miércoles, 5 de junio de 2013

Una escisión del Frente de Liberación de Córcega amenaza con retomar las armas


Miguel Mora /  París 
4 jun 2013

Una rama escindida del histórico grupo terrorista Frente de Liberación Nacional de Córcega (FLNC) anunció el martes a través de un comunicado que está listo para volver a las armas si París no reconoce “los derechos nacionales de la isla”.

En el segundo día de la tensa visita oficial del ministro del Interior, Manuel Valls, la organización denuncia la actitud “ultrajacobina” de Francia, a la que acusa de haber “gestionado de forma desastrosa Córcega desde hace dos siglos y medio”, y amenaza con acciones armadas si París “prosigue su activo papel en la destrucción del pueblo corso”.

El lunes, Valls afirmó que Francia no aceptará que la lengua corsa sea el segundo idioma oficial de la isla junto al francés, rechazando así una moción aprobada por el Parlamento regional el 17 de mayo pasado.

El grupo que firma el comunicado es afín a otra escisión del FLNC llamada Movimiento 22 de octubre, y fue creado en julio de 2012 aunque todavía no ha reivindicado ningún atentado. Otra rama separada, la Unión de Combatientes, se atribuyó en 2012 diversos ataques contra “intereses franceses”, especialmente supermercados y segundas residencias.

Córcega es una de las regiones europeas donde más crímenes se cometen, y en los últimos dos años ha vivido una escalada brutal de muertes violentas, atribuidas a las potentes mafias locales. Tres notables isleños —un histórico abogado, el presidente de una cámara de comercio y el responsable de un parque natural— han sido asesinados a tiros en los últimos seis meses, y los datos oficiales afirman que en 2012 hubo un total de 19 homicidios y 16 intentos de asesinato. Este año se han registrado ya una decena de muertes violentas.

Pese a los recurrentes planes de seguridad lanzados por París, la gran mayoría de esos delitos quedan impunes porque la omertá es la regla. La visita de Valls trata de enviar un mensaje de firmeza a los habitantes y los violentos. “Hay gente que tiene miedo, y tiene razones para ello”, advirtió el ministro, “porque el Estado francés está decidido a imponer los valores de la República”.

 Algunos cargos electos regionales han expresado su malestar por otras palabras de Valls, quien aseguró que la violencia está “enraizada en la cultura corsa” y censuró la ley del silencio. El martes, el ministro afirmó que ser alcalde en Córcega “es más complicado que en otros sitios” porque los regidores de la isla “sufren presiones mafiosas”, y reveló que quince personalidades locales están bajo protección especial.

La intimidación de las mafias ha tomado el relevo en los últimos años a las acciones terroristas del FLNC, que fue fundado en 1976 para luchar por la independencia de Córcega. Clandestino desde 1983, y responsable de decenas de asesinatos y cientos de atentados, el grupo estalló en cruentas guerras internas y cesó su actividad teóricamente en 1996.


(Tomado de http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/04/actualidad/1370371275_395783.html )

ELN condiciona regresar a geólogo canadiense


Transcurridos 4 meses y medio de la retención del geólogo canadiense Jernoc Wobert, ni el gobierno de Colombia ni el de Canadá se han tomado el trabajo de investigar la denuncia, sobre el despojo de 4 títulos mineros a las comunidades del sur de Bolívar, por parte de la empresa norteamericana Braewal Mining Corporation.

El gobierno de Juan Manuel Santos debe cuidar el interés nacional, abogando por quienes votaron por él y también por quienes no lo eligieron, como pueden ser algunas comunidades del sur de Bolívar, marginadas desde siempre. El deber del presidente Santos es representar y velar por el interés de estas comunidades.

El gobierno de Canadá, al menos debiera preocuparse por el cumplimiento de las leyes anti corrupción, por parte de las empresas canadienses en sus operaciones en el extranjero.

En cambio, el uso de la fuerza, hasta ahora parece ser la única vía que quiere imponer el gobierno de Bogotá, para hallarle una solución a la problemática del despojo de Títulos mineros.

Entretanto, en la Serranía de San Lucas siguen los enfrentamientos entre las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional y las tropas gubernamentales.

El 19 de mayo, en la carretera que une a Santa Rosa con Simití, unidades guerrilleras del Frente Darío Ramírez Castro emboscaron a una patrulla motorizada, del batallón de selva 48, causándoles varias bajas.

El 25 de mayo, Tropas especiales del Frente Darío Ramírez Castro atacaron a la fuerza paramilitar estacionada en el corregimiento de Puerto López, de El Bagre, dando de baja a sus cuatro mandos, quienes portaban identificación militar, como integrantes del batallón de infantería Rifes.

El Ejército de Liberación Nacional mantiene su voluntad de devolver pronto al ciudadano canadiense y espera también una solución pronta, al despojo de los 4 Títulos mineros, propiedad de las comunidades de Casa de Barro, Mina Seca, la Nevera y las Nieves.

¡Colombia para los trabajadores!
¡Ni un paso atrás, liberación o muerte!

Dirección del Frente Darío Ramírez Castro
Ejército de Liberación Nacional

Serranía de San Lucas
Primero de junio de 2013


(Tomado de http://www.cedema.org/ver.php?id=5670 )


Contexto
El geólogo canadiense Jernoc Wobert, empleado de Braeval, fue secuestrado por el ELN el pasado 18 de enero junto a dos peruanos y a tres colombianos cuando descansaban en un campamento de una mina de oro en Norosí, un municipio del norteño departamento de Bolívar.

Los tres colombianos y los dos peruanos fueron liberados el 15 de febrero, pero no Wobert, a quien el ELN mantiene en su poder.

Esta guerrilla ha reclamado anteriormente las licencias como condición para la liberación de Wobert, quien es vicepresidente de exploración de la multinacional canadiense Braeval Mining Corporation, actual dueña de los títulos, pero por primera vez expresó su "voluntad" de que la entrega del secuestrado tenga lugar "pronto".

La guerrilla había justificado el secuestro al señalar que los títulos originalmente fueron concedidos a las comunidades de mineros tradicionales que allí viven, "pero debido a maniobras de intermediarios corruptos, terminaron en manos de la empresa canadiense".

En este comunicado, el ELN criticó que ninguno de los dos Gobiernos haya investigado estos trámites, mientras que opinó que "el deber" de Colombia es "representar y velar por el interés de estas comunidades" y la obligación de Canadá es preocuparse "por el cumplimiento de las leyes anticorrupción de sus empresas".

Asimismo, el ELN reiteró su rechazo hacia los operativos militares y policiales desplegados por el Gobierno colombiano "como única vía".

Las pinzas del EPR: Raymundo Riva Palacio (análisis)


Desplegado en la cuenca del descontento -Oaxaca, Guerrero y Michoacán-, el EPR se encuentra en movimiento. Sus dos brazos, el ideológico-estratégico en Oaxaca, y el táctico-operativo en Guerrero, trabajan sus frentes de masas en el magisterio disidente y en las organizaciones sociales para construir condiciones que los lleven al brote insurreccional planteado 
en sus comunicados desde hace un año. El gobierno federal ha dado hasta ahora una respuesta limitada y tímida, sin ir mucho más allá de la contención para evitar darle a la guerrilla lo que busca desde el 1 de diciembre, un muerto que aporte combustible al movimiento.

Las autoridades tienen copias del manual terrorista que está distribuyendo el EPR en Michoacán -desde el año pasado se encontró documentación y propaganda guerrillera en varias normales en el estado-, y en Guerrero se obtuvieron videos donde dirigentes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación instruyen a sus cuadros a sabotear, fabricar explosivos, colocar bombas y provocar a las fuerzas de seguridad. En Oaxaca se detuvo recientemente a un grupo vinculado al EPR, que tenía secuestrados a los sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

 

Tras la detención de los secuestradores, identificados como maestros, el EPR emitió un comunicado la semana pasada donde, interesantemente, no niega que pertenezcan a su organización, pero afirma que no son secuestradores. En la lógica guerrillera no habría contradicción alguna. Los secuestros pertenecen al ámbito de la delincuencia, pero las “retenciones”, como definen ese tipo de acción en un contexto político-ideológico, no. Bajo esta racional, el comunicado establece:

 

“La lucha del magisterio democrático en el plano nacional es parte del conjunto de la lucha que emprende el pueblo trabajador en defensa de sus derechos y la legítima exigencia de solución a las demandas escamoteadas por el poder burgués… La detención de profesores y activistas políticos en el estado de Oaxaca, presentados como presuntos secuestradores, es la contestación autoritaria del Estado a las justas demandas del movimiento magisterial-popular, cuyo objetivo es doblegar y obligar a la Sección XXII del SNTE a ponerse de rodillas en la mesa de negociaciones…”.

 

La Sección XXII responde a la disidencia en la Coordinadora, y ha sido bastión histórico de cuadros del EPR. Una de las personas detenidas, Sara Altamirano, salió de Jalapa del Marqués, en la zona Loxicha, ligada por oriundez y línea política a uno de los dirigentes históricos del EPR, el ex dirigente magisterial, Erangelio Mendoza. De ahí se desprendió otro comandante eperrista, Rafael Sebastián, asesinado hace ocho meses, y al cual vinculan a Altamirano, así como el líder magisterial en el conflicto de 2006 en Oaxaca, Enrique Rueda, actualmente en Canadá. También ha sido exportadora de dirigentes hacia otros estados, como Minervino Morán, líder y vocero de la Coordinadora en Guerrero.

 

El despliegue del EPR ha transcurrido sin grandes obstáculos, lo que contrasta con  su alteración tras la captura de los secuestradores de los niños en Oaxaca. Parece que el juego de estrategias está operando también en sentido inverso. Al detener a los secuestradores, las autoridades neutralizaron a la célula menos importante de la organización, la que se encargaba de vigilarlos. No llegarán al comando ejecutor del secuestro ni a los autores intelectuales, porque la guerrilla opera en compartimientos donde no se conocen las células entre sí. 


Entonces, ¿por qué desperdiciar la oportunidad de tener a todo ese grupo? La respuesta puede encontrarse en que no es un desperdicio lo que hizo el gobierno, sino un mensaje al EPR. Si tienen identificados a sus cuadros en Oaxaca y Guerrero, y ya infiltraron sus células en otras entidades, ¿les está diciendo que regresen alstatus quo donde no los atacan sino afrentan al Estado, como están haciéndolo? Hoy quieren derrocar a Ángel Heladio Aguirre en Guerrero  como en 2006 lo intentaron con Ulises Ruiz en Oaxaca. No lo va a tolerar el gobierno federal, como sugiere la detención en Oaxaca. Si hay un repliegue del EPR, parecen decir, no habrá acciones determinantes en su contra. Si no lo hay, que se atengan a las consecuencias. Los términos están planteados.

 



(Tomado de http://www.24-horas.mx/las-pinzas-del-epr/ )