Seguridad nacional: modelos de contrainsurgencia (análisis)

Tomado de la pagina http://www.nodo50.org/comitecerezo/segnal.htm


Seguridad Nacional: modelos de contrainsurgencia

JOSÉ DE LA ROSA*


La Doctrina de Seguridad Nacional ha sido impulsada desde Estados Unidos hacia los países que considera su protectorado o con intereses amplios en ellos, por ejemplo, en todos los países de América Latina. Esta doctrina viene con un mayor impulso renovada y desde la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial y tomando como referente de agresores o desestabilizadores político-económicos a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y su avance comunista en países como Chile durante el mandato de Salvador Allende, Vietnam, la Revolución cubana o la Nicaragua sandinista. Se ha requerido de su transformación, especialización y perfeccionamiento de técnicas a lo largo de su historia y de los conflictos surgidos.

El comunismo ha sido blanco de los ataques más agresivos de los norteamericanos, posterior ha sido el terrorismo vinculado al comunismo marxista; una vez desaparecida la URSS y el bloque socialista, la mira fue puesta sobre el narcotráfico, generado desde las repúblicas bananeras que se habían sacudido las dictaduras militares y entrado en una supuesta etapa democrática, todo ello con el fin de seguir teniendo su área de influencia en la región, controlar la economía del país y, además, a sus políticos adeptos a las políticas económicas estadounidenses, quienes también buscaron el beneficio propio.

El surgimiento de movimientos populares importantes que socavaban la “legitimidad” de los gobiernos fueron objeto de las más crueles represiones por el bien de la seguridad nacional, instrumentándose planes contrainsurgentes de profundidad, es decir, abarcaba todas las áreas de la sociedad: social, política, cultural, educativa, laboral, económica, sicológica, etc. Al aparecer guerrillas importantes en la región centroamericana y en el sur, como Perú, Colombia, Paraguay, incluso Argentina, se instrumentó un nuevo plan de contrainsurgencia enmascarado como lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

De esta manera se ha podido señalar a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como vinculados al narcotráfico y al secuestro (esto último tiene su propia lógica dentro de un movimiento revolucionario, como medida de presión a los órganos políticos del Gobierno y del exterior y no como simple delincuencia), de ahí se deriva un nuevo ataque norteamericano: Plan Colombia. Es de importancia, pues para Estados Unidos significa intereses cuantiosos en la Cuenca del Amazonas, con grandes recursos naturales y dentro de su ámbito geoestratégico, reviviendo la Doctrina Monroe, “América para los americanos”, en donde Estados Unidos dirige la región, un dominio total en los países subdesarrollados, hoy llamados “emergentes”.

México juega un papel primordial dentro de la Seguridad Nacional de Estados Unidos. Con una guerrilla neutralizada en Chiapas, tras la contrarreforma a la Ley Indígena, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sigue siendo un actor incómodo a las modificaciones en otras materias constitucionales, como los sectores eléctrico o petrolero; además, la presencia del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), habiendo incluso otros grupos guerrilleros que buscan consolidarse para una acción eficaz. Todo esto significa un riesgo que no quiere enfrentar el Gobierno mexicano y, por lo tanto, el Gobierno de Washington.

Ante lo ocurrido en Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001, la beligerancia de George W. Bush ha encontrado al enemigo esperado, el terrorismo, para dar nuevos bríos a su doctrina de seguridad nacional expandiéndola a todo el mundo. La visita de asesores de seguridad del Pentágono no sólo ha sido en países europeos o de Centroamérica para dar sus recomendaciones y planes, sino también en México estuvo un investigador cercano o vinculado al Gobierno de Estados Unidos, John Bailey, quien se reunió con Alejandro Gertz Manero, Secretario de Seguridad Pública, y también con Leonel Godoy, ex Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, para establecer planes de seguridad y cooperación entre ambos países. Los gobiernos de López Obrador y de Fox han tenido arreglos en esta materia, estableciendo los vínculos necesarios para la cooperación. Tal es el caso de la presencia de la Policía Federal Preventiva (PFP [militares]) en las calles de la ciudad de México, que además es una institución sin fundamento legal, pues no están establecidas su existencia ni sus funciones en la Constitución, es decir, es una policía ilegal e inconstitucional, lo que le da un carácter de paramilitar.

Ante la entrada de la PFP a la ciudad, el Jefe de Gobierno capitalino se mostró evasivo a los cuestionamientos para, después, afirmar que la PFP permanecería de forma indefinida por sus buenos resultados (¿?). Hay que recordar que sus actuaciones han sido, primero su debut con la intervención en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para romper la huelga estudiantil; posteriormente, en la represión a otras manifestaciones sociales y desalojos, como en Mexicali, o en operativos de “decomisos” y supuesta búsqueda infructuosa de armas en Tepito; así se le ha utilizado, modificando los argumentos y justificaciones.

Ahora es para el combate al narcotráfico, instalando retenes en las principales carreteras del país, principalmente del sureste: Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán, etc.; el número es excesivo, con puestos de control y cuarteles desmontables. No cabe duda que esta medida tiene que ver más con la intimidación y la contrainsurgencia; la localización de zonas donde se pueda gestar la inconformidad de los habitantes que puedan generar movimientos sociales y, como consecuencia, grupos subversivos y armados, además de la oposición pacífica, producto de los planes económicos y la pobreza consecuente. La inteligencia del Estado ha tomado estas medidas de militarización abierta, pues a la vez que realiza esto en las calles y poblados en todo el país, al interior de las instituciones se está creando un sistema rígido. En la misma Secretaría de Gobernación, área administrativa, se fomentan prácticas militares, como el uso del saludo castrense, incluyendo que han recibido uniformes policíacos. El siguiente paso es instituir la carrera de Licenciado en Policía, con grado, toda una jerarquía de rangos y especialidades; esto ha sido una constante en la enseñanza en la Escuela de Las Américas o, como se le conoce, “Escuela del Crimen”, de profesionalizar a la Policía y al Ejército en prácticas antisubversivas y de contrainsurgencia, planes de control social a través de la propaganda y la acción, agregando también que hay todo un proyecto inmediato de incorporar a las empresas de seguridad privada a nivel nacional, a la Secretaría de Gobernación, coordinadas por esta Secretaría para su funcionamiento y, posiblemente, la recolección de información.

Es necesario señalar que muchas de estas empresas pertenecen a conocidos políticos y empresarios, esto significa una medida clara de paramilitarización. Este es un proceso de militarización del Estado, que puede encaminarlo a un complejo autoritarismo, donde el Ejército podría tomar el control de las instituciones. Así lo demuestra la falta de voluntad en el esclarecimiento del asesinato de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa, pese a la presión de organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni el gobierno local ni el federal han agilizado su solución, y los obstáculos ahora son en forma de trámites burocráticos; el sospechosamente silenciado tema del 68, con la muerte de Florencio López Osuna; los hermanos Cerezo Contreras, a quienes no se les ha comprobado el vínculo con las FARP.

Todo esto en una campaña articulada en los distintos ámbitos y regiones del país, que no necesariamente tienen que estar vinculados los actores o las dependencias gubernamentales, es una estrategia global llamada Seguridad Nacional, con distintas vertientes, que para eso se creó el Consejo de Seguridad Nacional, que estuvo a cargo de Adolfo Aguilar Zínser, como coordinador, sin sustento jurídico hasta la fecha y que dicho funcionario actuó con resultados cuestionables y sin dar cuentas públicas, pues es un funcionario público en un trabajo que le incumbe al pueblo entero, y que ha sido nombrado representante permanente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Por estas razones debemos pedir esclarecer todo respecto a la seguridad nacional y que deje de ser una doctrina mandatada desde Estados Unidos, para no seguir siendo el patio trasero de la principal potencia económica y militar. Para que no ocurran hechos bochornosos, como los crímenes de lesa humanidad, ya sean colectivos o selectivos. Para eso debemos, en organización conjunta con los sectores verdaderamente progresistas y sumamente críticos de la realidad, desde organizaciones, estudiantes, trabajadores, campesinos, escritores, amas de casa, niños, indígenas, homosexuales, lesbianas, todos los grupos diversos que luchan por su expresión o sus necesidades más elementales; hacer un frente unificado con propuestas concretas y comunes, con demandas articuladas entre sí, mínimas, para avanzar y hacer planes a corto y largo plazos, y evitar que el autoritarismo penetre disfrazado de combate a la delincuencia; exigiendo a la vez la desaparición de los cuerpos policíacos y militares contrarios a los principios constitucionales y el regreso del Ejército a sus cuarteles.

La delincuencia se debe erradicar con justicia, sin pobreza, con la repartición equitativa de la riqueza y de sus bienes materiales, con igualdad y educación.

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* Pasante de la carrera de Periodismo y Comunicación, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

http://www.uom.edu.mx/trabajadores/30seguridad.htm