Cocinando un Estado militar

Las amenazas a la seguridad nacional son como las reservas de petróleo: posibles, probables y probadas. Hay unas más tangibles que otras y es el análisis de la información el que va poniendo cada dato en una de esas casillas. Si nos atenemos a los hechos, algo anda mal en el país.

Tenemos como amenzas probadas a los grupos de narcotraficantes, con su estela de muerte cotidiana; y a sus poderosos líderes a salto de mata, pero dando entrevistas a connotados periodistas y organizando bautizos y fiestas de 15 años; incluso son vox populi sus residencias, como la de los Beltrán Leyva en Morelos, los Zetas en Uruapan, o el domicilio del Chapo Guzmán en el Triángulo Dorado de la droga entre Durango y Sinaloa.

A estos personajes poco o nada les ha hecho la inteligencia civil y la que ha tenido algunos resultados es la inteligencia militar. Son amenazas probadas, con muy baja efectividad de resultados.

Un ejemplo más contundente. Esta semana EL UNIVERSAL demostró que las bases de datos del IFE, el GDF, el Registro Vehicular, de la Tesorería capitalina, de los bancos, de Telmex, del Telcel, se venden, desde hace mucho, en cualquier esquina o por internet, en precios que van de los 2 mil hasta los 300 mil pesos, con lo que todos nuestros datos personales, privadísimos, pueden caer en manos de delincuentes o policías.

Somos una ciudadanía desnuda, capaz de ser objeto de cualquier vejación a nuestra intimidad, a nuestro patrimonio y pertenencias. El listado de todos los policías del país, con su nombre y placa, ¿no es un asunto de seguridad nacional?, la vulnerabilidad de los sistemas informáticos del gobierno, ¿no es una amenaza posible?

Pues no. Nuestra inteligencia ni se enteró, o se hizo de la vista gorda. Acaso fue el lunes a comprar una base de datos como esa, para compararla con la que probablemente ya tiene de todos los ciudadanos de este país. Apenas ayer el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo que el Cisen y la PGR investigarán el caso.

Por el contrario, las que el Cisen habría de considerar amenazas posibles –o sea, muy lejanas de ser deveras amenazas a la seguridad nacional- son a las que al parecer pone más esmero. El mundo al revés.

Por ejemplo, son un hecho las actividades de seguimiento y espionaje a luchadores sociales, movimientos populares y defensores de derechos humanos, a quienes se hostiga de manera constante a lo largo y ancho del país. ¿El Mayo Zambada no amenaza más la integridad del Estado que un activista a favor de los derechos humanos, por ejemplo?

Ahora bien, ¿son torpezas en la conducción de la inteligencia nacional?, ¿prioridades invertidas?, o ¿un inducido estado de cosas con intencionalidad política?

Recordemos que son tres los ingredientes: Criminales que actúan en casi total impunidad sin que la autoridad logre aniquilarlos; hostigamiento del Estado a líderes políticos y sociales; total acceso a la vida privada e íntima de los ciudadanos por casi cualquier persona.

Los batimos y al final lo que tenemos es algo muy parecido a un Estado autoritario, basado en un sistema de control político y militar, con vínculos y complicidades criminales. Una pesadilla. ¿O no?