Paramilitares autorizados Raymundo Riva Palacio (análisis)

Febrero 20, 2013

(Tomado de http://www.24-horas.mx/paramilitares-autorizados/)
         

Los vacíos que ha dejado la política se están calentando. En Guerrero y Oaxaca, en las zonas donde hace casi 15 años surgió el EPR, brotaron policías comunitarias que están tomando la justicia por propia mano con la bendición gubernamental. Se extendieron a Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Morelos y Veracruz, con lo cual las zonas grises de ilegalidad se han extendido como hongos por el país, despertando la alarma de los gobernadores ante el monstruo que les está creciendo en forma de grupos de autodefensa civil.

Uno muy vocal es el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, quien urgió disolver la policía comunitaria que fue auspiciada por las autoridades municipales en Santos Reyes Nopala. Cué tiene razones suficientes para estar alarmado, como las tiene Ángel Heladio Aguirre, gobernador de Guerrero, a quien le brotaron intempestivamente policías comunitarias en 14 municipios. Los dos gobiernan estados de sí convulsos y en permanente rebeldía. Pero en este caso, porque el surgimiento de esos grupos, todos con pasamontañas y pañoletas que les cubren las caras, armados con escopetas -como las de las viejas policías comunitarias- y con armas semiautomáticas -que son reglamentarias del Ejército-, se alimentan de un contexto insurreccional.

Prácticamente en todos los municipios donde aparecieron esos grupos hay una historia reciente con el EPR. En Ayutla, Guerrero, es donde nació esa organización guerrillera en 1996, y en Tixtla, el municipio donde varias de sus comunidades organizaron grupos de autodefensa, se registraron las primeras acciones militares del EPR en ese año. En Nopala, la presencia eperrista ha sido permanente. ¿Significa que las policías comunitarias en esos municipios son guerrilleros embozados? No hay respuesta concluyente, pero si el contexto y la realidad es la lógica dominante, al menos tendrían que ser ramales de la guerrilla.

Las policías comunitarias no son un fenómeno nuevo, pero tenían la sola responsabilidad de coadyuvar con las autoridades, no de sustituirlas. Hoy en día, en varios de esos municipios el territorio pertenece casi a ellos, sin permitir el libre tránsito, que es una violación constitucional, y la libertad de movimiento, llegando incluso al secuestro. De la misma forma como ahora surgen, lo hicieron hace tres lustros, cuando en municipios de Oaxaca y Guerrero se descubrió posteriormente que algunos comandantes de ellas eran realmente comandantes guerrilleros, a quienes empoderaron y armaron.

En Guerrero se han dado a llamar Movimiento Civil de Autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado, que encierra el nombre de Unión del Pueblo, que nació como organización guerrillera en los 70 y que en los 80, con el apellido del Partido de los Pobres, fueron parte fundadora del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP), el germen de donde surgió el EPR. El fenómeno de la guerrilla, sin embargo, no es la única variable que cruza por esos grupos irregulares. Hay poblados en que emergieron, donde la delincuencia organizada es el referente. Cherem, en Michoacán, es el caso más claro, donde la policía comunitaria podría servir no sólo al pueblo, sino también para impedir el paso a una zona de talamontes y narcotraficantes. En ese estado hay municipios tocados por la delincuencia organizada de forma profunda, como Turicato, donde se encuentra Nueva Jerusalén, en donde se descubrieron los primeros vasos comunicantes entre La Familia Michoacana y el EPR.

Los anticuerpos del Estado mexicano, en voz de algunos gobernadores y legisladores, han comenzado a alertar sobre lo pernicioso de la laxitud con la que se está abordando el fenómeno de los grupos de autodefensa civil. La Secretaría de Gobernación insiste que es por la vía de la negociación como piensan resolver esta anomalía. La pasividad, al final de cuentas, es lo que domina, por no pensar peores motivaciones las que animen esa racional de gobierno. Pero al mismo tiempo tienen a su disposición la historia reciente, los actores que conocen de primera mano lo que sucedió en 1996 y el deterioro social y político generado por no saber cómo actuar adecuadamente. Si hoy, por ingenuidad o incompetencia, crean y estimulan grupos paramilitares avalados por el gobierno federal, las consecuencias que de ello resulten serán responsabilidad única del gobierno federal.