AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!
En México el estado de derecho está diseñado para reprimir al pueblo y garantizar los privilegios de unos cuantos oligarcas, está claro que a la menor exigencia de éstos respuesta solícita del gobierno, les dan atención inmediata de forma satisfactoria. En las recientes "protestas" empresariales la oligarquía exige que se respete su voluntad expresada en sus intereses y privilegios de clase.
Por un lado exigen la represión por todos los medios y formas del Estado contra el movimiento popular-magisterial que protesta y defiende sus derechos, demandan "que se aplique la ley" y que se "haga respetar el estado de derecho" sin miramiento alguno, exigencia que en los hechos no es otra cosa más que fortalecer el imperio del terror de Estado; mientras por otro lado, reclaman en forma de "protesta" garantías para el capital por encima de cualquier condición o circunstancia socioeconómica. Pase lo que pase para estos oligarcas la cuota de plusvalía debe cubrirse, ya sea por la explotación directa o exigiendo indemnización al Estado bajo el ardid de las pérdidas millonarias a causa de las protestas.
Primero fue el ultimátum del gobierno federal, hoy es el de la oligarquía que desde su concepción fascista sólo los empresarios tienen el monopolio del derecho a la protesta, para ellos desde el gobierno antipopular está garantizado el derecho de expresar sus intereses por los medios que les sean necesarios, mientras para el pueblo al menor acto de protesta se le contesta con autoritarismo y represión.
Desde la dictadura de opinión se manipula la realidad, en su papel de inquisidores y ministerios de la comunicación, a los inconformes y a los que protestan contra las leyes autoritarias que impone la oligarquía se les criminaliza y se les presenta como delincuentes, infractores de la ley, que ponen en riesgo la "estabilidad económica" y vulneran el "estado de derecho"; pero a los empresarios responsables directos de la explotación económica del pueblo se les exalta como "hombres productivos", "empleadores", "emprendedores", a los que el pueblo debe agradecer y rendir sumisión. A estos empresarios se les da voz y rostro en cada una de sus peticiones, intentando con ello legitimar las exigencias burguesas sin que nada se les cuestione.
No cesan sus llamados a que se ejerza la represión, que se dé un baño de sangre más, insisten en la lógica de criminalizar la protesta y dar "solución" con la violencia y terrorismo de Estado a las demandas del pueblo, por esa actitud criminal tienen que asumir su responsabilidad ante el pueblo y ante la historia.
Los que "protestan" en nombre de la "iniciativa privada" para exigir que el descontento popular contra la reforma educativa se detenga, en realidad son trabajadores forzados por hambre o temor ante las amenazas de ser despedidos, la lógica es la misma: enfrentar pueblo trabajador contra pueblo trabajador.
El argumento de las multimillonarias pérdidas económicas por las protestas de la lucha popular-magisterial, pone en evidencia el grado de explotación asalariada y la precariedad de los trabajadores; sus "pérdidas" representan el grado de la cuota de plusvalía que obtienen en el proceso de explotación asalariada. Si en horas "pierden" millonarias cifras, en meses y años ¿A cuánto ascienden sus ganancias señores empresarios?
En esa lógica explotadora el empresario nunca tiene pérdidas, mientras que el obrero siempre pierde, por años han estado amasando millonarias cuotas de riqueza, y hoy cínicamente ellos mismos nos dan las cifras, ante las cuales la junta administrativa responde complacientemente para seguir garantizando la cuota de plusvalía indemnizando sus "pérdidas".
Desde el gobierno federal se sostiene contra viento y marea la reforma educativa en nombre de la ley, se impone la privatización de la educación pública con argumentos y acciones leguleyas, se prolonga intencionalmente el conflicto magisterial-popular en busca del desgaste para justificar la represión generalizada, demostrando con ello que un gobierno que no escucha y soluciona favorablemente las demandas populares, se revela como antipopular, alejado totalmente de quien dice representar. Para el pueblo queda claro que para el político de oficio la "soberanía" del Estado descansa en la voluntad oligarca, para ellos la voluntad popular no existe.
Toda ley que atente contra el pueblo no sólo puede ser modificada, por exigencia popular debe y puede ser abrogada. La voluntad del pueblo no está sujeta a condiciones oligarcas, ni de politicastros, es la expresión legítima de los intereses de los explotados y oprimidos.
Para la junta administrativa dialogar es sinónimo de autoritarismo e imposición empresarial, informar en una "mesa de trabajo" la voluntad oligárquica garantizada con el manto de la ley antipopular, teniendo como interlocutor a sujetos sumisos que acepten incondicionalmente y sin chistar sus dictados, los cuales sólo deben ser respetados y acatados por los "dialogantes".
Frente a este grado de autoritarismo, en las protestas populares-magisteriales la enseñanza para todos es muy clara: del tamaño de la imposición, agresión y represión, ha sido y será la respuesta popular; si desde el gobierno se niegan derechos, el pueblo debe hacerlos valer por la vía de los hechos, es un acto fundado en el derecho a la protesta, de legitimidad popular.
Ante la acción represiva y las amenazas oligárquicas es válida y legítima toda forma de defensa y acción político popular, nuevas formas de combate popular se están forjando. No hay fuerza represiva que supere la voluntad popular de combatir, los represores son también vulnerables a la acción organizada y decidida del pueblo.
La reforma educativa de carácter burgués no sólo afecta los derechos de los trabajadores de la educación, en esencia niega y afecta gravemente los derechos del pueblo, por tal razón debe ser abrogada, demanda en la que nadie puede quedarse al margen de la solidaridad, la protesta popular y la acción revolucionaria.
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS CRIMINALES DE ESTADO!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ DE PRENSA Y PROPAGANDA DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
Año 52.
República mexicana, a 10 de agosto de 2016
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!
En México el estado de derecho está diseñado para reprimir al pueblo y garantizar los privilegios de unos cuantos oligarcas, está claro que a la menor exigencia de éstos respuesta solícita del gobierno, les dan atención inmediata de forma satisfactoria. En las recientes "protestas" empresariales la oligarquía exige que se respete su voluntad expresada en sus intereses y privilegios de clase.
Por un lado exigen la represión por todos los medios y formas del Estado contra el movimiento popular-magisterial que protesta y defiende sus derechos, demandan "que se aplique la ley" y que se "haga respetar el estado de derecho" sin miramiento alguno, exigencia que en los hechos no es otra cosa más que fortalecer el imperio del terror de Estado; mientras por otro lado, reclaman en forma de "protesta" garantías para el capital por encima de cualquier condición o circunstancia socioeconómica. Pase lo que pase para estos oligarcas la cuota de plusvalía debe cubrirse, ya sea por la explotación directa o exigiendo indemnización al Estado bajo el ardid de las pérdidas millonarias a causa de las protestas.
Primero fue el ultimátum del gobierno federal, hoy es el de la oligarquía que desde su concepción fascista sólo los empresarios tienen el monopolio del derecho a la protesta, para ellos desde el gobierno antipopular está garantizado el derecho de expresar sus intereses por los medios que les sean necesarios, mientras para el pueblo al menor acto de protesta se le contesta con autoritarismo y represión.
Desde la dictadura de opinión se manipula la realidad, en su papel de inquisidores y ministerios de la comunicación, a los inconformes y a los que protestan contra las leyes autoritarias que impone la oligarquía se les criminaliza y se les presenta como delincuentes, infractores de la ley, que ponen en riesgo la "estabilidad económica" y vulneran el "estado de derecho"; pero a los empresarios responsables directos de la explotación económica del pueblo se les exalta como "hombres productivos", "empleadores", "emprendedores", a los que el pueblo debe agradecer y rendir sumisión. A estos empresarios se les da voz y rostro en cada una de sus peticiones, intentando con ello legitimar las exigencias burguesas sin que nada se les cuestione.
No cesan sus llamados a que se ejerza la represión, que se dé un baño de sangre más, insisten en la lógica de criminalizar la protesta y dar "solución" con la violencia y terrorismo de Estado a las demandas del pueblo, por esa actitud criminal tienen que asumir su responsabilidad ante el pueblo y ante la historia.
Los que "protestan" en nombre de la "iniciativa privada" para exigir que el descontento popular contra la reforma educativa se detenga, en realidad son trabajadores forzados por hambre o temor ante las amenazas de ser despedidos, la lógica es la misma: enfrentar pueblo trabajador contra pueblo trabajador.
El argumento de las multimillonarias pérdidas económicas por las protestas de la lucha popular-magisterial, pone en evidencia el grado de explotación asalariada y la precariedad de los trabajadores; sus "pérdidas" representan el grado de la cuota de plusvalía que obtienen en el proceso de explotación asalariada. Si en horas "pierden" millonarias cifras, en meses y años ¿A cuánto ascienden sus ganancias señores empresarios?
En esa lógica explotadora el empresario nunca tiene pérdidas, mientras que el obrero siempre pierde, por años han estado amasando millonarias cuotas de riqueza, y hoy cínicamente ellos mismos nos dan las cifras, ante las cuales la junta administrativa responde complacientemente para seguir garantizando la cuota de plusvalía indemnizando sus "pérdidas".
Desde el gobierno federal se sostiene contra viento y marea la reforma educativa en nombre de la ley, se impone la privatización de la educación pública con argumentos y acciones leguleyas, se prolonga intencionalmente el conflicto magisterial-popular en busca del desgaste para justificar la represión generalizada, demostrando con ello que un gobierno que no escucha y soluciona favorablemente las demandas populares, se revela como antipopular, alejado totalmente de quien dice representar. Para el pueblo queda claro que para el político de oficio la "soberanía" del Estado descansa en la voluntad oligarca, para ellos la voluntad popular no existe.
Toda ley que atente contra el pueblo no sólo puede ser modificada, por exigencia popular debe y puede ser abrogada. La voluntad del pueblo no está sujeta a condiciones oligarcas, ni de politicastros, es la expresión legítima de los intereses de los explotados y oprimidos.
Para la junta administrativa dialogar es sinónimo de autoritarismo e imposición empresarial, informar en una "mesa de trabajo" la voluntad oligárquica garantizada con el manto de la ley antipopular, teniendo como interlocutor a sujetos sumisos que acepten incondicionalmente y sin chistar sus dictados, los cuales sólo deben ser respetados y acatados por los "dialogantes".
Frente a este grado de autoritarismo, en las protestas populares-magisteriales la enseñanza para todos es muy clara: del tamaño de la imposición, agresión y represión, ha sido y será la respuesta popular; si desde el gobierno se niegan derechos, el pueblo debe hacerlos valer por la vía de los hechos, es un acto fundado en el derecho a la protesta, de legitimidad popular.
Ante la acción represiva y las amenazas oligárquicas es válida y legítima toda forma de defensa y acción político popular, nuevas formas de combate popular se están forjando. No hay fuerza represiva que supere la voluntad popular de combatir, los represores son también vulnerables a la acción organizada y decidida del pueblo.
La reforma educativa de carácter burgués no sólo afecta los derechos de los trabajadores de la educación, en esencia niega y afecta gravemente los derechos del pueblo, por tal razón debe ser abrogada, demanda en la que nadie puede quedarse al margen de la solidaridad, la protesta popular y la acción revolucionaria.
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS CRIMINALES DE ESTADO!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ DE PRENSA Y PROPAGANDA DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
Año 52.
República mexicana, a 10 de agosto de 2016
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