Caso Diego: ¿información o propaganda?

8 junio 2010

Sin un solo dato duro que la soporte, se impone ya en la agenda periodística la verdad oficial de que es un grupo guerrillero el que tiene secuestrado desde el 26 de abril pasado al político panista Diego Fernández de Cevallos, lo que si bien es probable, tendrá que ser respaldado por algo más que las filtraciones de los aparatos de inteligencia civil y militar.

Ayer, el periodista Raymundo Riva Palacio aseguró que “de acuerdo con los patrones de secuestros en los 10 últimos años y el modus operandi que han mostrado sus captores” es el Ejército de Liberación Nacional (ELN) quien tiene en su poder a Diego.

Se refiere a este grupo como escisión del EPR, que actúa en el centro del país, especialmente en el estado de Querétaro, con un bajo perfil, no protagónico, lo que justificaría el que hasta ahora no hayan reivindicado la acción. Refiere que el ELN ha realizado cuando menos otro secuestro de alto impacto, el de Nelly Esper Sulaimán.

Con perspicacia hace notar que en el comunicado eperrista de deslinde del secuestro del panista venían dos párrafos –que aquí sólo anotamos como extraños y aparentemente fuera de contexto-, en los que habla de grupos traidores, que simulan tener estructuras revolucionarias, que en realidad serían la clave para entender que los autores son una escisión propia.

Otra media docena de columnistas ha sido más vago, éstos ni siquiera se han tomado la molestia de responsabilizar a un grupo en particular, ni de explicar a sus lectores la mecánica guerrillera de los secuestros, ni de justificar la fe ciega en sus fuentes como para repetir lo que les dicen sin pedir una sola prueba de su dicho.

Jorge Lofredo, investigador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados ha escrito y explicado en cuando menos una entrevista radiofónica, que sin información concreta es imposible especular sobre la participación de grupos revolucionarios en el hecho. Prudente, no le entra a la tenebra propia del espionaje y la ciencia ficción, ajenas ambas a la ética periodística.

Hacer inteligencia, civil o militar, implica siempre recolectar datos y analizarlos. Hay ahí siempre un principio de incertidumbre propio de las organizaciones encargadas de la seguridad nacional, las que sin duda alguna están trabajando en lo de Diego Fernández de Cevallos. Las hipótesis de trabajo suelen ser de alta secrecía por sus implicaciones para el país y, en este caso, para la vida de la víctima.

Por eso llama la atención que se esté colando tanto el secreto de la guerrilla secuestradora. Más que filtraciones periodísticas parece campaña de posicionamiento de una verdad a repetir mil veces, para que quede más en el imaginario público que en la crudeza de los hechos.

Esto no es descabellado si se toma en cuenta que hay cuando menos un caso de secuestro –el de Eduardo García Valseca- en el que la autoridad asegura contundente que los autores fueron guerrilleros, que se pagaron poco menos de dos millones de dólares de rescate (@rivapa dixit), pero sin estar dispuestos a hacer pública su investigación, ni a exhibir las pruebas de que fue el EPR el plagiario, y no permiten siquiera que el expediente sea consultado por los afectados.

Opacidad pura que no abona a la credibilidad de las autoridades involucradas y más bien las pone en sospecha.

Aquí parece repetirse el patrón, con la diferencia de que el secuestro está en curso. Es cosa de tiempo para saber si estamos frente a datos duros de inteligencia o es sólo propaganda.