7 enero 2014
Documentos de inteligencia sobre movimientos políticos
en Guerrero ligan a líder de la CETEG con promotores de EPR, APPO
y movimiento bolivariano de Venezuela.
De acuerdo con informes de inteligencia del Estado mexicano (documentos de
los gobiernos federal y de Guerrero), a los cuales tuvo acceso MILENIO, los
grupos sociales que durante 2013 estuvieron muy activos en esa entidad (como el
movimiento magisterial y las policías comunitarias) fueron asesorados y
penetrados por grupos guerrilleros o por miembros de diversos grupos
insurgentes que operan en la entidad. Y no solo eso: pueden estarse armando
(algunos con fusiles tipo AK-47) para, de considerarlo necesario, seguir sus
luchas por la vía armada.
Marcados con la leyenda “CONFIDENCIAL”, los formatos y redacciones de los
diagnósticos de estos casos se asemejan a los que elaboraban los cuerpos de
seguridad política del régimen priista en los años 60 y 70 del siglo pasado,
cuando se utilizaban para descalificar o perseguir a los opositores de
izquierda, a quienes etiquetaban de “comunistas” y “subversivos”, aunque no lo
fueran.
De entrada los informes analizan las actividades que durante los primeros
meses del año pasado llevaron a cabo los maestros guerrerenses en la
Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG),
el papel de algunos de sus líderes más visibles y quienes los
asesoran.
Por ejemplo, Minervino Morán Hernández, vocero de la agrupación de
profesores, es catalogado como líder del “sector duro o ultra radical (sic)” de
la CETEG.
De él se asienta que es “activista” del Partido Comunista de México
Marxista-Leninista (PCMML), que es asesorado por Omar Garibay Guerra, quien es
miembro de la dirección nacional del PCMML y promotor del llamado Frente Amplio
por la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN) —que
“sirvió de brazo político del Ejército Popular Revolucionario (EPR)”—, del
Frente Popular Revolucionario (FPR) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca (APPO).
Minervino Morán, según estos expedientes, también es asesorado por Bertoldo
Martínez Cruz, personaje identificado como un hombre de “marcada ideología
marxista-leninista”, “preparador de la lucha armada del EPR en Guerrero” y
“enlace principal entre el movimiento subversivo estatal y el nacional”.
Martínez Cruz es actualmente presidente de la organización civil Colectivo
Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), se asienta en uno de los documentos,
en el cual se afirma que trabaja “exclusivamente a favor de personas y familias
vinculadas con células de otro grupo guerrillero escindido del EPR, el Ejército
Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”, en las zonas donde éste tiene
presencia, como “las sierras de Coyuca de Catalán y Petatlán”, así como “en las
zonas indígenas de la Costa Chica y La Montaña”. Martínez Cruz también formó
parte de las direcciones estatal y nacional del ERPI, se afirma.
A él se le une en el documento el nombre de Raymundo Sánchez Taboada, también
del CCTI. A ambos se les ubica “de manera escurridiza” en Oaxaca, Chiapas,
Michoacán, Estado de México y Distrito Federal, “donde hacen contacto con otros
activistas del movimiento subversivo nacional e internacional”, en especial con
el “bolivariano” de Venezuela.
Uno de los expedientes dentro de los documentos tiene un subtítulo
elocuente: “LIGAS SUBVERSIVAS EN EL MPG”.
Se refiere al Movimiento Popular de Guerrero (MPG), el cual surgió a
principios de 2013 por la suma de fuerzas de los maestros y los normalistas,
como fue el caso de la Normal de Ayotzinapa, que protestaba junto con la CETEG
contra la reforma educativa en la carretera de Chilpancingo hacia Acapulco, de
donde sus miembros fueron desalojados por la Policía Federal.
En ese apartado, el de los supuestos nexos subversivos, se afirma que el MPG
se concentró, en una segunda etapa de sus actividades, en sitios en los cuales
existen “células armadas subversivas diseminadas en puntos estratégicos y
localidades donde tienen presencia e influencia las policías comunitarias
afines a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)”. Y fue en
esas áreas de influencia guerrillera, se asienta, donde el MPG “concentra
bastiones sociales de mayor apoyo”.
La conjunción de esfuerzos entre los maestros de la CETEG y las policías
comunitarias de la CRAC se originó por el trabajo de otro hombre que también es
analizado minuciosamente, Eliseo Villar Castillo, coordinador de la Casa de la
Justicia en San Luis Acatlán.
De él se afirma que tiene “preparación política e ideológica recibida por
cuadros del ERPI” en la Costa Chica. Villar Castillo y el asesor jurídico de la
CRAC, Valentín Hernández Chapa, así como otro sujeto a quien se identifica como
David Bracamontes Chona, se han dedicado, según se afirma, a crear policías
comunitarias en 23 poblados de cuatro municipios: Ometepec, Cuajinicuilapa,
Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca.
Otro líder de la CRAC, organizador de 10 grupos de policías comunitarias en
sendos poblados del municipio de Ayutla, es Arturo Campos Herrera, de quien se
afirma que es “promotor del ERPI desde 1998”. También se menciona a Gonzalo
Molina González como reclutador de policías comunitarias en cuatro localidades
de Tixtla. De él se asienta que también es “promotor del ERPI” en dicho
municipio.
La estrategia final, a decir de quienes redactaron los diagnósticos, es “dar
la apariencia” de que tanto los maestros como los normalistas y las policías
comunitarias “tienen el poder de las armas” para, de ser necesario, continuar
sus luchas por esa vía, una vez que han sido asesorados por guerrilleros, ex
guerrilleros o cuadros políticos de las guerrillas.
“Cabe citar que por fuentes de inteligencia se sabe que en puntos
estratégicos se están diseminando células armadas del ERPI en el corredor del
cuadrilátero de la subversión (sic) entre la Costa Chica-Montaña, zona de mayor
presencia de la CRAC, donde han estado recibiendo fusiles AK-47”.
En el expediente se cita un caso, el de la Casa de Justicia en El Paraíso,
municipio de Ayutla, donde uno de sus coordinadores es “el erpista Bernardino
García Francisco, sobreviviente de los hechos de El Charco en 1988”.
El 7 de junio de 1998 tropas del Ejército protagonizaron un
enfrentamiento con erpistas en la comunidad de El Charco, en Ayutla. En la escuela
primaria del lugar pernoctaban tanto guerrilleros como civiles desarmados y las
balas alcanzaron a ambos grupos. El saldo fue de 11 muertos, cinco heridos y 22
detenidos.
MÁS INVOLUCRADOS
Una organización adicional señalada como parte del MPG y que puede tener
tendencias insurgentes, es el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), cuyo
director, Francisco Monroy Hernández, es identificado como “parte de la
estructura del ERPI en Guerrero”, encargado “de la célula en Chilpancingo”.
A él lo une “un vínculo subversivo muy marcado” con Manuel Olivares
Hernández, quien a decir de quienes realizaron los análisis, formaba parte del
EPR en 2006 cuando pasó a la clandestinidad para “reaparecer posteriormente
como defensor de los derechos humanos en Chilapa”, en calidad de coordinador
estatal de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.
Se le etiqueta como “de marcada ideología marxista-leninista”, ex militante
del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP, grupo
guerrillero en los años 70).
El diagnóstico menciona a varios activistas más con aparentes vínculos
guerrilleros y “notable poder de dirección” en la CRAC, como el ya mencionado
Gonzalo Molina González, “erpista” de Tixtla, tutor de Pastor Coctecón
Plateado, comandante de la policía de Acatempa.
Finalmente, en los documentos se hace un balance de la cantidad de policías
comunitarias armadas afines a la CRAC. Tienen presencia en al menos 14
municipios, en 86 comunidades, y cuentan con más de 800 elementos armados con
escopetas, rifles y pistolas de bajo calibre, salvo algunos elementos que ya
cuentan con fusiles de alto poder.
Las policías comunitarias cercanas a la Unión de Pueblos y Organizaciones
del Estado de Guerrero (UPOEG) tienen presencia en nueve municipios, 166
localidades, y cuentan con 3 mil elementos armados.
Cabe mencionar que MILENIO no pudo revisar las 18 hojas finales de uno de
los documentos, ya que, por razones de “seguridad del Estado”, fueron
extraídas. Sin embargo, fue posible constatar que en algunos casos se trataba
de fotografías de activistas armados y vestidos con ropas bélicas, otras de
síntesis de expedientes ministeriales, unas más de fotos de comandantes
guerrilleros vivos y muertos, y finalmente carpetas de supuestas relaciones estrechas
entre guerrilleros activos, ex guerrilleros y activistas.
Otros asesinados, aprehendidos y
exiliados...
De todos los nombres mencionados en dos expedientes, uno elaborado en abril
de 2013 y otro en mayo del mismo año, cuatro activistas fueron asesinados:
Arturo Hernández Cardona,
de la Unidad Popular de Iguala, ultimado a balazos el 31 de mayo.
Raymundo Velázquez Flores,
dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ),
organización fundada por el difunto guerrillero Genaro Vázquez, ejecutado a
balazos el 6 de agosto.
Rocío Mesino Mesino,
dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), asesinada a
tiros el 19 de octubre.
José Luis Olivares Enríquez,
dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG),
ultimado a tiros el 10 de noviembre pasado.
De los nombres mencionados en los mismos informes, cuatro han sido
detenidos:
Gonzalo Molina González,
coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Tixtla, parte de la CRAC,
detenido el 6 de noviembre pasado, acusado de secuestro, portación de armas de
uso exclusivo del Ejército y terrorismo.
Bernardino García Francisco,
coordinador de Autoridades Comunitarias de la Casa de Justicia de El Paraíso,
de la CRAC, en Ayutla de Los Libres, detenido el 21 de agosto y acusado de
secuestro.
Arturo Campos Herrera,
líder indígena na'ssavi (mixteco), uno de los principales artífices de las
policías comun itarias en Guerrero, pues desde la Casa de Justicia de El
Paraíso llevó los grupos de apoyo de la Policía Comunitaria hacia Tixtla,
Olinalá, Huamuxtitlán, Cualac y Atlixtac. También es coordinador de la CRAC en
Ayutla; fue detenido por secuestro agravado el 1 de diciembre pasado.
Arturo Campos Hernández,
dirigente de la CRAC en la comunidad de El Paraíso, municipio de Ayutla,
detenido también el 1 de diciembre, acusado por el delito de secuestro
agravado.
Además de los cuatro dirigentes ejecutados y citados en los informes, el
Movimiento Popular de Guerrero (MPG) ha denunciado el asesinato de otros 10
miembros. Además de la detención de los cuatro dirigentes mencionados en los
documentos, el MPG ha denunciado la detención de otros nueve de sus activistas.
Otro mencionado es Vidulfo Rosales Sierra, defensor de derechos humanos,
abandonó el país en mayo pasado por "falta de garantías para desarrollar
su trabajo en condiciones de seguridad", según el Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinollan.
También citado, Cirino Plácido Valero, presidente del comisariado ejidal del
ejido de Buena Vista y fundador de la CRAC, ha denunciado "amenazas de
muerte", aunque ha tenido pleitos con dirigencia de esa organización.
Claves
Otro grupo armado
-El pasado 2 de diciembre hizo su aparición pública en las montañas de
Guerrero el grupo autodenominado Fuerzas Armadas Revolucionarias Liberación del
Pueblo (FARP-LP).
-Ante un grupo de reporteros de medios nacionales e internacionales, que
fueron trasladados durante cuatro horas hasta la sierra guerrense, una
veintena de hombres embozados con capuchas, paliacates y pasamontañas leyeron
un comunicado.
-En el mensaje, integrantes de las FARP-LP exigían la liberación de líderes
de la CRAC y el esclarecimiento de asesinatos de distintos dirigentes
sociales.
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