Paz en Colombia, cocaína y cárteles mexicanos: Proceso

POR RAFAEL CRODA
11 JULIO, 2016
COLUMNA / EJE SUR

BOGOTÁ (apro).- La desmovilización de la guerrilla colombiana de las FARC, que deberá comenzar en unas semanas más, puede tener un efecto significativo sobre el negocio del narcotráfico a nivel regional y plantea un desafío para las organizaciones que dominan esa actividad criminal, en especial para los cárteles mexicanos de la droga.

Es un hecho que la salida de las FARC de los territorios donde se concentran la producción de hoja de coca y los laboratorios en los que se transforma esa planta en cocaína pura causará un desabasto en el mercado de esa droga.

Y no sólo porque las FARC dejarán de proteger las plantaciones de hoja de coca y los laboratorios, sino porque uno de los acuerdos de esa guerrilla con el gobierno de Colombia consiste en la aplicación de un ambicioso programa de sustitución de cultivos ilícitos.

Con este plan, que en su arranque contará con un financiamiento de 400 millones de dólares, el gobierno y las FARC esperan que la mayoría de las 74 mil 500 familias involucradas en el cultivo de hoja de coca abandonen esa actividad y se reincorporen a la agricultura tradicional.

El Estado colombiano está comprometido, mediante los acuerdos de paz, a darles a esos campesinos asistencia técnica, créditos y, sobre todo, infraestructura social: escuelas, clínicas y carreteras.

Y a diferencia de otros acuerdos de paz –como el de Guatemala, que el Estado incumplió–, el que firmarán el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC tendrá rango constitucional y eso le dará un blindaje jurídico que facilitará su cumplimiento y ejecución.

Tan es así, que el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, estimó en una entrevista con Proceso que en un plazo de entre tres y cuatro años los cultivos de hoja de coca en Colombia caerán en un 90 por ciento con relación a las 96 mil hectáreas que existen en la actualidad.

“Eso es prácticamente desaparecer la coca. Los cultivos serían algo marginal”, afirmó Pardo.

Es claro que, de cumplirse esta expectativa, el mercado mundial de la cocaína –cuyo principal abastecedor es Colombia— sufrirá una modificación estructural.

“Los principales afectados van a ser las bandas criminales colombianas y los narcotraficantes mexicanos. Para ellos, menos coca será menos negocio. Por eso van a hacer todo lo posible por mantener el abastecimiento en sus actuales niveles”, dice a Apro una fuente de la  división antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia (PNC).

Indica que los cárteles mexicanos de la droga, principalmente “el de Sinaloa”, están apoyando financieramente y con abastecimiento de armas a sus socios colombianos para copar las zonas cocaleras que abandonarán las FARC cuando comience su proceso de desmovilización, previsiblemente antes de que concluya septiembre.

“El socio mayor del Cártel de Sinaloa en Colombia es ‘Otoniel’, pero hay otras pequeñas estructuras regionales con las que los mexicanos hacen negocios. Son los que los abastecen de cocaína. Ellos se están preocupando de que ese suministro de droga siga, que no caiga”, señala la fuente consultada.

El socio de El Chapo

Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, es el jefe de la banda criminal más grande de Colombia. A su grupo se le conoce como Los Urabeños, el Clan Úsuga o el Clan del Golfo. En realidad, es la mayor y más poderosa organización criminal colombiana, a pesar de los fuertes golpes que ha recibido en los dos últimos años.

“Otoniel” domina gran parte de la costa del pacífico colombiano, donde se encuentra la ruta principal de los embarques de cocaína con destino a Centroamérica, México y Estados Unidos. En el pasado, fue “el principal nexo” en Colombia del recapturado jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, según un informe de la PNC.

Pero “Otoniel” está en problemas. No sólo porque es el principal objetivo de la policía colombiana y un cuerpo elite de la corporación tiene varios meses tras él.

También, porque se trata de un capo proveniente de los grupos paramilitares de extrema derecha que se desmovilizaron la década pasada y porque, según investigaciones judiciales, sus estructuras armadas siguen haciendo trabajos sucios para terratenientes y caciques regionales interesados en deshacerse de líderes sociales comprometidos con la paz y con la reforma agraria que se viene como parte de los acuerdos con las FARC.

Y como uno de los pactos con esta guerrilla establece que el Estado deberá atacar a los grupos neoparamilitares que amenazan la paz, el cerco sobre “Otoniel” y su organización se hará más estrecho. Incluso, las FARC contribuirán con el gobierno en el combate a este capo. No con las armas, porque este grupo insurgente las dejará, pero sí con información sobre sus rutas y movimientos.

A ninguno de los jefes de la policía colombiana le cabe duda de que uno de los mayores desafíos de la paz –el acuerdo final con las FARC se  firmará en agosto o septiembre— será el de evitar que los territorios que dejará esa guerrilla sean ocupados por bandas como la de “Otoniel” o los “baby carteles” que proliferan en todo el país y que han creado fuertes vínculos operativos y de negocios con narcotraficantes mexicanos.

Los escenarios que manejan los organismos de seguridad de Colombia incluyen que los cárteles mexicanos de la droga puedan financiar las eventuales guerras por el control de zonas que abandonen las FARC y que incentiven, a través de sus socios locales, los sembradíos de hoja de coca para garantizar el abasto de cocaína.

En los dos últimos años, ha habido un repunte en la producción de esa droga por al aumento de cultivos ilícitos en Colombia.  Las hectáreas sembradas con hoja de coca pasaron de 48,189 en 2013 a 96 mil el año pasado, lo que significa un alza del 99 por ciento.

Y la producción potencial de cocaína pura pasó de 442 toneladas a 646 toneladas, el mayor nivel de los últimos nueve años.

Esto se explica por la apreciación del dólar frente a las monedas latinoamericanas, lo que valoriza los productos de exportación, como esa droga; por la suspensión de aspersiones aéreas con glifosato, un herbicida que puede causar cáncer, y porque familias campesinas se incorporaron a la siembra de coca en espera de ser beneficiadas por el programa de sustitución de cultivos.

Este programa se comenzó a aplicar a nivel piloto el domingo 10 de julio en el noroccidental municipio de Briseño. Las FARC, que financiaron la guerra con la coca, están participando de la mano del gobierno en ese plan de erradicación y desarrollo alternativo.

La policía de Colombia está segura que los cárteles mexicanos de la droga, que durante años han sido los principales beneficiarios económicos de la cadena regional del narcotráfico, no se van a quedar con los brazos cruzados ante la potencial caída del abastecimiento de su producto principal y de su mayor fuente de ingresos.





Tomado de
http://www.proceso.com.mx/446834/paz-en-colombia-cocaina-carteles-mexicanos

"No somos narcotraficantes": FARC

We are not drug traffickers: FARC

Submitted by WW4 Report on Wed, 02/27/2013

One of the leaders of Colombia’s largest guerrilla group, the FARC, on Feb. 24 said that they are not a drug trafficking organization and though they have entered into peace negotiations with the government, they have not relinquished their aim to "take power." Rodrigo Granda, considered the FARC's foreign minister, told newspaper El Colombiano that the accusation that the FARC is nothing but a drug trafficking organization "is a shame." Referring to the four countries that have observed the peace process thus far, he said: "We are not drug traffickers, we are an organization with clear political policy ideas and for this reason the government is obliged to sit down and talk with us. Colombia would not sit down with a group of drug traffickers, Cuba would not sit as a guarantor with a group of drug traffickers, Venezuela and Chile would not sit down with a group of drug dealers, I don't think Norway has received a group of drug traffickers."

"We have not given up on taking power," Granda said. "What happens is that our strategic plan takes various forms. From Marquetalia [where the FARC was founded in 1964], Marulanda [FARC's founder] and his men saw that it was possible to develop non-violent, unarmed confrontation... We arrived in Havana and said that if the gates are opened and the political environment changes where no Colombian can be killed for their political ideas [then we will have opened] the gates to a democracy."

But he also expressed wariness of working with the state. "We have a sad history, the largest political genocide on the continent, [was] that of the Patriotic Union [which left] 5,000 people dead." The Patriotic Union (UP) party was formed in 1985 by the FARC and the Colombian Communist party as a result of peace talks between the rebels and the administration of Belisario Betancur. "The causes which [allowed] the extermination of the UP have still not been exterminated. What guarantees do we have in this moment?"

The rebel negotiator also criticized Colombia's Prosecutor General Alvaro Ordoñez, who said that leading FARC rebels should not be allowed to participate in politics if the peace process is successful. "This prosecutor is a strange man, like something out of the basements of the age of the Inquisition," said Granda. "He seems unaware that here [in Cuba, where the peace talks are taking place] are some eminent political dialogues... We are [here] to stop a war of almost 60 years. No one is going to ask any of us to hand over the weapons and then [go] to prison. No revolutionary will do this."

Granda was arrested in 2004 by Venezuelan police and taken to the Colombian border, where Colombian authorities awaited him. In 2007, he was released after then-French president Nicolas Sarkozy asked the Colombian government for his liberation under a "humanitarian exchange" between the guerillas and the government. (Colombia Reports, Feb. 25)

The FARC also responded to charges that it is responsible for stealing hundreds of thousands of acres of land from the people in its zones of control. Contrary to figures from the government's Land Restitution Unit finding that 37% of all displacements are attributed to guerrillas, Ivan Márquez, the guerillas' chief negotiator, said they are not the ones to blame.

"They disfigure reality... [I]n a badly intentioned and perverse form, they try to divert [attention] from the causes and from who is truly responsible for the robbery of close to 8 million hectares," said Márquez. The sum recently named by the government for land stolen by the FARC is equivalent to 19.7 million acres.

Márquez implied the charges were aimed at sabotaging the peace process. "We hope the government does not abuse the table. We call on the Colombian people to mobilize in defense of the peace process, to not permit [the government] to rob us of this hope," he said.

President Juan Manuel Santos said Feb. 23 that if negotiations with the FARC did not advance, the government would not hesitate to call them off. The president had previously stated that the talks would not last past November of 2013. (Colombia Reports, Feb. 26)

Despite the talks in Havana, fighting continues in Colombia's war zones. A Feb. 25 attack attributed to the FARC's 48th Front, left one National Police troop and one civilian dead, and at least 13 more wounded, in southern Putumayo department. FARC guerrillas allegedly threw explosive devices into a restaurant in the town of San Miguel, where the majority of the local police force was having lunch. The perpetrators were said to have fled the scene on a motorcycle. (Colombia Reports, Feb. 26)


Tomado de http://ww4report.com/node/12041