En formación, nuevo movimiento guerrillero en México

Contralínea 511 / del 24 al 29 de Octubre 2016


En México se organiza una nueva guerrilla. Los organismos de seguridad nacional buscan la manera de impedir que reciba el apoyo de comunidades urbanas y campesinas. La nueva formación se suma a las que ya luchan con las armas por la caída del régimen: EZLN, EPR, TDR y ERPI

por Zósimo Camacho


En la Agenda Nacional de Riesgos, los organismos encargados de la seguridad y defensa nacionales advierten de la formación de una nueva estructura guerrillera, con algunos exintegrantes de otros movimientos armados pero, sobre todo, con nuevas generaciones de combatientes.

El documento –de carácter confidencial, bajo custodia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)– señala como uno de los “escenarios de riesgo” la irrupción de “nuevas expresiones” de lucha armada.

Advierte puntualmente del “surgimiento de una nueva expresión subversiva”. Según las versiones 2013, 2014 y 2015 de la Agenda Nacional de Riesgos –a las cuales Contralínea tuvo acceso–, la nueva organización está integrada por “cuadros históricos” de varias organizaciones vigentes “y nuevas generaciones de militantes de mayor radicalidad de lucha”.

La Agenda Nacional de Riesgos es un documento de carácter confidencial elaborado anualmente por el Cisen –organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación (Segob) encargado de los servicios de inteligencia civil del Estado mexicano–, con información de las demás dependencias responsables de la seguridad y defensa nacionales, principalmente las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).

Los movimientos subversivos se mantienen dentro de las 10 principales “amenazas” a la seguridad nacional que reconoce el Estado mexicano. Llegaron a significar en 2013 la quinta más importante, pero desde finales de 2015 ocupan el lugar décimo en las prioridades de los encargados de los servicios de inteligencia civil y militar.

Vigencia de la lucha armada

El propio documento reconoce que en amplias regiones del país predominan  “los factores” que favorecen la subversión: “asilamiento físico, ineficacia de las políticas públicas, corrupción y alto nivel de marginación”.

Ante ello, la vía armada es hoy una opción “lógica y teórica”, señala Gilberto López y Rivas. El doctor en antropología por la Universidad de Utah e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señala que a la cerrazón de los espacios de participación política, por fraudes electorales, se suma “el mundo de la impunidad total, donde los delitos no se persiguen, no se obtiene justicia para ninguno de los grandes crímenes”.

El de la impunidad que se vive en México es uno de los factores que también destaca Daniel Zizumbo-Colunga, doctor en filosofía por la Universidad de Vanderbilt. Entre más casos que hagan ver a la justicia como comprada por los políticos o las clases adineradas, mayores serán las posibilidades de que las personas consideren el uso de las armas como una vía para defenderse y obtener justicia. “Aunque no necesariamente estos grupos se conviertan en guerrillas con reivindicaciones antiestatales”, aclara el experto en autodefensas y policías comunitarias.

López y Rivas, por su parte, señala que así como las grandes masacres de las décadas de 1950 y 1960, que quedaron en la impunidad, dieron origen a las luchas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, también se está mandando un mensaje a los desposeídos de que no es posible caminar por la vía electoral. Agrega que ninguna de las autoridades electorales funciona para detener los fraudes que se ponen en marcha con cada elección.

“Y cuando uno analiza los factores que llevaron a muchos jóvenes a levantarse en armas y recurrir a un recurso tan extremo como la lucha armada, se da uno cuenta que estos factores permanecen hoy, incluso algunos más agudizados. Por ello uno puede concluir que la lucha armada es tan vigente hoy como ayer”, explica López y Rivas.

Coincide con Daniel Zizumbo en que, ante la incapacidad o criminalidad del Estado, muchos de los grupos que han aparecido recientemente son de autodefensa armada, independientemente de que quieran cambiar el régimen o sólo defenderse de la violencia del Estado o de la criminalidad.

Se pregunta: “¿Qué hacer ante una circunstancia donde el Estado, por omisión o comisión, se convierte en un cómplice de la impunidad, de la criminalidad, de la delincuencia; en donde no se puede garantizar la justicia porque el 90 por ciento de los delitos no se investiga siquiera?

Daniel Zizumbo-Colunga explica los tres grandes grupos de causas que generan movimientos armados: “la inseguridad; las comunidades fuertes llenando los vacíos del Estado y, finalmente, la erosión del sistema democrático mexicano”.

Abunda en que “tenemos un sistema muy mal diseñado, y no sólo me refiero a la corrupción. Estamos viendo en muchos lugares una erosión del sentimiento de representación de la gente. Muchas de las guerrillas emergen por un sentimiento de la gente de no ser representada y de un desencanto con la democracia. La gente empieza a sentir que los partidos políticos no la representa y el sistema democrático no es el mejor. Intentan buscar un cambio”.

Si el crimen toca a la puerta de las familias y las comunidades y, además, ve que el sistema “democrático” no funciona,  “muchas de las policías comunitarias pueden surgir no solamente para llenar el hueco del Estado, sino para oponerse a ese Estado y democracia que no funcionan”.

Por ello, una de las principales acciones de contrainsurgencia, según reconoce la Agenda Nacional de Riesgos, es el uso de los programas asistenciales. Así, entre las “capacidades” del Estado frente a la guerrilla anota la “aplicación de programas federales y estatales de beneficio social en zonas con presencia de grupos subversivos”.

Así, el documento recomienda “profundizar estrategias en los municipios que registran promedios superiores en cada uno de los factores predominantes asociados a la subversión”, incluso en aquellas zonas donde aún no hay presencia de grupos guerrilleros. “En este universo, los programas sociales tendrán mayor efecto preventivo”.

Abunda la Agenda Nacional de Riesgos en “focalizar algunas acciones de política social con fines preventivos, en la población de municipios que por sus características socioeconómicas sean idóneos para la cooptación de nuevas bases sociales”.

Como en el caso de la lucha del Estado contra el anarquismo (Contralínea 510), en el documento se recomienda el “relanzamiento de grupos operativos al interior del Cisen enfocados a objetivos específicos”.

Señala que los principales “problemas de gobernabilidad” asociados a movimientos subversivos se encuentran en regiones de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos y Oaxaca. Incluso, apunta que en estas amplias zonas del país, las guerrillas “operan endémicamente”.

Entre las vulnerabilidades del Estado mexicano frente a la “amenaza” subversiva, destacan los “problemas de coordinación entre autoridades federales y estatales” para atacar a los grupos guerrilleros.

Otras de las “vulnerabilidades” del Estado, según la Agenda Nacional de Riesgos, son las “demandas ante instancias internacionales sobre presuntas violaciones a derechos humanos”.

Entre las capacidades para enfrentar a los movimientos guerrilleros, los organismos de inteligencia señalan que cuentan –como en el caso de los anarquistas insurreccionalistas (Contralínea 510)– con “trabajo de inteligencia interinstitucional” que involucra a las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina.

También se han instalado “mesas de coordinación con los procuradores de los estados de Chiapas, Michoacán, Morelos y Oaxaca para atender integralmente estos temas”.


Los movimientos armados

De manera pública, el Cisen reconoce la existencia de sólo tres movimientos armados: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Lo anterior, según el documento Cronología de los grupos armados activos que el organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) entregó a Contralínea en días pasados. El texto es parte de la respuesta a la solicitud de información 0410000005116 presentada por este medio de comunicación a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin embargo, en la Agenda Nacional de Riesgos se revela que el Estado mexicano también sigue de cerca otra expresión guerrillera: la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP).

El Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema) lleva el registro de 50 formaciones guerrilleras en México. Muchas de ellas sólo son membretes o son comandos o brigadas de organizaciones más grandes. De otras sólo se conocen sus esporádicos comunicados sin que hayan llegado a realizar alguna acción “revolucionaria” de carácter violento. Algunas más aparecieron y dejaron de existir sin siquiera haber concretado algún hecho armado.

Para los organismos de seguridad nacional –según la Agenda Nacional de Riesgos– sólo son cinco organizaciones con estructura y capacidad real para desafiar al Estado mexicano: las cuatro citadas y la nueva agrupación que no ha emitido aún comunicado alguno ni ha reivindicado hasta el momento alguna acción “revolucionaria”.

De las cuatro guerrillas activas que “preocupan” a los organismos de inteligencia, tanto civil como militar, una (el EZLN) cuenta con bases que se cuentan por miles y simpatizantes en todas las entidades de la República. Las otras tres son resultado de la “diáspora” eperrista o “depuración”, como señala la dirección del actual EPR. Varían en sus niveles de aceptación, pero todas sus expresiones son de carácter clandestino. Cuentan con organizaciones populares (o “de masas”) pero éstas no se reivindican públicamente como parte civil del movimiento armado.

EZLN, reposicionamiento

En el horizonte, advierte la Agenda Nacional de Riesgos, un “reposicionamiento del EZLN”. Señala que la nueva iniciativa política de esta organización “buscará que las redes de apoyo zapatistas repliquen el modelo de autonomía en diversas zonas del país”.

Se trata del movimiento armado al que mayores páginas le dedica el documento. Para los autores de la Agenda, el EZLN se encuentra “aislado políticamente”, pero puede salir de esta situación en cualquier momento. Destaca que los zapatistas mantienen “disputas” por tierras con “grupos desafectos y exzapatistas”. Lo anterior genera que en Chiapas se viva de manera permanente en conflicto social.

Señala que los conflictos están focalizados en  Chenalhó, Chilón, Ocosingo, Sabanilla, San Cristóbal de las Casas y Tumbalá. Destaca que algunos de estos conflictos focalizados han sido retomados por “grupos nacionales e internacionales para denunciar acciones de hostigamiento contra comunidades zapatistas”.

EL EZLN irrumpió en Chiapas el 1 de enero de 1994, justo cuando entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esa fecha tomó siete cabeceras municipales chiapanecas y atacó un cuartel militar. Fue replegado por el Ejército Mexicano pero desde entonces quedó claro que la fuerza de este movimiento sobrepasaba a las de guerrillas anteriores.

Cálculos oficiales estiman que cuenta con más de 50 mil integrantes y ocupa amplias franjas del estado donde apareció, pero ejerce influencia en colectivos y organizaciones de las demás entidades de la República. Además, mantiene una alianza estrecha con el Congreso Nacional Indígena, organización de carácter pacífico en el que participan comunidades de los 65 pueblos indígenas que sobreviven en México.

Se formó en 1983, como parte de las Fuerzas de Liberación Nacional, un movimiento guerrillero de la década de 1970 que casi es aniquilado en Nepantla, Estado de México, en febrero de 1974.

Hoy el EZLN, junto con el Congreso Nacional Indígena, tiene en marcha consultas para elegir a una candidata indígena a la Presidencia de la República que contienda en las elecciones de 2018.

Según el documento, entre los objetivos actuales del EZLN es “conservar presencia territorial y reclutar nuevos integrantes”; además promover en toda la república la autonomía, principalmente indígena.

Entre las “capacidades” específicas para enfrentar al EZLN, en el documento se destaca el “establecimiento de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México”. Y recomienda echar a andar la “regularización” de la tenencia de la tierra en la zona de esta guerrilla.

 “El EZLN es una organización político militar que no ha entregado sus armas y que las mantiene ahí, como dijo el subcomandante Moisés, como un instrumento más, como se tiene el azadón o como se tiene un hacha; este tipo de planteamientos que hacen hoy los zapatistas de reivindicar sus formas de autogobierno, sus formas de defesa colectiva, de rotación de los cargos; todo lo que representan los procesos autonómicos. Y representan un planteamiento que no solamente es para el mundo indígena”, a decir de López y Rivas.

Sobre la candidatura a la Presidencia de la República que impulsará el EZLN y el Congreso Nacional Indígena, dice: “No podemos desechar nada; no podemos desechar ni vías como una defensa armada, ni vías como los cambios a través de vías electorales que hagan una ruptura”.


EPR, permanencia

Según la Agenda Nacional de Riesgos, en su versión 2013, el EPR –en realidad PDPR-EPR– “conserva” su “capacidad operativa”. Sin embargo, ha optado, en estos momentos por “la vía política”.

Señala que la estrategia de la guerrilla decana del movimiento armado en México es “penetrar movimientos sociales a fin de radicalizarlos”, así como “generar conflictos comunitarios que puedan escalar”.

El EPR se asume como la organización decana del movimiento guerrillero en México. Surgió en Oaxaca en 1965 como Unión del Pueblo. Luego se convirtió en el Partido Revolucionario Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP). Y a mediados de la década de 1980 integró a algunos de los cuadros sobrevivientes del Partido de los Pobres (PDLP), de Lucio Cabañas. Por ello cambió su nombre al del PROCUP-PDLP.

Más tarde, a principios de la década de 1990 se renombró como PDRP-EPR. Irrumpió en Guerrero el 28 de junio de 1996, en el vado de Aguas Blancas, justo en el lugar y un año después de que fueran masacrados campesinos inermes que luchaban por mejorar sus condiciones de vida.

Es conocida su capacidad militar, sobre todo en materia de manejo de explosivos. Desde que se llamaba Unión del Pueblo utilizó la colocación y detonación de bombas como una herramienta precisa de su “crítica armada”.

Es el movimiento armado con los desaparecidos políticos más recientes. Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez –este último parte de la dirigencia– fueron detenidos desaparecidos en la ciudad de Oaxaca el 25 de mayo de 2007 en el contexto de las protestas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Fueron secuestrados por policías estatales y militares. Desde entonces se desconoce su paradero. El EPR inició entonces una serie de acciones de hostigamiento contra el Estado mexicano que incluyeron la detonación precisa de explosivos en ductos de Petróleos Mexicanos.

Entre las “capacidades” que destacan los organismos de inteligencia contra el EPR cuenta el “expediente penal” contra la guerrilla. Detalla que cuenta con 21 órdenes de aprehensión contra el mismo número de integrantes.


TDR, capacidad de fuego

Según el documento, TDR también “conserva su capacidad de realizar acciones violentas de alto impacto”.

Este grupo armado se escindió del EPR a mediados de la década de 1990. Cuenta con capacidad de fuego similar a la de esa guerrilla. Las afinidades son incluso ideológicas pero rompieron con la dirección del EPR por motivos políticos y “tácticos”.

Una de las características de este grupo armado es que su llamado tribunal revolucionario ha condenado a muerte a los perpetradores de la masacre de Aguas Blancas. Ha elaborado una lista de los funcionarios involucrados y ha ordenado a sus efectivos ejecutarlos en cuanto les sea posible.


ERPI: ¿el declive?

Según los organismos de seguridad, la guerrilla que se ha visto más golpeada es la del ERPI. Contralínea documentó que hasta antes de 2012, era la formación más numerosa después del EZLN. Luego de los golpes que recibió con la detención de su dirigencia en 2008 y el asesinato del líder de su columna más aguerrida, el comandante Ramiro, hoy viene en declive.

El documento señala que el ERPI “se encuentra fragmentado”. Incluso, dice que algunas de sus células se han vinculado a la delincuencia organizada. Esto en las regiones guerrerenses de la Montaña y la Costa Chica. En el documento se les acusa a algunos excombatientes de este movimiento de dar cobertura a “secuestros, robos y siembra de enervantes”.

Agrega que, por otra parte, “la dispersión que enfrenta el ERPI en Guerrero ha propiciado el impulso de nuevas expresiones armadas”.

Asimismo, otras células del ERPI que no mantienen relaciones con la delincuencia organizada “se insertan en conflictos con la expectativa de generar situaciones de inestabilidad”. Señala concretamente, sin pruebas, que esta organización busca insertarse en las policías comunitarias y en las oposiciones a las reformas estructurales, proyectos de infraestructura y agrarios.


El diálogo, el camino


El gobierno debería trabajar e restablecer la confianza ciudadana en el Estado y el sistema antes de elegir la vía de la represión ante los grupos armados, considera Daniel Zizumbo-Colunga.

Explica que el país “muchas veces sí hay presencia de las autoridades, pero hay una sensación muy deteriorada en la población de que los procedimienos son justos, que la justicia es igualitaria. La gente no percibe que la ley se aplica tanto a ricos como a pobres, que se aplica de manera consistente y de manera justa”.

Por ello, Zizumbo-Colunga considera que más que mostrar una mano dura, sobre todo a los grupos de autodefensa, el Estado tiene que luchar para solucionar el problema de la falta de justicia y los vacíos del Estado.

 “En la medida en que la ley se aplique tanto a ricos como a pobres, la gente va a tener más confianza en el sistema de justicia y van a empezar a delegar otra vez esa labor a las autoridades. Mientras el gobierno siga reprimiendo a los pobres y siga mostrando una mano dura contra estos movimientos y los políticos que delinquen sigan libres, sigan sucediendo casos de gente rica que violan y matan y salen libres, pues la gente va a seguir percibiendo que el sistema de justicia está arreglado”, señala Zizumbo.

Por su parte, López y Rivas sentencia: “Los movimientos armados no cesan porque no hay garantías de nada: de  justicia, de democracia, de una vida digna; el país está hecho un desastre en lo que toca a la economía; las instituciones han perdido toda legitimidad, si es que alguna vez la han tenido; no hay credibilidad en ninguno de los tres poderes; es lógico que haya movimientos armados”.






(Tomado de http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/10/23/en-formacion-nuevo-movimiento-guerrillero/ )

Falso que esté ligado a un grupo de guerrilleros: Felipe de la Cruz

- Que pertenece a un grupo guerrillero, Felipe de la Cruz lo niega; que el Cisen lo dice, lo entiende.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en su espacio informativo en Radio Fórmula, el vocero de los padres de normalistas desaparecidos dijo que se puede investigar su origen y a su familia pues no tiene nada qué ver con la guerrilla.

“Es falso que esté ligado a un grupo guerrillero, ni siquiera me ha pasado por la mente”, aseguró el maestro, quien no obstante dijo que no le extraña que esa aseveración venga de una investigación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) pues fue el Estado el que cometió el crimen contra los normalistas.

“Yo soy un maestro de primaria, trabajo en Acapulco, yo no quiero pensar en guerrilla ni nada de eso”, dijo.

“Fue el Estado el que cometió este crimen (de los 43 normalistas), por eso entendemos que hagan esas declaraciones. Pueden investigar a mi familia, mi origen, no hay nada que ver con esa situación”, sostuvo.

Sobre el plan de acción a seguir en el marco del caso Iguala, De la Cruz dijo que preparan para la octava jornada nacional, reunirse con varias organizaciones.

Señaló que tras culminar su plan de acción, al final se verá la agenda para ver que cuarteles podrán visitar.

Señaló que ya están acostumbrados a las declaraciones del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, sobre que los 43 normalistas fueron asesinados, pero a ellos les llega otra información.

“A nosotros nos llega mucha información anónima a la normal, por eso insistimos en que están vivos. Nos lleva a puntos la información, todo ha sido falso, no dejamos de lado ninguna información”, dijo.

De la Cruz anunció que e lunes marcharán convocando a toda la sociedad para levantar la voz en un solo momento, “porque no es privativo de Guerrero lo que está pasando”.

Tomado de http://www.sdpnoticias.com/local/guerrero/2015/01/22/falso-que-este-ligado-a-un-grupo-de-guerrilleros-felipe-de-la-cruz

EPR inquieta a Washington

11 de marzo de 2015

Una preocupación volvió a la mesa del equipo del presidente Barack Obama: los nexos de líderes de la guerrilla mexicana --EPR y ERPI-- con los grupos venezolanos, sobre todo ahora que Washington colocó en alerta la relación con Caracas, nos dicen.

 El desasosiego de las agencias estadounidenses viene a cuento porque hubo una "desintegración" del área del CISEN encargada de indagar a las organizaciones subversivas armadas en territorio mexicano. 

De tal suerte, nos anticipan que habrá una reunión de alto nivel en la que el gobierno estadounidense pondrá en perspectiva a las autoridades mexicanas de la actividad del EPR y el ERPI de cara a las elecciones del 7 de junio en México. ¡Más vale prevenir!, expresan en la capital de EU.

Cisen: los 39 altos mandos y sus onerosos salarios

26. mayo, 2013
 Miguel Badillo 

(Tomado de revista Contralínea: http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/05/26/cisen-los-39-altos-mandos-sus-onerosos-salarios/ )

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional mantiene una nómina de 3 mil 500 empleados, de los cuales 39 ocupan los cargos más importantes en su estructura, a pesar de que en su mayoría carecen de experiencia profesional. El organigrama del aparato de inteligencia civil del Estado mexicano –del que Contralínea obtuvo copia– revela los nombres y los salarios de quienes tienen la facultad de espiar a los mexicanos, sufragados con recursos públicos y considerados como los gastos más opacos de la administración federal. Para la cúpula del Cisen, salarios de entre 1 millón 900 mil y 2 millones 400 mil pesos anuales


Con una estructura de 3 mil 500 empleados, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se convirtió en los últimos 12 años, periodo en el que el Partido Acción Nacional ocupó la Presidencia de la República, en una institución gris en su desempeño y un barril sin fondo en su gasto público.

La opacidad de este órgano de inteligencia llegó al absurdo de que desde su creación, el 13 de febrero de 1989, los mexicanos no habíamos podido conocer quiénes son los funcionarios que ocupan los 39 cargos más importantes en la estructura directiva y mucho menos el salario que perciben, a pesar de que éste proviene de recursos públicos y oscila para cada uno de ellos entre los 160 mil y 200 mil pesos mensuales, más un bono por riesgo de trabajo correspondiente al 30 por ciento adicional al salario, con lo cual la burocracia del Cisen rebasa el sueldo del propio presidente de la República.

En la página en internet de este órgano de seguridad nacional se lee: “es un órgano de inteligencia civil al servicio del Estado mexicano, cuyo propósito es generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer al estado de derecho”.

Por ser un ente de seguridad nacional, adscrito a la Secretaría de Gobernación, sus 3 mil 500 trabajadores son de confianza, no hay sindicato y tampoco personal operativo.

En las dos últimas administración federales, con Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) como presidentes, el Cisen prácticamente fue desmantelado en su función primordial de salvaguardar la seguridad del Estado y se convirtió en un centro de espionaje telefónico, vigilancia a opositores políticos y organizador de festejos, fiestas y cumpleaños.

El papel del Cisen, informa este órgano de seguridad nacional, “consiste en alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, al orden constitucional, las libertades e instituciones democráticas de los mexicanos, así como el desarrollo económico, social y político del país”.

Debido a que dos secretarías de Estado, Función Pública y Hacienda y Crédito Público, son las responsables de aprobar el presupuesto del Cisen, la estructura de éste se mueve sin organización ni control, lo que deriva en una descomposición y desorden hacia su interior.

Actualmente, el Cisen recluta y selecciona a personal que carece de un perfil adecuado para el puesto que debe desempeñar. Con un estancamiento de 12 años, este Centro acumula personal anquilosado, que por muchos años no recibió capacitación alguna y tampoco realiza las funciones inherentes a su responsabilidad.

En los exámenes de control de confianza que se aplica al personal, de cada 10 trabajadores sólo aprueban dos, aunque en sus informes oficiales el Cisen asegure que todos sus empleados son confiables, sin importar la eficiencia y eficacia en su desempeño.

Por ejemplo, en el último año del gobierno de Felipe Calderón, el titular del Cisen, doctor Jaime Domingo López Buitrón, designó a sus amigos Alejandro Razo Corona como coordinador de Inteligencia y a Alejandra Lamont Cortázar como oficial mayor, con el propósito de tener un control total y manejo arbitrario de los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales de ese órgano de inteligencia. Sin importar que ninguno de los dos contara con experiencia para ejercer responsabilidades de seguridad nacional.

López Buitrón es amigo desde la infancia de Razo Corona y Lamont Cortázar fue su alumna e incondicional. Los tres exfuncionarios, que controlaban para fines personales al Cisen, habían trabajado juntos en la Secretaría del Trabajo. Razo Corona, como coordinador general de Empleo, y Lamont Cortázar, como coordinadora de asesores del subsecretario de Empleo, Jaime Domingo López Buitrón.

Sin experiencia en seguridad nacional, López Buitrón ingresó por primera vez como director general del Cisen el 13 de octubre de 2005 y salió el 9 de enero de 2007. La segunda ocasión entró el 23 de noviembre de 2011 hasta el último día de gobierno de Calderón Hinojosa.

En los 6 meses de la actual administración, el nuevo director general, Eugenio Ímaz Gispert –también sin experiencia en la seguridad nacional–, ha iniciado la remoción de funcionarios calderonistas, pero algunos se han agazapado en sus puestos y esperan no ser descubiertos, como la exsecretaria particular de López Buitrón, Angélica López Cuevas, quien hasta hoy ocupa una dirección general en la Coordinación General de Inteligencia, sin importar su nula formación académica compatible con temas de seguridad nacional, pues sus estudios abarcan sólo áreas de terapia del lenguaje.

El esposo de la funcionaria López Cuevas, Luis Acosta Canssina, también trabaja en el Cisen como director de Asuntos Internacionales, con un salario bruto superior a los 170 mil pesos mensuales.

Otros dos directivos del Centro que vienen de gobiernos panistas y son leales al exdirector López Buitrón son Víctor Emilio Corzo Cabañas, actual coordinador general Jurídico, quien tiene un salario mensual bruto de 161 mil 259.71 pesos, y José Luis Calderón Arozqueta, responsable de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, con un ingreso bruto por 171 mil 901.34 pesos.

Otro ejemplo de negligencia es el propio titular del Órgano Interno de Control, Jesús Meza Zapata, con más de 15 años en esa institución de seguridad nacional, quien se ha adecuado muy bien a cada director general, a quienes nunca cuestiona y siempre está dispuesto a servir: “como usted diga señor director”. Sin asumir las funciones reales de un contralor que debe auditar y vigilar el buen desempeño de los servidores públicos y el eficaz uso de los recursos públicos, Meza Zapata percibe un salario bruto de 171 mil 901.34 pesos mensuales.

En los mandos de las áreas que manejan la administración de personal, recursos humanos, materiales y financieros es conocido por los trabajadores que los titulares no cuentan con las atribuciones académicas necesarias ni con la experiencia para esos puestos. Algunos directivos carecen de títulos de licenciatura y tampoco cubren los perfiles exigidos para esas responsabilidades.

El único mérito de los nuevos administradores del Cisen, comentan los empleados, es que son oriundos de Hidalgo, de donde proviene el actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Fiestas a costa del erario

Los trabajadores del Cisen recuerdan festivamente los últimos 12 años de gobiernos panistas, cuando las fiestas y reuniones sociales eran constantes en las instalaciones del Centro y todos disfrutaban y se divertían a costa del erario, mientras que la seguridad nacional cada día se ponía en peligro.

Fue 2012, último año de la administración anterior, cuando el director general López Buitrón realizó más festejos y eventos como reconocimientos, comidas, desayunos y reuniones de “trabajo” en las instalaciones responsables de la seguridad nacional del país. Para ello se adaptó un amplio espacio conocido por los trabajadores del Cisen como “El Palomar”, en donde se invirtió mucho dinero público para condicionarlo como una hacienda de campo.

Cuando se acercaba el fin del sexenio, en octubre de 2012, el entonces director general del Cisen decidió mudar los festejos a Querétaro, a donde se trasladó un selecto equipo directivo de 50 personas para “planear” y “seleccionar”, según explicaron los organizadores, la información que sería entregada a la siguiente administración priísta, pues era indispensable guardar archivos y destruir otros que pudieran comprometer a los funcionarios salientes de todo el gobierno federal panista.

Otro gran festejo que recuerdan con júbilo los empleados burócratas del Cisen ocurrió en agosto de 2012, con motivo del cumpleaños de Jaime Domingo López Buitrón. Para esa celebración, al director general del Centro le pareció justo dejar por primera vez de usar fondos públicos y que los trabajadores de mandos medios y superiores aportaran entre 500 y 1 mil 500 pesos para la gran cena que se realizó en el lujoso hotel Four Seasons. Al festejo asistieron 100 “invitados especiales”, entre quienes se encontraba el ahora secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, en ese entonces titular de la Secretaría de Hacienda.

Los salarios del Cisen

En el organigrama del Cisen destacan 39 servidores públicos responsables de la seguridad nacional del país. Por primera vez en 23 años de su constitución, Contralínea tuvo acceso a dicha información que las diversas entidades públicas, incluido el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, habían negado sistemáticamente a la población.

Lo mismo sucede con los salarios que perciben esos 39 funcionarios, quienes además por la importante responsabilidad que desarrollan y el riesgo que su profesión conlleva, se les asigna un 30 por ciento adicional del ingreso que reciben: el bono de riesgo.

En la Dirección General está Eugenio Ímaz Gispert, con un ingreso bruto mensual de 199 mil 591.47 pesos, más el 30 por ciento por su bono de riesgo, lo que elevaría su ingreso a unos 260 mil pesos por mes.



La Secretaría General del Cisen, todavía vacante, tiene asignada una percepción mensual por 193 mil 755.52 pesos, más el bono por riesgo.

El titular del Órgano Interno de Control es Jesús Meza Zapata, con un salario de 171 mil 901.34 pesos; la jefa de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano es Frida Martínez Zamora, con un salario de 189 mil 944.30 pesos.

En la estructura del Cisen hay siete coordinaciones generales, cinco de las cuales tienen un salario mensual asignado por 189 mil 944.30 pesos, más un bono de riesgo correspondiente al 30 por ciento al mes:

Inteligencia, Gerardo García Benavente.


Contrainteligencia, Daniel Santos Gutiérrez Córdoba.
Operaciones, Édgar Guillermo Ramos Masseto.
Desarrollo Tecnológico, Gerardo Gutiérrez Zarazúa.
Vinculación Nacional e Internacional, Óscar Florentino Monroy Ramírez de Arellano.

En la sexta coordinación general, que es la Jurídica, está Víctor Emilio Corzo Cabañas, con un ingreso por mes de 161 mil 259.71 pesos. La séptima es la Coordinación General de Administración y Finanzas, con un salario mensual por 175 mil 828.63 pesos.

Después siguen 26 direcciones, una Subcoordinación y la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, todas con su pago respectivo de un bono por riesgo.

La Coordinación General de Inteligencia cuenta bajo su mando con cuatro direcciones: Investigación, a cargo de Conrado Alfredo García García, con un salario mensual 192 mil 529.51 pesos; Análisis, que encabeza Mario Alejandro Vignettes del Olmo, 192 mil 529.51pesos; Red Nacional de Información, dirigida por Óscar Hugo Ortiz Milán, 171 mil 901.34 pesos; Información de Fuentes Abiertas, encabezada por Manuel Cossío Ramos, 171 mil 901.34 pesos.

El área de Inteligencia tiene un apartado especial para el delegado en el Estado de México, Rafael Osornio Sánchez, cargo que no aparece en el organigrama oficial directivo, pues en todos los estados de la República hay un delegado de ese órgano de seguridad nacional, pero en los documentos en poder de Contralínea sólo aparece el responsable de esa área mexiquense, de donde es oriundo el actual presidente Enrique Peña Nieto.

La Coordinación General de Contrainteligencia tiene una estructura con cuatro direcciones: Contrainteligencia, que encabeza José Antonio Aguilar Reyes, 192 mil 529.51 pesos mensuales; Seguridad Institucional, a cargo de Jorge Alejandro Colín Elías, 192 mil 529.51 pesos; Información Técnica, dirigida por Alejandro Gabriel Mazín Serna, 192 mil 529.51 pesos; Atención a Grupos Subversivos, cuya directora es Jaqueline Emiliam Moreno Gómez, 171 mil 901.34 pesos.

La Coordinación General de Operaciones tiene tres direcciones bajo su mando: Atención al Terrorismo, al mando de Gerardo Téllez García, 192 mil 529.51 pesos; Atención a la Delincuencia Organizada, de Adriana Escobedo Garza, 192 mil 529.51 pesos; Atención a Instituciones Públicas, de Juan Antonio Guerrero Picazo, 171 mil 901.34 pesos.

La Coordinación General de Desarrollo Tecnológico tiene dos direcciones: Tecnologías de Información, que encabeza Raymundo Reyes Bravo, 171 mil 901.34 pesos, y Servicios Tecnológicos, dirigida por Raúl Antonio Villegas Lastra, 171 mil 901.34 pesos.

La Coordinación General de Vinculación Nacional e Internacional tiene una Subcoordinación y cuatro direcciones: Subcoordinación General de Planeación y Vinculación Institucional, de Luis Muñoz Ángeles, 192 mil 529.51 pesos, y las cuatro direcciones son Planeación y Documentación Organizacional, de Raúl Martínez García, 153 mil 483.34 pesos; Vinculación Institucional, de Nadia Cristina Tovar Cruz, 171 mil 901.34 pesos; Asuntos Internacionales, de Luis Acosta Cassina, 171 mil 901.34 pesos; Estudios Institucionales, vacante y un salario asignado por 192 mil 529.51 pesos.

La Coordinación General Jurídica cuenta con cuatro direcciones: Contencioso y Administrativo, que encabeza Cornelio Ernesto Vargas Rosas, 153 mil 483.34 pesos; Consultivo y Normatividad, dirigida por Teresita de Jesús Vargas Lemus, 153 mil 483.34 pesos; Acceso a la Información, al mando de Carla Alejandra Carrillo Hervert, 153 mil 483.34 pesos; Estudios y Proyectos, de Mario Montes Soto, 153 mil 483.34 pesos.

La Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano tiene como titular a Frida Martínez Zamora, quien percibe un ingreso por 189 mil 944.30 pesos. Esta cuenta con una Coordinación General de Administración y Finanzas, la cual tiene bajo su control cinco direcciones y una escuela de Inteligencia.

Las direcciones son: Programación y Presupuesto, cuyo titular es Jesús Francisco García Loredo, 171 mil 901.34 pesos; Recursos Materiales y Servicios Generales, que mantiene al frente a Gerardo de la Cruz Castro Estrada, 171 mil 901.34 pesos; Recursos Humanos, que dirige Roberto Olguín Pérez, 171 mil 901.34 pesos; Control de Confianza, encabezada por Luz del Carmen Díaz Galindo, 192 mil 529.51 pesos; Desarrollo Administrativo, dirigida por Lorena Dolores Ochoa Hermosillo, 171 mil 901.34 pesos.

La Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional está a cargo de José Luis Calderón Arozqueta, con un salario al mes por 171 mil 901.34 pesos.


PGR-Cisen, enredos familiares

Luego de los golpes que propinara Gerardo Saade Murillo a Alexia Ímaz Chavero y a algunos de sus amigos, el nieto del procurador general de la República fue el único que se presentó en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos (PGJEM).

Saade Murillo acudió el pasado 21 de mayo a comparecer por haber tenido “un problema” y a ponerse a disposición de las autoridades. A pesar de que Alexia Ímaz había informado a través de las redes sociales que presentaría una denuncia contra su exnovio, nunca llegó a las oficinas de la PGJEM. Por ello, Gerardo Saade Murillo fue informado de que, hasta el momento, no había hechos por los cuales tendría que responder penal o jurídicamente.

Sin embargo, en un comunicado del mismo martes, la PGJEM informó que, a petición de Saade Murillo, se dio trámite a la apertura del expediente CJA/SC/0532/2013-05, ante la Dirección General de Justicia Alternativa, “para llevar a cabo una sesión conjunta de carácter conciliatorio por hechos que pudieron suscitarse en una relación sentimental con Alexia Ímaz Chavero”.

La agresión habría ocurrido el pasado domingo 19, luego de que tras una fiesta en el domicilio de Ímaz Chavero, Saade Murillo entrara en conflicto con ella y algunos amigos. El pleito entre la pareja ocurrió 2 meses antes de la fecha fijada para su boda.

El pasado domingo 19, y a lo largo del día 20, Alexia Ímaz Chavero –hija del director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz Gispert– denunció a través de las redes sociales haber recibido una golpiza de manos de su pareja sentimental Gerardo Saade Murillo, nieto del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Ímaz Chavero publicó fotos de los hematomas causados en su rostro y recibió la solidaridad de familiares y cientos de usuarios de las redes sociales.

También el martes 21, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió –lo que supone el uso de recursos públicos– un comunicado para defender al nieto del titular de esa dependencia. Según el boletín oficial, Saade Murillo “se siente arrepentido de haber cometido tan lamentable error y está dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos”. Además, aseguró la PGR, que cometió esa “reprobable conducta por sentirse profundamente afectado emocionalmente”.

Contexto

Topos en el Cisen (análisis)
Por Raymundo Riva Palacio
Mayo 29, 2013

En su edición de esta semana, la revista Contralínea revela el organigrama del Cisen, el órgano de inteligencia civil del Estado mexicano, y difunde los nombres y salarios de los 38 funcionarios de mayor nivel en esa institución. El semanario aduce, como justificación a publicarlo, que es el órgano más opaco de la administración pública, aunque también dedica una buena parte del texto a criticar al último director del gobierno anterior, Jaime Domingo López Buitrón, al que cuestiona por su inexperiencia y por haber nombrado en puestos estratégicos a amigos y amigas suyos.

La revelación es muy importante, pero no por las razones que menciona Contralínea. Un órgano de inteligencia es opaco por definición y su función no es “espiar a los mexicanos”, como lo describe el semanario. El Cisen es un órgano de contrainteligencia que coadyuva a salvaguardar la seguridad nacional. Que haya tenido directores que lo usaron con fines políticos, es una traición a la institución por parte de particulares, que no significa que como instrumento del Estado esté diseñado para el espionaje político. Su tarea debe ser opaca, secreta sobre todo, para que sea eficaz y cumpla el objetivo para el cual fue creado.

Por eso, la revelación de toda la estructura de mando del Cisen significa no sólo vulnerar el corazón civil de la seguridad nacional, sino que desnuda a los encargados de enfrentar a los enemigos del Estado, a quienes reduce su capacidad de operación y pone en peligro sus vidas. Los salarios son un tema trivial, aunque favorecido por cierta prensa para criticar el que haya remuneraciones muy por encima del salario de la mayoría de los mexicanos, sin mencionar que están muy por debajo de puestos similares en el sector privado. Lo relevante son los nombres que fueron filtrados a Contralínea para su difusión. La revista tendrá sus motivaciones para haberlos difundido y el acento que escogió. El problema de fondo no se encuentra en el medio -nunca se debe matar al mensajero-, sino en quién es el autor intelectual de esa infidencia, que dinamita en su eje a los servicios de inteligencia.

Las filtraciones, tan peyorativamente vistas en México, son un subproducto de la democracia. En sistemas abiertos, las filtraciones a la prensa se dan con el propósito de sondear en la opinión pública sobre una decisión que se vaya a tomar -si se recibe bien se ratifica; si se rechaza, se desecha-, y medir reacciones en distintos grupos de interés. También muestran las tensiones dentro de un gobierno al ser utilizadas para influir en decisiones tomadas que aún no son públicas, para que se modifiquen o se cancelen. Pero cuando estas filtraciones no apuntan a la toma de decisión sino a personas, sólo puede ser resultado de un acto inconsciente de quien aporta la información, o refleja una pugna interna de gobierno.

En un órgano como el Cisen, la ingenuidad no tiene cabida. Si se elimina esta variable, lo que estamos viendo a través de Contralínea es una lucha dentro del órgano que no alcanzamos a ver. No sólo es la crítica a López Buitrón lo que trasluce, sino una línea de cuestionamiento que llega directamente al actual director del Cisen, Eugenio Imaz, por haber mantenido en sus cargos a varios funcionarios de la administración interior. Por tanto, si ambos son exhibidos, se puede excluir un ajuste de cuentas interno contra la administración pasada, lo que ubica la filtración en el contexto de un conflicto en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

¿Quién entregó ese organigrama a la revista? Quien lo hizo, cometió la traición más grande que haya vivido la institución en su historia, al poner en riesgo la vida de los altos mandos de la contrainteligencia mexicana y minar el trabajo que, al final, es la seguridad de los mexicanos. La Secretaría de Gobernación, de quien depende el Cisen, debe investigar quién sopló al viento los secretos del Estado. Es una buena oportunidad para medir la claridad y determinación del gobierno de Peña Nieto y proceder contra quien resulte responsable, de manera proporcional, cuando menos, a la afrenta que vivió.


(Tomado de http://www.24-horas.mx/topos-en-el-cisen/)

Espionajes telefónicos

Todos los Estados del mundo tienen aparatos de seguridad nacional, que incluyen entre sus herramientas la escucha de conversaciones privadas, las cuales se supone deben estar reguladas por criterios éticos muy estrictos.

Hace dos años decíamos sobre el Cisen: “Hay quienes dicen que debe desaparecer porque es un instrumento de la represión estatal, pero es indudable que administrativamente la custodia de la seguridad nacional (entendida como la defensa ante amenazas externas e internas que pongan en riesgo a los tres componentes del Estado, población, territorio y gobierno) debe recaer en una instancia gubernamental, sin fines políticos”.

Argumentamos que el Cisen ha sido tradicionalmente utilizado con fines políticos y de hostigamiento a opositores, lo que lo ha desviado de tareas de inteligencia contra enemigos más tangibles, como el crimen organizado, por ejemplo, que está descontrolado y cuyos capos principales gozan de cabal libertad.

Espiar opositores políticos, periodistas y ciudadanos en general, sin orden judicial de por medio, es un delito, así sea cometido por particulares armados de equipo tecnológico especializado o por el Estado, que cuenta con la infraestructura suficiente para ello.

Ahora bien, a la luz de lo anterior, las grabaciones dadas a conocer ayer por la prensa, en las que el gobernador de Veracruz Fidel Herrera presuntamente da instrucciones para apoyar económicamente al candidato del PRI a sucederlo, Javier Duarte, ¿son lícitas o no?

Ayer escuché opiniones de opositores al PRI de que no importaba el origen de las cintas, siempre y cuando sirvieran para develar lo que todos intuimos: el descarado apoyo de los gobernadores caciques a sus delfines electorales.

Argumentaciones parecidas surgieron cuando el escándalo del “gober precioso” de Puebla, Mario Marín, que fue pillado en obscenas conversaciones con el empresario Kamel Nacif, reconociendo su prepotencia al violentar la justicia para castigar a la periodista Lydia Cacho, quien reveló una red de pederastas.

“Mientras sirvan a un fin noble; las conversaciones son bienvenidas”, dijeron más o menos los apoyadores de la causa, que jamás se han cuestionado el origen de las mismas.

¿Seguro? ¿Cuándo la ilegalidad me afecta es fascismo y cuando me beneficia, democracia? ¿No es medir con varas distintas un mismo hecho?

Las grabaciones del indefendible Fidel Herrera tienen un innegable tufo electorero, y los únicos beneficiados por este hecho son sus opositores: los partidos PAN, PRD, PT y Convergencia. Llevando la especulación más allá, acaso es el PAN es el único con la capacidad tecnológica, vía el Cisen, para grabar a un gobernador.

Esto probaría que a la hora de gobernar PAN y PRI reaccionan igual, haciendo un uso político de los aparatos de seguridad nacional, justo para lo que no deben servir.

Como antecedente de esta posibilidad, la periodista Anabel Hernández, en el quinto capítulo de su libro “Los Cómplices” (Grijalbo 2008) relata el presunto uso ilegal del Cisen y sus servicios de espionaje por parte del fallecido Juan Camilo Mouriño.

Luego entonces: ¿fue ilegal la escucha a FH? Sí. ¿Tiene validez jurídica? No. ¿Es políticamente útil? En estricto sentido sí, pero no podemos permitirnos abrir la puerta a una doble moral en la que un mismo delito se atenúe si sirve a la democracia.

Escuchar ilegalmente es fascismo, sea la derecha o la izquierda la que lo realice.