Espionajes telefónicos

Todos los Estados del mundo tienen aparatos de seguridad nacional, que incluyen entre sus herramientas la escucha de conversaciones privadas, las cuales se supone deben estar reguladas por criterios éticos muy estrictos.

Hace dos años decíamos sobre el Cisen: “Hay quienes dicen que debe desaparecer porque es un instrumento de la represión estatal, pero es indudable que administrativamente la custodia de la seguridad nacional (entendida como la defensa ante amenazas externas e internas que pongan en riesgo a los tres componentes del Estado, población, territorio y gobierno) debe recaer en una instancia gubernamental, sin fines políticos”.

Argumentamos que el Cisen ha sido tradicionalmente utilizado con fines políticos y de hostigamiento a opositores, lo que lo ha desviado de tareas de inteligencia contra enemigos más tangibles, como el crimen organizado, por ejemplo, que está descontrolado y cuyos capos principales gozan de cabal libertad.

Espiar opositores políticos, periodistas y ciudadanos en general, sin orden judicial de por medio, es un delito, así sea cometido por particulares armados de equipo tecnológico especializado o por el Estado, que cuenta con la infraestructura suficiente para ello.

Ahora bien, a la luz de lo anterior, las grabaciones dadas a conocer ayer por la prensa, en las que el gobernador de Veracruz Fidel Herrera presuntamente da instrucciones para apoyar económicamente al candidato del PRI a sucederlo, Javier Duarte, ¿son lícitas o no?

Ayer escuché opiniones de opositores al PRI de que no importaba el origen de las cintas, siempre y cuando sirvieran para develar lo que todos intuimos: el descarado apoyo de los gobernadores caciques a sus delfines electorales.

Argumentaciones parecidas surgieron cuando el escándalo del “gober precioso” de Puebla, Mario Marín, que fue pillado en obscenas conversaciones con el empresario Kamel Nacif, reconociendo su prepotencia al violentar la justicia para castigar a la periodista Lydia Cacho, quien reveló una red de pederastas.

“Mientras sirvan a un fin noble; las conversaciones son bienvenidas”, dijeron más o menos los apoyadores de la causa, que jamás se han cuestionado el origen de las mismas.

¿Seguro? ¿Cuándo la ilegalidad me afecta es fascismo y cuando me beneficia, democracia? ¿No es medir con varas distintas un mismo hecho?

Las grabaciones del indefendible Fidel Herrera tienen un innegable tufo electorero, y los únicos beneficiados por este hecho son sus opositores: los partidos PAN, PRD, PT y Convergencia. Llevando la especulación más allá, acaso es el PAN es el único con la capacidad tecnológica, vía el Cisen, para grabar a un gobernador.

Esto probaría que a la hora de gobernar PAN y PRI reaccionan igual, haciendo un uso político de los aparatos de seguridad nacional, justo para lo que no deben servir.

Como antecedente de esta posibilidad, la periodista Anabel Hernández, en el quinto capítulo de su libro “Los Cómplices” (Grijalbo 2008) relata el presunto uso ilegal del Cisen y sus servicios de espionaje por parte del fallecido Juan Camilo Mouriño.

Luego entonces: ¿fue ilegal la escucha a FH? Sí. ¿Tiene validez jurídica? No. ¿Es políticamente útil? En estricto sentido sí, pero no podemos permitirnos abrir la puerta a una doble moral en la que un mismo delito se atenúe si sirve a la democracia.

Escuchar ilegalmente es fascismo, sea la derecha o la izquierda la que lo realice.