El martes 24 de agosto publicamos en este espacio antecedentes del escándalo que es la toma del pueblo de San Juan Copala, Oaxaca, que se autonombrara municipio autónomo a contrapelo de lo que pretende el gobierno estatal.
Este fin de semana los paramilitares de la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), de filiación priísta, y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) expulsaron del pueblo a hombres y mujeres, quedando todavía atrapados como 50 personas entre niños y ancianos.
Han disparado para intimidar y contra blancos móviles, causando este fin de semana tres muertos, el último Paulino Ramírez, que se suman a los más de 30 asesinados desde el año 2007 en ese pueblo que desea ser autónomo y regirse por usos y costumbres, y que los paramilitares solapados por el gobierno de Oaxaca no se
quieren dejar quitar.
Ayer lunes, Reyna Martínez Flores, representante de los desplazados, dijo en la ciudad de Oaxaca que 20 personas, once mujeres y nueve niños, comenzaron un plantón y una huelga de hambre en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca denunciando la desaparición del municipio autónomo de San Juan Copala a causa de un ataque armado el fin de semana pasado.
Los manifestantes señalaron que la mayoría de los habitantes lograron salir del municipio, pero que todavía existen familias atrapadas por lo que piden a las autoridades ayuda para lograr evacuarlas.
Anoche, mandos medios de la Secretaría de Gobernación recibieron a una comisión de habitantes de Copala y se comprometieron a armar un operativo en al zona, para ingresar con Ejército y Policía federal, no para retomar la paz del municipio, sino para rescatar a los copalenses retenidos por los paramilitares y salvarles la vida.
La inacción del gobierno de Ulises Ruiz es criminal. La desidia del gobierno federal también, porque ha habido muchos muertos. Es un caso inédito en el que un grupo armado toma un municipio y ¡expulsa a sus pobladores! Y todo en la más completa impunidad.
Se tiene que retomar el control del municipio, detener a los agresores y fincarles responsabilidad. No es posible que esto suceda en pleno siglo XXI. Y luego se quejan de que poblaciones rurales se indignen, se enojen y se alcen en armas pues la autoridad les da la razón, en los hechos, de que por las buenas y la paz no hay solución a los conflictos y a las arbitrariedades.
(Para un seguimiento casi minuto a minuto de los hechos recomiendo seguir en twitter a @Copala_Autonomo, a @DavidCilia y recuperar la información con la etiqueta #Copala)
El 16 de septiembre y el EAP
Una nota del periódico El Sur, de Acapulco, dio cuenta el viernes pasado de un comunicado guerrillero y un video firmado por el Ejército Armado del Pueblo (EAP), emitido el 16 de septiembre de 2010, en las Montaña de Guerrero, en el que llama al pueblo a sumarse a sus filas y derrocar al gobierno.
Dice en una parte la nota: “Mencionaron que por el momento sólo hacen propaganda política armada y orientan a la gente para su defensa, su entrenamiento y mayor organización, porque los cañones están apuntando al enemigo común que es el Estado.
Remarcaron que “los hombres que el día de hoy nos concentramos aquí, estamos dispuestos a cumplir con el mandato del pueblo y destruir el sistema putrefacto por lo que llamamos a la manifestación constante” y a otras guerrillas de Guerrero, del país y del mundo a coordinarse y accionar contra el Estado mexicano “que se autogolpea con sus amigos los narcotraficantes, después de una larga vida de protección e involucra al pueblo honesto”.
El EAP emitió un primer comunicado en octubre de 2006, declarando la guerra al gobierno de Felipe Calderón.
lunes, 20 de septiembre de 2010
miércoles, 1 de septiembre de 2010
Mediación con EPR, malas noticias
Ayer, después de varios meses de trabajos de bajo perfil, la Comisión de Mediación (Comed) integrada por destacados intelectuales que coadyuvan a la búsqueda de los guerrilleros desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya dieron a conocer cómo se sienten y en dónde están parados.
De entrada refieren que desde el 24 de mayo pasado ha sostenido consultas informales con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, sin lograr ningún acuerdo concreto.
Esto no es nuevo. Si bien el gobierno federal se dijo en un principio dispuesto a ayudar a las investigaciones de la desaparición de los dos militantes del PDPR, acaecida en mayo de 2007, el seguimiento que le dio al caso fue con desgano, alargando procesos e incluso mostrando un trato irrespetuoso y frívolo.
Dijeron haber perdido documentos; trajeron a vueltas y vueltas a quienes pretendieron realizar su labor de coadyuvantes; y, peor aún, retrasaron hasta hacer prácticamente imposible el acceso a documentos militares y de procuración de justicia, con lo que no sólo se obstaculizó el inicio de cualquier investigación, sino que abrió la puerta a la sospecha de que dicha indisposición sólo se debiera a un intento por encubrir a los muy probables responsables de cometer el delito de desaparición forzada en la persona de los dos guerrilleros.
A eso hay que agregar que desde hace dos años la rotación de funcionarios dentro de la Segob ha sido continua, lo que ha retrasado cualquier acuerdo serio entre las partes.
En el comunicado de siete puntos dirigido a la opinión pública y al EPR, los integrantes de la Comed reconocen que enfrentan limitaciones graves para el lograr los fines sustantivos de sus tareas, dado que ha tenido que actuar en un contexto político muy adverso, sin peso en la agenda pública “y en el que el gobierno no tiene dentro de sus temas prioritarios la defensa de los Derechos Humanos y particularmente la persecución a los delitos de lesa humanidad como son las desapariciones forzadas cometidos por el Estado mexicano”.
El comunicado de ayer no es concluyente. Es un planteamiento seco del punto neutro en el que se encuentran. No piden que se prolongue la tregua. No solicitan al gobierno comprensión. No apelan a la solidaridad ciudadana. No plantean una ruta crítica a seguir.
En realidad están avisando que no pueden avanzar, porque la parte más importante de la ecuación para resolver este caso no tiene ganas de tomar en serio lo que todo aparenta ser una clara violación a los derechos humanos de dos mexicanos –independientemente de sus convicciones políticas y métodos- y, en todo caso un crimen de lesa humanidad que, de seguir así las cosas, quedaría en la impunidad.
En ese sentido, los mediadores acusan. Señalan que el gobierno federal no es precisamente respetuoso de los derechos humanos. En su comunicado la Comisión dijo valorar positivamente la Recomendación 7/2009 que hizo la CNDH a diversas instancias y niveles de gobierno, en tanto acreditó pericialmente que el caso de Reyes y Cruz se trata de un caso de Desaparición Forzada de Persona, y se congratuló por la sentencia condenatoria dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por el caso de Desaparición Forzada de Rosendo Radilla, en los años 70.
¿Qué sigue? Que las partes se pronuncien. Cada una su manera; cada una con sus métodos muy particulares.
Uno siempre quisiera apelar al diálogo, pero se está llegando a un callejón sin salida, muy peligroso.
Contexto
Cabe recordar que la Comed se constituyó en abril de 2008, a iniciativa del grupo armado y con aceptación del gobierno federal, para intermediar en la búsqueda de dos militantes de esta organización con los que perdió contacto desde mayo de 2007, y por los que exigió su aparición con acciones militares en julio y septiembre de dicho año haciendo explotar ductos de Pemex.
La Comed actualmente está integrada por Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Saravia, José Enrique González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gonzalo Ituarte Verduzco, Gilberto López y Rivas, +Carlos Montemayor, Pablo Romo Cedano y por el obispo Samuel Ruiz García
De entrada refieren que desde el 24 de mayo pasado ha sostenido consultas informales con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, sin lograr ningún acuerdo concreto.
Esto no es nuevo. Si bien el gobierno federal se dijo en un principio dispuesto a ayudar a las investigaciones de la desaparición de los dos militantes del PDPR, acaecida en mayo de 2007, el seguimiento que le dio al caso fue con desgano, alargando procesos e incluso mostrando un trato irrespetuoso y frívolo.
Dijeron haber perdido documentos; trajeron a vueltas y vueltas a quienes pretendieron realizar su labor de coadyuvantes; y, peor aún, retrasaron hasta hacer prácticamente imposible el acceso a documentos militares y de procuración de justicia, con lo que no sólo se obstaculizó el inicio de cualquier investigación, sino que abrió la puerta a la sospecha de que dicha indisposición sólo se debiera a un intento por encubrir a los muy probables responsables de cometer el delito de desaparición forzada en la persona de los dos guerrilleros.
A eso hay que agregar que desde hace dos años la rotación de funcionarios dentro de la Segob ha sido continua, lo que ha retrasado cualquier acuerdo serio entre las partes.
En el comunicado de siete puntos dirigido a la opinión pública y al EPR, los integrantes de la Comed reconocen que enfrentan limitaciones graves para el lograr los fines sustantivos de sus tareas, dado que ha tenido que actuar en un contexto político muy adverso, sin peso en la agenda pública “y en el que el gobierno no tiene dentro de sus temas prioritarios la defensa de los Derechos Humanos y particularmente la persecución a los delitos de lesa humanidad como son las desapariciones forzadas cometidos por el Estado mexicano”.
El comunicado de ayer no es concluyente. Es un planteamiento seco del punto neutro en el que se encuentran. No piden que se prolongue la tregua. No solicitan al gobierno comprensión. No apelan a la solidaridad ciudadana. No plantean una ruta crítica a seguir.
En realidad están avisando que no pueden avanzar, porque la parte más importante de la ecuación para resolver este caso no tiene ganas de tomar en serio lo que todo aparenta ser una clara violación a los derechos humanos de dos mexicanos –independientemente de sus convicciones políticas y métodos- y, en todo caso un crimen de lesa humanidad que, de seguir así las cosas, quedaría en la impunidad.
En ese sentido, los mediadores acusan. Señalan que el gobierno federal no es precisamente respetuoso de los derechos humanos. En su comunicado la Comisión dijo valorar positivamente la Recomendación 7/2009 que hizo la CNDH a diversas instancias y niveles de gobierno, en tanto acreditó pericialmente que el caso de Reyes y Cruz se trata de un caso de Desaparición Forzada de Persona, y se congratuló por la sentencia condenatoria dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por el caso de Desaparición Forzada de Rosendo Radilla, en los años 70.
¿Qué sigue? Que las partes se pronuncien. Cada una su manera; cada una con sus métodos muy particulares.
Uno siempre quisiera apelar al diálogo, pero se está llegando a un callejón sin salida, muy peligroso.
Contexto
Cabe recordar que la Comed se constituyó en abril de 2008, a iniciativa del grupo armado y con aceptación del gobierno federal, para intermediar en la búsqueda de dos militantes de esta organización con los que perdió contacto desde mayo de 2007, y por los que exigió su aparición con acciones militares en julio y septiembre de dicho año haciendo explotar ductos de Pemex.
La Comed actualmente está integrada por Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Saravia, José Enrique González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gonzalo Ituarte Verduzco, Gilberto López y Rivas, +Carlos Montemayor, Pablo Romo Cedano y por el obispo Samuel Ruiz García
Comunicado Comed (1 septiembre 2010)
COMISION DE MEDIACIÓN
México D.F., a 1º de Septiembre de 2010
AL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO – EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR – EPR
A LA OPINIÓN PÚBLICA
En respuesta al comunicado del PDPR–EPR del 26 de agosto de 2010, queremos informar lo siguiente:
1. En el documento del 24 de Mayo del 2010 la Comisión de Mediación valoró que no obstante no existir condiciones para restablecer la mesa de diálogo, se desplegarían diversos esfuerzos de acercamiento que permitieran superar la problemática de formato y poder entrar de lleno, con diversas instancias gubernamentales, al tratamiento de hipótesis plausibles que son materia de la labor de la COMED.
Desde esa fecha hemos realizado diversas consultas informales con la Secretaría de Gobernación para conocer los avances de la investigación sobre el caso de la Desaparición Forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
2. En este sentido, podemos señalar que los resultados de estas consultas informales no aportan datos sustantivos que sirvan para esclarecer las circunstancias y responsables, así como el paradero de los dos desaparecidos.
3. En consecuencia no se ha restablecido la mesa formal de diálogo del pleno de la Comisión de Mediación con la representación del Gobierno Federal, en tanto la COMED ha considerado que no se han dado las condiciones necesarias para ello.
4. Valorando positivamente la Recomendación 7/2009 que hizo la CNDH a diversas instancias y niveles de gobierno, en tanto acreditó pericialmente que el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez se trata de un caso de Desaparición Forzada de Persona, nos preocupa la falta de cumplimiento a esta Recomendación. Como parte de sus labores la COMED ha insistido en ello y para tal efecto se reunirá con el Presidente de la CNDH el próximo 6 de Septiembre.
5. Así mismo, a lo largo de estos meses la COMED ha dado acompañamiento a diversas actividades e iniciativas de los familiares de los desaparecidos encaminadas a visibilizar la existencia de este crimen de lesa humanidad, estando convencida de que en México no debe repetirse, nunca más, la práctica de la Desaparición Forzada de Persona.
6. En esta dirección la COMED se ha congratulado por la sentencia condenatoria dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano por el caso de Desaparición Forzada de Rosendo Radilla, por lo que nos parece importante la aceptación por parte del Estado Mexicano de dicha sentencia para su estricto cumplimiento.
7. La Comisión de Mediación como instancia de la sociedad civil reconoce que enfrenta limitaciones graves para el lograr los fines sustantivos de sus tareas, dado que ha tenido que actuar en un contexto político muy adverso, sin peso en la agenda pública y en el que el gobierno no tiene dentro de sus temas prioritarios la defensa de los Derechos Humanos y particularmente la persecución a los delitos de lesa humanidad como son las desapariciones forzadas cometidos por el Estado mexicano.
Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Saravia, José Enrique González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gonzalo Ituarte Verduzco, Gilberto López y Rivas, +Carlos Montemayor, Pablo Romo Cedano,
Samuel Ruiz García
México D.F., a 1º de Septiembre de 2010
AL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO – EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR – EPR
A LA OPINIÓN PÚBLICA
En respuesta al comunicado del PDPR–EPR del 26 de agosto de 2010, queremos informar lo siguiente:
1. En el documento del 24 de Mayo del 2010 la Comisión de Mediación valoró que no obstante no existir condiciones para restablecer la mesa de diálogo, se desplegarían diversos esfuerzos de acercamiento que permitieran superar la problemática de formato y poder entrar de lleno, con diversas instancias gubernamentales, al tratamiento de hipótesis plausibles que son materia de la labor de la COMED.
Desde esa fecha hemos realizado diversas consultas informales con la Secretaría de Gobernación para conocer los avances de la investigación sobre el caso de la Desaparición Forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
2. En este sentido, podemos señalar que los resultados de estas consultas informales no aportan datos sustantivos que sirvan para esclarecer las circunstancias y responsables, así como el paradero de los dos desaparecidos.
3. En consecuencia no se ha restablecido la mesa formal de diálogo del pleno de la Comisión de Mediación con la representación del Gobierno Federal, en tanto la COMED ha considerado que no se han dado las condiciones necesarias para ello.
4. Valorando positivamente la Recomendación 7/2009 que hizo la CNDH a diversas instancias y niveles de gobierno, en tanto acreditó pericialmente que el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez se trata de un caso de Desaparición Forzada de Persona, nos preocupa la falta de cumplimiento a esta Recomendación. Como parte de sus labores la COMED ha insistido en ello y para tal efecto se reunirá con el Presidente de la CNDH el próximo 6 de Septiembre.
5. Así mismo, a lo largo de estos meses la COMED ha dado acompañamiento a diversas actividades e iniciativas de los familiares de los desaparecidos encaminadas a visibilizar la existencia de este crimen de lesa humanidad, estando convencida de que en México no debe repetirse, nunca más, la práctica de la Desaparición Forzada de Persona.
6. En esta dirección la COMED se ha congratulado por la sentencia condenatoria dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano por el caso de Desaparición Forzada de Rosendo Radilla, por lo que nos parece importante la aceptación por parte del Estado Mexicano de dicha sentencia para su estricto cumplimiento.
7. La Comisión de Mediación como instancia de la sociedad civil reconoce que enfrenta limitaciones graves para el lograr los fines sustantivos de sus tareas, dado que ha tenido que actuar en un contexto político muy adverso, sin peso en la agenda pública y en el que el gobierno no tiene dentro de sus temas prioritarios la defensa de los Derechos Humanos y particularmente la persecución a los delitos de lesa humanidad como son las desapariciones forzadas cometidos por el Estado mexicano.
Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Saravia, José Enrique González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gonzalo Ituarte Verduzco, Gilberto López y Rivas, +Carlos Montemayor, Pablo Romo Cedano,
Samuel Ruiz García
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