que Víctor fuera trasladado al Reclusorio Sur del Distrito Federal. Después de más de 5 meses de su encarcelamiento no le han dado la libertad y sus audiencias han sido pospuestas.
Emmanuel Hernández Hernandez: Detenido el 23 de noviembre del 2009 por una orden de re aprehensión por policías judiciales del Distrito Federal. Acusado de violar la ley federal de portación de explosivos cuando en 2006 durante la manifestación contra el Foro Mundial del Agua fue detenido y acusado de portación de cocteles molotov y fue mandado al Reclusorio Norte. Recibió una condena de 4 años, alcanza la libertad con el pago de una fianza, pero no se ha podido pagar porque el Ministerio Publico apeló la sentencia esperando a que el juez la cambie por una más larga.
Abraham López Martínez: Detenido el pasado 15 de diciembre del 2009, recluido en la agencia de atención a adolecentes infractores en la colonia Narvarte del Distrito Federal. Acusado de daño a propiedad privada y asociación delictuosa/subversiva por la quema de nueve autos particulares y un ataque explosivo contra una sucursal Harley Davidson en un fraccionamiento del Distrito Federal, acción que reivindicó el Frente de Liberación de la Tierra. Supuestamente puede ser consignado de 4 a 6 años. De acuerdo con el texto colgado en Liberación Total, Abraham fue detenido junto con Fermín y Carlos quienes declararon en contra de él y otros compañeros, los cuales han sido rechazados del movimiento anarquista en México. Abraham es vegano.
Socorro Molinero Armenta: Detenido el 1 de enero del 2010 por su supuesta participación en un ataque armado contra la policía municipal de Tijuana, en donde varias patrullas fueron ametralladas por el grupo insurreccionalista Acción Anarquista Anónima. Posiblemente pueden acusarlo de asociación delictuosa, daño a propiedad del estado-nación y portación de arma de fuego. Hasta ahora no se sabe más sobre su caso.
Adrián Magdaleno González: Detenido el 4 de Febrero del 2010 por la policía bancaria e industrial, acusado de detonar una bomba de gas butano dentro de un vagón del metro Taxqueña. La bomba no logró su objeto total, pues el artefacto estaba compuesto de tres latas de gas, de las cuales sólo estalló una. Adrián se encuentra en el Reclusorio Norte del DF, acusado de atentar contra la paz social y daños a propiedad privada, pues le cargaron también la explosión con latas de gas contra un Banamex el 25 de septiembre del año pasado en la delegación de Milpa Alta. Actualmente está sentenciado a 5 años con 10 meses. Adrian es vegano.
Diego Alonso: Después de cuatro meses de fuga insurrecta, Diego es arrestado con una orden de re aprehensión aproximadamente a principios de marzo, después de que intentara ocupar una casa en la colonia Barrera en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Es poca la información que se tiene sobre su caso, pero puede enfrentar cargos por daños a propiedad privada ya que es la acusación que le hicieron cuando fue detenido la primera vez a finales de octubre. Diego es vegano.
Los análisis de los órganos de difusión se concentraron en la ubicua lucha contra el narcotráfico, la muerte de Carlos Montemayor y la crisis económica galopante que le pega a la población. No hacen alusiones a levantamiento armado alguno –serio o simbólico- para este año de Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución.
Por el contrario, coinciden en rechazar el determinismo histórico de las fechas y enfatizan la dispersión del movimiento social mexicano que, desde su punto de vista, hace imposible en el corto plazo cualquier alzamiento popular masivo con perspectivas de triunfo.
¿La calma que precede a la tormenta? No lo parece. ¿Periodo de acumulación de fuerzas? Muy probablemente. ¿De obtención de financiamiento? Seguro.
Tampoco avanza la mesa de coordinación propuesta por la Comisión de Mediación que coadyuva a buscar a los eperristas desaparecidos. Primero por la muerte de Montemayor, pero también por las largas de la Secretaría de Gobernación a un proceso que evidentemente le molesta, pero al que saluda por mero efectismo político.
Anarquistas
Por su parte, los grupos anarquistas se muestran replegados. No se ha sabido en los últimos días de acciones a bancos, tiendas de conveniencia, comercios de pieles de animal o similares.
Por el contrario, tales grupos se encuentran haciendo el balance de sus presos, que enfrentan diversos procesos penales y cuya situación actual –tomada de la página de internet Liberación Total- es la siguiente:
Víctor Herrera Govea: Detenido desde los disturbios de la manifestación de 2 de octubre del año pasado. Acusado de robo en pandilla y daños a propiedad privada por el saqueo de la tienda de autoservicio Oxxo. Esta empresa junto con ocho policías judiciales que participaron en su arresto dieron testimonio para que Víctor fuera trasladado al Reclusorio Sur del Distrito Federal. Después de más de 5 meses de su encarcelamiento no le han dado la libertad y sus audiencias han sido pospuestas.
Emmanuel Hernández Hernandez: Detenido el 23 de noviembre del 2009 por una orden de re aprehensión por policías judiciales del Distrito Federal. Acusado de violar la ley federal de portación de explosivos cuando en 2006 durante la manifestación contra el Foro Mundial del Agua fue detenido y acusado de portación de cocteles molotov y fue mandado al Reclusorio Norte. Recibió una condena de 4 años, alcanza la libertad con el pago de una fianza, pero no se ha podido pagar porque el Ministerio Publico apeló la sentencia esperando a que el juez la cambie por una más larga.
Abraham López Martínez: Detenido el pasado 15 de diciembre del 2009, recluido en la agencia de atención a adolecentes infractores en la colonia Narvarte del Distrito Federal. Acusado de daño a propiedad privada y asociación delictuosa/subversiva por la quema de nueve autos particulares y un ataque explosivo contra una sucursal Harley Davidson en un fraccionamiento del Distrito Federal, acción que reivindicó el Frente de Liberación de la Tierra. Supuestamente puede ser consignado de 4 a 6 años. De acuerdo con el texto colgado en Liberación Total, Abraham fue detenido junto con Fermín y Carlos quienes declararon en contra de él y otros compañeros, los cuales han sido rechazados del movimiento anarquista en México. Abraham es vegano.
Socorro Molinero Armenta: Detenido el 1 de enero del 2010 por su supuesta participación en un ataque armado contra la policía municipal de Tijuana, en donde varias patrullas fueron ametralladas por el grupo insurreccionalista Acción Anarquista Anónima. Posiblemente pueden acusarlo de asociación delictuosa, daño a propiedad del estado-nación y portación de arma de fuego. Hasta ahora no se sabe más sobre su caso.
Adrián Magdaleno González: Detenido el 4 de Febrero del 2010 por la policía bancaria e industrial, acusado de detonar una bomba de gas butano dentro de un vagón del metro Taxqueña. La bomba no logró su objeto total, pues el artefacto estaba compuesto de tres latas de gas, de las cuales sólo estalló una. Adrián se encuentra en el Reclusorio Norte del DF, acusado de atentar contra la paz social y daños a propiedad privada, pues le cargaron también la explosión con latas de gas contra un Banamex el 25 de septiembre del año pasado en la delegación de Milpa Alta. Actualmente está sentenciado a 5 años con 10 meses. Adrian es vegano.
Diego Alonso: Después de cuatro meses de fuga insurrecta, Diego es arrestado con una orden de re aprehensión aproximadamente a principios de marzo, después de que intentara ocupar una casa en la colonia Barrera en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Es poca la información que se tiene sobre su caso, pero puede enfrentar cargos por daños a propiedad privada ya que es la acusación que le hicieron cuando fue detenido la primera vez a finales de octubre. Diego es vegano.
lunes, 5 de abril de 2010
Desencapuchando a… Sabines
Ahí va, ahí va. Bajita la mano el gobierno de Chiapas que preside el gobernador perredista Juan Sabines sigue haciendo su lucha por desplazar de una vez por todas al EZLN y sus bases militantes. Mantiene una guerra de baja intensidad que llama la atención a veces por su tenacidad y a veces por su torpeza.
El pasado 30 de septiembre el dirigente de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) y defensor de los derechos de los indígenas, José Manuel Hernández Martínez fue detenido en un operativo conjunto de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE).
Al siguiente mes fueron detenidos Roselio Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández, también integrantes de la OCEZ-RVC, quienes fueron torturados física y psicológicamente durante su ilegal captura. Presuntamente acusados de ser narcotraficantes y “polleros” de indocumentados. Hostigamiento puro, pues no les probaron nada.
El 9 de noviembre comentamos que el periódico Reforma publicó un supuesto “informe oficial de inteligencia” que con notorias imprecisiones advierte que grupos afines al EPR, a las FARP y al ERPI, estarían recibiendo el apoyo de grupos del crimen organizado como Los Zetas, brazo armado del Cártel del Golfo, y del Cartel de Sinaloa, que comanda Joaquín El Chapo Guzmán, para conseguir armamento de alto poder.
Según el reporte que dicen tener en el periódico Reforma “los grupos pretenden llevar al cabo acciones tendientes a desestabilizar, mediante la vía armada, al gobierno del perredista Juan Sabines en el 2010, concretamente durante las celebraciones del Bicentenario de la Independencia.
Unos días más tarde, el 25 de noviembre, el periódico La Jornada publicó que el Congreso chiapaneco aprobó un acuerdo que solicitaba al gobierno de Juan Sabines Guerrero atender a las Juntas de Buen Gobierno zapatistas que habrían pedido el reconocimiento jurídico. Todo falso. Nunca existió tal petición.
Al inicio de 2010, lo que se ha mantenido incólume son los problemas intercomunitarios provocados por la oficialista Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), que constantemente “choca” con bases de apoyo zapatista y adherentes a La Otra Campaña, cuando no es por problemas de tierra, por rencillas familiares o por asuntos “personales”.
El domingo pasado nos enteramos, vía el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas el peligro que corren la señora Rosa Díaz Gómez y la menor Carmela Sánchez Cruz, habitantes del ejido Jotolá, debido a la amenazas de muerte y desalojo forzoso que recibieron por los señores Juan Cruz Méndez y otros integrantes de la OPDDIC; en caso de continuar participando dentro de la organización La Otra Campaña.
Este caso no es aislado, pues en la misma página del Frayba documenta casos similares en poblados como Mitzitón y Bolom Ajaw, ocurridos este mismo año.
El último episodio de esta tragicomedia de traspiés chiapanecos, que amenaza con llevar sangre al río, fue la publicación, el pasado 27 de marzo, nuevamente en el periódico Reforma, de otro informe de inteligencia revestido de testimonio de un ex militante zapatista, en el que se revelaba la estructura militar del EZLN, se hablaba de ligas de los zapatistas con la ETA y se mostraban fotos de los principales operadores militares, incluyendo dos del Subcomandante Marcos, quien finalmente era desencapuchado.
Una pifia más. El aludido no era Marcos, sino un simpatizante italiano.
En suma, que todas estas piezas sueltas forman un rompecabezas preocupante del interés del gobierno estatal de desmantelar poco a poco y a la mala a las comunidades de base zapatista, aun al precio de desatar de nuevo el conflicto armado.
Vale recordar que, devaluadas y todo, siguen vigentes la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas, en cuyo marco, y no en otro, tiene que resolverse el conflicto chiapaneco que no es militar, sino de justicia social.
El pasado 30 de septiembre el dirigente de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) y defensor de los derechos de los indígenas, José Manuel Hernández Martínez fue detenido en un operativo conjunto de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE).
Al siguiente mes fueron detenidos Roselio Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández, también integrantes de la OCEZ-RVC, quienes fueron torturados física y psicológicamente durante su ilegal captura. Presuntamente acusados de ser narcotraficantes y “polleros” de indocumentados. Hostigamiento puro, pues no les probaron nada.
El 9 de noviembre comentamos que el periódico Reforma publicó un supuesto “informe oficial de inteligencia” que con notorias imprecisiones advierte que grupos afines al EPR, a las FARP y al ERPI, estarían recibiendo el apoyo de grupos del crimen organizado como Los Zetas, brazo armado del Cártel del Golfo, y del Cartel de Sinaloa, que comanda Joaquín El Chapo Guzmán, para conseguir armamento de alto poder.
Según el reporte que dicen tener en el periódico Reforma “los grupos pretenden llevar al cabo acciones tendientes a desestabilizar, mediante la vía armada, al gobierno del perredista Juan Sabines en el 2010, concretamente durante las celebraciones del Bicentenario de la Independencia.
Unos días más tarde, el 25 de noviembre, el periódico La Jornada publicó que el Congreso chiapaneco aprobó un acuerdo que solicitaba al gobierno de Juan Sabines Guerrero atender a las Juntas de Buen Gobierno zapatistas que habrían pedido el reconocimiento jurídico. Todo falso. Nunca existió tal petición.
Al inicio de 2010, lo que se ha mantenido incólume son los problemas intercomunitarios provocados por la oficialista Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), que constantemente “choca” con bases de apoyo zapatista y adherentes a La Otra Campaña, cuando no es por problemas de tierra, por rencillas familiares o por asuntos “personales”.
El domingo pasado nos enteramos, vía el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas el peligro que corren la señora Rosa Díaz Gómez y la menor Carmela Sánchez Cruz, habitantes del ejido Jotolá, debido a la amenazas de muerte y desalojo forzoso que recibieron por los señores Juan Cruz Méndez y otros integrantes de la OPDDIC; en caso de continuar participando dentro de la organización La Otra Campaña.
Este caso no es aislado, pues en la misma página del Frayba documenta casos similares en poblados como Mitzitón y Bolom Ajaw, ocurridos este mismo año.
El último episodio de esta tragicomedia de traspiés chiapanecos, que amenaza con llevar sangre al río, fue la publicación, el pasado 27 de marzo, nuevamente en el periódico Reforma, de otro informe de inteligencia revestido de testimonio de un ex militante zapatista, en el que se revelaba la estructura militar del EZLN, se hablaba de ligas de los zapatistas con la ETA y se mostraban fotos de los principales operadores militares, incluyendo dos del Subcomandante Marcos, quien finalmente era desencapuchado.
Una pifia más. El aludido no era Marcos, sino un simpatizante italiano.
En suma, que todas estas piezas sueltas forman un rompecabezas preocupante del interés del gobierno estatal de desmantelar poco a poco y a la mala a las comunidades de base zapatista, aun al precio de desatar de nuevo el conflicto armado.
Vale recordar que, devaluadas y todo, siguen vigentes la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas, en cuyo marco, y no en otro, tiene que resolverse el conflicto chiapaneco que no es militar, sino de justicia social.
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