Desencapuchando a… Sabines

Ahí va, ahí va. Bajita la mano el gobierno de Chiapas que preside el gobernador perredista Juan Sabines sigue haciendo su lucha por desplazar de una vez por todas al EZLN y sus bases militantes. Mantiene una guerra de baja intensidad que llama la atención a veces por su tenacidad y a veces por su torpeza.

El pasado 30 de septiembre el dirigente de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) y defensor de los derechos de los indígenas, José Manuel Hernández Martínez fue detenido en un operativo conjunto de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE).

Al siguiente mes fueron detenidos Roselio Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández, también integrantes de la OCEZ-RVC, quienes fueron torturados física y psicológicamente durante su ilegal captura. Presuntamente acusados de ser narcotraficantes y “polleros” de indocumentados. Hostigamiento puro, pues no les probaron nada.

El 9 de noviembre comentamos que el periódico Reforma publicó un supuesto “informe oficial de inteligencia” que con notorias imprecisiones advierte que grupos afines al EPR, a las FARP y al ERPI, estarían recibiendo el apoyo de grupos del crimen organizado como Los Zetas, brazo armado del Cártel del Golfo, y del Cartel de Sinaloa, que comanda Joaquín El Chapo Guzmán, para conseguir armamento de alto poder.

Según el reporte que dicen tener en el periódico Reforma “los grupos pretenden llevar al cabo acciones tendientes a desestabilizar, mediante la vía armada, al gobierno del perredista Juan Sabines en el 2010, concretamente durante las celebraciones del Bicentenario de la Independencia.

Unos días más tarde, el 25 de noviembre, el periódico La Jornada publicó que el Congreso chiapaneco aprobó un acuerdo que solicitaba al gobierno de Juan Sabines Guerrero atender a las Juntas de Buen Gobierno zapatistas que habrían pedido el reconocimiento jurídico. Todo falso. Nunca existió tal petición.

Al inicio de 2010, lo que se ha mantenido incólume son los problemas intercomunitarios provocados por la oficialista Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), que constantemente “choca” con bases de apoyo zapatista y adherentes a La Otra Campaña, cuando no es por problemas de tierra, por rencillas familiares o por asuntos “personales”.

El domingo pasado nos enteramos, vía el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas el peligro que corren la señora Rosa Díaz Gómez y la menor Carmela Sánchez Cruz, habitantes del ejido Jotolá, debido a la amenazas de muerte y desalojo forzoso que recibieron por los señores Juan Cruz Méndez y otros integrantes de la OPDDIC; en caso de continuar participando dentro de la organización La Otra Campaña.

Este caso no es aislado, pues en la misma página del Frayba documenta casos similares en poblados como Mitzitón y Bolom Ajaw, ocurridos este mismo año.

El último episodio de esta tragicomedia de traspiés chiapanecos, que amenaza con llevar sangre al río, fue la publicación, el pasado 27 de marzo, nuevamente en el periódico Reforma, de otro informe de inteligencia revestido de testimonio de un ex militante zapatista, en el que se revelaba la estructura militar del EZLN, se hablaba de ligas de los zapatistas con la ETA y se mostraban fotos de los principales operadores militares, incluyendo dos del Subcomandante Marcos, quien finalmente era desencapuchado.

Una pifia más. El aludido no era Marcos, sino un simpatizante italiano.

En suma, que todas estas piezas sueltas forman un rompecabezas preocupante del interés del gobierno estatal de desmantelar poco a poco y a la mala a las comunidades de base zapatista, aun al precio de desatar de nuevo el conflicto armado.

Vale recordar que, devaluadas y todo, siguen vigentes la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas, en cuyo marco, y no en otro, tiene que resolverse el conflicto chiapaneco que no es militar, sino de justicia social.