Ya alguien más lo ha hecho, pero no puedo sustraerme a la tentación de reproducir la tesis central de Jorge Lofredo, investigador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema), respecto del prolongado periodo de silencio que han mantenido las organizaciones guerrilleras mexicanas, que ni siquiera han enviado comunicados en una fecha tan simbólica para ellos, como el 10 de abril, en que se conmemora el asesinato de Emiliano Zapata.
En este espacio arriesgué la idea de que el silencio es repliegue táctico, acumulación de recursos humanos y materiales y acaso reconocimiento de debilidad estratégica, pero no necesariamente la calma que precede a la tormenta. En su artículo "Más allá del silencio", Jorge piensa que este silencio “que aturde” se puede deber a un proceso político en marcha y es más un secreto que un no tener nada qué decir.
“Nunca como antes, esta coyuntura de silencio marca la pauta entre lo que ha sido expresado y lo que está por decirse. ¿Preludio de algún anuncio? En este aspecto, las ocasiones anteriores desconciertan: el Ejército Popular Revolucionario aumentó drásticamente sus comunicaciones públicas entre la desaparición de sus miembros y los ataques contra los ductos de Pemex. Tendencia Democrática Revolucionaria, antes de los explosivos colocados en diversos puntos del DF en noviembre de 2006, no registró mayor desarrollo de sus escritos. Por contraparte, aumentó su actividad cuando produjo el anuncio de la integración de una “Coordinación Revolucionaria”, junto al Movimiento Lucio Cabañas.
“Por tanto, entre el factor sorpresa –característico de la guerrilla– y la historia inmediata no pueden localizarse elementos concluyentes que definan qué políticas se están desarrollando entre las distintas organizaciones; sin embargo, esta actitud abre la posibilidad de la especulación periodística y la conjetura interesada. De hecho, los espacios de silencio –y esto sí puede confirmarse– provocan la aparición de esas especies en su versión más descarnada y, a veces, hasta irrisoria en sus contenidos.
“Un silencio en conjunto de esta especie no puede implicar otra cosa que un acuerdo de alguna especie, más no sea mínimo, que no necesariamente debe incluir en sus alcances alguna estrategia político-militar en común. Pero alcanza con que éste sea estrictamente político para estar frente a un acontecimiento que a futuro podría incidir e influir en algunos escenarios. Es muy pronunciado para que sólo se trate de “solidaridad revolucionaria” y demasiado conocidas las organizaciones para que todas se encuentran en una etapa de “acumulación de fuerzas en silencio”.
En otras palabras, Lofredo piensa que el silencio se debe a la posibilidad de que se trabaja en un acuerdo político entre las organizaciones. Posibilidad que pudiera estar ligada a los relativamente recientes llamados de EPR a hacer a un lado rencillas y agravios y a trabajar en un frente común de organizaciones opositoras el régimen, tanto clandestinas como abiertas. ¿Será?
Vigilancia a Alejandro Cerezo
Y hablando de mensajes cifrados y subtextos inducidos, llama la atención que los cuerpos de inteligencia del Estado hayan exhibido sus herramientas de vigilancia sobre uno de los hermanos Cerezo Contreras, que para el Estado son hijos del líder máximo del EPR, Tiburcio Cruz. Llama la atención, no porque uno suponga que no tienen marcaje personal permanente, sino porque en menos de tres días sus “sombras” se hicieron sentir con descaro, enviando así un mensaje que sólo puede interpretarse como de intimidación, sobre quien todo indica que está centrado en el trabajo de promoción de los derechos humanos. Checa la Acción Urgente que detalla los hechos.
35 años del Comité Eureka
El pasado domingo, frente a la Catedral Metropolitana, un grupo de familiares de presos y desaparecidos políticos de los años 70 se reunieron para conmemorar los 35 años de conformación del Comité Eureka. El acto reunió a no más de un centenar de personas, y doña Rosario Ibarra habló de aquellas jornadas de lucha contra el poder, de las 39 veces que interceptó al presidente Luis Echeverría y de cómo tuvo noticias de que su hijo, Jesús Piedra, estuvo en el Campo Militar número Uno. También de cómo al grito de “¡Vivos se los llevaron; vivos los queremos!” lograron rescatar a más de cien activistas de una muerte segura, aunque aún faltan muchos por encontrar.
lunes, 19 de abril de 2010
miércoles, 7 de abril de 2010
Silencio guerrillero y anarquista
Concluido el primer trimestre del año, el balance en materia de grupos armados guerrilleros es su silencio. Algunos comunicados del EPR y los números normales de El Insurgente; nada del ERPI, golpeado desde el asesinato de Omar Guerrero Solís; las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) difunden habitualmente su revista de análisis político Verde Olivo.
Los análisis de los órganos de difusión se concentraron en la ubicua lucha contra el narcotráfico, la muerte de Carlos Montemayor y la crisis económica galopante que le pega a la población. No hacen alusiones a levantamiento armado alguno –serio o simbólico- para este año de Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución.
Por el contrario, coinciden en rechazar el determinismo histórico de las fechas y enfatizan la dispersión del movimiento social mexicano que, desde su punto de vista, hace imposible en el corto plazo cualquier alzamiento popular masivo con perspectivas de triunfo.
¿La calma que precede a la tormenta? No lo parece. ¿Periodo de acumulación de fuerzas? Muy probablemente. ¿De obtención de financiamiento? Seguro.
Tampoco avanza la mesa de coordinación propuesta por la Comisión de Mediación que coadyuva a buscar a los eperristas desaparecidos. Primero por la muerte de Montemayor, pero también por las largas de la Secretaría de Gobernación a un proceso que evidentemente le molesta, pero al que saluda por mero efectismo político.
Anarquistas
Por su parte, los grupos anarquistas se muestran replegados. No se ha sabido en los últimos días de acciones a bancos, tiendas de conveniencia, comercios de pieles de animal o similares.
Por el contrario, tales grupos se encuentran haciendo el balance de sus presos, que enfrentan diversos procesos penales y cuya situación actual –tomada de la página de internet Liberación Total- es la siguiente:
Víctor Herrera Govea: Detenido desde los disturbios de la manifestación de 2 de octubre del año pasado. Acusado de robo en pandilla y daños a propiedad privada por el saqueo de la tienda de autoservicio Oxxo. Esta empresa junto con ocho policías judiciales que participaron en su arresto dieron testimonio para que Víctor fuera trasladado al Reclusorio Sur del Distrito Federal. Después de más de 5 meses de su encarcelamiento no le han dado la libertad y sus audiencias han sido pospuestas.
Emmanuel Hernández Hernandez: Detenido el 23 de noviembre del 2009 por una orden de re aprehensión por policías judiciales del Distrito Federal. Acusado de violar la ley federal de portación de explosivos cuando en 2006 durante la manifestación contra el Foro Mundial del Agua fue detenido y acusado de portación de cocteles molotov y fue mandado al Reclusorio Norte. Recibió una condena de 4 años, alcanza la libertad con el pago de una fianza, pero no se ha podido pagar porque el Ministerio Publico apeló la sentencia esperando a que el juez la cambie por una más larga.
Abraham López Martínez: Detenido el pasado 15 de diciembre del 2009, recluido en la agencia de atención a adolecentes infractores en la colonia Narvarte del Distrito Federal. Acusado de daño a propiedad privada y asociación delictuosa/subversiva por la quema de nueve autos particulares y un ataque explosivo contra una sucursal Harley Davidson en un fraccionamiento del Distrito Federal, acción que reivindicó el Frente de Liberación de la Tierra. Supuestamente puede ser consignado de 4 a 6 años. De acuerdo con el texto colgado en Liberación Total, Abraham fue detenido junto con Fermín y Carlos quienes declararon en contra de él y otros compañeros, los cuales han sido rechazados del movimiento anarquista en México. Abraham es vegano.
Socorro Molinero Armenta: Detenido el 1 de enero del 2010 por su supuesta participación en un ataque armado contra la policía municipal de Tijuana, en donde varias patrullas fueron ametralladas por el grupo insurreccionalista Acción Anarquista Anónima. Posiblemente pueden acusarlo de asociación delictuosa, daño a propiedad del estado-nación y portación de arma de fuego. Hasta ahora no se sabe más sobre su caso.
Adrián Magdaleno González: Detenido el 4 de Febrero del 2010 por la policía bancaria e industrial, acusado de detonar una bomba de gas butano dentro de un vagón del metro Taxqueña. La bomba no logró su objeto total, pues el artefacto estaba compuesto de tres latas de gas, de las cuales sólo estalló una. Adrián se encuentra en el Reclusorio Norte del DF, acusado de atentar contra la paz social y daños a propiedad privada, pues le cargaron también la explosión con latas de gas contra un Banamex el 25 de septiembre del año pasado en la delegación de Milpa Alta. Actualmente está sentenciado a 5 años con 10 meses. Adrian es vegano.
Diego Alonso: Después de cuatro meses de fuga insurrecta, Diego es arrestado con una orden de re aprehensión aproximadamente a principios de marzo, después de que intentara ocupar una casa en la colonia Barrera en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Es poca la información que se tiene sobre su caso, pero puede enfrentar cargos por daños a propiedad privada ya que es la acusación que le hicieron cuando fue detenido la primera vez a finales de octubre. Diego es vegano.
Los análisis de los órganos de difusión se concentraron en la ubicua lucha contra el narcotráfico, la muerte de Carlos Montemayor y la crisis económica galopante que le pega a la población. No hacen alusiones a levantamiento armado alguno –serio o simbólico- para este año de Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución.
Por el contrario, coinciden en rechazar el determinismo histórico de las fechas y enfatizan la dispersión del movimiento social mexicano que, desde su punto de vista, hace imposible en el corto plazo cualquier alzamiento popular masivo con perspectivas de triunfo.
¿La calma que precede a la tormenta? No lo parece. ¿Periodo de acumulación de fuerzas? Muy probablemente. ¿De obtención de financiamiento? Seguro.
Tampoco avanza la mesa de coordinación propuesta por la Comisión de Mediación que coadyuva a buscar a los eperristas desaparecidos. Primero por la muerte de Montemayor, pero también por las largas de la Secretaría de Gobernación a un proceso que evidentemente le molesta, pero al que saluda por mero efectismo político.
Anarquistas
Por su parte, los grupos anarquistas se muestran replegados. No se ha sabido en los últimos días de acciones a bancos, tiendas de conveniencia, comercios de pieles de animal o similares.
Por el contrario, tales grupos se encuentran haciendo el balance de sus presos, que enfrentan diversos procesos penales y cuya situación actual –tomada de la página de internet Liberación Total- es la siguiente:
Víctor Herrera Govea: Detenido desde los disturbios de la manifestación de 2 de octubre del año pasado. Acusado de robo en pandilla y daños a propiedad privada por el saqueo de la tienda de autoservicio Oxxo. Esta empresa junto con ocho policías judiciales que participaron en su arresto dieron testimonio para que Víctor fuera trasladado al Reclusorio Sur del Distrito Federal. Después de más de 5 meses de su encarcelamiento no le han dado la libertad y sus audiencias han sido pospuestas.
Emmanuel Hernández Hernandez: Detenido el 23 de noviembre del 2009 por una orden de re aprehensión por policías judiciales del Distrito Federal. Acusado de violar la ley federal de portación de explosivos cuando en 2006 durante la manifestación contra el Foro Mundial del Agua fue detenido y acusado de portación de cocteles molotov y fue mandado al Reclusorio Norte. Recibió una condena de 4 años, alcanza la libertad con el pago de una fianza, pero no se ha podido pagar porque el Ministerio Publico apeló la sentencia esperando a que el juez la cambie por una más larga.
Abraham López Martínez: Detenido el pasado 15 de diciembre del 2009, recluido en la agencia de atención a adolecentes infractores en la colonia Narvarte del Distrito Federal. Acusado de daño a propiedad privada y asociación delictuosa/subversiva por la quema de nueve autos particulares y un ataque explosivo contra una sucursal Harley Davidson en un fraccionamiento del Distrito Federal, acción que reivindicó el Frente de Liberación de la Tierra. Supuestamente puede ser consignado de 4 a 6 años. De acuerdo con el texto colgado en Liberación Total, Abraham fue detenido junto con Fermín y Carlos quienes declararon en contra de él y otros compañeros, los cuales han sido rechazados del movimiento anarquista en México. Abraham es vegano.
Socorro Molinero Armenta: Detenido el 1 de enero del 2010 por su supuesta participación en un ataque armado contra la policía municipal de Tijuana, en donde varias patrullas fueron ametralladas por el grupo insurreccionalista Acción Anarquista Anónima. Posiblemente pueden acusarlo de asociación delictuosa, daño a propiedad del estado-nación y portación de arma de fuego. Hasta ahora no se sabe más sobre su caso.
Adrián Magdaleno González: Detenido el 4 de Febrero del 2010 por la policía bancaria e industrial, acusado de detonar una bomba de gas butano dentro de un vagón del metro Taxqueña. La bomba no logró su objeto total, pues el artefacto estaba compuesto de tres latas de gas, de las cuales sólo estalló una. Adrián se encuentra en el Reclusorio Norte del DF, acusado de atentar contra la paz social y daños a propiedad privada, pues le cargaron también la explosión con latas de gas contra un Banamex el 25 de septiembre del año pasado en la delegación de Milpa Alta. Actualmente está sentenciado a 5 años con 10 meses. Adrian es vegano.
Diego Alonso: Después de cuatro meses de fuga insurrecta, Diego es arrestado con una orden de re aprehensión aproximadamente a principios de marzo, después de que intentara ocupar una casa en la colonia Barrera en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Es poca la información que se tiene sobre su caso, pero puede enfrentar cargos por daños a propiedad privada ya que es la acusación que le hicieron cuando fue detenido la primera vez a finales de octubre. Diego es vegano.
lunes, 5 de abril de 2010
Desencapuchando a… Sabines
Ahí va, ahí va. Bajita la mano el gobierno de Chiapas que preside el gobernador perredista Juan Sabines sigue haciendo su lucha por desplazar de una vez por todas al EZLN y sus bases militantes. Mantiene una guerra de baja intensidad que llama la atención a veces por su tenacidad y a veces por su torpeza.
El pasado 30 de septiembre el dirigente de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) y defensor de los derechos de los indígenas, José Manuel Hernández Martínez fue detenido en un operativo conjunto de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE).
Al siguiente mes fueron detenidos Roselio Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández, también integrantes de la OCEZ-RVC, quienes fueron torturados física y psicológicamente durante su ilegal captura. Presuntamente acusados de ser narcotraficantes y “polleros” de indocumentados. Hostigamiento puro, pues no les probaron nada.
El 9 de noviembre comentamos que el periódico Reforma publicó un supuesto “informe oficial de inteligencia” que con notorias imprecisiones advierte que grupos afines al EPR, a las FARP y al ERPI, estarían recibiendo el apoyo de grupos del crimen organizado como Los Zetas, brazo armado del Cártel del Golfo, y del Cartel de Sinaloa, que comanda Joaquín El Chapo Guzmán, para conseguir armamento de alto poder.
Según el reporte que dicen tener en el periódico Reforma “los grupos pretenden llevar al cabo acciones tendientes a desestabilizar, mediante la vía armada, al gobierno del perredista Juan Sabines en el 2010, concretamente durante las celebraciones del Bicentenario de la Independencia.
Unos días más tarde, el 25 de noviembre, el periódico La Jornada publicó que el Congreso chiapaneco aprobó un acuerdo que solicitaba al gobierno de Juan Sabines Guerrero atender a las Juntas de Buen Gobierno zapatistas que habrían pedido el reconocimiento jurídico. Todo falso. Nunca existió tal petición.
Al inicio de 2010, lo que se ha mantenido incólume son los problemas intercomunitarios provocados por la oficialista Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), que constantemente “choca” con bases de apoyo zapatista y adherentes a La Otra Campaña, cuando no es por problemas de tierra, por rencillas familiares o por asuntos “personales”.
El domingo pasado nos enteramos, vía el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas el peligro que corren la señora Rosa Díaz Gómez y la menor Carmela Sánchez Cruz, habitantes del ejido Jotolá, debido a la amenazas de muerte y desalojo forzoso que recibieron por los señores Juan Cruz Méndez y otros integrantes de la OPDDIC; en caso de continuar participando dentro de la organización La Otra Campaña.
Este caso no es aislado, pues en la misma página del Frayba documenta casos similares en poblados como Mitzitón y Bolom Ajaw, ocurridos este mismo año.
El último episodio de esta tragicomedia de traspiés chiapanecos, que amenaza con llevar sangre al río, fue la publicación, el pasado 27 de marzo, nuevamente en el periódico Reforma, de otro informe de inteligencia revestido de testimonio de un ex militante zapatista, en el que se revelaba la estructura militar del EZLN, se hablaba de ligas de los zapatistas con la ETA y se mostraban fotos de los principales operadores militares, incluyendo dos del Subcomandante Marcos, quien finalmente era desencapuchado.
Una pifia más. El aludido no era Marcos, sino un simpatizante italiano.
En suma, que todas estas piezas sueltas forman un rompecabezas preocupante del interés del gobierno estatal de desmantelar poco a poco y a la mala a las comunidades de base zapatista, aun al precio de desatar de nuevo el conflicto armado.
Vale recordar que, devaluadas y todo, siguen vigentes la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas, en cuyo marco, y no en otro, tiene que resolverse el conflicto chiapaneco que no es militar, sino de justicia social.
El pasado 30 de septiembre el dirigente de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) y defensor de los derechos de los indígenas, José Manuel Hernández Martínez fue detenido en un operativo conjunto de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE).
Al siguiente mes fueron detenidos Roselio Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández, también integrantes de la OCEZ-RVC, quienes fueron torturados física y psicológicamente durante su ilegal captura. Presuntamente acusados de ser narcotraficantes y “polleros” de indocumentados. Hostigamiento puro, pues no les probaron nada.
El 9 de noviembre comentamos que el periódico Reforma publicó un supuesto “informe oficial de inteligencia” que con notorias imprecisiones advierte que grupos afines al EPR, a las FARP y al ERPI, estarían recibiendo el apoyo de grupos del crimen organizado como Los Zetas, brazo armado del Cártel del Golfo, y del Cartel de Sinaloa, que comanda Joaquín El Chapo Guzmán, para conseguir armamento de alto poder.
Según el reporte que dicen tener en el periódico Reforma “los grupos pretenden llevar al cabo acciones tendientes a desestabilizar, mediante la vía armada, al gobierno del perredista Juan Sabines en el 2010, concretamente durante las celebraciones del Bicentenario de la Independencia.
Unos días más tarde, el 25 de noviembre, el periódico La Jornada publicó que el Congreso chiapaneco aprobó un acuerdo que solicitaba al gobierno de Juan Sabines Guerrero atender a las Juntas de Buen Gobierno zapatistas que habrían pedido el reconocimiento jurídico. Todo falso. Nunca existió tal petición.
Al inicio de 2010, lo que se ha mantenido incólume son los problemas intercomunitarios provocados por la oficialista Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), que constantemente “choca” con bases de apoyo zapatista y adherentes a La Otra Campaña, cuando no es por problemas de tierra, por rencillas familiares o por asuntos “personales”.
El domingo pasado nos enteramos, vía el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas el peligro que corren la señora Rosa Díaz Gómez y la menor Carmela Sánchez Cruz, habitantes del ejido Jotolá, debido a la amenazas de muerte y desalojo forzoso que recibieron por los señores Juan Cruz Méndez y otros integrantes de la OPDDIC; en caso de continuar participando dentro de la organización La Otra Campaña.
Este caso no es aislado, pues en la misma página del Frayba documenta casos similares en poblados como Mitzitón y Bolom Ajaw, ocurridos este mismo año.
El último episodio de esta tragicomedia de traspiés chiapanecos, que amenaza con llevar sangre al río, fue la publicación, el pasado 27 de marzo, nuevamente en el periódico Reforma, de otro informe de inteligencia revestido de testimonio de un ex militante zapatista, en el que se revelaba la estructura militar del EZLN, se hablaba de ligas de los zapatistas con la ETA y se mostraban fotos de los principales operadores militares, incluyendo dos del Subcomandante Marcos, quien finalmente era desencapuchado.
Una pifia más. El aludido no era Marcos, sino un simpatizante italiano.
En suma, que todas estas piezas sueltas forman un rompecabezas preocupante del interés del gobierno estatal de desmantelar poco a poco y a la mala a las comunidades de base zapatista, aun al precio de desatar de nuevo el conflicto armado.
Vale recordar que, devaluadas y todo, siguen vigentes la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas, en cuyo marco, y no en otro, tiene que resolverse el conflicto chiapaneco que no es militar, sino de justicia social.
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