Y finalmente abandonaron su silencio. Motivados por su muy personal sentido del tiempo, el EPR salió a hablar en contra de la Ley de Seguridad Nacional y en contra del fuero militar, y ahora las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) dieron una entrevista al periódico Noticias de Oaxaca, para hablar del sentido actual de la lucha armada y de las elecciones de julio próximo en esa entidad. La última vez que los “farpistas”emitieron un comunicado fue en octubre de 2008. Ahora, quien se dice el mayor Salvador es el declarante.
En una entrega de dos partes (I y II) comienza por reiterar lo que ya han dicho ellos y otros grupos: que la revolución popular no se dará este año por cuestiones de efeméride, como destino manifiesto o por determinismo histórico, sino que cualquier manifestación popular -insurrecciones, barricadas, levantamientos y atentados- tendría su origen, no en el movimiento armado organizado del país, sino en el incremento de la marginación pobreza en México, así como por la represión al pueblo y a los movimientos sociales.
Después teoriza y dice que el esquema de lucha guerrilera de los años 70 no tiene viabilidad en nuestros tiempos. Y desliza una crítica implícita a otros grupos: “las organizaciones guerrilleras y revolucionarias que impulsan la lucha armada, si quieren seguir siendo alternativa para el pueblo deben evoluionar y generar nuevas formas y mecanismos para desarrollar el trabajo político y militar, porque de lo contrario se caería en la inanición, el estancamiento o, lo que es peor, el retroceso”.
No se trata, dicen, de traicionar los principios revolucionarios sino de una readecuación de la estrategia y táctica a las condiciones de esta realidad cambiante. El problema es que en la entrevista esta definición se queda corta y no explican cuáles son las nuevas expresiones guerrilleras, cuáles son los cambios de adaptación de la lucha armada al siglo XXI. Es un pendiente que dejan las FARP. A ver si en uno de sus órganos oficiales Verde Olivo lo aclaran.
Ya en el tema local, uno no sabe qué pensar. El mayor Salvador, líder de un grupo guerrillero que le ha declarado la guerra al Estado y a sus instituciones, considera que los comicios de julio próximo representan una oportunidad ideal para realmente iniciar la transición democrática en Oaxaca, "si la oposición gana y se lo propone".
Va más allá al considerar la elección oaxaqueña como el “laboratorio de las alianzas que permitan abrir el paso a un cambio de la correlación de fuerzas de los partidos con rumbo al 2012".
La apuesta por el cambio por la vía electoral parece exagerada viniendo de un grupo armado. Sobre todo si se consdera que uno de los elementos de la alianza es el PAN.
Pero no sólo eso, las FARP sugieren que sea la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), no nada más parte activa del cambio, sino la garante que haya una elección limpia y sin fraude en Oaxaca. “Tanto la coalición como el magisterio deben tener la capacidad de ver que ambos se necesitan. Y como ambos se necesitan, ambos deben de salir beneficiados”.
Del candidato de la alianza opositra al PRI, Gabino Cué Monteagudo, aseguran que es un aspirante "con reales posibilidades de ganar, si no hay un fraude y si además es capaz de vencer a la poderosa maquinaria oficial", aunque considera que su discurso es "demasiado técnico y no le llega a la gente, ni la base lo entiende (…) Otra de sus debilidades es que no ha podido acercar al PRD estatal al movimiento social y al magisterio de manera unificada y sin ello se pierde demasiada fuerza política".
Se puede entender el respeto guerrillero por todas las formas de lucha, incluida la electoral. Lo que no checa es el exacerbado entusiasmo y esperanza de que de unos comicios de Estado, surja la luz al final del túnel para Oaxaca.
En este sentido, por el timing de la entrevista, la publicación es un regalo caido del cielo para el PRI, que ahora en campaña podrá decir que los guerilleros apoyan a Gabino, para tratar de identificarlo con el radicalismo y la violencia. “Gabino, el amigo de insurrectos; Eviel, el candidato de la paz”. O algo así.
San Juan Copala
Hablando de Oaxaca, es muy preocupante la emboscada del martes pasado contra la Caravana Internacional de Observadores de Derechos Humanos que acudía a San Juan Copala a documentar los abusos a los derechos humanos en la región indígena triqui.
Dos personas muertas: Betty Cariño (directora del colectivo CACTUS, de Oaxaca) y Tyri Antero Jaakola (ciudadano finlandés), más cuatro desaparecidos: los periodistas David Cilia y Érika Ramírez, así como David Venegas y Noel Batista, fue el saldo del indignante ataque que debe resolverse a la brevedad.
El ataque no sólo ha de inscribirse en la lucha intestina del pueblo triqui, sino que involucra a un autodeclarado municipio autónomo zapatista, y por ende base social del EZLN en Oaxaca, que ha sido agredido una y otra vez por paramilitares y por el gobierno estatal que los financia.
miércoles, 28 de abril de 2010
El Ejército del Pueblo Paraguayo
27 abril 2010
La semana pasada, una guerrilla fue noticia en Paraguay. El jueves el gobierno de ese país envió al Congreso un proyecto de ley para declarar el estado de excepción en el norte del país tras la muerte de un policía y tres civiles en un ataque atribuido al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
El presidente Fernando Lugo, considerado uno de los mandatarios de izquierda en América Latina, pidió "un tratamiento de urgencia" del proyecto de ley "para que las fuerzas militares tengan amplia libertad" para apoyar a la policía y capturar a los miembros del EPP.
Se sabe que este grupo se formó el 1 de marzo de 2008. Sin embargo, los miembros de dicho grupo armado, entre los que se encuentran Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez, se habrían estado organizando previamente en lo que era el Partido Patria Libre. Dicho partido participó de las elecciones nacionales de 2003, presentando a Tomás Zayas como candidato a presidente, en alianza con otros partidos de extrema izquierda.
El primer golpe del EPP puede ser considerado el perpetrado el domingo 16 de marzo de 2008, tan sólo unos días después de haber sido fundado oficialmente. En dicho atentado, los miembros del EPP quemaron maquinaria agrícola de la estancia Santa Herminia en el departamento de Concepción, de producción sojera con más de 20 mil hectáreas, perteneciente al brasilero Nabort Boht.
Se dice que ha realizado cuando menos dos secuestros de ganaderos y obtenido rescates por 800 mil dólares.
La última incursión del EPP –la que desató la furia del presidente Lugo la semana pasada- fue el miércoles pasado contra un suboficial de policía y tres peones que se internaron en un área boscosa de una hacienda del distrito de Horqueta, a 380 kilómetros al norte de la capital Asunción, que investigaban la desaparición de animales de ganado.
El primer comunicado formal suyo registrado por los medios de comunicación data del 12 de noviembre de 2008, en el que criticaron la política agraria del presidente Fernando Lugo e hicieron un llamado a tomar las armas:
“No hay dudas de que el Gobierno de Fernando Lugo no ejecutará la Reforma Agraria integral prometida al Pueblo Paraguayo. Esta situación exige que el propio pueblo tome la tierra en sus manos y realice la Reforma Agraria desde abajo: los obreros, los estudiantes, los sin techos y demás sectores sociales populares deben acompañar al campesinado en esta tarea. Para vencer la resistencia de unos pocos ricachones prepotentes, debe hacerse un uso intensivo de la violencia en la lucha popular”.
El 29 de abril de 2009 hicieron estallar una bomba en la sede del Palacio de Justicia en Asunción, atentado tras el cual emitieron tres comunicados seguidos y después callaron. Las fuerzas de seguridad paraguayas aseguran que el EPP es apoyado por las FARC de Colombia.
Como se ve, a la izquierda de Lugo hay mucho más espectro político radical, que lo ve a él como un aliado de la oligarquía. Informes de inteligencia local aseguran que la membresía del EPP no supera las 15 personas. No muchas, pero con gran capacidad de llamar la atención para llamar a las armas al pueblo paraguayo.
Habrá que seguirlo.
La semana pasada, una guerrilla fue noticia en Paraguay. El jueves el gobierno de ese país envió al Congreso un proyecto de ley para declarar el estado de excepción en el norte del país tras la muerte de un policía y tres civiles en un ataque atribuido al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
El presidente Fernando Lugo, considerado uno de los mandatarios de izquierda en América Latina, pidió "un tratamiento de urgencia" del proyecto de ley "para que las fuerzas militares tengan amplia libertad" para apoyar a la policía y capturar a los miembros del EPP.
Se sabe que este grupo se formó el 1 de marzo de 2008. Sin embargo, los miembros de dicho grupo armado, entre los que se encuentran Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez, se habrían estado organizando previamente en lo que era el Partido Patria Libre. Dicho partido participó de las elecciones nacionales de 2003, presentando a Tomás Zayas como candidato a presidente, en alianza con otros partidos de extrema izquierda.
El primer golpe del EPP puede ser considerado el perpetrado el domingo 16 de marzo de 2008, tan sólo unos días después de haber sido fundado oficialmente. En dicho atentado, los miembros del EPP quemaron maquinaria agrícola de la estancia Santa Herminia en el departamento de Concepción, de producción sojera con más de 20 mil hectáreas, perteneciente al brasilero Nabort Boht.
Se dice que ha realizado cuando menos dos secuestros de ganaderos y obtenido rescates por 800 mil dólares.
La última incursión del EPP –la que desató la furia del presidente Lugo la semana pasada- fue el miércoles pasado contra un suboficial de policía y tres peones que se internaron en un área boscosa de una hacienda del distrito de Horqueta, a 380 kilómetros al norte de la capital Asunción, que investigaban la desaparición de animales de ganado.
El primer comunicado formal suyo registrado por los medios de comunicación data del 12 de noviembre de 2008, en el que criticaron la política agraria del presidente Fernando Lugo e hicieron un llamado a tomar las armas:
“No hay dudas de que el Gobierno de Fernando Lugo no ejecutará la Reforma Agraria integral prometida al Pueblo Paraguayo. Esta situación exige que el propio pueblo tome la tierra en sus manos y realice la Reforma Agraria desde abajo: los obreros, los estudiantes, los sin techos y demás sectores sociales populares deben acompañar al campesinado en esta tarea. Para vencer la resistencia de unos pocos ricachones prepotentes, debe hacerse un uso intensivo de la violencia en la lucha popular”.
El 29 de abril de 2009 hicieron estallar una bomba en la sede del Palacio de Justicia en Asunción, atentado tras el cual emitieron tres comunicados seguidos y después callaron. Las fuerzas de seguridad paraguayas aseguran que el EPP es apoyado por las FARC de Colombia.
Como se ve, a la izquierda de Lugo hay mucho más espectro político radical, que lo ve a él como un aliado de la oligarquía. Informes de inteligencia local aseguran que la membresía del EPP no supera las 15 personas. No muchas, pero con gran capacidad de llamar la atención para llamar a las armas al pueblo paraguayo.
Habrá que seguirlo.
miércoles, 21 de abril de 2010
Cocinando un Estado militar
Las amenazas a la seguridad nacional son como las reservas de petróleo: posibles, probables y probadas. Hay unas más tangibles que otras y es el análisis de la información el que va poniendo cada dato en una de esas casillas. Si nos atenemos a los hechos, algo anda mal en el país.
Tenemos como amenzas probadas a los grupos de narcotraficantes, con su estela de muerte cotidiana; y a sus poderosos líderes a salto de mata, pero dando entrevistas a connotados periodistas y organizando bautizos y fiestas de 15 años; incluso son vox populi sus residencias, como la de los Beltrán Leyva en Morelos, los Zetas en Uruapan, o el domicilio del Chapo Guzmán en el Triángulo Dorado de la droga entre Durango y Sinaloa.
A estos personajes poco o nada les ha hecho la inteligencia civil y la que ha tenido algunos resultados es la inteligencia militar. Son amenazas probadas, con muy baja efectividad de resultados.
Un ejemplo más contundente. Esta semana EL UNIVERSAL demostró que las bases de datos del IFE, el GDF, el Registro Vehicular, de la Tesorería capitalina, de los bancos, de Telmex, del Telcel, se venden, desde hace mucho, en cualquier esquina o por internet, en precios que van de los 2 mil hasta los 300 mil pesos, con lo que todos nuestros datos personales, privadísimos, pueden caer en manos de delincuentes o policías.
Somos una ciudadanía desnuda, capaz de ser objeto de cualquier vejación a nuestra intimidad, a nuestro patrimonio y pertenencias. El listado de todos los policías del país, con su nombre y placa, ¿no es un asunto de seguridad nacional?, la vulnerabilidad de los sistemas informáticos del gobierno, ¿no es una amenaza posible?
Pues no. Nuestra inteligencia ni se enteró, o se hizo de la vista gorda. Acaso fue el lunes a comprar una base de datos como esa, para compararla con la que probablemente ya tiene de todos los ciudadanos de este país. Apenas ayer el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo que el Cisen y la PGR investigarán el caso.
Por el contrario, las que el Cisen habría de considerar amenazas posibles –o sea, muy lejanas de ser deveras amenazas a la seguridad nacional- son a las que al parecer pone más esmero. El mundo al revés.
Por ejemplo, son un hecho las actividades de seguimiento y espionaje a luchadores sociales, movimientos populares y defensores de derechos humanos, a quienes se hostiga de manera constante a lo largo y ancho del país. ¿El Mayo Zambada no amenaza más la integridad del Estado que un activista a favor de los derechos humanos, por ejemplo?
Ahora bien, ¿son torpezas en la conducción de la inteligencia nacional?, ¿prioridades invertidas?, o ¿un inducido estado de cosas con intencionalidad política?
Recordemos que son tres los ingredientes: Criminales que actúan en casi total impunidad sin que la autoridad logre aniquilarlos; hostigamiento del Estado a líderes políticos y sociales; total acceso a la vida privada e íntima de los ciudadanos por casi cualquier persona.
Los batimos y al final lo que tenemos es algo muy parecido a un Estado autoritario, basado en un sistema de control político y militar, con vínculos y complicidades criminales. Una pesadilla. ¿O no?
Tenemos como amenzas probadas a los grupos de narcotraficantes, con su estela de muerte cotidiana; y a sus poderosos líderes a salto de mata, pero dando entrevistas a connotados periodistas y organizando bautizos y fiestas de 15 años; incluso son vox populi sus residencias, como la de los Beltrán Leyva en Morelos, los Zetas en Uruapan, o el domicilio del Chapo Guzmán en el Triángulo Dorado de la droga entre Durango y Sinaloa.
A estos personajes poco o nada les ha hecho la inteligencia civil y la que ha tenido algunos resultados es la inteligencia militar. Son amenazas probadas, con muy baja efectividad de resultados.
Un ejemplo más contundente. Esta semana EL UNIVERSAL demostró que las bases de datos del IFE, el GDF, el Registro Vehicular, de la Tesorería capitalina, de los bancos, de Telmex, del Telcel, se venden, desde hace mucho, en cualquier esquina o por internet, en precios que van de los 2 mil hasta los 300 mil pesos, con lo que todos nuestros datos personales, privadísimos, pueden caer en manos de delincuentes o policías.
Somos una ciudadanía desnuda, capaz de ser objeto de cualquier vejación a nuestra intimidad, a nuestro patrimonio y pertenencias. El listado de todos los policías del país, con su nombre y placa, ¿no es un asunto de seguridad nacional?, la vulnerabilidad de los sistemas informáticos del gobierno, ¿no es una amenaza posible?
Pues no. Nuestra inteligencia ni se enteró, o se hizo de la vista gorda. Acaso fue el lunes a comprar una base de datos como esa, para compararla con la que probablemente ya tiene de todos los ciudadanos de este país. Apenas ayer el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo que el Cisen y la PGR investigarán el caso.
Por el contrario, las que el Cisen habría de considerar amenazas posibles –o sea, muy lejanas de ser deveras amenazas a la seguridad nacional- son a las que al parecer pone más esmero. El mundo al revés.
Por ejemplo, son un hecho las actividades de seguimiento y espionaje a luchadores sociales, movimientos populares y defensores de derechos humanos, a quienes se hostiga de manera constante a lo largo y ancho del país. ¿El Mayo Zambada no amenaza más la integridad del Estado que un activista a favor de los derechos humanos, por ejemplo?
Ahora bien, ¿son torpezas en la conducción de la inteligencia nacional?, ¿prioridades invertidas?, o ¿un inducido estado de cosas con intencionalidad política?
Recordemos que son tres los ingredientes: Criminales que actúan en casi total impunidad sin que la autoridad logre aniquilarlos; hostigamiento del Estado a líderes políticos y sociales; total acceso a la vida privada e íntima de los ciudadanos por casi cualquier persona.
Los batimos y al final lo que tenemos es algo muy parecido a un Estado autoritario, basado en un sistema de control político y militar, con vínculos y complicidades criminales. Una pesadilla. ¿O no?
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