Pese a los diálogos de paz que se adelantan en
Cuba, la Farc siguió reclutando menores, sembrando minas anti
personales, secuestrando a civiles, cometiendo numerosas ejecuciones
extrajudiciales entre muchos otros crímenes.
Eso, en parte, dice el último reporte sobre la situación de Derechos Humanos en el país que fue publicado este jueves por el Departamento de Estado.
De acuerdo con el informe, durante el 2014
también hubo reportes de nuevas ejecuciones extrajudiciales cometidas
por miembros de la Fuerza Pública y se afirma que los principales
problemas de Colombia a lo largo de ese año fueron la impunidad, la
ineficiencia del sistema judicial, el desplazamiento forzoso, la
corrupción y la discriminación social.
Según el reporte, los grupos guerrilleros de
las Farc y el Eln, pero primordialmente las Farc, habrían secuestrado a
por lo menos 36 personas y seguían exigiendo pagos por su liberación.
Así mismo, sostiene que, según datos del
Gobierno, serían responsables de la muerte de 27 personas y 161 heridos
que fueron víctimas de minas anti personales entre enero y agosto de
2014. Entre ellos, 30 eran niños o adolescentes.
Dice a su vez que ambos grupos continuaron con
la práctica de reclutar a menores de edad y citan al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, cuando dice que el promedio de edad
del reclutamiento es de 12 años.
"Los asesinatos políticos y asesinatos
ilegales siguieron siendo un problema muy serio, y se presentaron varios
reportes de que miembros de las Fuerzas de Seguridad cometieron
ejecuciones extrajudiciales en conexión con el conflicto armado",
asegura el reporte.
El Departamento de Estado dice que hasta julio
del año pasado la Fiscalía había reportado 32 nuevos casos de supuestos
homicidios agravados cometidos por agentes del Estado y se había
acusado a 147 miembros de las fuerzas de seguridad por homicidios de
civiles.
También cita a la ONU para decir que durante
el año pasado se presentaron menos reportes de militares presentando a
civiles como bajas en combate, pero que se investigaba 11 casos que
podían encajar en esta categoría.
El reporte también menciona datos de Cinep,
según los cuales hasta julio se habían documentado 9 ejecuciones
extrajudiciales (4 atribuidas a miembros del Ejército 4 a la Policía y
una a empleados del Inpec).
De acuerdo con el Departamento de Estado, en
investigaciones del gobierno, al igual que reportes de ONG, se acusó a
miembros activos de las fuerzas de seguridad por colaborar con grupos
criminales.
Según datos de la Fiscalía, dice el Departamento de Estado,
entre enero y julio del año pasado se arrestó a 41 personas por vínculos
con el clan Úsuga. Y mencionan el arresto, el 5 de julio, del jefe de
los Rastrojos, Danny Julián Quintana, quien supuestamente había evadido a
la justicia gracias al apoyo de miembros de la Policía.
Aunque el informe destaca cómo el Gobierno ha
procurado más recursos para la investigación de estos casos y otras
violaciones de derechos humanos, las investigaciones avanzaron con
lentitud y se presentaron múltiples obstáculos.
Dice, a su vez, que la situación de miles de exparamilitares seguía en el limbo, pues la Fiscalía carece de recursos para procesar los casos y cuestiona el poco dinero y tierras que se les ha podido confiscar a los jefes paras.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario